2A La Prensa Panamá, sábado 8 de noviembre de 2025 El alcalde del distrito de Colón, Diógenes Galván, reapareció este viernes 7 de noviembre con un mensaje que volvió a colocar en el centro del debate público la llamada “distorsión fiscal” que, según él, mantiene asfixiada a su provincia. En declaraciones ofrecidas el pasado 5 de noviembre, el jefe del gobierno local advirtió que el actual modelo económico —en el cual se exonera del pago de impuestos municipales a varias empresas— “deja sin recursos a la institución que tiene la obligación constitucional de atender la ciudad”, una afirmación que reaviva las críticas al sistema tributario que rige en Colón. En esta nueva aparición pública, el alcalde detalló: “Yo quise mostrarle al país otras perspectivas que no nos permiten avanzar”, explicó al referirse a las razones que lo llevaron a abrir la discusión sobre el tema. Para Galván, el problema no radica únicamente en la falta de inversión, sino en la estructura tributaria nacional que, a su juicio, debilita la autonomía financiera del Municipio de Colón. El alcalde criticó, en el noticiero de Telemetro Reporta, que el modelo tributario vigente “debilita la economía del municipio” al impedir que los ingresos generados dentro de la provincia se traduzcan en beneficios locales. “Ya existe la Ley de Zona Libre, que permite que los inversionistas que han tenido negocios en ese sector no paguen impuestos en su momento. Ese es un modelo para atraer inversión, pero además de eso hay decisiones nacionales que promueven el no pago de impuestos municipales”, explicó. Realidad municipal Galván reveló que, al inicio de su administración, la recaudación municipal apenas alcanzaba los 500 mil dólares mensuales. “Cuando tomamos la Alcaldía, teníamos una recaudación de cerca de medio millón de dólares mensuales. Ahora estamos sostenidos en un millón de dólares mensuales”, informó. Sin embargo, aclaró que los gastos operativos del municipio consumen la totalidad de esos ingresos. “El municipio no tiene recursos adicionales para atender la ciudad de manera eficiente”, advirtió. Detalló que la Alcaldía cuenta con alrededor de 700 funcionarios, menos de la mitad de los 1,416 empleados que tenía anteriormente. “Los representantes de corregimiento, a lo sumo, tienen cinco o siete personas para atender todo el tema de cortes de hierba en sus sectores. Cada representante debería tener una planilla de no menos de veinticinco personas, pero no la podeAlcalde de Colón pide cumplir la Ley 32 que garantiza ingresos al municipio GOBIERNOS LOCALES mos pagar”, señaló. Según Galván, su intervención pública buscó “llamar la atención” y generar un debate sobre la sostenibilidad del modelo económico que opera en Colón. “Podemos discutir el modelo económico que se ha desarrollado en esta provincia, pero también tenemos que entender que esta región le genera tantas riquezas al país a través de la Zona Libre, los puertos y otros enclaves comerciales que no promueven desarrollo local”, advirtió. Ley de 1997 El alcalde insistió en que el Gobierno Nacional debe adoptar una postura más comprometida con la realidad colonense. “Un Gobierno con liderazgo, un Gobierno que realmente diga: ‘De allá estamos sacando dinero, de allá estamos creciendo como país; debemos generar una renta sustitutiva porque la ciudad se está cayendo”, expresó. Consultado sobre si sería necesario modificar la ley de la Zona Libre de Colón, Galván respondió que no, pero recordó la existencia de la Ley 32 de 1997, creada precisamente para corregir las distorsiones fiscales en el distrito. “Esa ley, liderada por el padre [Guillermo Chapman] del hoy ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, estableció que todos los impuestos de bienes inmuebles recaudados por el Gobierno Central debían regresar al gobierno local para ser administrados desde el municipio”, explicó. Sin embargo, el alcalde reconoció que esa normativa no se cumple. “Esa ley está vigente, pero no se ejecuta”, lamentó. Recordó además que la Ley 37 de Descentralización complementa ese principio al establecer que un porcentaje de los impuestos de bienes inmuebles debe regresar a los distritos, aunque “tampoco está siendo respetado en su totalidad”. Galván apeló a la voluntad del Ejecutivo. “Colón tiene una particularidad y por eso se estableció esta Ley 32 del 97. Conversamos con el jefe de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas al principio del gobierno, pero entendimos que estábamos todos comenzando, golpeados. Hemos tenido paciencia porque necesitamos que el Gobierno Nacional ejecute esta ley que está vigente”, remarcó. La Ley 32 de 1997 establece un mandato claro sobre el destino de los ingresos fiscales generados en el distrito de Colón: todos los fondos recaudados por concepto del impuesto de bienes inmuebles —incluidos terrenos, edificaciones y construcciones permanentes— deben ser transferidos al presupuesto de inversiones del Municipio de Colón. Según la norma, esas transferencias deben realizarse en partidas cuatrimestrales dentro de los cinco días siguientes al cierre de cada período de cobro, con el objetivo de garantizar que los recursos locales se reinviertan en obras y programas administrados por la Alcaldía. El Ministerio Público cerró las querellas de Odila Castillo tras determinar