1A La Prensa Panamá, viernes 7 de noviembre de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Viernes 7 de noviembre de 2025 - Año 45 - Nº 15193 Hoy por hoy Semanas atrás criticamos los poderes cautelares otorgados a la Contraloría General de la República (CGR). Nuestra posición no ha variado, pues consideramos que se trata de atribuciones propias del Poder Judicial. Hace poco, el exalcalde Héctor Valdés Carrasquilla fue objeto del ejercicio de estas facultades, y ahora lo es el exvicepresidente y exministro de la Presidencia José Gabriel Carrizo. En ambos casos concurren dos características similares: la conclusión de la CGR sobre graves irregularidades en el manejo de fondos públicos y la posibilidad de enriquecimiento injustificado. Sin duda, tales hallazgos pueden persuadir a algunos de considerar convenientes estas facultades cautelares, al sostener que son mecanismos expeditos y efectivos para combatir la corrupción. No obstante, esta percepción no elimina la duda de que dichos poderes se apliquen siempre con apego estricto a la ley. En los casos concretos de los mencionados políticos, les corresponde acudir ante las autoridades que tutelan sus garantías y defender allí sus derechos. En los demás, la entereza, la prudencia y la sujeción de la autoridad a la legalidad serán las verdaderas garantías de los derechos de todos los panameños. Concursantes abandonan evento de Miss Universo 5B Ellas.pa Zona Libre de Colón. Cortesía Empresarios de la ZLC al alcalde: ‘Pagamos millones al Estado cada año’ REACCIÓN Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Los empresarios de la Zona Libre de Colón (ZLC) rechazaron las declaraciones del alcalde Diógenes Galván, quien afirmó que más de 2,600 empresas no pagan impuestos municipales. El presidente de la Asociación de Usuarios, Dovi Eisenman, aclaró que las compañías cumplen con sus obligaciones fiscales y que, por ley, los municipios no pueden gravar actividades dentro de zonas libres. Añadió que el régimen especial transfiere unos 30 millones de dólares al Estado cada año, e instó a las autoridades locales a cooperar para impulsar el desarrollo de Colón. VEA 1B Las botas y uniformes policiales vuelven al tablero Aumentará la letra de las hipotecas debido al alza en las tasas de interés El incremento de 0.25 puntos porcentuales en la tasa de referencia para hipotecas eleva el costo de los préstamos a largo plazo, incluso en hipotecas con tasa preferencial o subsidio estatal. VEA 1B Las botas y uniformes policiales vuelven al tablero: el Ministerio de Seguridad reanudó el proceso de compra por 6.9 millones de dólares, esta vez de forma presencial. La convocatoria exige entrega en 45 días y busca dotar a los estamentos con nuevas piezas de indumentaria operativa. VEA 2A Contraloría secuestra bienes y cuentas a Gaby Eliana Morales Gil [email protected] FISCALIZACIÓN El exvicepresidente de la República José Gabriel Carrizo (2019-2024 es investigado administrativamente por presunto enriquecimiento injustificado. La Contraloría General de la República cauteló cuentas bancarias y propiedades del exvicepresidente José Gabriel Carrizo, tras detectar posibles irregularidades en el manejo de fondos públicos durante su gestión (20192024). La medida busca asegurar los bienes y activos del Derechos humanos: discurso oficial vs. realidad social El Gobierno presentó ante la ONU sus “avances” en derechos humanos, mientras organizaciones civiles denunciaron pobreza, corrupción e inequidad persistente en Panamá. VEA 2A Eliana Morales Gil [email protected] Thomas Christiansen: la ilusión es la clave de la clasificación al Mundial CONVOCATORIA Humberto Cornejo [email protected] El técnico Thomas Christiansen hizo de la ilusión su palabra bandera antes de los dos duelos que definirán el futuro mundialista de Panamá. El entrenador hispano-danés insistió en que el equipo ha madurado y que el sentimiento colectivo será tan decisivo como la táctica. “Nos jugamos todos la clasificación que nos ilusiona”, afirmó. Con 25 convocados, entre ellos Ismael Díaz y Alberto Quintero, Panamá se prepara para jugar los partidos más importantes del proceso eliminatorio. VEA 4B Thomas Christiansen. Cortesía El exvicepresidente José Gabriel Carrizo. Archivo exfuncionario mientras se analizan posibles responsabilidades por el uso de recursos asignados a programas de la Presidencia de la República. El exvicepresidente negó haber cometido manejo indebido de fondos y afirmó que actuó “con responsabilidad, honradez y respeto por la ley”. Agregó que colaborará con las autoridades competentes y expresó confianza en que “la verdad saldrá a la luz”. VEA 2A Las duras críticas del papa León XIV a la política migratoria de Trump www.prensa.com/bbc/
2A La Prensa Panamá, viernes 7 de noviembre de 2025 La delegación de Panamá Captura de pantalla Gobierno muestra logros; sociedad civil ve desigualdad Eliana Morales Gil [email protected] DERECHOS HUMANOS En el Examen Periódico Universal ante la ONU, Panamá destacó avances legales e institucionales, mientras más de cien organizaciones advirtieron sobre pobreza, corrupción e inequidad persistente en el país. Ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y como parte del Examen Periódico Universal (EPU), Panamá destacó una serie de avances legales, institucionales y programáticos en materia de derechos humanos. El documento presentado en Ginebra abarca desde iniciativas en educación en derechos humanos, igualdad y no discriminación, hasta la situación de derechos de grupos específicos: mujeres, niñez, pueblos indígenas, personas LGBTIQ+, migrantes, entre otros. Sin embargo, este documento contrasta con el informe presentado por más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil, que alertaron que persisten altos niveles de pobreza y desigualdad en Panamá, hecho que afecta “de manera desproporcionada a poblaciones afrodescendientes, personas con discapacidad, indígenas y rurales”. Las 110 organizaciones no gubernamentales también advirtieron que la corrupción sigue siendo una preocupación estructural que impacta negativamente en la garantía de los derechos humanos y compromete el desarrollo y la estabilidad. “Casos recurrentes de desvío de fondos públicos, ausencia de sanciones efectivas y debilidades en los mecanismos de control y supervisión contribuyen a la desconfianza ciudadana y a la ineficiencia de las instituciones”, se lee en el análisis de 23 páginas. Pobreza y desigualdad social En el informe oficial, la erradicación de la pobreza se presenta como prioridad transversal, es decir, como un objetivo que se incorpora en todas las políticas, programas y decisiones del Estado. El Gobierno