3A La Prensa Panamá, miércoles 19 de noviembre de 2025 Panorama El Ministerio de Salud (Minsa) informó ayer que el brote de tosferina registrado en el distrito de Besikó, en la comarca Ngäbe Buglé, “se mantiene contenido”. La respuesta de las autoridades ha incluido un despliegue de barridos casa por casa, búsqueda activa de casos, toma de muestras, tratamiento oportuno y una vacunación masiva en las comunidades afectadas. A la fecha, el Minsa registra 16 casos confirmados, de los cuales 15 han sido verificados por laboratorio, y uno adicional corresponde a un caso por nexo epiMinsa afirma que el brote de tosferina en la comarca está ‘contenido’ SALUD PÚBLICA demiológico, identificado como contacto estrecho de un paciente confirmado. El primer paciente detectado permanece hospitalizado en el Hospital José Domingo de Obaldía, mientras que los otros 14 pacientes confirmados reciben tratamiento y seguimiento médico en sus hogares. Los casos confirmados provienen de las comunidades de Cerro Miel, Pava, Carro Caña, Buri y Quebrada Venado. En total, unas 936 personas han sido evaluadas por personal médico, y se han aplicado 4,678 dosis, logrando inmunizar a unas 2,838 personas en comunidades del corregimiento de Soloy, Emplanada de Chorcha, Boca de Balsa, Cerro Banco, Niba y áreas aledañas. Brazaletes electrónicos tipo Relialert XC3 para privados de libertad, cuyo alquiler por $1.6 millones fue adjudicado de manera directa a Sprintico Corp., pese a inconsistencias en el expediente y cuestionamientos sobre la contratación. Tomada del MP Mingob y su contrato directo a Sprintico por $1.6 millones Ereida Prieto-Barreiro [email protected] Aleida Samaniego C. [email protected] BRAZALETES ELECTRÓNICOS El 12 de agosto, el Mingob anunció la cancelación de un acto público, cuyo precio de referencia era de $37.2 millones, para alquilar 2 mil brazaletes por seis años. Tres horas más tarde, anunció una nueva contratación, con una numeración distinta, a favor de Sprintico. El Ministerio de Gobierno (Mingob) adjudicó de manera directa un contrato para el alquiler de 500 brazaletes electrónicos por $1.6 millones a Sprintico Corp., apenas horas después de cancelar una adjudicación –muy cuestionada– que favorecía a la misma compañía. La maniobra ocurrió el pasado 12 de agosto: por la mañana, el Mingob anunció en Panamá Compra la cancelación de un acto público, cuyo precio de referencia era de $37.2 millones, para alquilar 2 mil brazaletes por seis años. Tres horas más tarde, anunció una nueva contratación, con una numeración distinta, a favor de Sprintico. Esta vez solo se requería el alquiler de 500 dispositivos electrónicos por 12 meses. Sprintico Corp. es una empresa de origen israelí. Uno de sus directivos mantiene vínculos con la israelí NSO Group, creadora del software de espionaje Pegasus. Se trata del panameño Medardo Rangel Guevara, tesorero de Sprintico, quien hasta agosto de 2023 trabajaba como conductor en la Contraloría General, con un salario mensual de $692. Pegasus fue uno de los tres sistemas de espionaje utilizados en Panamá entre 2012 y 2014 –durante la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014)– a un costo de $8 millones, adquiridos a NSO Group. A pesar de los cuestionamientos derivados de estas conexiones y de la polémica cancelación del primer contrato, Sprintico volvió a ser favorecida mediante un procedimiento directo. El pago para este segundo contrato se encuentra desde el 20 de agosto en la Contraloría General para su refrendo. Los directivos y dignatarios de Sprintico, que fue inscrita en 2021 en el Registro Público, son el panameño Jack Peter Derman Guzmán (presidente y representante legal), el colombiano Fredy López Ocampo (secretario) y Guevara (tesorero). Su agente residente es Enrique Palacios. La nueva contratación, como se mencionó anteriormente, por más de $1.6 millones contempla el alquiler de 500 grilletes