5A La Prensa Panamá, sábado 29 de noviembre de 2025 Panorama La sesión más reciente de la Comisión Nacional de Reformas Electorales fue el pasado 20 de noviembre. Anel Asprilla ¿Qué figuras son clave en la discusión del quinto bloque? Mario De Gracia [email protected] REFORMAS ELECTORALES La Comisión Nacional de Reformas Electorales llega a su recta final con la discusión del quinto bloque de reformas al Código Electoral. Entre diciembre y enero se define esta etapa. La Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) entra en el mes de diciembre en la recta final de la discusión que define los cambios a la norma que rige los comicios generales en Panamá. Si fuera necesario, las sesiones para la discusión del quinto y último bloque de propuestas se extenderían a enero de 2026. Figuras clave de los partidos políticos, del sector de la libre postulación y la sociedad civil han sido protagonistas de las sesiones de la CNRE que iniciaron en marzo pasado, con rotaciones notables en sus representantes, dependiendo de los temas que trata la sesión. En el quinto bloque quedan pendientes algunos temas parlamentarios, como la asignación de curules en la Asamblea Nacional o si debe existir una papeleta para elegir diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen), según lo informado por participantes de la CNRE. Particularmente, sobre temas legislativos hay figuras políticas con trayectoria dentro de la CNRE. Sin embargo, como cada cinco años, las modificaciones a la ley que se consensúan en esta instancia de participación plural a cargo del Tribunal Electoral —eventualmente alguna que toque a la Asamblea Nacional y sus integrantes—, serán evaluadas, modificadas y, finalmente, aprobadas o rechazadas por uno solo de los sectores que estuvo sentado en esta mesa durante casi nueve meses. Las figuras La más reciente sesión de la CNRE fue el jueves 20 de noviembre. Ese día reapareció la exdiputada y actual presidenta del partido Cambio Democrático (CD), Yanibel Ábrego, en representación de su colectivo. Su participación fue, además, simbólica, puesto que ese día se discutía una modificación a la regla de paridad de género que rige las elecciones, pero que fue rechazada. Actualmente la ley electoral dice que los partidos políticos deben postular 50% de mujeres y 50% de hombres del total de cargos por elección popular, a excepción del cargo de presidente. Los votos de Ábrego se alinearon a los de los otros representantes de partidos políticos, que impusieron mayoría en la sesión frente a los representantes de la libe postulación. Son ellos junto a los representantes del TE, la Fiscalía General Electoral y el Foro Ciudadano pro Reformas Electorales quienes tienen derecho a voto en la CNRE. El partido de Ábrego cuenta con una bancada de 8 diputados en la Asamblea, al igual que el partido Panameñista, mismo que hasta el pasado domingo presidía el también exdiputado José Isabel Blandón, activo participante de la CNRE. La exministra de Trabajo y Desarrollo Laboral entre 2009 y 2014, Alma Cortés, es la representante del partido Realizando Metas (RM) en esta comisión. Particularmente, defendió la propuesta de la “renuncia tácita” de aquellos miembros de partidos políticos que firmen a candidaturas por la libre postulación. La propuesta fue respaldada por la mayoría de partidos políticos representados, que suelen dar su respaldo en bloque. El exdiputado Ricardo Torres (2019-2024), del Partido Revolucionario Democrático (PRD), también forma parte de la lista de experimentados políticos que participa en la CNRE, así como Carlos Moreno, representante del partido Molirena. Por otro lado, del Frente Amplio por la Democracia (FAD) participa Nilva Góngora; por el Movimiento Otro Camino (Moca) lo hizo Angelyne De Gracia y por la libre postulación han participado tanto el diputado Jorge Bloise como el representante de corregimiento Ismael Atencio. Voz y voto En la CNRE también hay figuras que no son autoridades electas, pero tienen derecho a voz y voto. La lista la encabezan los magistrados del TE Narciso Arellano (presidente) y Luis Guerra, que votan en caso de empate en las propuestas. También participa la fiscal general electoral encargada, Ana Raquel Santamaría, y representantes de diversos sectores adscritos al Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales. Elisa Suárez ha participado por parte del sector privado, así como Kilian Vega, de las organizaciones no gubernamentales, y Luis Domínguez por el sector de los trabajadores. Las posturas del sector empresarial, como de los trabajadores, suelen tener peso en las deliberaciones de la CNRE. La voz Son hasta 15 representantes con derecho a voz los que participan en la CNRE, pero destacan figuras que representan al Órgano Ejecutivo, el Legislativo y la Defensoría del Pueblo. La participación de los representantes con derecho a voz resuena en las sesiones y su papel puede ser fundamental en la recta final de la CNRE, cuando el pleno del TE redacte el proyecto que será entregado a la Asamblea Nacional. Eduardo Leblanc, defensor del Pueblo, ha participado de varias de las sesiones de la CNRE, aunque no exento de polémica, particularmente por declaraciones sobre la paridad de género en la más reciente sesión (20 de noviembre). Leblanc señaló que algunas mujeres en Panamá, por “el abandono del hombre” tienen que dedicarse a múltiples roles y “no les da el dinero para ir a una postulación”. Las declaraciones causaron desagrado en algunos