4A La Prensa Panamá, domingo 9 de noviembre de 2025 Panorama La provincia de Darién registra una escalada de amenazas a su ecosistema y a la salud humana debido al impacto de la minería ilegal de oro. El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) ha intensificado las operaciones de seguridad y control, con lo cual ha desmantelando múltiples campamentos clandestinos que operaban en las cabeceras de ríos vitales de esta región, como son el Tuira y el Mangle. Los hechos se remontan a 2024, cuando Panamá cerró tres pasos irregulares que utilizaban a diario centenares e incluso miles de migrantes que huían de la pobreza, la criminalidad o de regímenes no democráticos. Las autoridades panameñas instalaron una “barrera perimetral” en el denominado Tapón de Darién —zona boscosa que existe en la frontera con Colombia—, lo que provocó una disminución de la migración ilegal que se tradujo en una merma económica para las redes criminales que controlaban ese movimiento y, a su vez, provocó que dichos grupos desplazaran sus actividades hacia la minería ilegal para generar ingresos. Según estimaciones de organismos nacionales e internacionales cerca de un millón de personas cruzaron Darién entre 2020 y 2024. A cada uno de esos migrantes, el Clan del Golfo, organización criminal que mantiene presencia en la frontera entre Panamá y Colombia, les cobraba entre $80 y $100 para transportarlos hasta la frontera con Panamá. La lucha contra la depredación Entre 2024 y lo que va de 2025, el Senafront y el Ministerio de Ambiente han desmantelado al menos 45 campamentos ilegales dedicados a la explotación minera que, en su mayoría, están coordinados por el Clan de Golfo. En estas operaciones se ha aprehendido a 31 personas, entre colombianos y panameños. Un informe del Ministerio de Seguridad revela que los colombianos reclutan a indígenas panameños para las tareas de movilización en la selva, custodia y operación de equipos. En 2024, por ejemplo, en la comarca Madugandí y en la comarca Guna Yala el Senafront desmanteló siete campamentos de minería ilegal y detuvo a ocho colombianos. El 31 de enero de 2025, Panamá y Colombia desarrollaron una operación binacional con participación del Senafront y el Ejército Colombiano durante la cual fueron desmanteladas 15 estructuras en las que había maquinaria para la extracción de oro. En esa operación, que se desarrolló en los ríos Mangle y Tuira, se logró la aprehensión de siete panameños (todos indígenas) y tres colombianos. La denominada operación Elías dejó al descubierto que el Clan del Golfo ha diversificado sus actividades en el área fronteriza tras la caída del negocio del tráfico de migrantes, que mantuvo su auge entre los años 2020 y 2023. Según las investigaciones estas redes criminales sacan el oro hacia Colombia y distribuyen sus ganancias a través de una intrincada red de sociedades y empresas. Clan del Golfo cambia el tráfico de migrantes por la minería ilegal CRIMEN ORGANIZADO En el mapa regional de la minería ilegal Un informe de Interpol menciona a Panamá, junto a Bolivia, Colombia y Perú como las regiones más afectadas por la minería ilegal. Se afirma que el aumento de la demanda de oro ha actuado como un factor de atracción para los delincuentes de la región. El informe de Interpol explica que la minería ilegal no genera ingresos fiscales ni empleo formal. En cambio, es una actividad que a menudo está controlada por el crimen organizado transnacional (como se ha documentado con el Clan del Golfo y bandas de Colombia), sirviendo como fuente de financiación para el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas. Envenenamiento crónico El foco de alarma se centra en las comunidades indígenas Emberá y Wounaan, cuya subsistencia depende directamente de los ríos para la pesca y el consumo de agua. El mercurio utilizado por los mineros se transforma en metilmercurio, un neurotóxico que se acumula en la cadena alimenticia acuática por bioacumulación. Según el Ministerio de Ambiente la exposición crónica a este metal pesado es una amenaza existencial para estos pueblos. Los peces, su principal fuente de proteína, están contaminados, poniendo en riesgo el desarrollo neurológico de los niños y causando trastornos graves en los adultos, desde debilidad muscular hasta daño cognitivo. Las autoridades de seguridad y ambientales hacen un llamado a la población a denunciar cualquier actividad ilegal para proteger el Parque Nacional Darién, un ecosistema vital y Patrimonio de la Humanidad, cuya biodiversidad y capacidad para mitigar el cambio climático están siendo gravemente comprometidas por esta actividad destructiva. Una actividad que se extiende Sin embargo, la presencia de minería ilegal no se circunscribe a Darién. En marzo de 2025, en la operación Caribe Verde, la Policía