1A La Prensa Panamá, domingo 9 de noviembre de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Domingo 9 de noviembre de 2025 - Año 45 - Nº 15195 Hoy por hoy El atraso en las transferencias del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los municipios no es un simple desajuste contable: es una falla estructural que pone en entredicho la descentralización y la autonomía municipal. La excusa del Ministerio de Economía y Finanzas —basada en estimaciones conservadoras y morosidad tributaria— no justifica un desfase de casi $500 millones entre lo recaudado y lo girado. Los municipios dependen de ese dinero para ejecutar obras, mantener servicios básicos y responder a las comunidades. La descentralización no puede seguir siendo un discurso vacío mientras el Estado desconozca obligaciones creadas por ley. Urge establecer mecanismos que garanticen que las recaudaciones se transfieran de forma oportuna, transparente y completa. De lo contrario, se perpetúa una inequidad estructural: un Estado que recauda en nombre de las comunidades, pero no devuelve lo que les corresponde por ley. Cumplir con las transferencias del IBI es, en esencia, cumplir con la democracia local. Ellas pa Juan Gabriel, por siempre 5B No habrá Copa América de Béisbol 1B Deportes Municipios exigen $489 millones no transferidos Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] GOBIERNOS LOCALES Se trata de parte del dinero del Impuesto de Bienes Inmuebles que se debe transferir a los municipios por ley. Entre 2021 y 2026, el Estado recaudó alrededor de $1,100 millones por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), pero solo transfirió $618 millones a los municipios, según cifras oficiales. La diferencia, un faltante de $489 millones, ha limitado el desarrollo de proyectos locales y la ejecución de programas comunitarios, según las autoridades municipales. Los alcaldes de Panamá, Mayer Mizrachi; de Colón, Diógenes Galván; y de San Miguelito, Irma Hernández, han exigido al Gobierno cumplir con las leyes de descentralización y realizar las transferencias comReclamos frenan licitación de recolección enSanMiguelito La licitación de $315 millones para la recolección y gestión de residuos en San Miguelito vuelve a estancarse por tres nuevas impugnaciones. El retraso amenaza con dejar al distrito sin concesionario antes del vencimiento del contrato actual en enero de 2026. VEA 4A Contrato APP por $382 millones para vías del Centenario y la autopista La rehabilitación y ampliación de las vías del puente Centenario y la Autopista Panamá– La Chorrera será ejecutada bajo el modelo de Asociación Público–Privada (APP), mediante una concesión por 21 años y un contrato de $382 millones, según el informe de prefactibilidad de la Corporación Financiera de Desarrollo del Banco Mundial. El proyecto incluye ampliaciones, mantenimiento integral y la incorporación de carriles reversibles con peaje, con el fin de agilizar el tráfico entre Panamá, Arraiján y La Chorrera. VEA 7A Luego de 31 años, cae en Venezuela prófugo del caso Alas Chiricanas Las autoridades de Venezuela detuvieron ayer en Margarita a Ali Zaki Hage Jalil, acusado de participar en el atentado contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas en 1994, que dejó 21 muertos. La operación fue coordinada por Interpol y Panamá, país que gestiona su extradición. Estados Unidos e Israel vinculan el ataque al grupo Hezbolá. VEA 2A Rodrigo Paz asume como presidente de Bolivia Cuetiona: ¿Dónde está el litio? ¿Dónde está el gas? Tras su investidura ayer en La Paz, como presidente constitucional de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, cuestionó en su discurso: “¿Dónde está el litio? ¿Dónde está el gas?”, y acusó a los expresidentes del saliente Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025) de haber “mentido” con la abundancia de esos recursos naturales. Paz, nacido en Santiago de Compostela en 1967 por el exilio de sus padres, ganó con el 54.9%, y asumió con su vicepresidente, el expolicía Edmand Lara. VEA3A EFE pletas. Advirtieron que esta brecha financiera compromete el mantenimiento de obras y la atención social en las comunidades. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reconoció la deuda, aunque atribuyó las diferencias a las proyecciones de recaudación y a la morosidad tributaria que persiste en el país. VEA 2A La expansión de la minería ilegal de oro en Darién expone una peligrosa convergencia entre crimen organizado, destrucción ambiental y negligencia institucional. Lo que comenzó como una actividad clandestina marginal se ha convertido en un negocio lucrativo controlado por el Clan del Golfo, que ha encontrado en los ríos Tuira y Mangle una nueva fuente de ingresos tras el declive del tráfico de migrantes. A pesar de las operaciones de Senafront y el Ministerio de Ambiente, el uso de mercurio continúa envenenando las aguas y poniendo en riesgo la vida de comunidades indígenas Emberá y Wounaan. VEA 4A CONTAMINACIÓN Minería ilegal: el nuevo negocio del Clan del Golfo Qué ha hecho Trump para cumplir su gran promesa de bajar los precios www.prensa.com/bbc/
2A La Prensa Panamá, domingo 9 de noviembre de 2025 Después de más de tres décadas prófugo, las autoridades de Venezuela detuvieron en la isla de Margarita a Ali Zaki Hage Jalil, señalado como uno de los implicados en el atentado contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas, ocurrido en 1994 y que cobró la vida de 21 personas. La captura fue ejecutada por agentes de Interpol Venezuela, en coordinación con autoridades judiciales panameñas, que habían emitido una alerta internacional para su localización y arresto. El atentado, registrado el 19 de julio de 1994, marcó uno de los episodios más trágicos de la aviación panameña. El avión que despegó en Colón explotó en pleno vuelo, y desde entonces las investigaciones apuntaron a un posible acto terrorista. La aprehensión de Hage Jalil reaviva un caso que durante años permaneció en la impunidad y que ahora podría abrir una nueva etapa judicial en la búsqueda de justicia para las víctimas. El ciudadano, de 57 años, portador de la cédula venezolana V-24.435.136, mantenía una Notificación Roja número A-4724/4-2025, emitida por Interpol Panamá a solicitud de la Fiscalía Superior de Descarga del Área Metropolitana, por los delitos de homicidio doloso y contra la seguridad colectiva, específicamente contra los medios de transporte y comunicación. Fuentes