4A La Prensa Panamá, jueves 27 de noviembre de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] AGRIDULCE. Los diputados panameños en Taipéi fueron atendidos con todos los honores protocolares cuando visitaron el Yuan Legislativo y la International Trade Administration, una agencia del Ministerio de Asuntos Económicos de Taiwán. Si eso no es una visita oficial, se parece mucho. DESEO. El poco escarmentado Ricardo Lombana, que ayer cumplió 52 años de edad, exteriorizó sus intenciones de aspirar a la presidencia de la República en 2029. Entonces sabremos si a la tercera va la vencida… o si será, más bien, el tercero y el vencido. TÍO. El representante de Caimitillo, Rodolfo Precilla, será el presidente del Consejo Municipal de Panamá en el primer semestre de 2026. Precilla es tristemente célebre por tener a por lo menos tres familiares en la planilla de su junta comunal, razón por la cual fue sancionado por la Antai. Quien lo postuló como presidente del Consejo Municipal fue su hermano Ricardo. Ese seguramente no es uno de los familiares emplanillados, ya que tiene su propia junta comunal en Alcalde Díaz. MENSAJE. La Defensoría del Pueblo destituyó a un conductor luego de que se le vinculara al operativo antidrogas denominado “Fin de año seguro”. Ya era hora de que ese tipo de acciones tuviera consecuencias. Por Los cigarrillos electrónicos o vapeadores son dispositivos a batería que calientan un líquido hasta transformarlo en un aerosol (vapor), que se inhala. iStock Empresas fijan posición: regular vapeadores, no vetarlos Aleida Samaniego C. [email protected] SALUD PÚBLICA El anteproyecto de ley No.227 propone regular vapeadores para proteger a menores y frenar el mercado informal. Los gremios empresariales rechazan volver a la prohibición. La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional prohijó el anteproyecto de ley No.227 el 27 de octubre. La propuesta busca crear un marco regulatorio integral para los cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros sistemas de administración de nicotina, con énfasis en la protección de los menores de edad. La iniciativa surge en un contexto marcado por el crecimiento del mercado informal y el aumento del consumo juvenil. Actualmente, Panamá no cuenta con una regulación específica para estos productos, lo que ha permitido su circulación sin controles sanitarios ni fiscales. El anteproyecto establece multas de hasta $100,000 para quienes vendan o distribuyan estos productos a menores. Esta medida responde al incremento sostenido del uso de vapeadores entre adolescentes y a la necesidad de políticas de prevención más efectivas. La propuesta fue presentada por el diputado panameñista Medin Jiménez Pittí. El texto clasifica como infracciones graves la venta a menores, la falta de verificación de edad al momento de la compra y la participación de adolescentes en actividades de comercialización o distribución. Estas infracciones podrán ser sancionadas con multas de entre $5,000 y $100,000. En paralelo, los padres o tutores de menores sorprendidos consumiendo estos dispositivos enfrentarán sanciones económicas de $500 a $5,000. También deberán asistir a talleres de educación parental sobre adicciones y riesgos para la salud. El anteproyecto incorpora además medidas para fortalecer la fiscalización sanitaria y aduanera. La intención es frenar el ingreso y la venta de productos sin certificación, especialmente líquidos de nicotina de origen desconocido que circulan en el mercado informal. Autoridades de salud y representantes del sector privado han advertido que este mercado paralelo se ha expandido debido a la ausencia de una regulación clara. Esto ha permitido que dispositivos y sustancias sin estándares de calidad lleguen con facilidad a los jóvenes. Gremios respaldan el proyecto La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) respaldó el anteproyecto 227. En una carta enviada a Edwin Vergara, presidente de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, el gremio indicó que la propuesta representa “un avance necesario” para ordenar un mercado actualmente desregulado. El gremio destacó que el proyecto protege a los menores mediante la prohibición estricta de venta y comercialización dirigida a este grupo poblacional. También valoró la inclusión de sanciones severas para quienes incumplan. La Cámara subrayó que el anteproyecto crea un marco fiscal ordenado. Esto permitiría al Estado recaudar impuestos sobre productos que hoy se comercializan sin tributar, en un contexto de presión sobre las finanzas públicas. El gremio indicó, además, que la iniciativa mantiene coherencia con la postura técnica del Ministerio de Salud (Minsa), especialmente tras la publicación de la Resolución No.146 de 2025. Esta norma dejó atrás el enfoque prohibicionista y adoptó una visión de regulación y control sanitario del mercado. Para la Cciap, regular es más efectivo que prohibir. Señaló que un marco moderno disminuye el acceso de menores y fortalece la vigilancia institucional. En contraste, el gremio rechazó el proyecto de Ley 263, actualmente en primer debate. Este plantea restablecer un esquema de prohibición absoluta sobre los cigarrillos electrónicos. La