electrónicos a un costo de $8.50 diarios para el Estado por cada dispositivo marca Relialert XC3, según la propuesta presentada por Sprintico al Mingob. Inconsistencias y coincidencias En Panamá Compra se observa una secuencia de publicaciones fechadas el 12 de agosto, en la que el Mingob registra el nuevo acto de contratación por $1.6 millones, apenas horas después de cancelar el proceso anterior. Esto ocurre luego de que La Prensa revelara en mayo pasado el monto millonario del contrato inicial y los vínculos de uno de los directivos de la empresa con Pegasus. Entre los documentos que acompañan el segundo procedimiento aparece una nota firmada por la viceministra de Economía y secretaria técnica del Consejo Económico Nacional (CENA), Eida Sáiz, en la que certifica a la ministra Dinoska Montalvo que, “por votación unánime”, el CENA aprobó el procedimiento excepcional para adjudicar a Sprintico el suministro e instalación de brazaletes electrónicos por un periodo de 18 meses, con cargo a las vigencias fiscales de 2025 y de 2026. La documentación, sin embargo, presenta una inconsistencia: la nota oficial indica que la reunión del CENA se llevó a cabo el 14 de agosto, pero el trámite aparece publicado en Panamá Compra desde el 12 de agosto, dos días antes de la supuesta aprobación. Otra irregularidad surge en el borrador del contrato incorporado al expediente. Este documento señala que los 18 meses de servicio se extienden de “julio de 2024 a diciembre de 2025”, a pesar de que la propuesta de Sprintico establece otro periodo distinto: de enero a diciembre de 2025. Aunque los plazos varían entre documentos oficiales y la propuesta de la empresa, todas las versiones coinciden en el monto total: $1,659,837.50. No obstante, queda la duda de si el contralor general, Anel Flores, refrendaría este contrato, contraviniendo su propia advertencia de septiembre pasado, cuando recordó a todas las instituciones del Estado –incluidos los ministerios– que no otorgaría refrendo a ningún contrato por servicios, compras u obras que ya hayan sido prestados, recibidos o que se encuentren en ejecución. En esa circular, Flores fue explícito: “La Contraloría General de la República, como institución garante del cumplimiento del ordenamiento jurídico, no refrendará ningún documento contractual en el que se hayan recibido con antelación los bienes, obras o servicios objeto del compromiso”. A ello se suma que el artículo 74 de la Ley 22 de 2006, que regula la contrataciones públicas, establece que un contrato solo queda perfeccionado cuando es refrendado por la Contraloría y que únicamente surte efectos a partir de la orden de proceder. ¿Experiencia comprobada? Sprintico Corp., constituida en septiembre de 2021, es una empresa reciente sin un historial amplio de contrataciones públicas relacionadas con monitoreo electrónico penitenciario. Pese a ello, en la nota justificativa del Ministerio de Gobierno se afirma que la empresa posee la capacidad técnica y operativa para asumir el proyecto, aunque no se aportan referencias previas que sustenten esa afirmación. En mayo pasado, la ministra Montalvo defendió la selección de Sprintico alegando que el ministerio había probado dispositivos de otras empresas, pero que “no resultaron bien”, y que por ello decidió mantener a Sprintico como proveedor. Sin embargo, no es público ningún contrato con esta empresa. Pese a las solicitudes de información, la ministra Montalvo no respondió a las interrogantes de este medio. ¿Por qué no se convocó a un acto público? ¿Por qué se mantuvo en reserva la adjudicación directa a Sprintico? ¿A qué se deben las inconsistencias en los plazos del contrato? Esas son algunas de las preguntas a la ministra que han quedado sin respuesta. La Prensa intentó comunicarse con Jack Derman, representante legal de Sprintico, pero en los documentos del expediente no aparecen números telefónicos. Tampoco figuran