de la Policía Nacional confirmaron la información y precisaron que se trata de una operación coordinada con Interpol. La recompensa Además de la orden de captura emitida por Panamá, en 2024 el programa Recompensas por la Justicia del Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta 5 millones de dólares a cambio de información que condujera al arresto o condena, en cualquier país, de individuos involucrados en la ejecución, planificación o conspiración para cometer, asistir o instigar el atentado terrorista del 19 de julio de 1994 contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas en Panamá. La Oficina del Director Nacional de Inteligencia de Estados Unidos concluyó que Hezbolá fue responsable del atentado contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas. El vuelo 901 se dirigía a la ciudad de Panamá cuando una bomba a bordo detonó poco después del despegue, tras salir del aeropuerto France Field, en Colón. La explosión provocó que el avión se estrellara en la selva, a unas 10 millas del aeropuerto. Los 21 pasajeros a bordo, incluidos tres ciudadanos estadounidenses, murieCae en Venezuela sospechoso del atentado contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas INTERPOL ron. Tras el ataque, un individuo llamado Ali Hawa Jamal, quien también murió en el atentado, fue identificado como el sospechoso que introdujo la bomba en el avión. La agresión al avión de Alas Chiricanas ocurrió un día después de que un explosivo improvisado en un vehículo detonara junto al edificio de la Sociedad Judía de Ayuda Mutua, en Argentina, matando a 85 personas y dejando más de 300 heridas. Un grupo que se hace llamar Ansar Allah, que el gobierno de Estados Unidos ha identificado como un alias de Hezbolá, emitió un comunicado desde Líbano días después, reivindicando la autoría de ambos atentados. Cronología del caso En agosto de 2019, la Fiscalía Superior de Descarga solicitó al Tribunal Superior la reapertura de las investigaciones, después que el 20 de noviembre de 2017, el entonces presidente Juan Carlos Varela recibiera una carta del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, en la que la informó que la inteligencia de su país confirmó que el grupo terrorista Hezbollah estaba detrás del atentado. Hezbollah, organización musulmana chií libanesa, es considerada por Estados Unidos como un grupo extremista islámico y está incluido en su lista de organizaciones terroristas. El tema fue abordado en 2018 durante una visita de Varela a Israel. En 2003 el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No.9, Secretaría No.17 de Argentina remitió un exhorto a las autoridades panameñas en el que anunciaba su interés por colaborar en el atentado contra el avión de Alas Chiricanas, ya que los responsables, según esta hipótesis, pertenecen a los mismos grupos que colocaron una bomba con un saldo de 85 muertos a la Asociación Mutual Israelita en Argentina(AMIA)el18dejulio de 1994, un día antes. Tras la captura, las autoridades panameñas mantienen coordinación con la Fiscalía de Asuntos Internacionales para iniciar el proceso de extradición y asegurar que el detenido sea entregado a la justicia de Panamá. Los alcaldes de Colón, San Miguelito y Panamá —Diógenes Galván, Irma Hernández y Mayer Mizrachi, respectivamente—. Archivo Reclamo de los municipios: cerca de $500 millones del IBI que no llegaron Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] GOBIERNOS LOCALES Varios alcaldes cuestionan las inconsistencias en las transferencias de recursos por parte del Gobierno Central, advirtiendo que eso compromete la ejecución de proyectos comunitarios. Esta semana, los alcaldes de algunos de los municipios más importantes del país —Diógenes Galván, de Colón; Mayer Mizrachi, de Panamá; e Irma Hernández, de San Miguelito— reavivaron el debate sobre la distribución de los fondos municipales. Los jefes municipales cuestionan los retrasos y las inconsistencias en las transferencias de recursos por parte del Gobierno Central, advirtiendo que la falta de liquidez compromete la ejecución de proyectos comunitarios y el funcionamiento de programas esenciales en sus distritos. Por un lado, Galván pidió que el Gobierno Central cumpla con la Ley 32 de 1997, la cual dispone que los ingresos obtenidos por el impuesto de bienes inmuebles en el distrito de Colón deben transferirse íntegramente al presupuesto de inversiones del municipio. Por su parte, Mizrachi se refirió a la Ley 66 de 2015, que reforma la normativa sobre descentralización y establece que los municipios deben recibir los recursos provenientes de la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente al año inmediatamente anterior, incluyendo multas y recargos, lo cual —según denunció— no se está cumpliendo a cabalidad. “Esos impuestos que los ciudadanos ya pagan [IBI] no están llegando a los municipios, ni al de Colón ni al de Panamá. La ley dice que esos fondos deben ser transferidos en su totalidad”, dijo Mizrachi durante un acto público en el corregimiento de Don Bosco, resaltando que los gobiernos locales son el primer contacto con las comunidades. En medio del debate, la alcaldesa de San Miguelito también publicó en sus redes sociales su discurso ante la Asamblea Nacional, en el cual planteó que los municipios y juntas comunales son los primeros en dar respuesta a la población y cuestionó el centralismo en el manejo de los fondos públicos. “Somos un país desigual porque centramos el poder”, expresó entonces, recordando sus palabras casi un año después. La realidad Pero más allá de los discursos de Galván, Mizrachi y Hernández, surge la pregunta: ¿cuál es la realidad con los fondos del impuesto de bienes inmuebles que debe transferir el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) cada año a los municipios y juntas comunales a través de la Autoridad Nacional de Descentralización? Durante las vistas presupuestarias en la Asamblea Nacional, la directora de la Autoridad Nacional de Descentralización, Roxana Méndez, presentó un cuadro estadístico que compara lo recibido por año con lo recaudado en concepto del impuesto de bienes inmuebles. Entre 2021 y 2026, el Estado panameño recaudó 1,107 millones de dólares en concepto del Impuesto de Bienes Inmuebles, pero solo transfirió 618 millones a los municipios, según cifras oficiales discutidas en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Esto representa una diferencia de casi 489 