10A La Prensa Panamá, lunes 17 de noviembre de 2025 mo contemplaron luego las constituciones posteriores—, lo cierto es que el Estado asumía la responsabilidad de proveer la educación básica al panameño. La visión de aquellos y posteriores gobernantes produjo la presencia en Panamá de educadores extranjeros quienes dejaron una impronta cultural entre sus alumnos. Esto hoy es imposible. Hoy ha menguado la conciencia de los diferentes gobiernos al valorar la importancia de la educación. Si bien el país ha crecido exhibiendo signos materiales de desarrollo, el progreso educativo se ha estancado, por no decir que ha retrocedido. La gran riqueza de un país no son sus recursos naturales: lo es su gente, pero su gente bien educada. El país ha sufrido crisis políticas y económicas que ha sabido superar, pero la crisis que, como un mal crónico, se cierne sobre el futuro del país —la educación deficiente— parece agravarse con el tiempo. Lo doloroso y hasta vergonzoso es que esta es una verdad conocida por todos los gobiernos. Se les enrostra cuando nuestros alumnos obtienen un rendimiento deficiente en pruebas internacionales, ante los fracasos anuales, el mediocre desempeño universitario, las deserciones escolares y las limitaciones para iniciar la educación preescolar. Ante esta desastrosa situación, los ministros o ministras de turno encuentran un manojo de excusas. Los gremios docentes responsabilizan al gobierno, soslayando ladinamente la gran responsabilidad que les cabe, pues han demostrado que sus intereses personales prevalecen sobre los del estudiantado. Han sido cómplices del daño educativo de sus educandos. Educación superior en tiempos de transformación digital Innovación Nos encontramos en una era marcada por la acelerada transformación digital, término que implica la integración de la tecnología digital en la realización de diferentes procesos que, a su vez, están redefiniendo la forma en que trabajamos, nos comunicamos, enseñamos y aprendemos. Esta redefinición ya no es una posibilidad, sino una realidad que plantea una pregunta fundamental: ¿cómo está respondiendo la educación superior en Panamá ante los retos que impone esta transformación digital? En Panamá, al igual que en muchos países de la región, las universidades y centros de investigación se enfrentan al reto de adaptarse a un entorno cada vez más digitalizado. Si bien existen instituciones que promueven la innovación y la investigación, aún persisten brechas importantes en infraestructura tecnológica, formación docente y actualización curricular. La transformación digital no puede limitarse a incorporar computadoras o plataformas virtuales; implica una revisión profunda de los métodos de enseñanza, de la cultura institucional y de la manera en que concebimos el aprendizaje. En muchos centros de estudio todavía predominan planes didácticos y metodologías tradicionales. Sin embargo, el mundo demanda profesionales con habilidades digitales, pensamiento crítico, capacidad para resolver problemas complejos y adaptarse a entornos cambiantes. Para lograrlo, las universidades deben integrar la tecnología de una manera más significativa, como un medio para potenciar el aprendizaje. Hoy en día, los docentes tienen al alcance una amplia gama de herramientas tecnológicas que pueden enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, la inteligencia artificial (IA) permite personalizar los procesos de aprendizaje; los lenguajes de programación como Python, RStudio o Java fomentan el razonamiento lógico; y los entornos virtuales de simulación facilitan la experimentación en disciplinas científicas y técnicas, como las ingenierías. Estas innovaciones, además de desarrollar competencias digitales, promueven la creatividad, la colaboración y la autonomía de los estudiantes. La transformación digital también implica un cambio cultural: pasar de la utilización del lápiz y el papel al aprovechamiento de plataformas digitales. Esto representa mucho más que una transición tecnológica; significa una nueva forma de pensar, crear y compartir conocimiento. Este proceso por el que está pasando la educación superior se alinea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 4 de la Agenda 2030, que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida. Sin embargo, para alcanzar este objetivo, es necesario que las instituciones educativas asuman el reto de la innovación. Esto requiere formar y actualizar a los docentes en competencias digitales, promover la investigación científica y fomentar alianzas con el sector productivo y tecnológico. Al mismo tiempo, los estudiantes deben asumir un papel más activo, construyendo su propio conocimiento en entornos digitales. Sin duda, la educación superior en Panamá se encuentra en un momento crucial: o adopta decididamente la transformación digital, o corre el riesgo de quedar rezagada frente a las demandas del nuevo entorno global. Para ello, será necesario reformar los planes