5A La Prensa Panamá, jueves 20 de noviembre de 2025 Panorama La isla de Taiwán es motivo de tensiones diplomáticas entre países como China, Estados Unidos e incluso Japón. Getty Images El viaje a Taiwán que incomodó a China y activó a Estados Unidos Eliana Morales Gil [email protected] TENSIONES El viaje de 10 diputados a Taiwán activó una cadena de reacciones que desnudó viejas tensiones, nuevas incomodidades y volvió a poner en la mesa uno de los dilemas que enfrenta Panamá en materia de política exterior: ¿cómo moverse entre China y Estados Unidos sin convertirse en territorio de disputa geopolítica? El viaje de 10 diputados a Taiwán desactivó una cadena de reacciones que desnudó viejas tensiones, nuevas incomodidades y volvió a poner en la mesa uno de los dilemas que enfrenta Panamá en materia de política exterior: ¿cómo moverse entre China y Estados Unidos sin convertirse en territorio de disputa geopolítica? Fue el mismo presidente de la República, José Raúl Mulino, el primero que dio a conocer la noticia antes de que los propios diputados lo confirmaran. Publicó un mensaje en X en el que trazó la línea de su gobierno en este asunto: “Ante informes de eventuales viajes de funcionarios del Órgano Legislativo a Taiwán, tales viajes no gozan del apoyo ni aprobación de mi gobierno”. Pocas palabras, pero rozaba la fibra sensible de un capítulo de la historia reciente del país que comenzó en 2017, cuando, bajo la administración de Juan Carlos Varela, Panamá rompió relaciones diplomáticas con Taiwán y reconoció a la República Popular China. La posición de un diputado que viajará El viaje a Taiwán, según lo han explicado algunos de los diputados que se subirán al avión con rumbo a Asia, será entre el 21 y el 30 de noviembre de este año para atender una invitación. “Durante ese viaje exploraremos oportunidades comerciales, de cooperación y de inversión que puedan beneficiar al país y a nuestro distrito de San Miguelito”, informó en un comunicado Eduardo Gaitán, diputado de la coalición Vamos y uno de los que viajará a Taipéi. También viajarán sus colegas Eduardo Vásquez, de Cambio Democrático (CD), actual primer vicepresidente de la Asamblea; Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino (Moca); Edwin Vergara, del Partido Panameñista; Julio de la Guardia y Manuel Cohen, de CD; Ronald de Gracia, de Realizando Metas (RM), y los independientes Betserai Richards, Jhonathan Vega, y Yamirelys Chong. China se pronuncia Pero la embajada china pidió a los diputados cancelar “inmediatamente” el viaje. No a través de notas diplomáticas, sino mensaje por mensaje, vía WhatsApp. Dijo que el periplo “viola gravemente el principio de una sola China”, que “es una intervención en los asuntos internos de China” y que tendría “un impacto negativo en la relación bilateral”. Para Pekín, la simple foto de un diputado panameño en Taipéi equivale a romper el alineamiento político construido desde 2017. Consultado por La Prensa sobre el tema, un portavoz de esa misión diplomática en Panamá lo reiteró. Alertó que “la eventual visita de ciertos diputados panameños a Taiwán sería el primer contacto oficial desde el reinicio de las relaciones diplomáticas entre Panamá y China. Eso viola gravemente el principio de una sola China y es una intervención en los asuntos internos de China”. La Cancillería reacciona La posición de China incomodó a Panamá. Este miércoles 19 de noviembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un duro comunicado en el que rechazó “de manera categórica” todo intento de injerencia en los asuntos políticos del país. “La Cancillería recuerda que la conducción de la política exterior panameña es una potestad exclusiva del Órgano Ejecutivo, ejercida por el Presidente de la República, conforme a la Constitución y las leyes nacionales”, se lee en la nota. Pero el boletín de prensa también incluyó un mensaje para los diputados: “Panamá, como Estado soberano, no acepta condicionamientos ni presiones que pretendan incidir en las decisiones legítimas de sus autoridades, incluyendo a la Asamblea Nacional, en el marco de la separación de poderes que rige nuestro sistema democrático, aun cuando esas decisiones no sean compartidas por el Gobierno Nacional”. Al igual que Mulino, el canciller Javier Martínez Acha ya había objetado el viaje. “El rector de la política exterior de Panamá, por Constitución, es el presidente de la República a través de la Cancillería”, argumentó. Estados Unidos entra en escena Y entonces habló el embajador de Estados Unidos, Kevin Marino Cabrera. Después de respaldar el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, manifestó que “la embajada de China no debería estar involucrada en esos temas”. Añadió que “quizás ellos no están acostumbrados a la democracia” y remató con la frase: “Sé que vienen de un país comunista, quizás pueden aprender que aquí en Panamá hay democracia y las personas hacen sus propias decisiones”. El embajador Cabrera y la embajadora de China en Panamá, Xu Xueyuan, han protagonizado cruces de discursos en los últimos meses. