6A La Prensa Panamá, martes 11 de noviembre de 2025 Panorama La falta de acceso a productos de cannabis medicinal regulados obliga a los pacientes a recurrir al mercado negro, poniendo en riesgo su salud y exponiéndolos a fraude. iStock Cannabis medicinal : cuatro años después, la ley está en marcha Aleida Samaniego C. [email protected] SALUD PÚBLICA Uriel Pérez, director de Farmacia y Drogas del Minsa, reconoció que la implementación de la ley ha sido lenta, pero afirmó que el proceso ya avanza con resultados concretos. La Ley No. 242, de octubre de 2021, que regula el uso médico y terapéutico del cannabis y sus derivados en Panamá, fue sancionada hace cuatro años por el expresidente Laurentino Cortizo. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido, su implementación ha avanzado lentamente, y los pacientes aún esperan acceder a los tratamientos prometidos por la norma. Tras varios años de estancamiento, el Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, ha comenzado a destrabar el proceso que permitirá finalmente el acceso regulado a los medicamentos derivados del cannabis. Así lo confirmó el director nacional de Farmacia y Drogas, Uriel Pérez, quien explicó en entrevista con La Prensa que, mediante el Decreto Ejecutivo No.6 de abril de 2025, se introdujeron tres modificaciones clave que corrigieron los vacíos del decreto original y facilitaron la entrega de licencias de operación a las empresas interesadas en importar o fabricar estos productos. “La ley de cannabis medicinal establecía siete licencias, pero el decreto que la reglamentaba era demasiado rígido y no permitía avanzar. Con la modificación del Decreto 6 actualizamos esas trabas y ya se comenzaron a otorgar las licencias”, señaló Pérez. Tres cambios a la ley Entre los principales ajustes destacan la eliminación del curso obligatorio para prescribir cannabis medicinal, la supresión de la lista cerrada de patologías y la flexibilización de los requisitos técnicos para otorgar licencias. Según explicó el funcionario, el decreto anterior exigía una capacitación especial para médicos y farmacéuticos, lo que complicaba la aplicación de la ley. “El cannabis medicinal es una sustancia controlada como cualquier otra. No se necesita una especialidad adicional para prescribirla”, precisó. Con este cambio, cualquier profesional de la salud autorizado podrá recetar cannabis medicinal bajo las mismas normas que otros medicamentos controlados. Otro de los ajustes fue la eliminación de la lista limitada de enfermedades que podían tratarse con cannabis. “Si el médico considera que el paciente puede beneficiarse, puede recetarlo sin depender de una lista”, indicó Pérez. Esta modificación amplía el acceso a pacientes con diferentes condiciones, como dolores crónicos, epilepsia o enfermedades degenerativas. El tercer cambio se enfocó en flexibilizar los requisitos para las empresas licenciatarias. El decreto original exigía contar con instalaciones de laboratorio con certificación de buenas prácticas de fabricación, aunque la ley permitía que durante los primeros dos años las empresas solo importaran productos terminados. “Era imposible cumplir con esas exigencias de inmediato. Ahora los licenciatarios pueden importar mientras adecuan sus plantas, y eso permitió que se otorgaran las primeras licencias y se avance en la implementación del programa”, explicó el director nacional de Farmacia y Drogas. Primeras licencias otorgadas Con las modificaciones, cinco empresas ya obtuvieron licencias de operación como laboratorios fabricantes, y tres de ellas cuentan además con licencias de sustancias controladas, que les permiten importar productos terminados de cannabis medicinal para abastecer al mercado nacional. Estas licencias fueron emitidas por la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, mientras que el control sanitario de la dispensación y trazabilidad recaerá en la Dirección General de Salud, también bajo el Minsa. “Panamá se convierte así en el primer país de Centroamérica en otorgar licencias oficiales para cannabis medicinal”, subrayó el director, quien añadió que el proceso incluye la supervisión de otros organismos, como el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) y la Autoridad Nacional de Aduanas, cada uno con funciones específicas en inspección, control e importación. El informe final de evaluación de la Comisión Evaluadora del Minsa reveló que siete empresas han cumplido con los requisitos establecidos y están en espera de recibir sus licencias: •Consorcio Panamericana de Cannabis •Consorcio Green Med •Consorcio Tilray Panamá •Farma Verde Corp. •Canna Med Panamá •Consorcio Adeiwa Pharma •Consorcio Ecovida El cannabidiol deja de ser una sustancia controlada Otro paso importante fue la actualización de la lista nacional de sustancias controladas, donde el cannabidiol (CBD) fue eliminado, en consonancia con las recomendaciones de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE). Esto significa que los productos a base de CBD podrán ser importados mediante excepción al registro sanitario, siempre que provengan de laboratorios con certificación de buenas prácticas. “El cannabidiol ya no está fiscalizado por la JIFE. Ahora las farmacias autorizadas podrán mantener un stock regulado de estos productos, evitando que los pacientes recurran al mercado negro”, explicó Pérez. El funcionario también adelantó que todas las farmacias que deseen vender estos productos deberán estar previamente autorizadas por los licenciatarios y mantener las recetas archivadas por al menos dos años, como