2A La Prensa Panamá, jueves 13 de noviembre de 2025 Era domingo, 9 de noviembre, alrededor de las 2:00 p.m., cuando agentes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) que patrullaban el Pacífico divisaron una embarcación sospechosa al suroeste de la isla San José, en el archipiélago de Las Perlas. El barco había zarpado días antes desde Juradó, en el departamento del Chocó, Colombia. En el casco principal llevaba escrito un nombre: Oceanic Tug. A simple vista parecía una nave de apoyo logístico, de las que remolcan o abastecen a otras embarcaciones en alta mar. La escena la completaban otras cuatro lanchas que rodeaban al Oceanic Tug y se movían con una faena precisa. Cuando sus tripulantes notaron la presencia del Senan, desaparecieron. Huyeron para esquivar a los uniformados. Autoridades a cargo de las pesquisa presumen que planeaban recoger y distribuir la droga. Los aeronavales abordaron el barco y confirmaron lo que intuían. En la cubierta encontraron 579 bultos apilados, expuestos al Sol. Dentro de ellos había 13.5 toneladas de cocaína, un cargamento valorado en más de $200 millones. La carga se dirigía a México, pero su destino final era Estados Unidos. Nadie intentó ocultarla. Ningún doble fondo, ningún compartimiento falso: la droga viajaba a la vista. Diez hombres iban a bordo: cuatro ecuatorianos, tres nicaragüenses, un venezolano, un peruano y un colombiano. Todos marinos. La mayoría tiene entre 70 y 73 años de edad. Ninguno opuso resistencia cuando los agentes tomaron el control de la nave. Del mar al tribunal El martes 11 de noviembre, la juez Irene Cedeño ordenó la detención provisional de los 10 tripulantes e imputó cargos por tráfico internacional de drogas. La Fiscalía de Drogas presentó los informes del Senan, las coordenadas del seguimiento y otras pruebas. La juez Cedeño consideró que las evidencias los vinculan directamente con el delito. Y aparecen los abogados particulares El Órgano Judicial había designado 10 defensores públicos para asistir a los acusados, pero la audiencia dio un giro inesperado. Tres abogados particulares aparecieron en la sala y anunciaron que asumirían la defensa. Se trata de Roberto Moreno, Héctor Bonilla y Martha Restrepo. Parte de los argumentos de la defensa gira en torno a que los marinos actuaron bajo amenaza. Alegan que hombres armados los obligaron a transportar la carga y los amenazaron con represalias si se negaban. ¿El Clan del Golfo? Ni el fiscal de Drogas, Julio Villarreal, ni el director del Senan, Luis de Gracia, han revelado quién controlaba las 13.5 toneladas de cocaína. Ahí radica la esencia de la investigación. Tampoco han dicho quién es el propietario de la embarcación. Durante la rueda de prensa que se desarrolló después del operativo, un periodista Así cayó el barco con 13.5 toneladas de droga preguntó si el cargamento pertenecía al Clan del Golfo. El fiscal y el director del Senan evitaron confirmarlo o negarlo. El Clan del Golfo, una de las organizaciones criminales más poderosas de Colombia, tiene vínculos operativos con Panamá desde hace más de una década. Sus estructuras utilizan las costas del Pacífico panameño para mover cargamentos de droga a Centroamérica y México, aprovechando comunidades costeras aisladas y las dificultades para vigilar esa franja marítima. Anteriormente, las autoridades judiciales de Panamá han identificado nexos entre grupos panameños y emisarios del clan dedicados a proveer combustible, alimentos y logística a las embarcaciones que cruzan el golfo de Chiriquí y el archipiélago de Las Perlas. En este caso, los investigadores creen que la red tiene apoyo local. La rapidez con que aparecieron abogados particulares para representar a los detenidos en la audiencia con la juez Cedeño, refuerza esa hipótesis. El barco y el empresario La embarcación se llama Oceanic Tug y navega bajo bandera de Tanzania. Hasta ahora ninguna autoridad, de manera oficial, ha revelado quien es el dueño. No obstante, el empresario panameño Pablo Torres Chong, presidente de la sociedad Dolphin Tug Inc, se desmarcó del caso. En un comunicado afirmó que vendió el barco en 2023, “cumpliendo con todas las formalidades correspondientes” y que la embarcación ya no está en el Registro Público de Naves de Panamá, trámite que, dijo, consta en los archivos de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP). Pablo Torres es primo del exdiputado Ricardo Torres, actual miembro de la cúpula del Partido Revolucionario Democrático y quien durante el quinquenio 2019-2024, fue uno de los parlamentarios más influyentes en el Legislativo y Ejecutivo; incluso fue jefe de bancada del PRD. Un golpe al narcotráfico El decomiso del Oceanic Tug representa uno de los mayores golpes al narcotráfico registrados en Panamá. Según cifras del Senan, las fuerzas de seguridad han incautado unos 51 mil paquetes de droga en 115 operaciones realizadas en lo que va de 2025. La ruta del Pacífico sigue siendo la más activa para el tráfico de cocaína hacia el norte del continente. Mientras los peritos examinan la droga y la embarcación, la Fiscalía de Drogas intenta reconstruir la ruta completa: quién envió el cargamento, quién debía recibirlo y qué redes locales colaboraron en la operación. Los 10 tripulantes permanecen detenidos por orden judicial, mientras el Oceanic Tug continúa bajo custodia. Operativos policiales en las calles. Elysée Fernández Avances contra el narco; debilidades en gestión de la seguridad ciudadana Eliana Morales Gil [email protected] Eliana Morales Gil [email protected] POLÍTICA CRIMINAL ‘Somos altamente eficientes en la lucha contra