de estudio, incorporar herramientas digitales como recursos didácticos y fomentar una cultura de innovación que permita avanzar hacia la formación de profesionales capaces de construir el futuro y no solo adaptarse a él. Asimismo, será necesario aprovechar la transformación digital para convertirse en un motor del desarrollo sostenible y de la competitividad nacional. Si se logra esta integración, los centros educativos de nivel superior podrán formar no solo profesionales competentes, sino ciudadanos capaces de liderar el cambio en una sociedad cada vez más digital. La ‘notitia criminis’ como pista para perseguir la corrupción Periodismo de poder y una red de corrupción que alcanzó al propio presidente de los Estados Unidos. Sin la labor de los periodistas, el sistema judicial jamás habría recibido la información necesaria para actuar. Fue la prensa la que, sin ser autoridad, generó la notitia criminis que permitió al sistema democrático defenderse de sus propios abusos. Por eso, las noticias que revelan indicios de corrupción no deben ser vistas como ataques contra instituciones o funcionarios, sino como herramientas esenciales para fortalecer el Estado de derecho. Lejos de debilitar a las autoridades, les proveen la primera señal, la coordenada inicial para activar los mecanismos de investigación. El periodismo no condena: alerta. La prensa no juzga: avisa. Y ese aviso, la notitia criminis, es indispensable para que los sistemas anticorrupción funcionen. La notitia criminis es toda información inicial —aun proveniente de una noticia— que coloca en conocimiento de una autoridad la posible comisión de un delito, habilitando su deber de investigar. En este sentido, el periodismo no prueba delitos, pero sí alerta sobre ellos, y por tanto sus publicaciones constituyen material legítimo y suficiente para motivar la apertura de investigaciones preliminares. El caso Enron ilustra este principio con claridad: un simple artículo de Bethany McLean, preguntando algo tan básico como “¿cómo gana dinero Enron?”, se convirtió en el primer hilo que reveló uno de los fraudes corporativos más grandes de la historia. No fue una demanda. No fue un denunciante interno. No fue un regulador. Fue una noticia. El caso Watergate reafirma el papel esencial del periodismo como detonante institucional. Sin el trabajo del Washington Post, jamás se habría superado el silenciamiento político. El periodismo fue la fuente primaria para que el sistema judicial se activara. Representa el ejemplo perfecto de cómo funciona la notitia criminis: una señal inicial, externa a las autoridades, que despierta la obligación estatal de investigar. La noticia periodística no es una sentencia, pero sí una alarma, un punto de partida, una pista. Por eso el título: La notitia criminis. Daniel Santoro, editor de la sección poCarlos García Molino La letal herida de Panamá Educación Han pasado 122 años desde el momento en que Panamá decidió tomar el rumbo de la independencia y enfrentar los retos de un destino que, en el momento de su separación, avizoraba el progreso sujeto a la gran ilusión de la construcción de un canal interoceánico. Renacía, así, la marchita esperanza producto del desventurado esfuerzo de los franceses, vencidos por la incuria administrativa y lo malsano de la jungla tropical. En aquel entonces, la población panameña era mayormente analfabeta y la comunicación con las poblaciones del interior resultaba azarosa. Por lo tanto, la educación era limitada tanto por factores territoriales como administrativos. Los primeros conductores del país —algunos de los cuales eran dueños de pesados currículos académicos— previeron la necesidad de educar al pueblo. Introdujeron en la Constitución de 1904 la obligatoriedad de la educación primaria y la gratuidad de la secundaria, así como la creación de institutos normales y de artes y oficios. Nos dice el historiador Omar Jaén que también se diseñó un programa de becas para promover la formación en el extranjero. Si bien, por el talante liberal de aquella Constitución, la educación no se estableció como un derecho social —coPor otra parte, los padres de familia, inmersos en un ambiente de antivalores promovidos —casualmente— por la deficiente educación recibida, reforzada por la avalancha de vulgaridades e incultura que promueven los medios y, en grado superlativo, las redes sociales, muestran indolencia ante la mediocridad académica de sus hijos. Hay excepciones, pero son eso: excepciones. Existe un rosario de causas, conocidas por todos, que dan origen a este cultivo de mediocridad educativa. En principio está la carencia de una política de Estado que integre el horizonte educativo con los objetivos nacionales. Lo que sucede es que, como país, no tenemos objetivos a largo o mediano plazo. Cada gobierno se preocupa por su estabilidad política coyuntural, por la mejor forma de aprovecharse de los recursos del país y, mientras tanto, la educación del pueblo no es un