8A La Prensa Panamá, domingo 9 de noviembre de 2025 La opinión de Hilde Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. nidad de darle la espalda como se la dieron a Panamá hace unos meses. Y por allí desfilaron, algunos hasta bailaron con total desparpajo. ¡Pueblo, así no se arregla un país! Hay que recoger el orgullo nacional de donde lo ha tirado la corrupción endémica, y luego subir la moral por un lado y el civismo por el otro. ¿Cuándo se ha visto que una empresa cervecera despida a tantos trabajadores por pérdidas considerables en sus ventas? Y mucho peor, en un país repleto de consumidores. Algo malo está pasando, pero la gente no quiere verlo para no asumir responsabilidad, ni mucho menos acción. En estas Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Transparencia condicionada: la nueva doctrina de la Contraloría Control previo Sin embargo, bajo la administración del contralor Anel “Bolo” Flores, el acceso a la plataforma del SCAFID fue condicionado a un registro obligatorio del usuario. Es decir, se debe proporcionar nombre, apellido y número de cédula y, además, las consultas quedaron restringidas a un máximo de diez por día. Es la primera vez que se limita y se exige la identificación plena de quien consulte esta plataforma de información pública, lo cual introduce un efecto disuasivo e incluso intimidatorio: la huella del ciudadano queda registrada con su identidad completa. Este cambio limita el libre ejercicio de la fiscalización, vulnera el principio de publicidad administrativa (Ley 38 de 2000) y afecta el derecho constitucional a obtener información de interés público (artículo 42 de la Constitución). El contralor Flores predica transparencia, pero sus actos reflejan lo contrario: una política de opacidad institucional diseñada para limitar el libre e ilimitado acceso a la información. No se trata de un error técnico, sino de una decisión enteramente política. Y cuando la transparencia se vuelve confidencial, el control público se transforma en discrecionalidad privada. La restricción del SCAFID es solo una pieza en una larga cadena de conductas coercitivas e inconstitucionales. En los últimos meses se ha denunciado que la Contraloría ha condicionado el refrendo de adendas contractuales a la renuncia expresa de derechos adquiridos por los contratistas. Una práctica abusiva y carente de sustento legal, que viola el principio de irrenunciabiRamsés Paulette Dopeso La corrupción endémica Indolencia Algo muy malo viene pasando en Panamá, pero nuestros paisanos no quieren verlo. Todo el mundo se queja del pillaje de los políticos corruptos; sin embargo, los políticos son apenas el grano que exterioriza nuestra infección social, o peor aún, el pus que salta al apretarlo. Así pues, terminamos siempre priorizando el parloteo morboso por encima del verdadero saneamiento social. Y ese es, precisamente, uno de nuestros principales problemas: no saber priorizar. Priorizar, por ejemplo, nuestras calamidades sociales sobre el jolgorio y la fanfarria. Muchas personas se quejan del gobierno, culpándole de todo, pero nadie tuvo la digres: con fanatismo de fútbol no se defiende la soberanía de un país. ¿Pero cuál país? ¿El de los ricos, el de los corruptos, o el de los esclavos profesionales con más miedo que títulos encima? No, el problema tampoco son los gringos. Tenemos la receta perfecta para seguir como andamos, o mucho peor aún: la indolencia masiva de nuestra sociedad, el juega vivo como semilla de la corrupción endémica, la corrupción abyecta y recalcitrante que pudre a muchas instituciones, y una Iglesia pidiéndonos que “soñemos” en lugar de actuar. Las cosas no se cambian esperando a que el otro levante la bandera del piso limoso, saque pecho y vaya preso por uno. Eso no es ser un pueblo pacífico, ni humilde, ni siquiera bobo. Eso es ser un pueblo que ha asimilado la corrupción como método legítimo de subsistencia, para no tomarse la incomodidad ni asumir la responsabilidad de su propio destino. Opinión EL AUTOR es escritor. EL AUTOR es empresario y consultor en contratación estatal. curso moralista del funcionario que dice combatir la corrupción mientras consolida y promueve la opacidad, que abre la puerta, precisamente, a la corrupción. Hoy, la Contraloría no se comporta como un órgano de control, sino como un instrumento de censura institucional. Decide qué trámites avanzan, cuáles se congelan y ahora también quién puede mirar y quién debe callar. Condicionar adendas, restringir el acceso al SCAFID, refrendar contratos abiertamente ilegales y dictar resoluciones con efecto judicial no son hechos aislados: son síntomas de un mismo mal. La concentración de poder sin contrapesos. El contralor Flores ha conseguido lo que