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apenas asumió su mandato en enero pasado, introdujo la narrativa de que China tiene influencia en la operación del Canal de Panamá, tema que el gobierno, las autoridades de la vía interoceánica y los diplomáticos chinos, han negado insistentemente. En septiembre pasado, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una nueva política de restricción de visados dirigida a ciudadanos centroamericanos que, según Washington, actúan en nombre del Partido Comunista Chino (PCC) para “socavar el Estado de derecho” en la región. Esa postura está en línea con el lema del jefe del Departamento de Estado, Marco Rubio, quien insiste en que “una visa no es un derecho, sino un privilegio”. El viaje de los diputados a Taiwán, por tanto, es el nuevo capítulo de esta ráfaga que conjuga diplomacia, política y poder en un país que intenta navegar entre dos aguas: tiene lazos comerciales con China, tiene una vigorizada relación de seguridad y cooperación con Estados Unidos, y administra un canal interoceánico que es estratégico para el comercio mundial. Y, además, tiene una Asamblea que en ocasiones actúa como un actor autónomo y, otras, como un generador involuntario de crisis. (Con información de Ohigginis Arcia Jaramillo) Xu Xueyuan. Archivo Kevin Marino Cabrera. Archivo La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) levantó la suspensión de la licitación lanzada por el Ministerio de Educación de Panamá (Meduca) para la adquisición de 585 250 computadoras portátiles y licencias Microsoft 365 A3, por un valor de referencia de US$ 230 262 640. Esta aprobación se dio tras la resolución DSDF-1596-2025, del 18 de noviembre de 2025, que desestimó el reclamo presentado por la firma Perdomo & Plata, quien acusaba al meduca de restringir la competencia al exigir el sistema operativo Microsoft Windows sin incluir alternativa («o equivalente») como lo solicita la ley de contrataciones públicas. En su recurso, Perdomo & Plata sostenía que el pliego vulneraba la libre competencia porque la cláusula implicaba que otros sistemas operativos o suites ofimáticas no serían viables, lo que incrementaba el costo por equipo e impugnaba la viabilidad económica de la licitación. Sin embargo, la DGCP determinó que el ministerio justificó técnicamente la exigencia de Microsoft por compatibilidad, interopeDGCP valida exigencia de Microsoft y reactiva licitación de laptops FONDOS PÚBLICOS rabilidad y continuidad pedagógica de su plataforma tecnológica. Con este fundamento, la suspensión fue levantada y el proceso de licitación reanudado. El viceministro Administrativo de Educación, Roberto Sevillano, explicó que la infraestructura tecnológica vigente del Meduca — administrativa, docente y estudiantil— opera bajo sistemas Microsoft, lo que hace inviable la integración de soluciones de otras marcas sin riesgo de incompatibilidad. Aun así, se acordó extender el plazo de presentación de propuestas al 3 de diciembre de 2025 para que los oferentes ajusten sus ofertas al nuevo cronograma. En la fase de homologación participaron 45 empresas, de las cuales 29 hicieron consultas específicas sobre los pliegos de condiciones. El corregido proceso implica que el gigante del software Microsoft validara que sus requisitos técnicos eran legítimos, lo cual para algunos críticos reflejaría una excesiva ventaja de una marca específica en un contrato público. Por su parte, el Meduca justificó que su prioridad es garantizar compatibilidad tecnológica y estabilidad en el sistema educativo, condicionando la licitación a que las computadoras y el software funcionen sin interrupciones. Finalmente, este caso vuelve a poner en debate la tensión entre la libre competencia en las contrataciones públicas y los requerimientos técnicos exigidos por las entidades, más cuando el monto y volumen de la licitación (centenares de miles de equipos) implican un gasto público significativo. Yaritza Mojica [email protected] Imputan a influencer por delito de blanqueo de capitales La jueza de garantías Keila Martínez Espinosa declaró ilegales las aprehensiones practicadas por el Ministerio Público contra Bartolo Encarnación Guante, Geidi Gordillo, Luis Ricardo Cubilla y Jairo Rodríguez, al considerar que la fiscalía pudo haberlos citado, dado que se trata de una investigación iniciada en 2019 y en la que ya se habían imputado cargos a otras personas. Señaló además que no se justificó la necesidad ni la proporcionalidad de las detenciones. Tras esa decisión, Martínez Espinosa —ya en fase de imputación— acogió los cargos por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en perjuicio de la Caja de Ahorros (CA). También impuso medidas cautelares de reporte periódico para Guante, Gordillo y Cubilla, mientras que a Rodríguez le prohibió acercarse a las oficinas de la entidad bancaria estatal. Durante la audiencia celebrada ayer, desde las 10:30 a.m., la jueza afirmó que los elementos presentados por el fiscal Elías Muñoz eran apenas suficientes para sustentar la imputación y cuestionó la debilidad de los elementos de vinculación, al considerar que el Ministerio Público no reforzó adecuadamente su exposición. Según la fiscalía, los cuatro señalados habrían recibido dinero producto de un fraude mediante el cual se otorgaron facilidades crediticias usando como garantía una finca en Puerto Armuelles, Chiriquí, cuyo valor catastral habría sido falsificado. El préstamo ascendía a $786 mil y estaba respaldado por varias fincas cuya tasación fue inflada. La investigación también reveló que los avalúos presentados ante la Caja de Ahorros fueron falsificados, lo que generó un perjuicio económico para la institución. AUDIENCIA Juan Manuel Díaz [email protected] Bartolo Encarnación Guante. Redes sociales
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