millones que no fueron canalizados a los gobiernos locales, pese a que el artículo 40 de la Ley 66 de 2015 establece que las asignaciones deben corresponder al total recaudado el año anterior. Por ejemplo, en 2024 se recaudaron 201.2 millones de dólares, pero el MEF solo asignó 70 millones, lo que representa apenas el 35% de los ingresos generados. En los años siguientes la situación muestra leves mejorías, aunque persiste una diferencia sustancial: en 2026 se proyecta una recaudación de 196.4 millones, frente a una asignación de 83.1 millones, equivalente al 42% del total. Esta tendencia, que se repite desde 2021, ha generado cuestionamientos sobre el cumplimiento del artículo 40 de la Ley 66 de 2015, que obliga al Estado a transferir a los municipios los recursos provenientes del IBI del año anterior. Diputados como Neftalí Zamora, de la coalición Vamos —quien también integra la Comisión de Asuntos Municipales—, señalan que la práctica del MEF de basar las asignaciones en estimaciones conservadoras, en lugar de en las recaudaciones reales, limita la capacidad de los gobiernos locales para ejecutar obras y programas comunitarios. “La ley es clara: los fondos recaudados deben llegar completos a los municipios. Lo contrario es debilitar la descentralización”, advirtió Zamora, quien insistió en que no se trata de dinero para las alcaldías, sino de recursos destinados a proyectos de participación ciudadana que hoy no se están ejecutando correctamente. Las explicaciones del MEF Durante el debate en la Comisión de Presupuesto, Valery González, en representación del MEF, defendió el procedimiento utilizado y ofreció algunas explicaciones. “La recomendación del monto del IBI se hace a principios de cada año, antes de que se cierre el ejercicio fiscal anterior, por lo que solo podemos trabajar con estimaciones”, explicó. Agregó que, en 2023, durante el pasado gobierno, la recaudación tributaria cayó debido a una cartera morosa superior a 830 millones de dólares, lo que obligó al Gobierno a adoptar medidas transitorias para recuperar ingresos. Entre esas medidas, González recordó la aprobación de la Ley 401 de octubre de 2023, que permitió cobrar por adelantado los impuestos correspondientes a los periodos fiscales 2024 y 2025. “Esa norma fue una estrategia para mejorar la recaudación, pero nos obligó a mantener una proyección conservadora en el presupuesto de 2024”, afirmó. El monto estimado fue de 70 millones de dólares, una cifra 60 % menor a lo recaudado el año anterior. Desde el MEF, González reconoció la deuda existente con los municipios, aunque pidió paciencia. “No desconocemos los fondos que se deben. Estamos esperando que las estrategias de recobro de impuestos nos permitan subsanar esa diferencia”, aseguró. Explicó además que el MEF busca “manejar el presupuesto de manera responsable y alineada con los ingresos reales del Estado”. El ataque terrorista al vuelo 901 de Alas Chiricanas el 19 de julio de 1994 acabó con la vida de 21 personas. Tomado de internet Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama
3A La Prensa Panamá, domingo 9 de noviembre de 2025 Panorama El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz (d), posa con el subsecretario de Estado de EUA, Chistopher Landau, durante una rueda de prensa en La Paz, Bolivia. EFE Estados Unidos anuncia retorno de embajadores a Bolivia tras 17 años EFE. LA PAZ, BOLIVIA INVESTIDURA La diplomacia es, al fin y al cabo, la comunicación’, dijo el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, en Bolivia, durante la toma de posesión de Rodrigo Paz Pereira. El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, anunció ayer que su país restablecerá las relaciones a nivel de embajadores con Bolivia luego de 17 años, tras asistir a la investidura del nuevo presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira. En una breve comparecencia ante los medios en La Paz, Landau mencionó que en las últimas semanas tuvieron “relaciones muy estrechas con el presidente electo en su momento”. “Y ahora que es el señor presidente, vamos a restablecer las relaciones a nivel de embajador como siempre debería ser”, sostuvo el subsecretario estadounidense, quien habló con la prensa junto a Paz. Landau afirmó que “ha sido muy insólito” y “muy triste” que ambos países no hayan “tenido embajadores” en Washington, la capital estadounidense, ni en La Paz, la sede del Gobierno y el Legislativo bolivianos. “La diplomacia es, al fin y al cabo, la comunicación. Sin embajador en la capital del otro país, eso se hace más difícil”, consideró el funcionario y expresó su deseo de que se pueda anunciar a los nuevos embajadores “ya muy pronto”. También recordó que Paz “ha expresado su interés en sostener una buena relación con Estados Unidos” y que “de forma recíproca” el país norteamericano también quiere “establecer una buena relación con este nuevo Gobierno de Bolivia”. A su turno, el nuevo mandatario boliviano agradeció la asistencia de la delegación estadounidense liderada por Landau a su investidura y le pidió “transmitir un mensaje de cordialidad y fraternidad” al presidente Donald Trump y a todas las instancias de su Gobierno. Paz destacó que la presencia del subsecretario estadounidense “significa un paso más” en su intención “de abrir Bolivia al mundo y que el mundo venga a Bolivia”. “Eso significa retomar relaciones con EUA, como lo haremos con otras naciones, que bajo el dogmatismo ideológico nos ha aislado a los bolivianos”, indicó Paz. El gobernante boliviano sostuvo que “toda relación” exterior se establecerá “bajo el paraguas de la democracia, del desarrollo y de los conceptos y valores de orden humano”. “Hoy nos toca generar ese encuentro en función de ir haciendo los acercamientos para recuperar esas relaciones en todos los ámbitos con el Gobierno americano, con el pueblo americano y el pueblo boliviano”, agregó. El mandatario boliviano viajó la semana pasada a Estados Unidos para hacer gestiones ante los organismos multilaterales que tienen sede allí con miras a asegurar la provisión de combustibles y que haya dólares en la economía boliviana, además de reunirse con representantes de la Administración de Trump. Paz ha expresado varias veces su voluntad de restituir las relaciones con EUA, que se mantienen a nivel de encargados de Negocios desde que en 2008 el entonces presidente Evo Morales expulsó de Bolivia al entonces embajador estadounidense Philip Goldberg. Evo Morales (2006-2019) echó a Goldberg y también a las agencias estadounidenses de cooperación y antidrogas, acusándoles de una supuesta conspiración contra su Gobierno, algo que la Casa Blanca siempre negó. Morales y el ahora también expresidente Luis Arce (2020-2025), ambos izquierdistas, expresaron en las últimas semanas su preocupación ante un posible retorno de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) a Bolivia. Paz sostuvo ayer sábado que “todas las instituciones, no solo de EUA, sino de los países fronterizos con Bolivia que quieran trabajar conjuntamente y a nivel mundial para hacer de Bolivia un país más seguro, donde lo ilícito no es parte del cotidiano vivir, van a estar en Bolivia”. GRAN ESTRENO