objetivo prioritario. A diferencia de otros países donde la educación es instrumento básico para el desarrollo, Panamá pareciera aceptar como buena la mediocridad de alumnos y profesores. Mientras la mentalidad general sean las fiestas, mientras la meta satisfactoria del pueblo sea lograr 25 libras de arroz esperando desde las tres de la mañana, y mientras tengamos gobernantes y funcionarios públicos que sin empacho se burlan de la ley, la mediocridad educativa seguirá siendo una herida letal que motivará —y hasta aceptará— ese triste panorama. LA AUTORA es ingeniera y estudiante de postgrado en Docencia Superior de la Universidad Especializada de las Américas. EL AUTOR es abogado, exprofesor de Derecho Constitucional y Teoría del Estado. EL AUTOR es auditor forense y examinador de fraude autorizado Eyleen Espinoza Guerra lítica del diario Clarín, de Buenos Aires, especializado en casos de corrupción, señaló —en relación con el resultado de la investigación del caso Watergate—: “Watergate no solo fue importante porque renunció Nixon para evitar un juicio político del Congreso por haber mentido y usado a sus servicios de inteligencia contra periodistas y opositores —práctica que aún ejercen muchos gobiernos latinoamericanos—; también lo fue porque creó la conciencia necesaria que inició el camino del acceso a la información pública”, dice Santoro, quien puntualiza que se trata de avanzar hacia una cultura de transparencia, que abandone la cultura del secretismo heredada de las dictaduras de los setenta, y de gobiernos que entiendan que rendir cuentas de sus actos no es rendir cuentas al periodismo, sino —a través nuestro— a la ciudadanía. El caso Watergate confirmó lo que desde 1922 había observado el influyente periodista y académico estadounidense Walter Lippmann: “Los medios no dicen a la gente cómo pensar; sí le dicen en qué pensar”. Conclusiones 1. La prensa investigativa cumple una función esencial en la detección temprana de posibles actos de corrupción, proporcionando a las autoridades las señales iniciales necesarias para activar los mecanismos legales de investigación. 2. La notitia criminis reconoce jurídicamente que las noticias, reportajes, investigaciones periodísticas y alertas públicas son fuentes válidas y legítimas para iniciar procesos de verificación y diligencias preliminares. 3. Los casos Enron y Watergate demuestran que grandes escándalos de corrupción no fueron descubiertos inicialmente por autoridades estatales, sino por periodistas que identificaron inconsistencias, silencios sospechosos y patrones de conducta irregulares. 4. Atacar a los medios por publicar presuntos actos de corrupción equivale a debilitar un pilar fundamental del control democrático. Por el contrario, aprovechar estas alertas fortalece el Estado de derecho. 5. La noticia periodística no condena, pero sí enciende la alarma que permite a las instituciones investigar, esclarecer y sancionar. Sin esa alarma, muchos delitos quedarían ocultos y muchos abusos permanecerían impunes. Si la frase follow the money se convirtió en el lema universal para descubrir fraudes y redes de corrupción, es porque el dinero legal o ilegal siempre deja un rastro. Ese rastro puede ser complejo, oculto o deliberadamente disfrazado, pero rara vez desaparece. Lo que muchas veces pasa desapercibido es que el primer destello que revela ese rastro no proviene del Estado, sino de la prensa. En el derecho penal, ese primer aviso se conoce como notitia criminis: cualquier información —incluso una noticia periodística y hasta una simple glosa— que pone en conocimiento de las autoridades la posible comisión de un delito. Lejos de ser un ataque o una intromisión, la notitia criminis activa el deber institucional de investigar. Sin ese aviso inicial, muchos de los mayores casos de corrupción de la historia jamás habrían salido a la luz. El caso Enron es un ejemplo emblemático. No fue un auditor, ni un regulador, ni un tribunal quien encendió la alarma. Fue una periodista de Fortune, Bethany McLean, quien se atrevió a hacer la pregunta que nadie hacía: “¿Cómo exactamente Enron gana su dinero?”. Su artículo del 5 de marzo de 2001, señalando la opacidad y complejidad sospechosa de la compañía, fue la chispa que desencadenó la caída de un gigante financiero. A partir de ese texto —simple en apariencia, pero poderoso en sus preguntas— las autoridades regulatorias, fiscales y judiciales activaron sus mecanismos de control. Aquí la noticia fue la “primera pista”, la notitia criminis que abrió un caso de proporciones mundiales. Watergate es, quizá, el ejemplo más claro de cómo el periodismo puede destapar aquello que el poder pretende silenciar. Bob Woodward y Carl Bernstein, desde las páginas del Washington Post, comenzaron investigando un robo menor en el edificio Watergate. Pero su indagación reveló espionaje político, fondos ilícitos, abuso Ramón Mendoza Opinión
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