que no existieron delitos y que prevalece la libertad de expresión. Archivo La fiscalía desestima cuatro querellas contra el periodista Rolando Rodríguez Mónica Palm [email protected] Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] EQUILIBRIOS CONTRACTUALES El Ministerio Público concluyó que las publicaciones cuestionadas por Odila Castillo se enmarcan en el ejercicio legítimo del periodismo de investigación. Señaló que no hubo violencia de género ni delitos tipificados. El Ministerio Público ordenó el archivo de cuatro querellas penales que la abogada Odila Castillo presentó contra el subdirector asociado de La Prensa, Rolando Rodríguez, por considerar que no hay “suficientes elementos de convicción” que acrediten los delitos que se le endilgan. Castillo también reclamaba un millón de dólares en supuestos daños materiales, morales, psicológicos y sociales. Dos de las cuatro querellas fueron archivadas provisionalmente por la fiscal Lorena Quirós Puga de Pérez el 31 de octubre pasado; las otras dos, por la fiscal Verónica Checa, también en esa fecha. Ambas fiscales pertenecen a la sección de delitos contra la vida y la integridad personal de la Fiscalía Metropolitana. Castillo, quien fue asesora de Gerardo Solís cuando ejerció como contralor general de la República, acusaba a Rodríguez de varios delitos: calumnia, injuria, lesiones psicológicas, violencia de género, delito contra la propiedad intelectual y contra la seguridad informática, entre otros. La abogada alegó ser objeto de una campaña de desprestigio, que había perdido clientes, que sus ingresos disminuyeron y que sufría de insomnio, acoso y ansiedad, todo debido a una serie de publicaciones de Rodríguez en las que se exponía su incremento patrimonial, sus vínculos con funcionarios de la Contraloría y su relación con varios contratistas del Estado, para los que negoció millonarias adendas en sus contratos, invocando el principio de equilibrio contractual. Las fiscales, luego de examinar las querellas y las declaraciones aportadas por los abogados de Castillo, concluyeron que los hechos expuestos por Rodríguez no constituyen violencia de género ni se derivan de su condición de mujer; que el contenido publicado forma parte del ejercicio legítimo del periodismo y de la libertad de expresión, y que no existen elementos suficientes que acrediten el dolo o la tipicidad de los delitos querellados. La fiscal Quirós recordó que el ejercicio de la libertad de expresión y del periodismo de investigación es un derecho amparado por el artículo 37 de la Constitución y por los tratados internacionales sobre libertad de prensa. “Asimismo, debe recordarse que todo funcionario público o exfuncionario, por la naturaleza de su cargo, se encuentra sujeto al escrutinio público y mediático respecto a sus actuaciones y posibles vínculos con la gestión administrativa, como ocurre con la denunciante, quien laboró por más de una década en la Contraloría General de la República y posteriormente ejerció funciones como asesora jurídica en temas de contratación estatal”, agregó Quirós. En términos similares se expresó la fiscal Checa. “Cabe señalar que las publicaciones realizadas por Rolando Rodríguez en contra de Odila Castillo se fundamentan en un análisis de datos financieros públicos que muestran un crecimiento patrimonial significativo, en documentos oficiales que evidencian gestiones ante el Estado y en la exposición de un patrón de conducta que sugiere un posible conflicto de interés y el ejercicio simultáneo o sucesivo de roles públicos y privados en esferas relacionadas”, anotó la fiscal Checa. “La esencia de la información publicada versa sobre el crecimiento económico de una firma legal vinculada a una exfuncionaria de alto rango, las gestiones de esta firma ante la institución donde laboraba la querellante y las relaciones de poder y confianza dentro de la Contraloría. Estos son, por definición, asuntos de legítimo e indudable interés público”, remarcó Checa. Castillo, en su querella, también acusó a Rodríguez de publicar información con el ánimo de perjudicarla en los procesos judiciales en los que se enfrenta a su exesposo y su familia política. En ese sentido, dijo que el periodista era testigo en su contra, señalamiento que éste niega. La fiscal Checa dijo que no se observa que las notas periodísticas “se desvíen hacia la esfera privada, la vida familiar o características personales de la querellante que no guarden relación directa con la investigación de los hechos de interés público”. La exfuncionaria se querelló contra Rodríguez, específicamente, por la publicación de las notas tituladas “Castillo, un despegue meteórico desde el servicio público” (publicada en prensa.com con el título Odila Castillo, historia de convenientes fidelidades y de lucrativos negocios, el 30 de septiembre de 2024), El secreto de Odila Castillo: su lista de clientes fue revelada (el 31 de octubre de 2024) y FBI alertó de posible caso de corrupción ligado a Odila Castillo (el 13 de noviembre de 2024). Castillo todavía puede solicitar a un juez de garantías que revise las resoluciones en las que las fiscales Checa y Quirós ordenan el archivo provisional de las cuatro querellas. El alcalde de Colón, Diógenes Galván. Archivo Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxMjQ5NQ==