4A La Prensa Panamá, domingo 9 de noviembre de 2025 Panorama La provincia de Darién registra una escalada de amenazas a su ecosistema y a la salud humana debido al impacto de la minería ilegal de oro. El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) ha intensificado las operaciones de seguridad y control, con lo cual ha desmantelando múltiples campamentos clandestinos que operaban en las cabeceras de ríos vitales de esta región, como son el Tuira y el Mangle. Los hechos se remontan a 2024, cuando Panamá cerró tres pasos irregulares que utilizaban a diario centenares e incluso miles de migrantes que huían de la pobreza, la criminalidad o de regímenes no democráticos. Las autoridades panameñas instalaron una “barrera perimetral” en el denominado Tapón de Darién —zona boscosa que existe en la frontera con Colombia—, lo que provocó una disminución de la migración ilegal que se tradujo en una merma económica para las redes criminales que controlaban ese movimiento y, a su vez, provocó que dichos grupos desplazaran sus actividades hacia la minería ilegal para generar ingresos. Según estimaciones de organismos nacionales e internacionales cerca de un millón de personas cruzaron Darién entre 2020 y 2024. A cada uno de esos migrantes, el Clan del Golfo, organización criminal que mantiene presencia en la frontera entre Panamá y Colombia, les cobraba entre $80 y $100 para transportarlos hasta la frontera con Panamá. La lucha contra la depredación Entre 2024 y lo que va de 2025, el Senafront y el Ministerio de Ambiente han desmantelado al menos 45 campamentos ilegales dedicados a la explotación minera que, en su mayoría, están coordinados por el Clan de Golfo. En estas operaciones se ha aprehendido a 31 personas, entre colombianos y panameños. Un informe del Ministerio de Seguridad revela que los colombianos reclutan a indígenas panameños para las tareas de movilización en la selva, custodia y operación de equipos. En 2024, por ejemplo, en la comarca Madugandí y en la comarca Guna Yala el Senafront desmanteló siete campamentos de minería ilegal y detuvo a ocho colombianos. El 31 de enero de 2025, Panamá y Colombia desarrollaron una operación binacional con participación del Senafront y el Ejército Colombiano durante la cual fueron desmanteladas 15 estructuras en las que había maquinaria para la extracción de oro. En esa operación, que se desarrolló en los ríos Mangle y Tuira, se logró la aprehensión de siete panameños (todos indígenas) y tres colombianos. La denominada operación Elías dejó al descubierto que el Clan del Golfo ha diversificado sus actividades en el área fronteriza tras la caída del negocio del tráfico de migrantes, que mantuvo su auge entre los años 2020 y 2023. Según las investigaciones estas redes criminales sacan el oro hacia Colombia y distribuyen sus ganancias a través de una intrincada red de sociedades y empresas. Clan del Golfo cambia el tráfico de migrantes por la minería ilegal CRIMEN ORGANIZADO En el mapa regional de la minería ilegal Un informe de Interpol menciona a Panamá, junto a Bolivia, Colombia y Perú como las regiones más afectadas por la minería ilegal. Se afirma que el aumento de la demanda de oro ha actuado como un factor de atracción para los delincuentes de la región. El informe de Interpol explica que la minería ilegal no genera ingresos fiscales ni empleo formal. En cambio, es una actividad que a menudo está controlada por el crimen organizado transnacional (como se ha documentado con el Clan del Golfo y bandas de Colombia), sirviendo como fuente de financiación para el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas. Envenenamiento crónico El foco de alarma se centra en las comunidades indígenas Emberá y Wounaan, cuya subsistencia depende directamente de los ríos para la pesca y el consumo de agua. El mercurio utilizado por los mineros se transforma en metilmercurio, un neurotóxico que se acumula en la cadena alimenticia acuática por bioacumulación. Según el Ministerio de Ambiente la exposición crónica a este metal pesado es una amenaza existencial para estos pueblos. Los peces, su principal fuente de proteína, están contaminados, poniendo en riesgo el desarrollo neurológico de los niños y causando trastornos graves en los adultos, desde debilidad muscular hasta daño cognitivo. Las autoridades de seguridad y ambientales hacen un llamado a la población a denunciar cualquier actividad ilegal para proteger el Parque Nacional Darién, un ecosistema vital y Patrimonio de la Humanidad, cuya biodiversidad y capacidad para mitigar el cambio climático están siendo gravemente comprometidas por esta actividad destructiva. Una actividad que se extiende Sin embargo, la presencia de minería ilegal no se circunscribe a Darién. En marzo de 2025, en la operación Caribe Verde, la Policía Nacional y el Ministerio de Ambiente desmantelaron en el Parque Nacional Chagres, dentro de la Cuenca del Canal de Panamá, 22 campamentos dedicados a la minería ilegal. Los puestos ilegales fueron hallados entre los ríos Cuango y Culebra. También se han ubicado campamentos ilegales en río Rita, en Sabanitas, Colón, en el Parque Soberanía y en el área de Chepo. La legislación panameña sanciona los delitos contra los recursos naturales con penas de prisión que van de tres a seis años, las cuales pueden aumentar hasta nueve años en casos en los que haya agravantes. San Miguelito es uno de los distritos más densamente poblados del país, con unos 396 mil habitantes. Alexander Arosemena Reclamos vuelven a frenar licitación de $315 millones Yaritza Mojica [email protected] Juan Manuel Díaz [email protected] SAN MIGUELITO Son tres acciones de reclamo las que fueron interpuestas contra el pliego de condiciones