6A La Prensa Panamá, sábado 22 de noviembre de 2025 Edisa Batista Pineda, actual subdirectora legal del Municipio de Panamá, fue aprehendida como parte de una investigación por posible lesión patrimonial en la ejecución de contratos del programa de sanidad básica del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades). La medida forma parte de una pesquisa iniciada hace varios años para determinar responsabilidades en proyectos que, según las autoridades, presentaron irregularidades en su desarrollo y cumplimiento. Batista ejerció como directora de asesoría legal de Conades durante el periodo investigado, del 2 de julio de 2014 al 30 de junio de 2019. Su rol en esa entidad es uno de los elementos que la fiscalía busca examinar, especialmente en relación con la Aprehenden a subdirectora legal de la Alcaldía de Panamá por caso Conades INVESTIGACIÓN supervisión contractual y el seguimiento de los compromisos asumidos por las empresas ejecutoras. La audiencia de legalización de su aprehensión, imputación de cargos y posible imposición de medidas cautelares estaba prevista inicialmente para el viernes 21 de noviembre, a las 11:00 a.m., en el distrito de Santiago, provincia de Veraguas. Sin embargo, fue suspendida debido a dificultades técnicas y reprogramada para el sábado 22 de noviembre, según confirmaron fuentes judiciales. Su defensa será asumida por su hermano, el abogado Porfirio Batista Pineda. Consultado por La Prensa, el Municipio de Panamá señaló que es “respetuoso” de las investigaciones en curso y reiteró su adhesión al debido proceso y a la presunción de inocencia. Batista ingresó a la institución el 2 de julio de 2024, designada por el alcalde Mayer Mizrachi como subdirectora administrativa institucional, con un salario mensual de $5,000. El Ministerio Público informó que funcionarios de la Fiscalía Anticorrupción, junto a agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), la aprehendieron en un apartamento de Calle 50 a las 6:00 a.m. del jueves pasado, donde también se ubicaron documentos considerados relevantes. Unidades de la Policía Nacional custodian la sala de audiencias de las operaciones Eros y Colibrí en la sede del Sistema Penal Acusatorio, en plaza Ágora. Elysée Fernández Ordenan detener a 39 personas por red de droga en Tocumen Juan Manuel Díaz [email protected] Eliana Morales Gil [email protected] OPERACIÓN COLIBRÍ Las autoridades judiciales avalaron medidas estrictas contra los implicados en una red que usaba Tocumen para enviar droga a Europa, tras validar acuerdos previos y revisar los indicios presentados. La juez de garantías Sandra Castillo ordenó ayer viernes 21 de noviembre, la detención provisional de 39 personas imputadas por los delitos de conspiración para el tráfico de drogas y tráfico internacional de drogas, tras las operaciones Eros y Colibrí, en las que se utilizaba el Aeropuerto Internacional de Tocumen para enviar cargamentos de estupefacientes hacia Europa. La decisión se tomó durante una audiencia que inició a las 9:30 a.m. y concluyó a la 1:15 p.m. En su sustentación, la juez Castillo destacó que los delitos atribuidos a los procesados son de “alta gravedad” y que la Fiscalía presentó indicios claros y suficientes que los vinculan con la estructura dedicada al envío de sustancias ilícitas al extranjero. Castillo sostuvo que la detención provisional es la medida más adecuada y proporcional en este caso, debido al riesgo de fuga, la posibilidad de que los investigados destruyan evidencia o influyan en el desarrollo del proceso penal. La juez detalló que se acreditó la existencia de una actividad ilícita, luego que varios de los investigados aceptaron acuerdos de pena por varios años de prisión. También recalcó que la detención preventiva obedece a la gravedad del delito y el daño que pueden ocasionar a la sociedad. Antes de esta decisión, 21 imputados habían alcanzado acuerdos de pena con la Fiscalía, los cuales fueron validados por la propia juez durante la jornada. Estos aceptaron penas de 180, 100,80, 72, y 64 meses de prisión. Al final de la audiencia la juez Castillo concedió un espacio de tiempo a los detenidos para hablar con sus familiares antes de ser puestos a órdenes del Sistema Penitenciario. Las audiencias se iniciaron el pasado 13 de noviembre, con la legalización de la aprehensión de los 60 aprehendidos, imputación de cargos. Cómo operaba la red En su alegato el fiscal de drogas Julio Campines hizo una detallada presentación de las operaciones de la red criminal en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Campines explicó al tribunal que la red mantenía al menos cuatro grupos operativos que desarrollaban diversas tareas para la movilización. El primer grupo era el encargado de transportar la droga que llegaba por mar desde Colombia. En ocasiones los estupefacientes llegaban a las costas de Darién, Chepo y Juan Díaz en la provincia de Panamá; Chame en la provincia de Panamá Oeste y Juan Hombrón en Antón, provincia de Panamá. La red también contaba con un segundo grupo de operadores de camiones que combustibles y autos con doble fondo que eran los encargados de