2A La Prensa Panamá, jueves 6 de noviembre de 2025 Miembros de un grupo de blanqueo de capitales que movió fondos entre Panamá y Colombia deberán pagar multas de $30 millones y $10 millones, impuestas por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, luego de que esta instancia judicial rechazara un recurso de nulidad contra la sentencia emitida. En febrero de 2025, la jueza Águeda Rentería impuso una pena de 120 meses de prisión al colombiano Luis Guillermo Ángel Restrepo, considerado una de las personas que proporcionó información que permitió ubicar al abatido jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, abatido a tiros el 2 de diciembre de 1993 por las Fuerzas Especiales de Colombia. La misma pena fue aplicada a Mónica María Ángel Restrepo, Blanca Liliana Ángel Cano y Juan Gonzalo Ángel Restrepo, como autores del delito de blanqueo de capitales. La jueza Rentería también impuso, como pena accesoria, una multa de $30.9 millones a Luis Guillermo Ángel Restrepo y a Blanca Liliana Ángel Cano. En ese mismo fallo, condenó a Juan Gonzalo Ángel Restrepo al pago de $10 millones y determinó que los sancionados tendrían un plazo máximo de un año para cumplir con el pago de las multas. El tribunal además aplicó una pena de 96 meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales a los panameños Luz Graciela Quintanar, Juan Montes y Rubén Barnett, así como la inhabilitación para ejercer funciones públicas durante el mismo período de la sanción principal. El recurso de nulidad, rechazado por la jueza Rentería, fue presentado por los abogados José Abel Almengor y AngéliEl delator de Pablo Escobar deberá pagar millonaria multa en Panamá DECISIÓN JUDICIAL ca Sanguillén, quienes solicitaron que se dejara sin efecto la condena impuesta. La decisión del juzgado fue comunicada el pasado 24 de octubre, mediante el edicto No. 1206, publicado en el tablero de notificaciones del citado tribunal. En noviembre de 2020, a Ángel Restrepo se le abrió una investigación en Colombia por la presunta comisión del delito de blanqueo de activos, a raíz de una declaración ofrecida por un agente de la DEA (Agencia Antidrogas de Estados Unidos). En 2024, medios colombianos reportaron que era requerido por la Fiscalía de ese país por presuntas actividades vinculadas con el mismo delito. Restrepo también fue citado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia para que brindara información sobre crímenes cometidos por grupos paramilitares, la fuerza pública y civiles en el año 1996. En el edicto donde se notifica la decisión no se detalla si el proceso abierto contra los implicados responde a una asistencia judicial solicitada por las autoridades colombianas o si se trató de una investigación iniciada por el Ministerio Público panameño por actividades ilícitas. Contraloría restringe acceso al Scafid, pese a su discurso de transparencia Rolando Rodríguez [email protected] Juan Manuel Díaz [email protected] La institución encabezada por Anel ‘Bolo’ Flores impuso nuevas barreras al sistema que permitía seguir el rastro de contratos y pagos públicos, alegando razones de seguridad digital. “La información disponible en esta plataforma es de carácter confidencial…” Así de sencillo: lo que antes era de dominio público se convirtió en acceso restringido por órdenes del contralor de la República, Anel Bolo Flores. Se trata del Sistema de Seguimiento, Control, Acceso y Fiscalización de Documentos, también conocido como Scafid. En abierta contradicción con sus propias políticas, la Contraloría General de la República (CGR) restringió temporalmente —según informó— el uso público de esta plataforma, que permitía a cualquier ciudadano darle seguimiento a la gestión de contratos, adendas, pagos, refrendos, etc., sin necesidad de registrarse para su uso y, mucho menos, limitarlo a solo 10 consultas por día. La plataforma, que antes podía usarse sin necesidad de crear una cuenta, ahora exige el nombre completo de quien desee acceder a la información, así como su cédula y correo electrónico, una medida que se desconoce si será de carácter permanente o temporal. “Esta medida —informó en su momento la Contraloría— busca reforzar la seguridad y confidencialidad de la información, garantizando que cada consulta sea realizada únicamente por su titular”. Con ello, los ciudadanos perdían el derecho a buscar y obtener información pública, en abierta vulneración a la Ley de Transparencia. Pero esta semana, el discurso cambió. La Contraloría alegó otras razones para sus restricciones, desechando entre sus justificaciones la confidencialidad de la información. Ahora, cualquier persona puede ver la información, pero de manera controlada. Ante la consulta de este medio, la Contraloría emitió un comunicado la semana pasada en el que informó que “a partir de la fecha, para consultar el estado de documentos o trámites en su plataforma digital, disponible en la página web institucional, será necesario registrarse previamente en el sistema”. “Esta actualización —asegura la Contraloría— no limita el acceso a la información; su propósito es reforzar la seguridad y proteger los datos personales