para la concesión del servicio de acopio y gestión de la basura. La licitación para la concesión del servicio de recolección y gestión de residuos sólidos en San Miguelito continúa enfrentando retrasos. Aunque la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) levantó la suspensión del acto público el pasado 13 de octubre mediante la Resolución DS-DF-1398-2025, se han presentado tres nuevas acciones de reclamo por parte de empresas interesadas en esta concesión de 20 años. Las tres acciones de reclamo fueron interpuestas contra el pliego de condiciones del acto público convocado por el Municipio de San Miguelito, que se denomina: “Concesión para la gestión de los residuos sólidos urbanos, que incluye los servicios de recolección, transporte, barrido, tratamiento, aprovechamiento y disposición final en San Miguelito”. Estas impugnaciones fueron admitidas el pasado 28 de octubre por la DGCP. Las reclamaciones fueron presentadas por las empresas Ecotermo de Panamá, S.A. (Ecovsa), Interaseo S.A.S. E.S.P. y Yessenia Morán. Según la Resolución DSDF-1552-2025, del 7 de noviembre de 2025, la DGCP decidió acogerse a una prórroga de tres días hábiles para resolver el fondo de las acciones de reclamo presentadas. Originalmente, la presentación de propuestas estaba programada para el 31 de octubre; sin embargo, debido a la suspensión y a las nuevas impugnaciones, el acto público permanece estancado. Con esta licitación, el Municipio de San Miguelito, a cargo de la alcaldesa Irma Hernández, busca adjudicar un contrato valorado en 315.2 millones de dólares. El distrito se encuentra a poco más de dos meses de que venza el contrato actual con la empresa Recicladora Vida y Salud (Revisalud), cuyo término está previsto para el 18 de enero de 2026. Sin una nueva empresa seleccionada, el distrito corre el riesgo de quedar temporalmente sin un servicio formal, lo que podría generar acumulación masiva de desechos tras las fiestas de fin de año, periodo en el que la generación aumenta poco más del 30%. San Miguelito produce al menos 440 toneladas de basura diariamente. La alcaldesa Hernández ha reconocido públicamente que las impugnaciones han retrasado significativamente el proceso y podrían impedir la selección de la nueva concesionaria antes de finalizar el año. No obstante, aseguró que la recolección no se detendrá. Explicó que, si la licitación no se adjudica a tiempo, se activará un plan alternativo que contempla una transición temporal entre la empresa actual y las juntas comunales, las cuales asumirían parte del servicio mientras la nueva contratista completa su instalación operativa. Por su parte, el director de Asesoría Legal y Justicia del Municipio, Claudio Francis McDonald, confirmó a La Prensa que ya se trabaja en un “plan B”. Este incluye una contratación directa temporal de camiones, personal y empresas externas para asegurar la recolección durante aproximadamente tres meses de transición. “Conosinunaempresaadjudicada, el Municipio tiene la responsabilidad de mantener el servicio. Estamos preparando una contratación directa, que deberá ser sometida a la aprobación del Concejo Municipal y de las instancias correspondientes”, señaló Francis. El funcionario añadió que la nueva concesionaria iniciará operaciones únicamente cuando la transición esté completa y se emita la orden de proceder, con el fin de evitar afectaciones en la recolección de basura en el distrito. San Miguelito, uno de los distritos más densamente poblados del país, con unos 396 mil habitantes, depende de un servicio continuo para evitar acumulaciones críticas de desechos. Por ello, las autoridades insisten en que no permitirán que la comunidad quede desatendida durante esta transición. Personas que hacían labores de minería ilegal en un campamento desmantelado en la zona fronteriza de Darién.Cortesía
5A La Prensa Panamá, domingo 9 de noviembre de 2025
6A La Prensa Panamá, domingo 9 de noviembre de 2025 La carretera en este sector deberá incluir la construcción de pasos de fauna arbórea y subterráneos y límites de velocidad controlados, entre otras medidas de protección de carácter ambiental. Elysée Fernández La apuesta para proteger 15 mil hectáreas de bosque en Colón Yaritza Mojica [email protected] AMBIENTE El Ejecutivo, a través del Ministerio de Ambiente, buscaría la creación del Parque Naccional Sierra Llorona, para proteger la rica biodiversidad del área, entre ella, animales en peligro de extinción. Una propuesta para crear el Parque Nacional Sierra Llorona —un nuevo pulmón verde que protegería al menos 15,000 hectáreas de bosques en la cordillera de Colón— está siendo analizada por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente). La iniciativa surge tras el rediseño de la carretera “Corredor del Caribe”, en Costa Arriba, que inicialmente fue suspendida por no contar con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) integral. Según explicó el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, al asumir el cargo encontró que el proyecto del llamado “corredor ecológico” estaba fragmentado en su evaluación ambiental, lo que motivó su paralización. No obstante, tras un proceso de diálogo con comunidades y actores involucrados, se acordó transformar la obra en la primera carretera ecológica de Panamá, acompañada de la creación del nuevo parque nacional. Actualmente, el proyecto “Diseño y construcción de la carretera Quebrada Ancha–María Chiquita, en la provincia de Colón”, conocido como Corredor del Caribe, realizó el pasado 29 de octubre el foro público con las comunidades correspondiente al EIA categoría III para su tramo 1, Santa Rita–Sierra Llorona. “Una vez que los estudios estén completos, se avanzará para establecer el Parque Nacional Sierra Llorona, un área con biodiversidad similar a la de Darién y contigua al Parque Nacional Chagres, estratégico porque genera el 40% del agua del Canal”, destacó Navarro. La zona, ubicada en la parte alta de la cordillera, alberga especies únicas y forma parte de una de las regiones más importantes para la conservación de cuencas hidrográficas. El proyecto ya pasó por consulta pública y se encuentra en la etapa final de revisión del EIA. Es importante resaltar que el proyecto del Corredor del Caribe —una obra de $91.6 millones bajo la responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP)— fue dividido en dos etapas: el tramo 1 (Santa Rita–Sierra Llorona), actualmente en proceso de EIA, y