parte del control sanitario. Producción nacional y futuro del programa Durante los dos primeros años del programa, las empresas podrán importar productos terminados mientras adecuan sus instalaciones para iniciar la producción local de cannabis medicinal. El Minsa coordina con el Mida la importación de semillas y plántulas, que deberán cultivarse en invernaderos controlados bajo estrictas medidas de seguridad. “El periodo de siembra será de unos diez meses, seguido de la cosecha. Con eso, los laboratorios podrán transformar la materia prima en aceites o flores medicinales. Esperamos tener avances nacionales en el primer año”, precisó. Paralelamente, el Consejo Técnico de Cannabis Medicinal, establecido por la ley, será el encargado de evaluar los programas, coordinar la capacitación continua de los profesionales de la salud y monitorear los resultados terapéuticos del uso del cannabis en el país. “Todos estamos aprendiendo: la industria, los profesionales de la salud y las autoridades. A medida que vayamos ganando experiencia, iremos liberando más productos y ampliando el acceso”, expresó el director, quien recalcó que, por ahora, la prescripción médica seguirá siendo obligatoria. El funcionario reconoció que la implementación ha sido lenta, pero aseguró que el proceso finalmente avanza con resultados concretos. “Cuando iniciamos, no existía ninguna licencia emitida. Hoy ya tenemos tres licencias de sustancias controladas y cinco de operación básica. Esto demuestra compromiso institucional”, afirmó. “Queremos que los pacientes sepan que pronto podrán acceder a tratamientos regulados, seguros y con respaldo sanitario. Todo se está haciendo conforme a la ley, con transparencia y fiscalización”, puntualizó. En lo que va de 2025, Canadá contabiliza al menos 3,800 casos de sarampión. Getty Images La región de las Américas ya no está libre de sarampión, confirma la OPS ALERTA Aleida Samaniego C. [email protected] Canadá perdió oficialmente su estatus de país libre de sarampión después de casi tres décadas, tras no lograr controlar un brote que se ha prolongado por más de un año, informó este 10 de noviembre de 2025 la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El virus ha circulado de manera sostenida durante más de 12 meses, principalmente en comunidades con baja cobertura de vacunación, lo que llevó a la OPS a retirar su certificación de eliminación, otorgada en la década de 1990. Hasta ayer, Canadá registraba unos 5,000 casos de sarampión en 9 de sus 10 provincias y en un territorio del norte, convirtiendo este brote en uno de los más extensos en décadas. La OPS ya había advertido el mes pasado que Canadá podría perder su estatus, en un contexto donde otros países del continente, como México y Estados Unidos, enfrentan repuntes del virus. Sin embargo, estos últimos mantienen aún su certificación de libre de sarampión. Expertos en salud advierten que la disminución de la vacunación, especialmente tras la pandemia de covid-19, aumenta el riesgo de reaparición de enfermedades prevenibles. La OPS recomendó a las autoridades de salud de Canadá concentrar sus esfuerzos en aumentar la cobertura de vacunación, reforzar la vigilancia epidemiológica y mejorar el intercambio de información entre provincias. Con la pérdida del estatus de Canadá, la OPS confirma que la región de las Américas ya no puede considerarse libre de sarampión, marcando un retroceso significativo en la lucha contra esta enfermedad prevenible. Las autoridades de la OPS subrayan la urgencia de intensificar las campañas de vacunación y garantizar que todas las comunidades alcancen los niveles necesarios para interrumpir la transmisión. En Panamá, el último caso autóctono de sarampión se registró en 1995. En 2011, se presentó un brote de cuatro casos importados que fue controlado rápidamente. Sin embargo, el escenario actual evidencia la importancia de mantener la inmunización continua y la vigilancia epidemiológica en todo el continente. El Ministerio de Salud crea unidad de metas institucionales El Ministerio de Salud (Minsa) creó, mediante la Resolución No. 1285 del 20 de octubre, la Unidad de Coordinación de Metas Institucionales, una instancia que busca reforzar la planificación, el seguimiento y la evaluación de los objetivos estratégicos del sistema sanitario panameño. La medida, publicada en la Gaceta Oficial No. 30395 del 27 de octubre, forma parte del proceso de modernización que busca la mejora de la gestión pública en salud. Según la resolución, esta nueva unidad tendrá la misión de coordinar, supervisar y evaluar el cumplimiento de las metas institucionales del Minsa, garantizando que las acciones ejecutadas por las distintas direcciones y departamentos se alineen con los indicadores de desempeño y los compromisos establecidos en los planes de acción del ministerio. Además, la Unidad de Coordinación de Metas servirá como enlace técnico y administrativo para optimizar la gestión de proyectos, el uso de los recursos y la rendición de cuentas, contribuyendo a una administración más eficiente y transparente. Con esta decisión, el Minsa busca consolidar un modelo de gestión basado en resultados, capaz de medir el impacto de las políticas públicas en áreas críticas como la atención médica, la prevención de enfermedades, la infraestructura hospitalaria y los programas de vacunación. La resolución entró en vigor tras su publicación en la Gaceta Oficial. GESTIÓN PÚBLICA Aleida Samaniego C. [email protected] Sede del Minsa. Cortesía
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxNDg2MA==