contactos en la cotización presentada ni en la página web de la empresa, donde únicamente se incluye un correo electrónico. A través de ese medio, La Prensa envió varias preguntas, incluyendo cómo se dio el primer contacto con el Mingob, cómo obtuvo la empresa el contrato directo y cuál es su experiencia comprobable en monitoreo electrónico, considerando su reciente constitución. Al cierre de esta nota, no hubo respuesta. La embajada de la República Popular China en Panamá ha pedido a 10 diputados que suspendan “inmediatamente” cualquier viaje, contacto o intercambio oficial con Taiwán, alegando un impacto negativo en las relaciones diplomáticas bilaterales. “La eventual visita de ciertos diputados panameños a Taiwán sería el primer contacto oficial desde el reinicio de las relaciones diplomáticas entre Panamá y China. Eso viola gravemente el principio de una sola China y es una intervención en los asuntos internos de China”, señaló un portavoz de la embajada, luego de que La Prensa consultara si la embajadora Xu Xueyuan había solicitado a los diputados que se abstuvieran de ir a Taipéi. El portavoz confirmó que se les ha pedido a los diputados que “dejen de tener inmediatamente cualquier contacto o intercambio oficial de cualquier tipo y cancelen el plan de visitar Taiwán”. Entre los que, hasta ahora, han aceptado la invitación están Eduardo Vásquez, de Cambio Democrático (CD), actual vicepresidente primero de la AN. También los diputados Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino (Moca); Edwin Vergara,delPanameñista;Juliode la Guardia y Manuel Cohen, de CD; Ronald de Gracia, de Realizando Metas (RM), y los independientes Betserai Richards, Jhonathan Vega, Yamirelys Chong y Eduardo Gaitán. Varios confirmaron a La Prensa que han recibido un mensaje por WhatsApp, supuestamente enviado por la embajadora Xu Xueyuan, en el que se les pide que desistan de viajar a Taipéi el próximo domingo, invitados por el gobierno taiwanés. En ese mensaje por WhatsApp se les recuerda que el principio de una sola China está reconocido por Naciones Unidas y que un viaje a Taipéi tendría “un gran impacto negativo” en las relaciones y la imagen de PanaChina pide a los diputados panameños cancelar el viaje a Taiwán GEOPOLÍTICA má como actual miembro del Consejo de Seguridad del organismo. “Cualquier visita de un diputado panameño a Taiwán —bajo cualquier pretexto— se considera un intercambio oficial y viola este principio y, por tanto, la política exterior de Panamá”, sostiene el mensaje presuntamente escrito por la embajadora. La mayoría de los diputados ha dicho que atendió la invitación a fin de intercambiar experiencias y explorar oportunidades que beneficien a su circuito o al país. No solo la embajada china ha cuestionado el viaje. También lo hizo el presidente José Raúl Mulino, quien el 13 de noviembre escribió en X que la iniciativa “no goza del apoyo ni la aprobación de mi gobierno”. De hecho, el portavoz diplomático reconoció el rechazo del Ejecutivo a este periplo. “Hemos tomado nota de que últimamente el presidente Mulino, el canciller [Javier] Martínez Acha y la Cancillería han manifestado públicamente su posición al respecto, expresando que el gobierno panameño no respalda ni aprueba estas visitas”, señaló el portavoz. En paralelo, la embajada china invitó a un grupo de diputados a conocer ese país. Son cuatro, todos del PRD: Javier Sucre, Marcos Castillero, Flor Brenes y Nixson Andrade. El 12 de junio de 2017, Panamá rompió relaciones diplomáticas con Taiwán y las reanudó con China. De esta manera, Panamá se sumó a los 174 países que avalan la Resolución 2758 de 1971, de Naciones Unidas, que reconoce a China como el único representante ante ese organismo. Mónica Palm [email protected] La embajadora Xu Xueyuan visitó la Asamblea Nacional el 29 de septiembre de 2025. Tomada de @EmbChinaPa
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