el tramo 2 (Sierra Llorona–María Chiquita), que se mantiene en construcción. La propuesta de convertir la reserva Sierra Llorona en un Parque Nacional será un proyecto ambiental independiente de Miambiente, aunque relacionado con las obras del tramo 1, ya que deberán respetarse parámetros ambientales específicos. Entre estas medidas se incluyen la construcción de pasos de fauna arbórea y subterráneos para fauna terrestre, límites de velocidad controlados, garitas de acceso y acciones de remediación y monitoreo ambiental durante la construcción. Además de Sierra Llorona, el ministro mencionó otros esfuerzos ambientales que se buscan para el país como la actualización pendiente de los límites del Parque Internacional La Amistad y la identificación de nuevas zonas de conservación en Darién, donde podrían adquirirse tierras o derechos posesorios para proteger cuencas y ecosistemas críticos. La creación del nuevo parque se enmarca en un plan más amplio para fortalecer la red de áreas protegidas del país y convertir a Panamá en un referente regional de conservación. Navarro señaló que la iniciativa también busca atraer financiamiento internacional: “Para nuevas áreas protegidas como esta esperamos contar con el apoyo de fondos como los que hoy ha dispuesto Rainforest Trust”. Recientemente, el Fondo de Panamá para la Conservación de Áreas Protegidas recibió una donación de 3 millones de dólares por parte de Rainforest Trust, destinada a impulsar la creación de nuevas áreas de protección y la actualización de límites existentes. “Estos fondos serán destinados a la expansión de la cobertura de áreas protegidas y a la actualización técnica de los límites existentes, garantizando un manejo sostenible y la protección de especies amenazadas”, añadió Navarro. La propuesta de crear el Parque Nacional Sierra Llorona deberá ser presentada al Órgano Ejecutivo. Para el biólogo Guido Berguido, director de la Asociación Adopta Bosque de Panamá, esta iniciativa representa un “paso histórico”. Según detalló, es el resultado de años de oposición al proyecto del anterior gobierno conocido como Corredor del Caribe, que buscaba conectar María Chiquita con Quebrada Ancha pese a múltiples irregularidades en su EIA y su aprobación. Recordó que, gracias a las acciones legales emprendidas, la Corte Suprema de Justicia ordenó una suspensión provisional de las obras, lo que permitió frenar temporalmente el avance del proyecto. Berguido destacó que Sierra Llorona alberga una de las mayores concentraciones de biodiversidad del país, con especies en peligro de extinción como jaguares, pumas, tapires, ranas y una enorme variedad de aves. Además, forma parte del corredor mesoamericano del Caribe y funciona como zona de amortiguamiento entre los parques nacionales Chagres y Portobelo. “Vemos con esperanza que la nueva administración reconozca la necesidad de proteger esta zona”, afirmó el biólogo, quien resaltó que Miambiente no solo respalda la iniciativa privada de conservación —como la Reserva Natural Privada de Sierra Llorona, con alrededor de 500 hectáreas— sino que ahora propone elevar la protección a escala nacional mediante la creación del nuevo Parque Nacional Sierra Llorona. De concretarse, el área protegida abarcaría la Sierra de Santa Rita, Sierra Llorona y zonas aledañas, resguardando ecosistemas vitales y fortaleciendo la conservación en una de las regiones con mayor riqueza biológica del país. El Partido Revolucionario Democrático (PRD) oficializó el calendario de su proceso interno programado para el próximo 23 de noviembre. La jornada forma parte del proceso de renovación del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), instancia encargada de definir la dirección política y orgánica del colectivo fundado en 1979. Según el cronograma divulgado por la dirigencia, el 12 de noviembre se realizará en la sede principal del partido el sorteo de números que identificará a los candidatos al CEN, a partir de las seis de la tarde. Con este acto se dará inicio formal a la contienda interna. La dirigencia del PRD informó que la etapa de campaña se extenderá del 15 al 20 de noviembre de 2025, periodo durante el cual los postulantes podrán exponer sus planteamientos y dar a conocer sus propuestas para el futuro del partido. La cita central está prevista para el 23 de noviembre, cuando los delegados del PRD se reunirán con el objetivo de adoptar resoluciones estratégicas relacionadas con la estructura interna y definir el rumbo político del partido en su próxima etapa de renovación. Los cargos La Comisión Nacional de Elecciones del PRD anunció que, de los 10 cargos que conforman el Comité Ejecutivo Nacional, solo cinco serán sometidos a votación el próximo 23 de noviembre, tras la renuncia de sus anteriores titulares. Los puestos en disputa corresponden a las vicepresidencias primera y segunda, la secretaría general, el primer subsecretariado y la sexta subsecretaría. En total, 46 miembros del colectivo presentaron sus postulaciones para ocupar alguno de estos espacios dentro de la estructura directiva del partido. Entre los aspirantes figuEl PRD define su ruta interna para renovar parte de su Comité Ejecutivo ELECCIONES INTERNAS ran el exalcalde capitalino José Luis Fábrega, el diputado Arquesio Arias y el exdiputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) Aldo López Tirone. Fábrega y López Tirone compiten por la primera vicepresidencia, mientras que Arias busca la sexta subsecretaría. Para la secretaría general se inscribieron ocho candidatos, entre ellos la excandidata presidencial Balbina Herrera y el exdiputado Pedro Miguel González. En las elecciones generales de 2024, el PRD sufrió una dura derrota electoral. Su candidato presidencial, José Gabriel Carrizo, quedó en sexto lugar con 5.9% de los votos, mientras que José Raúl Mulino obtuvo la presidencia con 34.2%. Tras ese descalabro, presentaron su renuncia Crispiano Adames (primer vicepresidente), Rogelio Paredes (segundo vicepresidente), Rubén De León (secretario general), Doris Zapata (primera subsecretaria) y Edgar Zurdo González (sexto subsecretario). Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Solo cinco de los 10 cargos del CEN serán sometidos a votación el 23 de noviembre. Isaac Ortega Segundo sospechoso detenido ayer. Cortesía/PN Arrestan a dos sospechosos del homicidio de Esteban de León INVESTIGACIÓN Juan Manuel Díaz [email protected] Dos sospechosos de estar involucrados en el homicidio de Esteban De León fueron aprehendidos ayer, uno en Arraiján, provincia de Panamá Oeste, y el otro, en el sector Las Paredes, en el corregimiento 24 de diciembre, en la provincia de Panamá. Fuentes judiciales informaron que los dos hombres serán presentados hoy ante un juez de garantías para la legalización de la aprehensión, así como la imputación de cargos y la solicitud de medidas cautelares por parte del Ministerio Público. Esteban De León Osorio fue reportado como desaparecido el 31 de octubre y su cuerpo fue localizado el miércoles 5 de noviembre en las cercanías de una iglesia en el corregimiento de 24 de Diciembre. Hasta el momento, los investigadores no han determinado el móvil del crimen y continúan las diligencias para ubicar a otros posibles implicados en su desaparición y homicidio. En la mañana de ayer se realizaron las honras fúnebres del joven, a las que asistieron familiares, amigos y miembros de su comunidad. En los últimos siete días, en el área este de la ciudad de Panamá se han registrado cuatro homicidios de personas que habían sido reportadas como desaparecidas, según informes preliminares. Panorama
7A La Prensa Panamá, domingo 9 de noviembre de 2025 Datos sobre el impuesto de aviso de operación Ventana fiscal Adolfo Campos Barranco economí[email protected] B/.100.00 y un máximo de 60 mil balboas. El IAO representa un impuesto al patrimonio que no admite costos o gastos deducibles, dado que el mismo se calcula sobre el capital, el cual es el activo neto al cierre del respectivo período o año fiscal. Siendo el activo neto la diferencia que existe entre el activo total y el pasivo total, no se incluirán, en el pasivo total para propósitos del IAO, las sumas que una sucursal o subsidiaria le adeude a una compañía relacionada o matriz con domicilio fuera de Panamá. En la nota n.º 201-01-1373, de 21 de noviembre de 2006, la Dirección General de Ingresos (DGI) se pronunció acerca de este impuesto, dando respuesta a una consulta administrativa en la cual el consultante expuso un criterio con el cual coincidió la DGI: que aquel contribuyente que hubiese cancelado su licencia comercial dentro de los meses previos a concluir el período fiscal anual no debería pagar dicho impuesto por la totalidad del año fiscal, en virtud de la metodología indicada para calcular el mismo. Por el contrario, el contribuyente “deberá calcular su impuesto anual en base a sus activos totales y posteriormente deberá prorratear dicha cifra entre los meses del año en que efectivamente operó”, entendiéndose que la suma a pagar del IAO será exclusivamente aquella que corresponde a los meses del año en que efectivamente operó el contribuyente. El IAO se liquidará y pagará conjuntamente con la declaración jurada de rentas del contribuyente dentro de los tres primeros meses siguientes al cierre de cada período fiscal. De allí la importancia de observar el artículo 125 del Decreto Ejecutivo n.º 170 de 1993, que señala que los contribuyentes que tengan un aviso de operación vigente, aun cuando no hayan tenido o iniciado operaciones o actividades comerciales, están obligados a presentar dicha declaración dentro del término correspondiente a efectos de pagar únicamente el IAO. Según el artículo 1004 del CF, las personas y empresas establecidas o que se establezcan dentro de la Zona Libre de Colón (ZLC), zonas francas o en cualquiera otra zona o área libre o en un área económica especial establecida o que se cree en el futuro, a partir del año 2016 quedaron obligadas al pago del 0.5% anual sobre el capital de la empresa, con un mínimo de 100 balboas y un máximo de 50 mil balboas, excepto las empresas que se hayan inscrito en el registro Tu opinión nos interesa [email protected] &Negocios @PRENSAECONOMIA $382 millones y concesión para vías del Centenario y la autopista El proyecto bajo la modalidad de Asociación Público–Privada incluirá la construcción de carriles reversibles con peaje, además de obras de mantenimiento en 82 kilómetros de vialidad. El proyecto de $382 millones, bajo la modalidad de APP, contempla la ampliación, rehabilitación y mantenimiento de las vías del puente Centenario y la Autopista Panamá–La Chorrera. Elysée Fernández Alex E. Hernández V. ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] La rehabilitación de la carretera del puente Centenario y de la Autopista Panamá–La Chorrera, proyecto que incluye la construcción de nuevos carriles, representará una inversión estimada de 382 millones de dólares, según el informe de prefactibilidad elaborado por la Corporación Financiera Internacional (CFI), entidad adscrita al Banco Mundial. Este proyecto será ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) bajo la modalidad de Asociación Público–Privada (APP), mediante la cual el Estado otorgará una concesión para que un tercero realice la rehabilitación, ampliación y mantenimiento de la vialidad. El contrato tendrá una duración de 25 años, de los cuales 13 meses se destinarán a la fase de preconstrucción, que contempla la realización de estudios técnicos y la obtención de permisos, mientras que la etapa de construcción tomará 30 meses, es decir, alrededor de dos años y medio. Concluidas estas dos primeras etapas, el contratista seleccionado recibirá una concesión de 21 años para efectuar el mantenimiento de la vía, conforme a los parámetros establecidos por el MOP. En total, el contrato abarcará 82 kilómetros, de los cuales 38.5 corresponderán a los nuevos carriles que se construirán en la vía del Centenario y en la Autopista Panamá–La Chorrera. En la fase de mantenimiento también se incluyó un segmento de la carretera Roberto F. Chiari, conocida como “8 carriles”, así como el viaducto en el sector de La Pesa, al final de la autopista, vialidad que reemplazó el primer tramo del corredor de las playas. El informe preparado por la CFI indica que los dos nuevos carriles que se construirán en la Autopista Panamá–La Chorrera serán de modalidad reversible; es decir, su sentido de circulación variará según el flujo vehicular y las horas de mayor demanda. Estos carriles también operarán bajo el esquema de peaje. Aunque el Gobierno ha planteado la opción de cobrar por el uso de los carriles reversibles, el documento de la CFI señala que la implementación del peaje dependerá de los resultados de los estudios de factibilidad. “En fase de factibilidad se deberá realizar el análisis detallado del impacto que el