miembros de la sociedad civil presentes en la sesión. Particularmente, la postura de los partidos políticos fue de rechazar la paridad del 50% hombres y 50% mujeres en las postulaciones a cargos de elección popular. En esta sesión, como representantes del Órgano Ejecutivo y del Legislativo participaron el abogado Nicolás Brea Kavasila y David Montenegro, respectivamente. Nadine González, presidenta de Amupa, junto a otros dirigentes de gobiernos locales. Cortesía Municipios advierten rezago de $113 millones en fondos del IBI para 2026 GIRA DE DIPUTADOS A TAIWÁN Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] La falta de transferencia del impuesto de bienes inmuebles —un tema que impacta la capacidad operativa de los gobiernos locales del país— volvió al centro del debate esta semana, luego de un encuentro entre autoridades de la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La presidenta de la agrupación y alcaldesa de Pinogana, Nadine González, explicó que en la reunión sostenida hace dos días con personal del MEF se revisaron cifras, omisiones y el impacto acumulado de los fondos no entregados. “De los últimos seis años no se ha estado dando y debemos decir que, a la fecha, hay una mora de más de 502 millones de dólares que se han dejado de transferir a los gobiernos locales”, subrayó. La sesión se desarrolló como parte de la junta directiva de Amupa, en la que participaron alcaldes de municipios subsidiados y no subsidiados. Según González, la preocupación común es que el MEF ha incumplido lo establecido en la Ley 37 de Descentralización, que ordena transferir íntegramente a los municipios la recaudación del impuesto de bienes inmuebles, incluidas multas y recargos. “Estamos exigiendo el fondo del impuesto de bien inmueble como lo establece la Ley 37”., remarcó. Esta normativa establece que los municipios deben recibir los recursos provenientes de la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) correspondientes al año inmediatamente anterior, incluyendo multas y recargos, lo cual —denunció— no se está cumpliendo a cabalidad. González advirtió que los municipios no solicitan una nueva partida presupuestaria, sino la aplicación plena de la legislación vigente. Las estimaciones Durante el encuentro, los técnicos del MEF presentaron las proyecciones de recaudación. Según la institución, el impuesto generado el año anterior asciende a 196 millones de dólares; sin embargo, el presupuesto aprobado por la Asamblea contempla solo 83 millones para las transferencias de 2026. El desfase, alertó González, es significativo. “Se están dejando de transferir de este año 113 millones de dólares”. La presidenta de Amupa subrayó que esos 113 millones corresponderían al periodo fiscal 2026, pues la ley establece que el impuesto recaudado en un año se transfiere al siguiente. Señaló que tanto el ministro de Economía, Felipe Chapman, como el propio presidente, José Raúl Mulino, han pedido revisar por qué los recursos no se entregaban con regularidad. “A partir de enero, el MEF nos ha establecido, por instrucción del señor ministro e igualmente del señor presidente, que se revise el porqué no se estaban transfiriendo estos fondos”. González detalló que la mora acumulada de $502 millones corresponde al periodo del gobierno anterior, encabezado por Laurentino Cortizo (2019-2024). Recordó que la descentralización inició durante la administración de Juan Carlos Varela (2014-2019), cuando las transferencias comenzaron a crecer de forma sostenida hasta llegar a los $200 millones anuales, antes de estancarse. Las consecuencias El impacto de la falta de fondos es profundo, indicó la dirigente municipal. Las alcaldías y juntas comunales han reducido proyectos comunitarios y obras prioritarias. Puso como ejemplo el caso de Bugaba, en Chiriquí, que pese a su crecimiento económico recibe hoy menos de un tercio de los recursos que manejaba al inicio de la descentralización. Aunque algunos alcaldes han planteado acciones legales, González considera que el diálogo actual abre una vía para corregir el rezago histórico. Por ejemplo, en 2024 se recaudaron $201.2 millones, pero el MEF solo asignó $70 millones, lo que representa apenas el 35% de los ingresos generados. En los años siguientes, la situación muestra leves mejorías, aunque persiste una diferencia sustancial: en 2026 se proyecta una recaudación de $196.4 millones, frente a una asignación de $83.1 millones, equivalente al 42% del total. Por su parte, el MEF ha reconocido la magnitud de la deuda acumulada por la falta de transferencia del impuesto de bienes inmuebles. También ha solicitado tiempo para equilibrar las cuentas y recuperar parte de los tributos pendientes. “No desconocemos los fondos que se deben. Estamos esperando que las estrategias de recobro de impuestos nos permitan subsanar esa diferencia”, aseguraron funcionarios de la entidad recientemente en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Ley 37 de 2009 Descentralización La Ley de Descentralización (Ley 37 de 2009, modificada por la Ley 66 de 2015) busca transferir competencias y recursos a los gobiernos locales, incluyendo los fondos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Sin embargo, existe una crisis debido a una “brecha creciente entre lo recaudado y lo transferido”, durante los últimos años, lo que limita la capacidad de gestión municipal para desarrollo de obras en las comunidades.
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