Bienvenido suscriptor
Perfil Cerrar sesión
Iniciar Sesión
Registro

prensa_2025_11_27

2A La Prensa Panamá, jueves 27 de noviembre de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Entidades como el ITSE son importantes para la formación de nuevos profesionales. Archivo ITSE confirma que hay dos auditorías en curso EDUCACIÓN TÉCNICA El Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) salió ayer al paso de la polémica interna relacionada con la directora Milena Gómez; aseguró que las actividades académicas, administrativas y de gestión continúan desarrollándose con normalidad; e informó que hay dos auditorías en curso en este momento. En un comunicado dirigido al país, la institución destacó que todos sus procesos se mantienen bajo el estricto cumplimiento de la Ley del ITSE, su reglamento y los estándares de gobernanza pública. Añadió que la máxima autoridad institucional es el Consejo Directivo, que está conformado por representantes del sector productivo, del gobierno, del ámbito académico y por la Contraloría General de la República, en calidad de observadora. Según el comunicado, esta estructura público-privada garantiza estabilidad, transparencia y continuidad en la toma de decisiones. Una de las aclaraciones centrales del anuncio se refiere a la situación de la gerente educativa y rectora, la Dra. Gómez Cedeño, quien se encuentra de vacaciones por 60 días. La institución explicó que esta licencia cumple con todos los procedimientos legales y administrativos y que su estatus fue debidamente aprobado. Durante su ausencia temporal, la responsabilidad de la dirección institucional recae en la subgerente de Currículo, Mgtr. Suzanne Sáez. El comunicado precisa que esta transición se realiza con el acompañamiento del Consejo Directivo, para asegurar la estabilidad en las operaciones y la continuidad de los procesos académicos y administrativos. El ITSE aprovechó la comunicación para resaltar la gestión de Gómez. Dijo que, bajo su liderazgo, se han fortalecido la calidad académica, la pertinencia técnica y la proyección del ITSE como referente nacional en educación superior de ciclo corto. El comunicado también confirmó que la institución está sometida a dos procesos de auditoría simultáneos. Uno es realizado por la Contraloría desde octubre, mientras que el otro está a cargo de una firma externa independiente. Esta segunda auditoría fue solicitada por la propia institución en 2022 como parte de sus mecanismos de integridad y transparencia. La directiva subrayó que ambos procesos forman parte de los controles regulares de supervisión y mejora continua que caracterizan al ITSE. El procurador, Luis Gómez Rudy; y el contralor general, Anel Flores. Archivo Contraloría entregó al MP apenas 12.5% de las auditorías pedidas Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] JUSTICIA Una nota firmada por el procurador de la Nación, Luis Carlos Gómez, detalla las solicitudes, los informes entregados y el impacto de la falta de auditorías en las investigaciones penales. La Procuraduría General de la Nación respondió a una solicitud del diputado Ernesto Cedeño sobre el estado de las auditorías que el Ministerio Público (MP) ha requerido a la Contraloría General de la República. La respuesta no solo aporta cifras, sino que expone una realidad inquietante y cada vez más difícil de ignorar: una desconexión estructural entre ambas instituciones que amenaza con frenar investigaciones clave contra la corrupción. La nota, fechada el 18 de noviembre de 2025 y firmada por el procurador Luis Carlos Gómez Rudy, detalla el volumen de solicitudes, los informes entregados y el impacto que la falta de auditorías ha tenido en la investigación penal. Según la Fiscalía Anticorrupción, entre el 1 de enero y septiembre de 2025 se emitieron 423 solicitudes y reiteraciones de auditorías especiales. La cifra refleja el ritmo acelerado de investigaciones por presuntos delitos contra la administración pública, un ámbito donde las auditorías de la Contraloría suelen ser pieza clave para sustentar imputaciones y llevar los casos a las fases más avanzadas. No obstante, la Contraloría solo ha remitido 116 informes de auditoría en ese período, de los cuales únicamente 53 corresponden a solicitudes formuladas este mismo año. Esto significa que apenas el 12.5% de las auditorías requeridas en 2025 ha sido entregado, un indicador que evidencia un cuello de botella que impacta directamente en el desempeño del MP. El resto de los informes —63 en total— responde a solicitudes de años anteriores, lo que sugiere un rezago acumulado de gestiones previas. Este retraso condiciona los avances en investigaciones relevantes, especialmente aquellas que requieren un peritaje contable para determinar responsabilidades. Casos archivados La falta de auditorías no es un asunto menor. La Fiscalía Anticorrupción reportó que solo en 2025 unos 34 casos tuvieron que ser archivados por diversas causas vinculadas directamente a la ausencia del informe solicitado a la Contraloría. Aunque el número ha sido mayor en años anteriores, marca una tendencia preocupante para las investigaciones más sensibles. En cuanto a los sobreseimientos, el Ministerio Público señaló que, en el sistema penal acusatorio vigente, no se han dictado decisiones de este tipo por falta de auditorías. Sin embargo, para muchos casos la investigación queda suspendida mientras se espera el informe, lo que obliga a aplicar archivos provisionales que retrasan el curso natural de los procesos y dilatan la expectativa de justicia. La Procuraduría explicó que, cuando la Contraloría no entrega oportunamente el informe, se dificulta comprobar la lesión patrimonial por otros medios, lo que limita las posibilidades de avanzar hacia una imputación formal. De allí que el artículo 275 del Código Procesal Penal sea la norma utilizada para respaldar estos archivos provisionales. En contraste con este panorama, el MP indicó que, entre enero y noviembre, solo se han logrado dos seninvestigativa. Casos de ANTAI La nota también ofrece una radiografía del volumen de denuncias penales recibidas por la Fiscalía Anticorrupción en los últimos cinco años. Entre 2020 y 2024 ingresaron 5,424 denuncias por delitos contra la administración pública, de las cuales 101 provinieron directamente de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI). El desglose revela un crecimiento sostenido en los reportes de la ANTAI: cero en 2020, una en 2021, unos 25 en 2023 y otros 75 en 2024. A estas cifras se suman 258 denuncias generadas entre enero y septiembre de 2025, lo que eleva a 359 el total aportado por la entidad desde 2020. El aumento confirma una mayor actividad en la identificación y canalización de posibles actos irregulares en el sector público. Para el diputado Cedeño, la Contraloría “debe apoyar de mejor manera a la administración de justicia” en la lucha contra la corrupción y la delincuencia. Señaló que la respuesta remitida por el MP, en torno al avance de las auditorías solicitadas, evidencia una “falta de apoyo real y efectivo” por parte del ente fiscalizador. Su mensaje es claro: la ausencia de informes oportunos no solo retrasa las investigaciones, sino que debilita la capacidad del Estado para enfrentar actos que lesionan el patrimonio público. En Panamá, algunas de las investigaciones más sensibles del MP apuntan a casos que han marcado la agenda pública: la descentralización paralela, los polémicos auxilios económicos del Ifarhu, las cuestionadas planillas de la Asamblea Nacional y las presuntas irregularidades en la renovación del contrato de Panama Ports. tencias condenatorias sustentadas en auditorías, ambas producto de acuerdos de pena. En el ámbito regional, las fiscalías de Colón y Guna Yala registraron tres condenas adicionales que también se apoyaron en informes de la Contraloría. A pesar de las dificultades, 60 casos vinculados a delitos contra la administración pública lograron avanzar a la fase de investigación formal durante el año. En ellos se adoptaron medidas cautelares para proteger el proceso y asegurar que los señalados respondan ante la justicia. En total, se imputó a 124 personas, un indicador del peso que estos expedientes tienen en la agenda

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxMjQ5NQ==