destacó la Ley 297 de 2022, destinada a reducir la pobreza extrema y la desigualdad, iniciativa que dio vida al llamado “Plan Colmena”, uno de los proyectos emblemáticos de la administración de Laurentino Nito Cortizo (20192024). También argumentó que la pobreza multidimensional disminuyó del 19.1% en 2017 al 14.8% en 2022, y enumeraron los múltiples programas de transferencia monetaria o subsidios que se entregan. “Estas intervenciones habrían alcanzado a 42,592 hogares en pobreza extrema (Red de Oportunidades) y a 117,339 adultos mayores sin pensión (programa 120 a los 65) en 2025”, dice el documento. En efecto, los datos oficiales de reducción de pobreza son correctos, pero un vistazo más profundo revela que la desigualdad persiste: las comarcas indígenas siguen concentrando las tasas más altas de pobreza. El 93.8% de la población indígena residente en comarcas vive en pobreza multidimensional, de acuerdo con informes de Naciones Unidas. Incluso, en zonas como la comarca Ngäbe-Buglé se registran niveles de pobreza extrema superiores al 70%. El informe de las organizaciones civiles también destaca este tema: “Doscientas sesenta y cuatro mil niñas, niños y adolescentes de 0 a 14 años y 152 mil de 15 a 24 años se encuentran en pobreza. El 34% en pobreza multidimensional. Un 15% vive en condiciones de hacinamiento, ascendiendo a un 25% en zonas rurales”, alertan. También señalan que “es necesario considerar el valor y la incidencia de las reparaciones sobre la reducción de la desigualdad y la pobreza”. Justicia, seguridad ciudadana e impunidad El documento del Gobierno también sostiene que Panamá ha fortalecido su sistema de justicia y la seguridad pública. Destaca la implementación del plan estratégico “Comprometidos con la Justicia 2020-2030” para modernizar procedimientos judiciales y mejorar el acceso de las víctimas. Se enumeran medidas como la creación de más juzgados municipales y especializados, unidades de defensoría pública para niñez y víctimas, así como la habilitación de cámaras para evitar la revictimización. También se informa sobre giras de “Justicia Móvil” que llevaron servicios judiciales a áreas apartadas como la comarca Ngäbe-Buglé. No obstante, el informe de la sociedad civil resalta que el acceso a la justicia se ve limitado por múltiples barreras, incluyendo la falta de presencia institucional en zonas rurales e insulares, los altos costos, las demoras procesales y las prácticas discriminatorias hacia personas afrodescendientes, indígenas y en situación de pobreza. “A esto se suma la escasa implementación de mecanismos de justicia alternativa, la revictimización y la falta de reparación integral a las víctimas”, advierten. ¿Reducieron los homicidios? En materia de seguridad ciudadana, el Gobierno reporta una reducción de los homicidios hacia finales de 2024: 34 homicidios en noviembre de 2024 frente a 67 en noviembre de 2023 (una caída del 49%), y 46 casos en diciembre de 2024 comparados con 57 en diciembre de 2023 (reducción del 19%). Sin embargo, se omitió la perspectiva anual, pues de acuerdo con las estadísticas del Ministerio Público, en 2024 se cometieron 27 homicidios más que en 2023: se registraron 583 frente a 556 del año anterior. Cuando corresponde hablar sobre el hacinamiento carcelario, el gobierno de José Raúl Mulino destacó la implementación del “Plan Libertad” en la población penitenciaria (trabajo comunitario, arresto domiciliario, libertad vigilada). Añade que 2,943 personas se beneficiaron entre julio de 2024 y junio de 2025. Gracias a ello –afirma el informe– el 58.6% de la población penitenciaria participa en programas educativos y 29.8% en actividades productivas dentro de las cárceles, como señal de mejoras en rehabilitación. No obstante, la realidad es más sombría de lo que refleja el “Plan Libertad”. Panamá arrastra un hacinamiento crónico en sus cárceles: la población privada de libertad ronda los 25 mil reclusos, excediendo en cerca de 9,700 personas la capacidad instalada de los penales. Corrupción y buena gobernanza También se destaca el compromiso con la transparencia y la lucha anticorrupción. Se resalta la aprobación de la Ley 316 de 2022, que obliga a los altos funcionarios a presentar declaraciones de conflicto de interés ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) al asumir el cargo y actualizarla anualmente. No obstante, en junio de 2023 la propia Antai alertó que al menos 1,300 funcionarios no habían presentado su respectiva declaración jurada. Se supone que con el tiempo ese grupo de servidores se puso al día con la norma, pero el episodio evidenció la falta de control y de mecanismos efectivos para exigir su cumplimiento. Organizaciones especializadas han insistido en que la ley debe fortalecerse para incluir sanciones más severas por incumplimiento, plazos claros de fiscalización y obligaciones de publicación en línea que permitan a la ciudadanía conocer y comparar las declaraciones patrimoniales y de intereses. Asimismo, se destaca la capacitación de 868 jueces y funcionarios judiciales en 2024 sobre delitos de corrupción, lavado de activos y ética judicial, y el fortalecimiento de fiscalías especializadas en blanqueo de capitales y recuperación de activos ilícitos. El Gobierno incluso vincula la agenda anticorrupción con otros hitos, como el fallo de la Corte Suprema que en 2023 declaró inconstitucional un polémico contrato minero –presentado como “un hito significativo en la defensa del medio ambiente y la transparencia”. Pero casos de alto perfil como el de los sobornos que pagó Odebrecht en Panamá aún no han sido resueltos. El juicio de este caso se ha dilatado en varias ocasiones. Está programado para el próximo 11 de noviembre, pero también existe la posibilidad de que no se celebre. Derechos de las mujeres y violencia de género La promoción de la igualdad de género y la erradicación de la violencia contra mujeres y niñas ocupan un lugar central en el reporte oficial. Panamá destaca la creación del Ministerio de la Mujer mediante la Ley 375 de 2023 como un hito institucional para coordinar políticas de género. Se informa que este ministerio preside el Comité Nacional contra la Violencia en la Mujer y elaborósuprimerPlanEstratégico 2021-2024. Sin embargo, apenas unos días antes de que la delegación panameña asistiera a Ginebra a sustentar el documento, el Consejo de Gabinete del presidente José Raúl Mulino aprobó un proyecto de ley que busca eliminar esta entidad. De hecho, esa iniciativa legislativa ya fue presentada a la Asamblea Nacional. Mientras tanto, la violencia de género sigue siendo un problema crítico y creciente en Panamá, algo que el informe oficial no cuantifica