3A La Prensa Panamá, martes 18 de noviembre de 2025 Panorama La Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas (Fenaeccd), que agrupa a pacientes con enfermedades de alta complejidad en Panamá, manifestó su profunda preocupación por la Licitación de Precio Único No. 05-2026 de la Caja de Seguro Social (CSS), destinada a la compra de medicamentos biológicos y biotecnológicos. Enma Pinzón, presidenta de la Fenaeccd, aseguró que la licitación avanza sin un marco reglamentario claro y con criterios centrados únicamente en el precio, dejando de lado la seguridad y eficacia de los tratamientos. “Los pacientes no podemos ser ignorados. La salud no puede definirse solo por el costo; el precio no puede poner en riesgo nuestra vida”, enfatizó Pinzón. Durante las reuniones de homologación, la federación presentó observaciones técnicas y copias de notas de la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud, orientadas a garantizar la seguridad de los pacientes. Sin embargo, estas recomendaciones fueron desestimadas con el argumento de que “no se puede hacer nada que la ley no diga”. Pinzón recordó que los medicamentos biotecnológicos se usan en Panamá desde 2006, pero la regulación correspondiente recién se aprobó con la Ley 419 de 2024, cuya reglamentación aún no se ha publicado. Entre los principales riesgos identificados, Pinzón señaló: • La falta de evidencia de comparabilidad entre productos innovadores y biosimilares, lo que podría afectar la eficacia del trataPacientes alertan riesgos en licitación de biotecnológicos de la CSS SALUD PÚBLICA miento. • La participación de medicamentos provenientes de países con normativas débiles, que comprometen la calidad. •La ausencia de mecanismos que consideren reportes de farmacovigilancia al momento de adjudicar los contratos. Pinzón insistió en que la experiencia en Panamá ha demostrado que no todos los biosimilares garantizan el mismo nivel de seguridad, y algunos pacientes han sufrido recaídas o pérdida de control de su enfermedad. La federación también hizo observaciones sobre la Licitación de Precio Único N.o 11-2026, solicitando agregar medicamentos que requieren intercambiabilidad y respetar la no sustitución automática de tratamientos críticos, como los usados en trasplantes y clozapina. “Nosotros no estamos en contra de los biosimilares ni de los genéricos, pero exigimos que se garantice su seguridad, eficacia y calidad comprobada. La voz de los pacientes y los médicos tratantes debe ser escuchada antes de tomar decisiones que afectan la salud de miles de panameños”, concluyó Pinzón. Jorge Bloise, diputado de Vamos Carlos Vidal Bloise alerta sobre decisiones coordinadas fuera de la CNRE Mario de Gracia [email protected] Aleida Samaniego C. [email protected] ENTREVISTA En entrevista con La Prensa, Jorge Bloise cuestionó la propuesta de “renuncia tácita”, denunció coordinaciones partidarias en la CNRE y advirtió que la medida sería un retroceso contrario a la Constitución. El diputado Jorge Bloise, de la coalición Vamos y participante de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), apuntó a los partidos políticos por impulsar una propuesta que implicaría la “renuncia tácita” de sus adherentes al firmar por un precandidato o candidato por la libre postulación de cara a los comicios de 2029. En entrevista con La Prensa, Bloise señaló que, paralelo a la discusión de las reformas electorales que se adelantan en la CNRE, miembros de los partidos políticos “tienen un grupo, se reúnen aparte, coordinan”, y luego, “llegan [a la CNRE] y votan”. Lo puso de manifiesto para explicar cómo ha surgido la aprobación de propuestas como la “renuncia tácita”. No obstante, el diputado hizo la salvedad de que, aunque se ha mostrado una postura flexible sobre algunas disposiciones, “no puede estar de acuerdo con cosas contrarias a la Constitución y a los principios democráticos”. Bloise y miembros de la coalición Vamos han argumentado que la propuesta de “renuncia tácita” es contraria a un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del 11 de agosto de 2015, cuando se declaró inconstitucional el artículo 260 del Código Electoral del año 2006, previo a las elecciones de 2009. Particularmente, el artículo planteaba que solo personas no inscritas en partidos políticos pudieran otorgar firmas a candidatos por la libre postulación para cargos de alcalde, concejal o representantes. “Hay un temor que se vuelve a repetir lo del 2024, que no fue más que una elección libre; una oportunidad para que la ciudadanía escogiese y yo pienso que todos los 71 [diputados] fuimos electos por mandato popular (...). Lo que no creo es que debamos retroceder, como ha manifestado el magistrado Juncá, del Tribunal Electoral, el ex magistrado Guillermo Márquez Amado y otras personas conocedoras del derecho que han denunciado que pareciera que estamos retrocediendo”, dijo Bloise al respecto de la nueva propuesta. Las reformas al Código Electoral se instalan después de cada proceso electoral. En este caso, como ya pasó el proceso de 2024, se preparan las reglas para el 2029, cuyas propuestas han llegado a un punto de discordia. El magistrado del Tribunal Electoral (TE), Alfredo Juncá, manifestó el 16 de noviembre que la renuncia tácita era un