Nacional y el Ministerio de Ambiente desmantelaron en el Parque Nacional Chagres, dentro de la Cuenca del Canal de Panamá, 22 campamentos dedicados a la minería ilegal. Los puestos ilegales fueron hallados entre los ríos Cuango y Culebra. También se han ubicado campamentos ilegales en río Rita, en Sabanitas, Colón, en el Parque Soberanía y en el área de Chepo. La legislación panameña sanciona los delitos contra los recursos naturales con penas de prisión que van de tres a seis años, las cuales pueden aumentar hasta nueve años en casos en los que haya agravantes. San Miguelito es uno de los distritos más densamente poblados del país, con unos 396 mil habitantes. Alexander Arosemena Reclamos vuelven a frenar licitación de $315 millones Yaritza Mojica [email protected] Juan Manuel Díaz [email protected] SAN MIGUELITO Son tres acciones de reclamo las que fueron interpuestas contra el pliego de condiciones para la concesión del servicio de acopio y gestión de la basura. La licitación para la concesión del servicio de recolección y gestión de residuos sólidos en San Miguelito continúa enfrentando retrasos. Aunque la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) levantó la suspensión del acto público el pasado 13 de octubre mediante la Resolución DS-DF-1398-2025, se han presentado tres nuevas acciones de reclamo por parte de empresas interesadas en esta concesión de 20 años. Las tres acciones de reclamo fueron interpuestas contra el pliego de condiciones del acto público convocado por el Municipio de San Miguelito, que se denomina: “Concesión para la gestión de los residuos sólidos urbanos, que incluye los servicios de recolección, transporte, barrido, tratamiento, aprovechamiento y disposición final en San Miguelito”. Estas impugnaciones fueron admitidas el pasado 28 de octubre por la DGCP. Las reclamaciones fueron presentadas por las empresas Ecotermo de Panamá, S.A. (Ecovsa), Interaseo S.A.S. E.S.P. y Yessenia Morán. Según la Resolución DSDF-1552-2025, del 7 de noviembre de 2025, la DGCP decidió acogerse a una prórroga de tres días hábiles para resolver el fondo de las acciones de reclamo presentadas. Originalmente, la presentación de propuestas estaba programada para el 31 de octubre; sin embargo, debido a la suspensión y a las nuevas impugnaciones, el acto público permanece estancado. Con esta licitación, el Municipio de San Miguelito, a cargo de la alcaldesa Irma Hernández, busca adjudicar un contrato valorado en 315.2 millones de dólares. El distrito se encuentra a poco más de dos meses de que venza el contrato actual con la empresa Recicladora Vida y Salud (Revisalud), cuyo término está previsto para el 18 de enero de 2026. Sin una nueva empresa seleccionada, el distrito corre el riesgo de quedar temporalmente sin un servicio formal, lo que podría generar acumulación masiva de desechos tras las fiestas de fin de año, periodo en el que la generación aumenta poco más del 30%. San Miguelito produce al menos 440 toneladas de basura diariamente. La alcaldesa Hernández ha reconocido públicamente que las impugnaciones han retrasado significativamente el proceso y podrían impedir la selección de la nueva concesionaria antes de finalizar el año. No obstante, aseguró que la recolección no se detendrá. Explicó que, si la licitación no se adjudica a tiempo, se activará un plan alternativo que contempla una transición temporal entre la empresa actual y las juntas comunales, las cuales asumirían parte del servicio mientras la nueva contratista completa su instalación operativa. Por su parte, el director de Asesoría Legal y Justicia del Municipio, Claudio Francis McDonald, confirmó a La Prensa que ya se trabaja en un “plan B”. Este incluye una contratación directa temporal de camiones, personal y empresas externas para asegurar la recolección durante aproximadamente tres meses de transición. “Conosinunaempresaadjudicada, el Municipio tiene la responsabilidad de mantener el servicio. Estamos preparando una contratación directa, que deberá ser sometida a la aprobación del Concejo Municipal y de las instancias correspondientes”, señaló Francis. El funcionario añadió que la nueva concesionaria iniciará operaciones únicamente cuando la transición esté completa y se emita la orden de proceder, con el fin de evitar afectaciones en la recolección de basura en el distrito. San Miguelito, uno de los distritos más densamente poblados del país, con unos 396 mil habitantes, depende de un servicio continuo para evitar acumulaciones críticas de desechos. Por ello, las autoridades insisten en que no permitirán que la comunidad quede desatendida durante esta transición. Personas que hacían labores de minería ilegal en un campamento desmantelado en la zona fronteriza de Darién.Cortesía
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