claramente. Cifras del Observatorio de Femicidios, basadas en datos del Ministerio Público, revelan que en 2024 ocurrieron 24 femicidios en el país, un marcado aumento respecto a 2023, que registró 15 casos. El Ministerio de Seguridad (Minseg) divulgó las especificaciones técnicas de los uniformes y botas para los agentes de la Policía Nacional, que serán adquiridos mediante una licitación pública cuyo precio de referencia es de $6.9 millones. Este es el tercer intento del Minseg por adquirir las botas y uniformes policiales. El acto fue originalmente convocado hace tres meses, pero en septiembre se retiró el pliego de cargos. Hubo una segunda convocatoria, pero fue suspendida el pasado 22 de octubre, poco después de que se conociera de la selección de un proveedor en menos de cuatro horas, según registró el portal Panamá Compra. Se trataba de Max Gear, Inc., una empresa ligada al comerciante Félix Fallabella Napolitano. El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, anunció el pasado 23 de octubre que habría una nueva convocatoria, que es la que se ha conocido este jueves 6 de noviembre, con la divulgación del pliego con las especificaciones. Ahora la presentación de ofertas sería presencial, el 19 de noviembre, y no digital También se han cambiado algunos plazos y certificaciones. En el portal de Panamá Compra no se ha actualizado la información del acto público para incluir el nuevo pliego, ni hay registro de que se haya creado un nuevo proceso hasta este jueves 6 de noviembre. La Prensa pidió el comentario del Minseg al respecto y espera una respuesta. Las nuevas especificaciones son para adquirir 30 mil uniformes y 15 mil 737 botas. Minseg retoma proceso de compra de uniformes y botas por $6.9 millones FONDOS PÚBLICOS El término de entrega, que en octubre era de 180 días calendario, ahora será de 45 días calendario, algo que preocupa a los proveedores que contactaron a a este medio bajo reserva de su nombre. Por otro lado, en las especificaciones técnicas de las botas hay cambios en la redacción. En el pliego inicial se indicaba que la certificación sobre la resistencia de las suelas de las botas a la perforación podría ser expedida por la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) con base en el estándar internacional ASTM. Ahora, en el nuevo pliego de cara al 19 de noviembre, se detalla la aceptación de informes de certificación de laboratorios internacionales con estándares ASTM y/o SATRA. Particularmente, la empresa Max Gear, Inc. cumplía con las certificaciones ASTM y SATRA sobre las suelas de las botas, según consta en un documento de selección de la Policía Nacional que se emitió antes de la suspensión del proceso en octubre pasado. Proveedores que contactaron a este medio se mostraron preocupados por la presencia de Fallabella en el palco presidencial durante el desfile del 5 de noviembre en la ciudad de Colón. Mario De Gracia [email protected] Se comprarán 15 mil 737 botas Isaac Ortega Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama
3A La Prensa Panamá, viernes 7 de noviembre de 2025 A.V./1247309
4A La Prensa Panamá, viernes 7 de noviembre de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] VIP. El presidente Mulino ha manifestado públicamente que no necesita “compañeros de viaje”. Esa expresión no la aplica en las compras estatales. Literalmente, su compañero de viaje a Costa Rica es Félix Falabella, quien es proveedor de equipos de seguridad. En los actos en Colón, el pasado 5 de noviembre, el comerciante se dejó ver con Mulino en la tarima principal, acompañados del ministro de Seguridad, Frank Ábrego, y del procurador Luis Carlos Gómez Rudy. No se sabe si estaban viendo desfilar a las delegaciones de la Fuerza Pública o, en realidad, estaban haciendo un inventario para las próximas compras del Estado. 4 X 8. Con la acción de secuestro ordenada por el contralor Anel Flores, el exvicepresidente Gaby Carrizo acaba de ingresar al creciente club de los funcionarios de la administración pasada que son objeto de medidas legales. Y, por la altura del cargo que ostentaba, ha pasado directamente al frente de esa fila, por delante de Héctor Brands, Bernardo Meneses, Luis Oliva y los representantes de corregimiento, entre otros. Por ahora, ninguno de los que bailaba en las calles de San Miguelito con él ha expresado su solidaridad. Bueno, Raúl Pineda y Héctor Valdés Carrasquilla tienen que ocuparse de sus propios problemas. De pronto, todos han enmudecido. ÉMULO. En el programa El gordo y la flaca de Telemundo, han comparado al recién electo alcalde de Nueva York, Zohran Momdani, con Mayer Mizrachi, porque ambos consolidaron sus candidaturas a través de campañas en redes sociales y selfies con los votantes. Si esa será la tendencia en los próximos años, quizá estemos cerca de eliminar, de una vez por todas, el subsidio electoral. FRACASO. El Tribunal Electoral dio carpetazo a los procesos para la revocatoria de mandato del José Gabriel Carrizo exvicepresidente de la República. Archivo Ordenan secuestro de bienes del exvicepresidente Gabriel Carrizo Eliana Morales Gil [email protected] PRESUNTO ENRIQUECIMIENTO INJUSTIFICADO La Contraloría ordenó el secuestro de bienes y cuentas del exvicepresidente José Gabriel Carrizo tras detectar posibles irregularidades por $1.3 millones durante su gestión (2019-2024). La Contraloría General de la República (CGR) ordenó el secuestro de por lo menos ocho cuentas bancarias, vehículos, cuentas por cobrar y bienes inmuebles ligados al exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, en medio de una investigación administrativa por presunto enriquecimiento injustificado. La instrucción fue impartida a través de una resolución que firmó el contralor Anel Flores, el 22 de octubre pasado. El secuestro ordenado es por una concurrencia de hasta $1.3 millones y puede extenderse a vehículos, plazos fijos, valores, depósitos y otras propiedades que eventualmente se puedan vincular a Carrizo. Las instrucciones se han girado a bancos en los que Carrizo aparece como firmante en cuentas bancarias. También se han colocado marginales a las anotaciones de varias propiedades y fincas en el Registro Público. Hasta ahora, se han identificado cuentas bancarias en las que Carrizo aparece como firmante, en cuatro bancos de la plaza: una cuenta en el Banco Nacional de Panamá (BNP); tres cuentas corrientes y dos de ahorro en el Banco General; una cuenta corriente en Multibank, y una cuenta en Prival, según consta en la resolución firmada por Flores el 22 de octubre de 2025. Una vez concluyan estas diligencias, la Contraloría elaborará un informe, que será enviado al Ministerio Público, para