el narcotráfico internacional, pero no lo somos en la misma medida en la criminalidad que golpea a la población’, afirma el exprocurador Rigoberto González. Panamá exhibe resultados contundentes cuando se trata de golpes al narcotráfico internacional. En cifras, los decomisos de droga superan récords anuales. Este año, de acuerdo con cifras del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), se han decomisado 52 mil paquetes de cocaína. Sin embargo, en las calles la percepción es distinta: los homicidios no cesan, mientras los robos y hurtos no paran. ¿Por qué un país que logra interceptar millonarios cargamentos de droga no consigue frenar la violencia cotidiana? El exprocurador de la Administración, Rigoberto González, ofrece una respuesta directa: “Somos altamente eficientes en la lucha contra el narcotráfico internacional, pero no lo somos en la misma medida en la criminalidad que golpea a la población”. González considera que la diferencia radica en la falta de continuidad y coherencia en la política criminal. Aunque reconoce que Panamá cuenta con una estrategia formal contra el delito, advierte que su aplicación depende demasiado de los cambios de mando. “En los estamentos de policía hay oficiales altamente preparados, con planes claros para ser más eficientes, pero muchas veces su voz no se escucha cuando llegan nuevas autoridades con otra visión”, señaló. Entre enero y septiembre de 2025, de acuerdo con datos del Ministerio Público, hubo 12,819 denuncias por hurto, una leve alza frente a los 12,690 registrados en el mismo periodo de 2024. Los robos también mostraron un incremento moderado: pasaron de 3,928 a 3,956, mientras que los casos de violencia doméstica se mantienen prácticamente iguales: 11,883 este año frente a 11,966 en 2024. Hasta septiembre pasado se registraron 438 homicidios, es decir, 18 menos que los 456 contabilizados en el mismo periodo de 2024. El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, dice que apenas el 2% de los homicidios ocurridos en el país guarda relación con hechos de delincuencia común. La mayoría de los casos, explicó, está vinculada a disputas entre pandillas y grupos que controlan el crimen organizado. Para el exprocurador, cada administración reinicia la estrategia desde cero. El problema, dice, no está en la capacidad técnica, sino en la inestabilidad de las decisiones. “No estoy diciendo que los ministros o directores sean improvisados, pero llegan con otra visión, y eso rompe la continuidad que se necesita para mejorar lo que se hace bien y corregir lo que falta”. Política sin continuidad, seguridad sin rumbo González observa una paradoja: mientras Panamá refuerza su imagen como un país clave en la contención del narcotráfico global, con operativos conjuntos y resultados tangibles, internamente no logra sostener políticas de seguridad ciudadana efectivas. Según él, esta brecha obedece a una gestión que actúa por reacción, no por prevención. “Atendemos la criminalidad solo cuando estalla. Cuando en una semana hay 10 o 15 muertos, entonces queremos volver a retomar el tema, pero después lo dejamos pasar hasta que vuelve a repetirse”, afirmó. Esa respuesta cíclica impide consolidar programas de largo plazo. Cada ola de violencia genera titulares y promesas, pero no estructuras duraderas. “No podemos abordar los problemas de la criminalidad de manera coyuntural. Hay que tratarlos como un programa sostenido en el tiempo”, advirtió González. Sin coordinación El exprocurador argumenta que el combate a la criminalidad debe verse como un sistema integrado. Ninguna institución, por sí sola, puede resolver el problema. “Esto es un todo. Uno no puede tener un excelente delantero y una defensa que no cumpla. Por más goles que hagas, también los vas a recibir. Así funciona la justicia: si la Policía, el Ministerio Público y los jueces no trabajan de forma coordinada, el resultado final fracasa”. Para González, esa desarticulación explica buena parte de la ineficiencia frente al crimen común. La Policía Nacional, añade, posee cuadros técnicos y mandos medios bien preparados, pero las decisiones estratégicas a menudo se toman fuera de ese conocimiento. “La pregunta es si las decisiones que terminan adoptándose vienen desde esa óptica o si hay otra visión externa que cambia las prioridades y rompe la continuidad”, agregó. Respuestas que no resuelven El exprocurador también cuestiona el recurso frecuente de lanzar propuestas punitivas sin sustento técnico. Recordó la reciente discusión sobre la cadena perpetua en Panamá, a propósito de una propuesta de ley presentada en la Asamblea Nacional, y la calificó como una respuesta coyuntural. “Hay que preguntarse si esas propuestas son producto de un estudio serio o si son solo reacciones al momento. Cuando no hay una política integral, seguiremos debatiendo lo mismo cada vez que la violencia se dispare”, advirtió. Un problema de enfoque, no solo de fuerza La reflexión de González apunta a un diagnóstico incómodo: Panamá sabe desmantelar redes internacionales con inteligencia, logística y cooperación, pero no ha logrado aplicar esa misma disciplina al crimen que afecta a sus ciudadanos. En el mar, el país actúa con estrategia y constancia; en tierra, con urgencia y olvido. “Pareciera que no hay una continuidad en el tiempo en una política que permita mejorar lo que se hace bien y corregir lo que falta”, concluyó. El Senan incautó 13.5 toneladas de droga en aguas del Pacífico panameño el pasado domingo. Cortesía Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama
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