Cámara recordó que un modelo similar fue parte de la Ley 315 del 30 de junio de 2022. Esta norma fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en mayo de 2024 por violar principios de igualdad ante la ley, libre competencia y trato equitativo. Según el gremio, prohibir un producto que es funcionalmente similar al cigarrillo tradicional —cuyo uso sigue permitido— crea distorsiones de mercado y abre espacios al contrabando. Durante la vigencia de la Ley 315, el consumo juvenil no disminuyó. Por el contrario, aumentó. Datos del Minsa indican que el uso de cigarrillos electrónicos entre adolescentes pasó de 6.4% en 2017 al 8.5% en 2023. La Cciap sostiene que estos datos confirman que la prohibición absoluta no funciona. También advierten que este tipo de políticas debilita el control del Estado y expone a los jóvenes a productos sin regulación. El anteproyecto 227 también recibió respaldo de la Fundación Libertad. La organización señaló que la propuesta es coherente con los principios de regulación racional y fiscalización efectiva, además de respetar la libertad económica. Según la fundación, el texto combate el comercio ilícito, protege a los menores y crea una estructura tributaria progresiva sin recurrir a medidas arbitrarias. La Asociación de Reducción de Daños por Tabaquismo de Panamá también apoya la iniciativa desde una perspectiva científica. La organización recordó que los productos sin combustión reducen significativamente la exposición a sustancias tóxicas frente al cigarrillo convencional. Además, planteó que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) reconoce estos dispositivos como alternativas menos nocivas para fumadores adultos que no logran abandonar el hábito. Tras la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 315, Panamá quedó sin una normativa que regule la importación, comercialización y uso de cigarrillos electrónicos. Este vacío favoreció la expansión del mercado informal y la venta sin control de líquidos de nicotina sin certificación, especialmente entre jóvenes. El anteproyecto 227 surge como respuesta a este vacío normativo. Propone un marco regulatorio equilibrado que combina control institucional, protección de menores, reducción de riesgos sanitarios y normas fiscales claras. El debate en torno a los cigarrillos electrónicos vuelve a colocar en la mesa la necesidad de políticas públicas modernas, basadas en evidencia y capaces de equilibrar salud, regulación y libertad económica. Getzalette Reyes [email protected] Restablecen servicio de ferry a Taboga luego de protestas TRANSPORTE Los viajes hacia la isla de Taboga se reactivarán a partir de hoy , tras el acuerdo alcanzado entre autoridades y transportistas turísticos. Así lo informó la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), luego de que las dos empresas operadoras de servicio de ferry suspendieran sus operaciones alegando falta de seguridad en el muelle, en medio de protestas ciudadanas por el alza de tarifas. La AMP reiteró que, conforme a la Ley No. 56 de 2008, General de Puertos, tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad marítima, proteger la vida humana en el mar y asegurar el libre tránsito de embarcaciones en aguas nacionales. Alexander De Gracia, subadministrador de la institución, encabezó la mesa de diálogo donde participaron autoridades nacionales y locales, entre ellas Birna Luque, viceministra de la Presidencia; Jorge Correa, subdirector de la Autoridad de Turismo de Panamá; Ramón Ramos, alcalde de Taboga; Raúl Varela, presidente del Consejo Municipal; además de representantes comunitarios, comerciantes y las empresas de transporte turístico. “El propósito del encuentro fue alcanzar un acuerdo que garantice seguridad jurídica, fomente la libre competencia y proteja los derechos de los usuarios”, indicó la AMP en un comunicado. Como resultado, cinco embarcaciones se incorporarán progresivamente al servicio de transporte marítimo para los residentes de Taboga, con tarifas accesibles y mejores condiciones de comodidad, señaló la AMP. Una de ellas ya está operando; dos más se sumarán la próxima semana y otras dos avanzan en sus trámites para entrar al mercado. De Gracia reconoció el derecho ciudadano a la protesta pacífica, aunque recordó que los precios establecidos por las empresas privadas responden a la libre oferta y demanda, por lo que no forman parte de las competencias de la institución. La AMP también anunció que proyecta abrir un nuevo proceso de licitación para la construcción de un muelle en la isla. El pasado 7 de noviembre, las empresas Taboga Express Fast Ferry y Barcos Calypso suspendieron temporalmente sus viajes tras denunciar falta de garantías de seguridad en el muelle donde atracan. cierto, la Defensoría recibió —por cuarta ocasión— a un grupo de docentes que fue separado de su cargo por las recientes “huelgas”. ¿Cuál huelga? ¿Aquella que nunca fue declarada legal? En todo caso, a quien hay que defender es a los estudiantes que fueron privados de sus clases por varias semanas, sin ninguna causa justificada. El viaje en ferry de Panamá a Taboga toma 30 minutos. Alexander Arosemena
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