que investigue penalmente la posible comisión de delitos. Como parte de la investigación, la Contraloría examina las declaraciones notariadas de bienes patrimoniales que presentó Carrizo al entrar y salir del cargo (que ejerció entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2024), entre otros “elementos” del cargo (que ejerció entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2024), entre otros “elementos”. La acción de la Contraloría se fundamenta en los numerales 2 y 4 del artículo 280 de la Constitución Política, así como por los artículos 2, 11, y 55 de la Ley 32 de la Contraloría y por la Resolución 31262025 que permite a la entidad ordenar secuestros. El documento que ordena el secuestro dice que la Dirección Nacional de Investigaciones y Auditoría Forense, descubrió “irregularidades por el posible enriquecimiento injustificado por la suma de $1,313,818.33 vinculados al exservidor José Gabriel Carrizo Jaén, cuando ejerció los cargos de vicepresidente de la República y ministro de la Presidencia entre los años 2019 y 2024″. De acuerdo con el Registro Público, Carrizo es dueño de al menos tres fincas en el municipio de Penonomé, Coclé. La resolución que ordena la acción, dice además que los “vehículos secuestrados deberán mantenerse a órdenes de la Contraloría General de la República hasta nuevo aviso”. Lo mismo aplica para las cuentas por cobrar o créditos contra el Tesoro Nacional. Entre la política y el poder En mayo de 2024, Carrizo fue el candidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD), el colectivo que gobernó el país entre 2019 y 2024, durante la administración de Laurentino Cortizo. Sin embargo, Carrizo apenas obtuvo el 5.9% de los votos. Tras concluir su mandato como vicepresidente remitió una solicitud formal al Parlamento Centroamericano (Parlacen) para que se le juramente como diputado correspondiente, invocando el artículo 2 del tratado constitutivo del organismo regional. Simultáneamente, el expresidente Cortizo también manifestó su intención de asumir una curul en ese foro. Sin embargo, la iniciativa se topó con resistencia dentro del propio bloque panameño del Parlacen. Ocho diputados al Parlacen emitieron un comunicado conjunto calificando la petición como “inoportuna y desafortunada” para el país. Firmaron el comunicado los siguientes diputados: Virgilio Moreno, Rodrigo Farrugia y Augusto Batista del partido Realizando Metas (RM); Rachel González, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena); Katiuska Farlanes y Erick Villarreal, del Partido Popular (PP); al igual que Querube Henriquez y Rubén Darío Tercero, de la libre postulación. Carrizo reacciona Carrizo reaccionó a la noticia. “Estaré dispuesto a responder ante las instancias correspondientes, pero siempre con hechos reales y transparencia. Mi compromiso es con la verdad”, aseguró en un breve comunicado de prensa. Expresó que lamenta que “información sensible se filtre a los medios antes de ser comunicado a las partes involucradas”. Añadió que “este tipo de prácticas atenta contra el debido proceso y la transparencia institucional”. Mario De Gracia [email protected] En el distrito de Arraiján se presentaron 7 de los 11 procesos de revocatoria de mandato. Archivo Revocatoria de mandato en Arraiján no logra firmas TRIBUNAL ELECTORAL La recolección de firmas para la revocatoria de mandato de la representante suplente, Maygualida Sánchez, del corregimiento de Vacamonte, en Arraiján, es la primera que no logra la cantidad requerida para progresar. Con solo 104 firmas de las 8,434 requeridas, el proceso revocatorio no avanzaría. Las cifras fueron publicadas por el Tribunal Electoral (TE) ayer jueves 6 de noviembre, y ahora entrarán en un periodo de impugnación de 5 días hábiles. Las 8,434 firmas para activar la revocatoria de Sánchez tenían que recogerse entre el 6 de agosto y el 3 de noviembre de 2025, pero esto no ocurrió. Por esa razón, el TE emitió la resolución de reconocimiento de las 104 firmas recopiladas, pero que posteriormente tendría que declarar insuficientes para lograr el cometido revocatorio. El caso de la representante suplente marca el primer intento fallido. Fue presentado en julio pasado, junto a otros 10 que siguen en curso, incluido el del representante principal, José Pérez Dominguez, que solo cuenta con 107 firmas. En todas las circunscripciones donde se pretende la revocatoria de mandato, los solicitantes deben recolectar las firmas equivalentes al 30% del padrón electoral a la fecha de la elección. Los otros 10 casos que están activos muestran un avance lento. En Arraiján, el proceso de recolección de firmas para la revocatoria de la alcaldesa, Stefany Peñalba, y su vicealcalde, Olíver Ríos, indicó de forma fugaz reuniendo miles de firmas, pero desde hace un mes ha tenido un avance mucho más lento. Hasta la primera semana de noviembre, unas 2,471 firmas han sido reconocidas en la revocatoria de Peñalba, mientras que 2,394 han sido reconocidas en el proceso contra Ríos. representante de Vacamonte y su suplente, José Pérez y Maygualida Sánchez, respectivamente, ya que no se logró la cantidad de firmas necesarias. Y lo mismo ocurrirá en los casos de la diputada Paulette Thomas y el alcalde Mayer Mizrachi: a favor de la revocatoria de mandato de la primera han firmado cinco personas, y del segundo, 39. Para lo único que ha servido este ejercicio es como terapia emocional para los candidatos perdedores. Interrogan a un testigo por crimen de Danilo De León Las autoridades interrogaron ayer a un testigo que podría tener información valiosa relacionada con el asesinato del joven Esteban Danilo De León, cuyo cuerpo fue encontrado el miércoles cerca de la iglesia católica Nuestra Señora del Carmen, ubicada en el sector 3 de Las Paredes, corregimiento de 24 de Diciembre. Fuentes ligadas a las investigaciones revelaron que además son objeto de análisis algunos videos tomados de cámaras de vigilancia ubicadas en algunos puntos por donde fue visto el vehíINVESTIGACIÓN Juan Manuel Díaz [email protected] culo de la vítcima. Ayer amigos y vecinos del joven De León hicieron una caravana en el área de Tocumen para exigir justicia. De León, quien laboraba en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, desapareció el 31 de octubre, pero no fue sino hasta el 1 de noviembre que la denuncia se presentó en el Ministerio Público. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses debe presentar un informe sobre las causas de la muerte y la hora en que se produjo. El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, informó que al menos cinco personas podrían tener algún grado de relación con la desaparición de la víctima.