de cada usuario”. Sin embargo, contrario a lo que afirma, solo se pueden hacer 10 consultas al día en la plataforma, según pudo comprobar este medio, algo que la nota de prensa deliberadamente no informó. Además, no explica qué quiere decir con “proteger los datos personales de cada usuario”, ya que la información que ofrece la plataforma ha sido debidamente protegida para no divulgar más de lo que ordena la Ley de Transparencia de 2002, como los nombres de funcionarios permanentes o eventuales, el monto de sus emolumentos, viáticos, etc., si ese fuera el caso; información que, por lo demás, está disponible en la mayoría de los sitios web de las instituciones y empresas estatales. Hace ocho meses, la propia Contraloría instruía a los ciudadanos a usar la plataforma del Scafid para buscar y obtener la información que esta alberga. Mediante un video conducido personalmente por el director nacional de Fiscalización, Jorge Isaac Escobar, este funcionario afirmaba que el Scafid “permite rastrear una alta gama de documentos relacionados con la gestión fiscal y administrativa del Estado”. En la promoción del video sobre el uso del Scafid, la CGR se enorgullecía de que “desde2012,elSistemadeSeguimiento, Control, Acceso y Fiscalización de Documentos [Scafid] de la Contraloría General de la República ha transformado la forma en que gestionamos la información pública. Mayor control, más transparencia. ¡Un paso más hacia una gestión pública más ágil y abierta!... Continuamos fortaleciendo la protección de datos y la transparencia”, decía. La importancia de la plataforma del llamado Sistema de Seguimiento, Control, Acceso y Fiscalización de Documentos ha sido una herramienta imprescindible para que ciudadanos y medios de comunicación den seguimiento, por ejemplo, al pago de proveedores del Estado, refrendos o situaciones irregulares, como el programa de becas y auxilios económicos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) o las liquidaciones “por mutuo acuerdo” a favor de los gerentes de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa). Incluso, más recientemente,seusóparadarseguimiento al refrendo de los contratos de limpieza hospitalaria que otorgó el Ministerio de Salud (Minsa) a la polémica empresa Hombres de Blanco, Corp. Nuevas reglas El Scafid ahora está restringido y se desconoce por cuánto tiempo. La Contraloría alega que la información pública que reposa en esta plataforma se está protegiendo para que no sea blanco de la delincuencia cibernética. Asegura que la institución detectó —aunque sin dar detalles— “intentosdeataquesdefuerzabruta dirigidos a inhabilitar temporalmente la plataforma y de minería de datos, con la intención de extraer la información para posteriormente lucrar con ella, proponiendo servicios a las empresas sobre los trámites en la institución”. Pero nada lo impide ni lo prohíbe la ley. De hecho, existen empresas nacionales e internacionales que ofrecen servicios a ciudadanos, empresas y gobiernos —pagando una cuota mensual o por consulta— para tener acceso a la data pública de Aduanas, el Registro Público, el Registro Judicial, Panamá Compra e incluso al contenido de archivos digitales de medios de comunicación social, así como a la información pública que reposa en los archivos digitales de la Contraloría y del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici). Este acceso pagado facilita, en la mayoría de los casos, mejores criterios de búsqueda que los que ofrecen las instituciones estatales, incluida la plataforma del Scafid, que ahora solo permite un número limitadísimo de consultas, con lo cual la propia Contraloría obstaculiza el libre acceso a la información. Pero, con el argumento de evitar esos supuestos ataques, la institución dice que “activó sus protocolos de defensa digital, bloqueando accesos no autorizados y fortaleciendo los mecanismos de protección para asegurar la integridad de la información institucional y ciudadana de forma gratuita”, aunque limitada —habría que agregar— y con criterios de búsqueda deliberadamente poco amigables para el usuario. Incertidumbre La Contraloría también informó, en su nota de prensa, que la plataforma está activa, aunque con limitaciones, “mientras se completan las acciones necesarias para garantizar su continua funcionalidad e integridad de datos y la protección ‘total’ de su data”. La Contraloría no establece una fecha para la restitución del acceso total a la plataforma, ni siquiera una aproximada. Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama FE DE ERRORES En la edición del miércoles 5 de noviembre de 2025, en la nota titulada “La batalla final por $4,000 millones se definirá en 2026”, relacionada con el conflicto legal entre la Autoridad del Canal de Panamá y el consorcio Grupo Unidos por el Canal, se indicó que los cuatro arbitrajes han sido cerrados a favor de Panamá. Debió decir: a favor de la Autoridad del Canal de Panamá, no del país. UI UNIDAD INVESTIGATIVA #RealidadAutismo TENGA UNA RUTINA QUE INCLUYA RETOS PARA SU HIJO. #RealidadAutismo TENGA UNA RUTINA QUE INCLUYA RETOS PARA SU HIJO.
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