cobro por acceso al usuario tendría en el tráfico y su repercusión en la retribución del contratista APP, entre otros aspectos relacionados con el proyecto”, detalla la CFI. En octubre pasado, el Ente Rector del régimen de Asociación Público–Privada aprobó el informe presentado por la CFI y autorizó al MOP a iniciar la fase 2 de factibilidad, así como el proceso de licitación de la obra. Este sería el tercer proyecto de infraestructura vial bajo la modalidad APP que se implementaría en Panamá. El primero ya está en fase de construcción y corresponde a la rehabilitación y mantenimiento de la carretera Panamericana, que abarca 246.2 kilómetros entre las localidades de Pacora y Yaviza, a cargo de la empresa ISA Vías, a través de su filial Ruta del Este. El contrato contempla una fase de rehabilitación de 20 meses, tras la cual la compañía administrará una concesión de 15 años, durante la cual será responsable del mantenimiento de la vía. El segundo es un contrato similar al adjudicado a ISA Vías, pero abarca 192 kilómetros, desde La Loma de Campana hasta la ciudad de Santiago. Actualmente, la licitación está suspendida luego de que la Dirección General de Contrataciones Públicas admitiera el reclamo interpuesto por el Consorcio APP Vías del Istmo, conformado por las empresas Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, S.A. de C.V.; Calzada Construcciones, S.A. de C.V.; e Ingeniería Estrella, S.A., contra el informe de la comisión evaluadora. De concretarse la contratación de los tres proyectos APP, más de 520 kilómetros de carreteras estarían bajo concesión privada, tiempo en el cual el Estado pagaría un monto fijo cada semestre para garantizar que las vías se mantengan en óptimas condiciones. A diferencia de los proyectos de la Panamericana Este y Oeste, la rehabilitación de las vías del Puente Centenario y de la Autopista Panamá–Chorrera no incluirá una fase de precalificación, con el objetivo de agilizar el logística y elevar la calidad de vida de miles de ciudadanos. Rotondas Con la construcción de dos nuevos carriles en la autopista será necesario reemplazar los intercambiadores viales en tres puntos clave, hoy insuficientes para manejar el flujo vehicular durante las horas de mayor tráfico. Estos puntos son la vía hacia La Mitra, Bique y la zona del Hospital Nicolás Solano, donde se construirán rotondas que agilizarán el flujo de autos desde y hacia la autopista. “Respecto a los intercambiadores (‘Vía La Mitra’, ‘Hospital Nicolás A. Solano’ y ‘Bique’), se detectó que actualmente presentan deficiencias en los niveles de servicio asociados a la congestión vehicular en los ramales de acceso y salida de la vía principal, debido principalmente a los movimientos de giros a la izquierda”, señala el informe de la CFI. Para la construcción de los nuevos carriles en la vía del Puente Centenario y en la autopista no será necesario adquirir terrenos adicionales. No obstante, para la edificación de las tres rotondas que reemplazarán los actuales intercambiadores, será indispensable adquirir áreas. La cartera de proyectos que ejecutará el Gobierno bajo el esquema de Asociación Público–Privada (APP), que incluye también la construcción de zonas procesadoras de granos y un nuevo centro penitenciario, generará más de 9 mil plazas de empleo directas, con una inversión superior a los mil millones de dólares. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Panamá necesita invertir 19 mil millones de dólares en infraestructura en los próximos cinco años, recursos que, según la entidad, son necesarios para continuar impulsando el crecimiento de la economía y reducir los niveles de desempleo. Como conclusión, la CFI indica que el proyecto generará beneficios sociales significativos para los distritos de Panamá, Arraiján y La Chorrera. PROYECTO APP proceso de contratación. Estado de las vías Según el diagnóstico realizado durante la etapa de prefactibilidad, las vías del Puente Centenario presentan daños puntuales en el pavimento rígido, como grietas de esquina, longitudinales y transversales, losas divididas, deterioro del sello, escalonamiento y desportillamiento de juntas. Aun con estas afectaciones, la condición superficial general permite mantener velocidades superiores a los 60 kilómetros por hora, por lo que su estado se considera funcional, aunque requiere rehabilitación localizada. En el caso de la Autopista Panamá–La Chorrera, el estudio identificó que el pavimento flexible presenta afectaciones aisladas como huecos, fisuras y zonas con el llamado “efecto piel de cocodrilo”, un patrón de grietas entrecruzadas que refleja la fatiga del material por el uso constante y el paso de vehículos pesados. En términos generales, este tramo conserva una condición entre buena y muy buena, lo que facilitaría el desarrollo del proyecto sin necesidad de intervenciones estructurales mayores. Según datos del Gobierno, la rehabilitación de esta vía impactará directamente en la reducción del congestionamiento vehicular, mejorará los tiempos de traslado y reforzará la seguridad vial para más de 100 mil personas que se movilizan diariamente entre la ciudad de Panamá y el sector oeste. Las proyecciones indican que el tráfico promedio diario aumentará de 41 mil vehículos en 2022 a más de 112 mil en 2040, lo que permitirá dinamizar el comercio, fortalecer la conectividad de empresas del Área de Panamá Pacífico hasta el 31 de diciembre de 2016. Cápsula fiscal El artículo 19 de la Ley 412 de 2023, que modificó el artículo 1004 del CF, señala que las empresas establecidas en la ZLC que cuenten con su clave de operación vigente quedarán exceptuadas del IAO a partir del 1 de enero de 2023 hasta el 1 de enero de 2028. Las empresas que se acojan a esta medida temporal estarán obligadas a notificar el número de empleos que planifican preservar en el marco del proceso de recuperación económica que experimenta el país. El Código Fiscal (CF) regula este impuesto nacional a partir del artículo 1004, el cual posee una tasa del 2% aplicada sobre el capital de la persona natural o jurídica, con un mínimo de El autor es abogado especializado en materia tributaria. EMBALSE GATÚN EMBALSE ALHAJUELA Nivel de aguas mínimo - 75 pies Nivel máximo - 89 pies Nivel máximo - 252 pies Nivel de aguas mínimo - 190 pies 77 83 87.83 195 205 215 244 Infografía: LP - Fuente: ACP Niveles de lagos afluentes del Canal 85 79 210 200
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