5A La Prensa Panamá, viernes 7 de noviembre de 2025
6A La Prensa Panamá, viernes 7 de noviembre de 2025 Panorama Fernando Boyd Galindo y Mayer Mizrachi durante la cesión de los terrenos. Isaac Ortega El Hospital de Panamá norte podría demorar hasta 30 meses Aleida Samaniego C. [email protected] SERVICIOS DE SALUD El proyecto, valorado en 60 millones de dólares, se construirá en un terreno de 6.7 hectáreas en el corredor de Los Pobres y beneficiará a más de 300 mil personas. Después de años de espera, el sueño de contar con un hospital en Panamá Norte aún está lejos de concretarse. Aunque la Alcaldía de Panamá formalizó la entrega al Ministerio de Salud (Minsa) de un terreno de 6.7 hectáreas ubicado en el corredor de Los Pobres, el proyecto —valorado en más de 60 millones de dólares— no se completará antes de dos años y medio. El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, y el alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, firmaron el convenio que transfiere tres parcelas de terreno al Minsa, un paso clave para beneficiar a más de 300 mil residentes de los corregimientos de Chilibre, Las Cumbres, Alcalde Díaz, Ernesto Córdoba Campos y Caimitillo. “El hospital que se construirá aquí ha sido largamente anhelado por las comunidades de este sector, que durante años han tenido que viajar largas distancias y soportar interminables tranques para recibir atención médica en hospitales como el San Miguel Arcángel o el Santo Tomás”, destacó Boyd Galindo durante el acto. El proyecto contempla la construcción de un hospital de segundo nivel, con capacidad para 170 camas. Se espera que el proceso de licitación se realice en los próximos seis meses y, una vez adjudicado, la construcción podría extenderse entre 24 y 30 meses, según estimó el ministro de Salud. La experiencia con proyectos anteriores refleja la complejidad y los prolongados tiempos de ejecución. Por ejemplo, la construcción del Policentro de San Isidro, en el corregimiento Omar Torrijos de San Miguelito, ha tomado siete años desde su inicio. Originalmente programado para concluir en 2020, el proyecto enfrentó múltiples retrasos por la pandemia de covid-19, condiciones climáticas adversas y una huelga de trabajadores del sector construcción relacionada con el conflicto minero. Con una inversión que pasó de 25.5 millones a 35.5 millones de dólares, la obra —que actualmente tiene un 86% de avance— se encuentra en su fase final y se prevé que abra sus puertas a mediados de diciembre de 2025. Boyd Galindo agradeció la voluntad política del alcalde Mizrachi, así como el respaldo del Consejo Municipal y los diputados del circuito 8-5, afirmando que este es “un paso histórico que responde a una deuda con miles de familias del norte de la capital”. Por su parte, Mayer Mizrachi subrayó que esta dePandilla Bagdad ante la justicia: juicio por drogas y dinero sucio OPERACIÓN NEPTUNO Juan Manuel Díaz [email protected] Un total de 19 personas detenidas en el marco de la operación Neptuno, mediante la cual fueron arrestados los cabecillas de la pandilla Bagdad, enfrentan desde ayer jueves 6 de noviembre un juicio por la presunta comisión de los delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Bagdad, pandilla liderada por Rubén Camargo Clarke, alias “Cholo Chorrillo”, extraditado a Estados Unidos, es una red criminal que las autoridades mantenían bajo investigación desde 2017, aunque no fue hasta 2021 cuando se efectuaron los arrestos. El proceso judicial se desarrolla contra 16 hombres y tres mujeres, señalados por su presunta participación directa en las actividades de la organización, que operaba en la ciudad de Panamá, Panamá Oeste y varias zonas del interior del país. Fuentes judiciales explicaron que el juicio, que se lleva a cabo en el edificio Boston, en Ancón, se encuentra en la fase de presentación de testigos y pruebas documentales por parte de la Fiscalía de Drogas y las defensas. En marzo de 2022, Camargo Clarke fue extraditado a Estados Unidos, tras haber sido detenido en Costa Rica, país al que huyó luego de que la Fiscalía de Drogas emitiera una orden de aprehensión en su contra como parte de la operación Neptuno, en la que también fue señalada su pareja sentimental, Nancy Abigail Góngora. Durante el operativo, realizado en abril de 2021, la Fiscalía de Drogas ejecutó 32 allanamientos en sectores como Boca La Caja, Vamos sin norte Sabrina Sin Sensura Sabrina Bacal [email protected] Sin el ruido de otras crisis recientes, la ruptura interna de Vamos es hoy más profunda que nunca. El impulso electoral que llevó a 20 diputados al poder, montados en el discurso anticorrupción de Juan Diego Vásquez y Gabriel Silva, se prueba otra vez insuficiente para mantenerlos cohesionados. ¿Por qué importa? Porque estamos ante un gobierno que concentra poder sin construir consensos ni respetar los contrapesos. Una democracia sin oposición real equivale a darle un cheque en blanco a un mandatario que ganó con apenas el 34% de los votos. La supuesta “coalición opositora” de los 37 diputados no fue coalición ni fue opositora: no cumplió una sola de sus promesas. Por eso, la esperanza de una fiscalización efectiva recae hoy en Vamos, y, en menor medida, en Seguimos. La grieta en Vamos se evidenció con la reforma a la CSS. Desde entonces, las diferencias por la cercanía con el Ejecutivo han sido constantes: primero, el “convivio” con Mulino; luego, las reuniones privadas con el presidente; las deserciones; las acusaciones de traición en las comisiones; y ahora, un voto dividido en el Presupuesto 