ninguna reforma constitucional se atrevió a proponer: concentrar en su despacho atribuciones ejecutivas, administrativas y cuasijudiciales. El resultado: una Contraloría con poder para controlar, silenciar y castigar. Pero no se combate la corrupción desde la penumbra. No se defiende la transparencia restringiendo la información. Y mucho menos se construye institucionalidad cuando un funcionario se atribuye facultades que ni la ley ni la Constitución le conceden. Si de verdad se pretende combatir la corrupción, el primer paso no es apagar la luz, porque la transparencia no se proclama: se practica. Y cuando el discurso de honestidad se combina con la censura, el resultado no es virtud pública, sino autoritarismo administrativo. Panamá no necesita un contralor todopoderoso, sino una Contraloría que recuerde sus límites: ser garante, no verdugo. Porque, en democracia, quien condiciona el acceso a la información pública no la protege: la secuestra. La Contraloría General de la República cuenta con una herramienta indispensable para el control ciudadano: el “SCAFID” (Sistema de Seguimiento, Control, Acceso y Fiscalización de Documentos). Hasta hace poco, esta plataforma permitía a cualquier ciudadano verificar, sin límites, la trazabilidad de los trámites públicos gestionados en esa entidad: fechas de entrada y refrendos, montos, conceptos, beneficiarios, adendas, cheques y liquidaciones, entre otros. Un instrumento de transparencia activa, conforme a los artículos 1, 2 y 9 de la Ley 6 de 2002 sobre Acceso a la Información Pública (Ley de Transparencia), que permite observar el uso de los fondos del Estado sin hermetismos, condiciones ni restricciones. El acceso abierto a esta herramienta permitió detectar y documentar, por ejemplo, las irregularidades en los denominados “auxilios económicos” otorgados por el Ifarhu, escándalo que derivó en la detención de su exdirector y que evidenció el poder del escrutinio ciudadano cuando las instituciones funcionan a la luz del día. La corrupción en Panamá no se limita a la clase política, sino que ha penetrado la conciencia colectiva hasta convertirse en un modo de vida tolerado y justificado por la indiferencia social. Víctor Paz lidad previsto en el artículo 161 de la Ley de Contrataciones Públicas, el Código Civil y la jurisprudencia reiterada de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. El refrendo —un instrumento de control previo—, lejos de funcionar como herramienta de fiscalización, se percibe como un mecanismo de presión política: un chantaje institucional que somete a entidades, funcionarios y proveedores. A ello se suma una resolución interna emitida por el propio contralor, que le otorga la facultad de cautelar bienes, inmuebles, fondos y cuentas sin autorización judicial. Se trata de un acto de usurpación de funciones del Órgano Judicial, en abierta violación del artículo 32 de la Constitución, según el cual nadie puede ser privado de sus bienes sino por autoridad competente y mediante debido proceso. La medida no solo carece de base legal, sino que inaugura una peligrosa figura: la Contraloría como juez y ejecutor. Sin tribunal. Sin control. Sin garantías de un proceso justo. La ironía es evidente: el mismo contralor que hoy filtra la luz del SCAFID fue quien refrendó contratos manifiestamente irregulares vinculados a la limpieza de hospitales públicos, pese a informes de incumplimiento elaborados por la Defensoría del Pueblo, además de advertencias y denuncias de ilegalidad, corrupción y tráfico de influencias. Ese refrendo no fue una omisión: fue una decisión. Una que desmonta el disfiestas patrias, nadie ha tenido el valor ni la dignidad de recordar a los indígenas sometidos, a los maestros quebrados y a los sindicatos desbaratados. ¿Hasta cuándo el panameño va a permitir que le pasen por encima, que lo lleven de un lado a otro en lo que suena una lata? Que ya ni de cerveza, dicho sea de paso. En un país donde la justicia la definen corruptos persiguiéndose entre ellos, pregunto: ¿qué le queda de dignidad estatal? No miremos para otro lado. No son solo los políticos ni los gobernantes: somos todos, al pecar de omisión. Porque preferimos ocultarnos cuando debimos haber apoyado. Le dimos la espalda a los profesores, al Suntracs, a los originarios, a los gremios. Y todavía no terminamos de entender que nos dimos la espalda a nosotros mismos cuando le fallamos a Panamá. ¿Y ahora qué? ¿Los gringos?... Mejor salgamos de ese sueño, porque ellos solo están por recuperar el Canal. Y mientras tanto, claro que sí, restregarnos en la cara nuestra incapacidad de sobrevivir como nación sin robarnos los unos a los otros. No, señoFundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxMjQ5NQ==