5A La Prensa Panamá, miércoles 19 de noviembre de 2025 Aviones, monaguillos y otras verdades a medias Sabrina Sin Censura Sabrina Bacal ESPECIAL PARA LA PRENSA Con su habitual soberbia, José Raúl Mulino lanzó varias verdades a medias sobre un tema que se supone debería dominar: la seguridad. El también exministro del ramo afirmó que “no es verdad que aquí asesinan a la gente saliendo de la misa”, que quienes mueren “están en el negocio” y que “no eran monaguillos”. Luego descalificó a quienes cuestionan la compra de los aviones Super Tucano diciendo que algunos “no entienden la diferencia entre un avión y una vaca”. Lo irónico es que quien parece no distinguir entre aviones de combate y tecnología de vigilancia antidroga es él mismo. Pero conviene ir por partes, porque varias de sus afirmaciones se derrumban al contrastarlas con la realidad. Primero: por supuesto que mueren inocentes. Mujeres asesinadas en parques después de misa, comerciantes atacados en sus comunidades, taxistas y conductores de plataformas ejecutados en plena ruta, niñas alcanzadas por balas perdidas. Panamá está llena de casos que contradicen la narrativa de que la violencia afecta solo a los criminales. Asegurar que todas las víctimas “tienen prontuario” no solo es falso: es una forma cínica de evadir la responsabilidad del Estado. No existe una política de prevención que aleje a jóvenes vulnerables del crimen organizado, ni una estrategia que proteja a comunidades dominadas por las pandillas. No se trata de “ponerle un policía a cada panameño”, sino de reconocer que los inocentes están expuestos y actuar en consecuencia. La experiencia regional lo demuestra. En Colombia, México y Ecuador, el control territorial de pandillas y narcotráfico ha dejado numerosas víctimas civiles. En Centroamérica, las maras asesinan a conductores y comerciantes por negarse a pagar extorsión. Esa dinámica ya se siente en Panamá: la violencia no se queda solamente “entre ellos”, sino que golpea a quienes nada tienen que ver con el crimen organizado. Segundo: combatir el narcotráfico no es lo mismo que proteger a la gente. Mulino sostiene que la inseguridad proviene del crecimiento del crimen transnacional y que la respuesta es comprar más equipo costoso —con procesos bastante opacos, por cierto—. Pero la experiencia internacional demuestra que los grandes decomisos paralizan un porcentaje pequeño del flujo de droga y no garantizan que la gente viva más segura. Cuando se golpea solo la oferta, las organizaciones criminales se fragmentan, pelean por rutas y territorios, y los homicidios en tierra aumentan. Panamá sigue ese patrón. Mientras el gobierno presume récords en incautaciones, los asesinatos, la violencia doméstica y los robos siguen agobiando a la población. Podemos ser un aliado ejemplar en la interminable “Guerra contra las drogas”, pero ese desempeño no se traduce por sí mismo en seguridad para la ciudadanía. Tercero: los Super Tucano no sirven para lo que el gobierno dice que sirven. Panamá se endeudará por más de $76 millones —crédito gestionado por el propio contratista, Embraer, al estilo de los contratos “llave en mano”— para adquirir aviones de combate que no sirven para la detección de droga ni sustituyen la inteligencia satelital. La incautación de 13.5 toneladas se logró gracias a la cooperación con la DEA y no por aeronaves de este tipo. Presentarlos como pilar de la lucha antidroga ignora su naturaleza: son aviones de ataque (en un país sin ejército) y no satélites ni aeronaves de vigilancia con sensores. Cuando la justificación no resiste una verificación básica, surge la pregunta obligada: ¿Cuál será la verdadera motivación detrás de esta compra? En 2018 Mulino tenía un mejor diagnóstico: “El país alarmado ante el aumento de la inseguridad. Noticias de asesinatos y delitos evidencian la fallida estrategia oficial”. Esas eran sus palabras en una publicación en X cuando era oposición. Hoy, desde el poder, esa alarma dejó de ser útil y se convierte en una conveniente “ola de violencia, entre comillas”. El crítico feroz se volvió un presidente dispuesto a minimizar lo que él mismo denunciaba. Niega que haya víctimas inocentes, cree que el combate contra el narcotráfico es equivalente a la seguridad ciudadana y compra aviones que no detectan cargamentos de droga. Puede que él se sienta seguro, blindado y sobrado. Los ciudadanos no. Son ellos quienes siguen enterrando a sus muertos mientras el gobierno intenta distraernos con aviones costosos, monaguillos y varias verdades a medias. El aumento en el costo de los aviones A-29 Súper Tucano, de $68.2 millones a $76.3 millones, quedó en firme en la Gaceta Oficial del Estado del pasado 17 de noviembre. Con una nueva resolución de Gabinete, de número 117, se modificó una que data del pasado 11 de marzo de 2025, cuando el monto de los aviones era por $8 millones menos. En la resolución 23 se establecía el procedimiento excepcional para que el Ministerio de Seguridad contratara a la empresa brasileña Embraer S.A. para el suministro de las aeronaves, pero con un financiamiento hasta por $30 millones. Nueva información que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó a La Prensa detalla que el financiamiento sería por la totalidad del nuevo precio de los aviones Súper Tucano. No obstante, la nueva resolución 117 no modifica el artículo 2, donde se establecía este tope al financiamiento. El único artículo modificado es el primero, donde se detalla el nuevo precio de Gabinete deja en firme el aumento del costo de los aviones Súper Tucano FONDOS PÚBLICOS $76.3 millones. Por otra parte, en los “considerandos” de la resolución 117, se reconoce que el monto de financiamiento inicial por $30 millones, mismo que el MEF confirmó que gestiona directamente la empresa Embraer, “pasará por un proceso de negociación”, y que “a razón de los puntos anteriormente expuestos” el monto total de la contratación sería de los $76.3 millones. No queda claro cómo quedará finalmente el esquema, más allá de que el Estado pagaría “el suministro y el financiamiento” bajo cuentas de pago parcial. Fuentes a lo interno del MEF que pidieron reserva indicaron que el financiamiento aún está por definirse. La compra pasaría a ser gestionada, además, por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan); entidad a la que serán destinadas las aeronaves. En principio, para dar “respuesta rápida ante cualquier amenaza que atente en contra de la seguridad del Canal de Panamá”, y ahora también se han añadido funciones como “contrarrestar la delincuencia común y el crimen organizado trasnacional”, según indica la resolución 117. Mario De Gracia [email protected] A.V/1247423 Panorama
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