2026, a pesar de que la directiva de Vamos pidió rechazarlo, argumentando que no reflejaba los principios de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas del movimiento. Ignorando la línea, hubo quienes prefirieron alinearse con el Gobierno tras semanas de hacer “taquilla”, criticando luego lo que aprobaron. Resulta que, a la hora de ejercer oposición con votos —no con discursos—, no todos los de Vamos fueron. A favor del presupuesto votaron Jorge Bloise, Neftalí Zamora, Yarelis Rodríguez, Carlos Saldaña, Paulette Thomas, Jhonathan Vega y la suplente de Manuel Samaniego. En cambio, votaron en contra —cónsonos con los cuestionamientos y con la recomendación de su junta directiva— Alexandra Brenes, Luis Duke, Janine Prado, Walkiria Chandler, Roberto Zúñiga, Miguel Campos, Jorge González, Lenin Ulate, Yamireliz Chong y la suplente de Eduardo Gaitán. Más allá de los reclamos coyunturales, la división es producto de tres dilemas conceptuales que rodean a Vamos: 1. Llegaron al poder impulsados por las figuras de Juan Diego y Gabriel; sin embargo, para incidir como bancada necesitan ser un colectivo, no una serie de personalidades compitiendo por la atención. 2. El discurso anticorrupción les sirvió para ganar, pero es insuficiente para incidir en la agenda nacional. Cualquiera puede proclamar que lucha contra la corrupción —incluidos los corruptos—, pero, para tener impacto real como bancada, necesitan posicionarse sobre los temas fundamentales del país. Cuando entren en debate la eliminación del Ministerio de la Mujer, la reapertura de la mina, el embalse de Río Indio, las reformas electorales o los nombramientos del Ejecutivo con “patente de corso”… ¿qué postura asumirán? Ahí se pondrán a prueba sus principios y su capacidad de incidencia. 3. Cuestionan a los “partidos tradicionales”, pero, sin coherencia interna ni definición ideológica, pueden terminar pareciéndose a lo que critican: otro vehículo para capturar poder y fondos públicos. Las señales de la crisis de identidad abundan: como la foto del diputado Jorge Bloise con Álvaro Uribe, un expresidente que —entre otras cosas— intentó interceder a favor de Ricardo Martinelli cuando enfrentaba su proceso de El Chorrillo, Alcalde Díaz, Don Bosco, Arraiján, La Chorrera, Capira y la isla San Miguel, en el Archipiélago de Las Perlas. Como resultado, se decomisaron $62,851 en efectivo, 14 vehículos y varias armas de fuego. De acuerdo con informes de inteligencia, Bagdad es una pandilla que en sus inicios se dedicaba al robo y hurto en el área de El Chorrillo, pero posteriormente se consolidó como una red criminal dedicada al tráfico de drogas y a brindar protección a cargamentos procedentes de Colombia, además del microtráfico local. Según la fiscalía, la organización contaba con la colaboración de operadores de botes artesanales, quienes alertaban a la red sobre los movimientos de las patrulleras del Servicio Nacional Aeronaval (Senan). Esto permitía que las embarcaciones del grupo recogieran cargamentos de droga en alta mar, los trasladaran a tierra, los dividieran en bultos más pequeños y los movilizaran hacia distintos puntos de Centroamérica. Las investigaciones indican que la organización mantenía un centro de operaciones en Isla del Rey y coordinadores en Boca La Caja, El Chorrillo, Vacamonte (Arraiján) y en la provincia de Veraguas. Las operaciones eran manejadas de forma compartimentada, de modo que solo los responsables conocían el alcance de cada actividad. En la operación Neptuno se detuvo a 20 personas por delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales. Archivo extradición. ¿Eso refleja la posición ideológica de Vamos, o fue solo un selfie para buscar notoriedad? Vamos tiene un dilema existencial que definirá su futuro inmediato: o se convierte en una alternativa política que articule un proyecto de país, o se reduce a comentarista disperso de la corrupción ajena. Si no define pronto una visión común, se diluirá. Y, si no establece un mecanismo de disciplina, ese “norte” seguirá siendo abstracto. Porque lo que está en juego no es solo su cohesión interna, sino las expectativas ciudadanas que sobre ellos pesan desde su irrupción sin precedentes en la Asamblea tras las elecciones de 2024. Eso es lo que no pueden darse el lujo de traicionar. cisión marca un cambio de rumbo en la gestión pública, señalando que, durante años, muchas administraciones mantuvieron terrenos sin utilizar, mientras las comunidades seguían esperando soluciones. “Hoy le damos un propósito real a un terreno municipal: la salud de nuestra gente”, destacó el alcalde. No obstante, el proyecto enfrenta un desafío adicional: el Minsa deberá concretar el financiamiento con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), debido a la falta de recursos para otras obras hospitalarias, como el nuevo Hospital Nicolás A. Solano en La Chorrera y el Instituto Oncológico Nacional. Esta iniciativa no es nueva. En 2016, la Caja de Seguro Social (CSS) había iniciado un proceso de licitación para construir el hospital de Panamá Norte en otro terreno asignado, pero el proyecto no prosperó. Aquella propuesta, valorada en 178.4 millones de dólares, contemplaba estudios técnicos, diseños arquitectónicos, impacto ambiental, construcción, equipamiento médico y capacitación de personal. Aunque aún faltan varios pasos por cumplir, la firma del convenio representa un avance significativo para las comunidades de Panamá Norte, que ven más cerca la posibilidad de contar con un hospital propio, aunque no en un futuro inmediato.