transportar la La juez de garantías Diana García declaró causa compleja la investigación por presunto peculado y corrupción relacionada con los auxilios económicos entregados por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) durante la administración de Bernardo Meneses. García concedió un término de seis meses a la fiscalía para concluir la investigación, en la que hasta ahora hay 22 personas imputadas, entre ellas exfuncionarios y beneficiarios de los auxilios. La fiscal anticorrupción Azucena Aizpurúa sustentó la necesidad de extender el plazo, al señalar que su despacho aún debe analizar la legitimidad de 1,000 auxilios económicos otorgados durante la gestión de Meneses, los cuales deben ser verificados. También detalló que en este caso existe una multiplicidad de diligencias y requerimientos de información a personas que recibieron auxilios económicos por parte del Ifarhu. Aizpurúa explicó que también solicitó a la Contraloría General de la República la ampliación de la auditoría realizada a principios de 2025, para analizar el alcance real de la lesión patrimonial ocasionada al Estado. En el primer informe de auditoría realizado por la Contraloría se estableció que algunos beneficiarios de los auxilios realizaron depósitos en cuentas personales de Meneses y se estimó una lesión patrimonial de $24 millones. El Ministerio Público también ha solicitado información a entidades educativas en el extranjero donde algunos beneficiarios recibieron preparación académica. En este caso se busca determinar si los estudiantes realmente culminaron los estudios para los cuales solicitaron el apoyo económico del Ifarhu. La fiscalía también tomó declaración a los trabajadores sociales del Ifarhu, encargados de realizar las evaluaciones económicas de los beneficiarios, quienes expliDeclaran causa compleja el caso Ifarhu; fiscalía debe revisar mil auxilios económicos PRESUNTO PECULADO caron que la decisión final sobre la entrega de los auxilios correspondía a la comisión evaluadora y al director del instituto. Sin embargo, el abogado Ángel Álvarez, defensor de Meneses, se opuso a la petición de la fiscalía, al considerar que ya se ha recabado suficiente información. Meneses, quien se encuentra detenido en la cárcel La Nueva Joya, participó por videoconferencia. Otros imputados también se conectaron por esta vía, entre ellos estudiantes de la comarca Ngäbe Buglé que señalaron no poder viajar a la ciudad de Panamá para cumplir con la citación. El Ifarhu otorgó auxilios de $25 mil a estudiantes de la comarca para estudiar en la extensión de la Universidad Tecnológica de Panamá en Bocas del Toro, en carreras cuyo costo no supera los $548. Un informe de actuación financiera realizado por la División de Blanqueo de Capitales de la Dirección de Investigación Judicial reveló que varios imputados no pudieron justificar el uso de $18,400, $17,532, $17,382 y $16,565, y que incluso presentaron facturas alteradas, ilegibles o duplicadas como sustento de los gastos. La fiscalía no precisó a cuál estudiante correspondía cada monto. Algunos alegaron tener dificultades técnicas y dijeron que no podían seguir el desarrollo de la audiencia debido a la lluvia que caía sobre la región. La fiscalía también tiene diligencias pendientes, mediante las cuales busca vincular a otras personas que recibieron auxilios económicos a pesar de contar con altos ingresos. Juan Manuel Díaz [email protected] La Fiscalía Anticorrupción investiga auxilios económicos entregados durante la administración de Meneses. Isaac Ortega droga a centros de acopio en Pedregal y San Miguelito. Un tercer grupo estaba compuesto por empleados del Aeropuerto de Tocumen y colaboradores de empresas le daban servicio encargos de llevar la droga hasta la terminal aérea. Otro se encargaba de introducir la droga en maletas, retirar las etiquetas de las valijas con destino a Europa y colocárselas las que esta “preñadas” con la droga. La investigación, iniciada en 2023, reveló el funcionamiento de una red que utilizaba el Aeropuerto de Tocumen para movilizar droga desde Colombia hacia otros destinos. La red reclutaba colaboradores que prestaban servicios en Tocumen para ingresar la droga en sus vehículos y trasladarla a zonas internas del aeropuerto. Otro grupo, integrado por empleados encargados de áreas verdes, desenterraba la droga en zonas cercanas a la cerca perimetral y la movía hasta las bodegas, donde avanzaba en la cadena logística. El fiscal Campines dijo tener vídeos suministrados por el Aeropuerto de Tocumen y la línea aérea Copa S.A. en donde se observa a varios de los imputados manipulando las maletas para introducir la droga en las maleta, subirlas a los aviones para sacarla del país. Durante la investigación la fiscalía realizó más de 600 interceptaciones telefónicas, vigilancias, seguimientos y 24 eventos en los que se decomisaron unos 3,700 kilos de drogas. Campines estimó que estas una de las operaciones antidrogas más importantes realizadas en los últimos años, ya que se desmanteló un estructura criminal que operó durante varios años. Panorama
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