retroceso. Controversia La representante del partido Realizando Metas (RM) en la CNRE, Alma Cortés, fue una de las defensoras de la renuncia tácita; al igual que José Isabel Blandón, del partido Panameñista y Elisa Suárez, representante del sector privado, se mostraron favorables a una disposición de esta naturaleza. Cortés tachó a Bloise de tener un “doble discurso” por rechazar la renuncia tácita pero apoyar recortes al tiempo de recolección de firmas para precandidatos y candidatos por la libre postulación de un año y seis meses. Bloise responde: “ese artículo no se ha discutido. Fue una conversación preliminar que se hizo en una reunión privada de los partidos políticos que convocó el Tribunal Electoral, y que nos invitaron, y yo manifesté que un año es bastante”. Con la renuncia tácita, el panorama cambió para Bloise. “No es algo que yo pueda aceptar si, aparte, son más firmas, ninguna persona de partidos políticos nos puede firmar... O sea, con todas las limitaciones que nos están poniendo, no es el mismo escenario el de los seis meses que un año”, dijo el diputado. En la CNRE todavía falta un bloque de artículos del Código Electoral por discutirse, informó Bloise. Adicionalmente, destacó que el proyecto de ley que se debe elaborar con las modificaciones para enviarlas a la Asamblea Nacional aún estaría sujeta a cambios en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. El expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019) reapareció públicamente para aclarar la supuesta “donación” de $143 millones que, según los Varelaleaks, habría recibido durante su administración como parte de un acuerdo político con la República Popular China tras la ruptura de relaciones con Taiwán en 2017. Aunque Varela ha defendido en diversas ocasiones la decisión de establecer vínculos diplomáticos con Beijing, nunca había abordado directamente el origen, manejo ni destino de estos fondos hasta ahora. Según su versión, los $143 millones no constituyen un pago personal ni un intercambio político, sino una “oferta de cooperación” presentada por el presidente chino Xi Jinping durante una visita oficial a Beijing en noviembre de 2017, en el marco de la reapertura de la embajada panameña y del fortalecimiento bilateral. Varela asegura que estos recursos fueron gestionados “directamente por el Gobierno de China a solicitud del Gobierno de Panamá” y que estaban destinados a proyectos públicos, entre ellos el estudio de factibilidad del tren Panamá– David. Este proyecto, que hoy forma parte de la agenda del presidente José Raúl Mulino, fue una de las iniciativas destacadas en la cooperación bilateral durante el gobierno varelista. El expresidente recalcó, mediante un comunicado difundido en X el domingo 16 de noviembre, que ninguno de esos fondos entró a su patrimonio personal y que todos fueron puestos a disposición de la Cancillería panameña bajo mecanismos diplomáticos vigentes. Asimismo, afirmó que el remanente de los recursos quedó disponible para las siguientes administraciones: primero la de Laurentino Cortizo (2019-2024) y luego la de Mulino, desde julio de 2024. Sin embargo, los Varelaleaks —la filtración de miles de mensajes de WhatsApp intercambiados por Varela en los últimos años de su mandato— han reavivado las sospechas sobre el manejo de estos recursos. Entre ellos figura un mensaje del entonces administrador de la Autoridad MaJuan Carlos Varela intenta justificar los $143 millones que donó China GEOPOLÍTICA rítima de Panamá (AMP), Jorge Barakat, fechado el 19 de noviembre de 2017. En este, Barakat recomendaba al presidente evitar mencionar públicamente la donación de “un billón de yuanes ($143 millones)” para no generar la percepción de que se trataba del “precio” por romper con Taiwán. Estos mensajes han cobrado nueva relevancia desde la publicación de un libro sobre los Varelaleaks escrito por Demetrio Olaciregui, actual director de relaciones públicas del Ministerio de Relaciones Exteriores. La polémica también generó reacciones políticas. José Isabel Blandón, presidente del Partido Panameñista y exalcalde capitalino, defendió a Varela afirmando que el supuesto intercambio de millones por relaciones diplomáticas es “un cuento inverosímil” promovido por el expresidente Ricardo Martinelli. Blandón sostuvo que Panamá tiene acceso a fondos de cooperación no reembolsable de China, que en 2017 superaban los $100 millones y que aún hoy, en gran parte, siguen sin utilizar. No es la primera vez que Varela debe explicar el origen de recursos asignados a su administración o a su partido. Tras las confesiones de ejecutivos de Odebrecht, que admitieron haber entregado $10 millones a la campaña panameñista de 2009, Varela calificó esas transferencias como “donaciones políticas” y no como sobornos. Por este caso enfrenta cargos por blanqueo de capitales y deberá ir a juicio. La Prensa aguarda el pronunciamiento oficial de la Embajada de la República Popular China ante estas nuevas declaraciones y revelaciones. Mario de Gracia [email protected] Foto de archivo que muestra al exembajador de China en Panamá, Wei Qiang (izq.) y al expresidente Juan Carlos Varela (centro). Archivo Desde 2006 se usan en Panamá fármacos biotecnológicos. Cortesía
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