7A La Prensa Panamá, viernes 7 de noviembre de 2025
8A La Prensa Panamá, viernes 7 de noviembre de 2025 el paso de los niños, y con conectividad real —terrestre y tecnológica—. Urge también equipar escuelas con energía en lugares donde no existe el cableado, pero sí la posibilidad de instalar paneles solares. No basta entregar tabletas si no hay red ni maestros capacitados. La escuela indígena debe ser un centro vivo de aprendizaje intercultural, no una isla de abandono estatal. El Estado ha promulgado leyes valiosas, pero de aplicación débil. La Ley 88 de 2010 reconoce las lenguas y alfabetos de los pueblos originarios, estableciendo la educación intercultural bilingüe como política nacional. La Ley 37 de 2016 obliga al consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas ante medidas que los afecten. Y la Ley 163 de 2020 impulsa programas sociales focalizados en mujeres y familias rurales. La exclusión sigue intacta. Las niñas ngäbe necesitan materiales bilingües, maestras preparadas y comunidades comprometidas. La alfabetización es aprender a existir en igualdad. Es urgente formar docentes especializados en educación indígena y tecnología, con dominio de la lengua ngäbere y herramientas digitales. La participación comunitaria debe ser eje: madres, líderes y jóvenes pueden co-crear contenidos y estrategias de retención escolar. El currículo debe vincular lengua, territorio, derechos y sostenibilidad. Rosa Iveth Montezuma, primera mujer ngäbe en ganar el certamen nacional de belleza y licenciada en Tecnología de Alimentos por la Unachi, es símbolo de dignidad, Respirar en la era del hipertexto: cómo habitarse a ritmo propio Salud mental bres de pantallas, gestión de notificaciones y pausas mentales. Estas prácticas son simples pero poderosas: reconocen que la calidad de nuestra atención se deteriora cuando todo compite por ella. “Si el teléfono es siempre tu compañero de cuarto, nunca estás solo… ni contigo mismo”, dice un joven participante de un programa de higiene digital. El teletrabajo, impulsado por la pandemia, intensificó este dilema. Si bien facilita la conciliación y reduce desplazamientos, también diluye los límites entre casa y oficina. Organismos internacionales reconocen que el derecho a la desconexión es una cuestión de salud mental: no es un lujo, es una necesidad vital. “Desconectar no es una cortesía, es un acto de supervivencia en la selva del correo electrónico a medianoche”, afirma una diseñadora gráfica de 29 años que trabaja desde su habitación. La educación tiene un papel esencial en este cambio cultural. No basta con prohibir dispositivos o culpar a las redes: necesitamos una pedagogía de la atención, que enseñe a convivir con la tecnología sin ser devorados por ella. Educar hoy es cultivar la capacidad de concentración, la empatía y el pensamiento crítico. Enseñar a distinguir entre ruido y sentido, a tolerar el silencio sin angustia y a sostener conversaciones que no caben en un tuit. Las escuelas y universidades deberían integrar talleres de bienestar mental y alfabetización digital. La cultura del “siempre conectados” requiere una educación emocional que ayude a los jóvenes a poner límites y reconocer las señales de saturación. No se trata de demonizar TikTok o Instagram, sino de desarrollar una conciencia crítica que permita usarlas sin ser usados. En medio del caos digital, las respuestas pueden parecer pequeñas, pero son microrevoluciones. Recuperar el tiempo sin función, ese rato en que no hacemos nada “productivo”, es un acto de resistencia. El ocio contemplativo es un músculo que se atrofia en la prisa, pero fortalece la creatividad y el bienestar. También podemos instaurar rituales de presencia: comer sin pantallas, caminar sin auriculares, hablar con alguien sin mirar el reloj. Practicar pequeños ayunos digitales —unas horas o un día sin dispositivos— ayuda a que la mente se reencuentre con su ritmo natural. Estas prácticas no deben vivirse como penitencias, sino como placeres: leer un libro sin prisa, cuidar una planta, jugar con un animal, escribir un diario a mano. El objetivo no es huir de la tecnología, sino crear espacios donde el alma pueda respirar. Julia Regales Las niñas ngäbe y la deuda ineludible Desigualdad En la comarca Ngäbe-Buglé, las niñas y jóvenes viven una doble exclusión: por ser mujeres e indígenas. El abandono estatal es una herida abierta que se mide en exclusión escolar, analfabetismo, pobreza estructural y muertes evitables. Los ríos crecidos que las fulminan cuando buscan educación formal simbolizan una vergonzosa deuda nacional. Más del 18% de los indígenas en edad escolar están fuera del sistema. El 60% de las deserciones registradas en el país ocurre en comunidades originarias. La pobreza multidimensional supera el 90%. Hogares con privaciones simultáneas: ingresos inferiores a dos dólares diarios, viviendas con piso de tierra y paredes frágiles, sin acceso estable a salud ni transporte. Las escuelas son ranchos improvisados o están aisladas, en terrenos donde los caseríos se hallan distantes. Cada año, niños mueren arrastrados por ríos al regresar de clases. Es una tragedia silenciosa, repetida, imperdonable. La infraestructura educativa sigue siendo la gran deuda. Urge una red adaptada y segura, con zarzos y puentes que permitan movilidad social y liderazgo femenino. Por su voz pública, su sensibilidad y su orgullo indígena, encarna el ejemplo de una nueva generación. Aymara Montero, niña aún, nos emociona con las teclas de su piano y representa al país fuera de nuestras fronteras. Muchos maestros rurales cruzan ríos, suben cerros y enseñan en aulas de penca y bambú, con un compromiso heroico que el Estado no puede seguir dejando solo. Son héroes que merecen nuestro respeto. Transformar la caridad en justicia. Educar a las niñas ngäbe es una acción impostergable y una obligación moral. No bastan las campañas ni las visitas oficiales: se requiere inversión estructural, voluntad política y una nueva ética pública que ponga la vida por encima del negocio. Panamá no ha firmado todavía el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. La resistencia oficial se explica por la desconfianza hacia el reclamo territorial y los yacimientos mineros. Esa firma sería el inicio de la reconciliación con una parte esencial de nuestra identidad. Apostar por las niñas y jóvenes de la comarca es un ejercicio de nación y un llamado urgente a construir puentes —físicos y humanos— que eviten muertes absurdas y abran caminos de futuro. Cada niña ngäbe que abandona la escuela o se la lleva el río nos disminuye a todos. Opinión EL AUTOR es filólogo y periodista. LA AUTORA es psicóloga y educadora. Sin embargo, la desaceleración no puede depender solo de la voluntad individual. De poco sirve que uno desconecte si su jefe espera respuestas a medianoche o si las políticas laborales premian la disponibilidad constante. La velocidad contemporánea no es solo un hábito: es una estructura social. Por eso, la desaceleración debe ser también un proyecto colectivo. Implica exigir normas que protejan el derecho a la desconexión, promover empresas que respeten la salud mental y demandar responsabilidad a las plataformas por los efectos de sus productos. Los movimientos sociales y sindicatos ya incorporan la desconexión digital en sus agendas. Y más allá de las leyes, la comunidad puede crear espacios offline: clubes de lectura, huertos urbanos, redes de apoyo mutuo. Compartir tiempo real es una forma de resistencia ante la cultura del desplazamiento continuo. Pertenezco a la generación que creció sin conocer siquiera los cables del módem y ahora navega en la fibra óptica. Soy psicóloga jungiana, pero también una mujer que envía stickers y ríe con un video de un gato bailando. Esta dualidad no es contradicción: es la cara humana de una era compleja. El humor rápido —ese sarcasmo que alivia los grupos de WhatsApp— puede ser un aliado frente a la saturación. Reírnos de nuestra dependencia digital nos permite tomar distancia y cuestionar lo que dábamos por inevitable. En medio de la ironía, no hay que perder la ternura: al otro lado de la pantalla hay personas con miedos, fragilidades y deseos de ser escuchadas. Mantener el sentido del humor es un acto de humanidad en tiempos de algoritmos omnipresentes. No hay fórmulas mágicas ni manuales universales. Habitarse a ritmo propio en la era del hipertexto significa reconocer que la velocidad tiene un costo y que la fatiga digital es un problema colectivo. Significa decir “no” a la cultura de la inmediatez y “sí” al silencio fértil. Las enfermedades mentales se han vuelto una pandemia silenciosa que exige atención y políticas públicas. Desacelerar no es retroceder: es crear espacio para la escucha y el cuidado. Respira. Mira a tu alrededor. Escucha a quien tienes al lado. Apaga la pantalla cuando necesites dormir. Defiende tu derecho a desconectar. Tal vez así logremos que el ritmo humano vuelva a marcar la melodía. Vivimos en un ballet frenético de notificaciones, correos y pantallas que no descansan. La sensación de estar encadenados al flujo infinito digital nos acompaña al despertar y nos despide antes de dormir. Ya no llamamos a nuestras madres porque un sticker basta; nuestro reloj biológico se rige por el sonido de los avisos y la ansiedad se mide por la cantidad de mensajes sin leer. En un mundo donde las plataformas venden nuestra atención al mejor postor, recordar que la vida tiene ritmos propios parece un acto revolucionario. Cada vez que un algoritmo sugiere qué sentir o a quién amar, se nos escapa un pedacito de autenticidad. ¿Qué significa habitarse cuando la casa es una pantalla y la intimidad se monetiza? ¿Cómo reencantar el presente sin desconectarse del mundo? El sociólogo Hartmut Rosa describió la aceleración social como un engranaje que nos obliga a correr solo para no caer. La tecnología acorta las distancias, el cambio social se acelera y el ritmo de vida se comprime. Avanzamos cada vez más rápido, pero sin profundidad. El tiempo se contrae y la experiencia se evapora. La velocidad se convierte en valor en sí misma, aunque nadie se pregunte cuál es el destino de un tren que nunca permite mirar por la ventana. Esta velocidad omnipresente se traduce en cuerpos exhaustos y mentes saturadas. Estudios recientes muestran que la sobreexposición al teléfono limita la memoria, agota la energía cerebral y multiplica el estrés. El neurocientífico Daniel Levitin advierte que la multitarea no nos hace más productivos: agota la glucosa del cerebro y provoca indecisión. La psicóloga Sherry Turkle, por su parte, señala que la conexión constante no nos acerca, sino que nos vacía emocionalmente. Así nace la fatiga digital, esa mezcla de irritabilidad, cansancio y desmotivación provocada por la exposición prolongada a pantallas. El problema no es la tecnología en sí, sino la falta de límites y la falsa idea de que nuestra atención es un recurso infinito. Promover la desconexión digital no significa renunciar a la tecnología, sino establecer fronteras saludables: horarios liRafael Candanedo Panamá vota por postergar el precio global al carbono OMI El viernes 17 de octubre de 2025 se perfilaba como un día histórico para el sector marítimo en su esfuerzo por limitar el calentamiento global. En la sede de la Organización Marítima Internacional (OMI) se proponía votar la primera regulación internacional que impondría un precio global al carbono sobre las emisiones del transporte marítimo, un paso sin precedentes hacia la internalización del costo climático en la industria. El transporte marítimo genera el 2.9% de las emisiones globales de CO2—unos 1,076 millones de toneladas anuales, según el Cuarto Estudio de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de la OMI—, una huella mayor que la de países como Alemania. De no descarbonizarse, sus emisiones podrían aumentar entre 90% y 130% para 2050, contraviniendo el Acuerdo de París y su meta de 1.5 °C. Alcanzar el cero neto requiere innovación tecnológica —combustibles alternativos, eficiencia energética— y mecanismos económicos que reflejen el costo del carbono y apoyen a los países en desarrollo. Ese es el espíritu del marco propuesto. La OMI se rige por el principio de igualdad entre los Estados —un país, un voto—, aunque sus convenios y enmiendas solo entran en vigor cuando los ratifican naciones que representan al menos la mitad del tonelaje mundial, lo que otorga peso decisivo a registros como el de Panamá, segundo mayor del mundo. La OMI, además, está dirigida por un panameño, el secretario general Arsenio Domínguez. Pese al contexto favorable, la dinámica política desvió el rumbo de la propuesta. Estados Unidos, actor menor en este foro por el tamaño de su flota, presionó a los delegados calificando la medida como una “estafa verde”, según el presidente Donald Trump. Sin argumento técnico y mediante amenazas de represalias comerciales, publicadas días antes por el Departamento de Estado, logró sembrar la duda. La votación original sobre el marco de cero neto fue modificada para decidir su postergación por un año. Los países más comprometidos votaron en contra de la postergación (49); Panamá, sorpresivamente, a favor (57 países), y hubo 21 abstenciones. En política, un año puede parecer poco; para el planeta equivale a mil millones de toneladas adicionales de CO2, y en economía, a mayores costos de transición y pérdida de confianza en la inversión verde. Panamá perdió una oportunidad clave para consolidarse como referente en la descarbonización marítima. EL AUTOR es doctor en Economía Marítima y especialista en descarbonización. Gabriel Fuentes Lezcano Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. 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