8A La Prensa Panamá, miércoles 5 de noviembre de 2025 los sectores sin discriminar colores ni siglas. Las ideologías ayudan a entender lo que se dice; la honestidad revela lo que realmente se hace. Por eso, mientras las etiquetas pueden ser útiles como referencia, la verdadera brújula de la acción pública debe ser el respeto a la dignidad humana, la búsqueda del bien común y —como enseñan los Diez Mandamientos— la elemental prohibición de robar. Una Asamblea Nacional lleno de creyentes en este último principio bastaría para cambiar la historia de cualquier país. En definitiva: en política, el reto no es escoger si vamos a la izquierda o la derecha en resolver los problemas de la comunidad, sino avanzar sin desviarse hacia la corrupción, la mentira o el abuso del poder. Y frente a esa tarea, la honestidad nunca pasa de moda. Conclusión personal desde la experiencia La vejez tiene un talento discreto pero poderoso: enseña a pensar sin prisa y a ver con claridad lo que realNuevo Decreto Ejecutivo para la Evaluación de Impacto Ambiental Seguridad jurídica El nuevo decreto ejecutivo propuesto por el Ministerio de Ambiente y su flamante ministro Juan Carlos Navarro constituye un freno burocrático más a la inversión y a la generación de empleo en Panamá. Aunque actualmente está sometido a consulta pública, nadie garantiza que las observaciones o modificaciones presentadas sean realmente consideradas; por lo general, no lo son. La normativa representa un retroceso preocupante para la promoción de nuevas inversiones, la generación de empleo y el crecimiento económico sostenible. Lejos de facilitar iniciativas productivas, impone cargas, plazos y riesgos que podrían ahuyentar tanto al capital nacional como al extranjero. Requisitos excesivos y tramitología contraria al desarrollo El decreto establece múltiples formalidades, estudios especializados y procesos de participación ciudadana que, si bien son importantes en el contexto ambiental, terminan magnificando la burocracia y la inseguridad jurídica. Cualquier EsIA, sin importar su categoría, requerirá consultores adscritos, foros y consultas previas, además de informes adicionales sobre cambio climático, huella de carbono y planes de compensación. Todo esto eleva los costos y extiende los tiempos de revisión hasta niveles inéditos. La “reexaminación perpetua” Uno de los aspectos más polémicos es la facultad que otorga al Ministerio de Ambiente para ordenar de oficio la reexaminación de los proyectos ya aprobados, bajo causales abiertas como “nueva información científica”, cambios tecnológicos o cualquier indicio técnico no contemplado en la aprobación inicial. Este mecanismo implica que ningún EsIA, y por tanto ningún permiso ambiental, sería definitivo. Toda inversión podría verse sujeta a nuevas revisiones, exigencias o paralizaciones administrativas, incluso por motivos políticos. En lugar de brindar certeza legal, se instauraría un escenario de incertidumbre permanente, incompatible con la lógica de negocios y desarrollo. La paradoja de la fragmentación El decreto refuerza la prohibición de fragmentar proyectos para evadir la evaluación integral, lo que en principio es correcto. Sin embargo, en la práctica panameña, el principal fragmentador ha sido el propio Estado, que en megaproyectos de infraestructura, construcción, energía y transporte ha dividido obras en fases o contratos menores para agilizar trámites. La nueva norma deja a discreción de la autoridad definir qué constituye fragmentación, sin establecer medidas correctivas cuando es el propio Estado quien incurre en esas prácticas. Un golpe a la inversión y al empleo El resultado será menos inversión privada, menos empleo y menor desarrollo. Además, muchos contratos estatales establecen que el contratista —y no la entidad pública— debe elaborar y pagar los estudios de impacto ambiental, lo que agrava la carga sobre el sector productivo. El efecto combinado de la reexaminación constante y la prohibición restrictiva de fragmentación profundiza la tramitología, afectando tanto al sector privado como al público. Panamá corre el riesgo de convertirse en un terreno hostil para la inversión responsable, sin que ello implique mejores resultados ambientales, que siguen siendo una deuda pendiente. Conclusión El país necesita un equilibrio genuino entre protección ambiental y desarrollo, con reglas claras y definitivas que limiten la discrecionalidad y promuevan el progreso económico y social con sostenibilidad. Cabe hacerse una pregunta clave: ¿cómo se alinea esta iniciativa del ministro Juan Carlos Navarro con la voluntad del presidente José Raúl Mulino de promover empleos y la iniciativa privada en Panamá? El populismo legislativo: ‘show’, redes y el alto costo para el país Pymes regulaciones costosas o cambios súbitos en precios, subsidios o beneficios. Cada nueva ley “para la gente”, sin estudio financiero ni análisis de impacto, termina restando capacidad a las PYMES para invertir, contratar o simplemente sobrevivir. A ello se suma otro fenómeno preocupante: la avalancha de leyes ambientales y regulatorias que, aunque bien intencionadas, se han vuelto un laberinto burocrático. Las normas ambientales son esenciales, pero el exceso de requisitos, permisos y auditorías está creando un entorno hostil para la instalación y operación de empresas. Se multiplican los formularios, los plazos se alargan y la inseguridad jurídica crece. Si seguimos en esa ruta, abrir un negocio en Panamá será una proeza, y la consecuencia será el estancamiento económico y el desempleo. Cuando la inversión se ahuyenta, el hambre no tarda en llegar. Otro daño enorme que está afectando a la sociedad es la invasión de miles de seudoexpertos en redes sociales, que se autoproclaman líderes, analistas o activistas, vendiendo odio y desinformación. Con discursos simplistas y emocionalmente manipuladores, alimentan el resentimiento y degradan el debate público. Las redes se han convertido en un tribunal sin jueces ni pruebas, donde lo que vale no es la verdad, sino el ruido. Así, se impone el poJustino González Araúz Reflexión sobre las etiquetas ideológicas y la ética en la política Integridad En el debate político actual, las etiquetas como izquierda, derecha o centro sirven como mapas para orientarnos en un territorio lleno de confusiones de ideas políticas. Sin embargo, la práctica demuestra que muchos actores se mueven con más ligereza —o conveniencia— de la que tales categorías admiten. Hoy existen desde los progresistas moderados hasta los conservadores modernos, pasando por quienes aseguran estar “ni a la izquierda ni a la derecha, sino hacia adelante”, fórmula que parece más un truco de mercadeo electoral que una verdadera filosofía. No faltan tampoco quienes —hartos de las etiquetas o de las sospechas que ellas generan— proclaman que la única ideología válida es la honestidad, la verdad y la ética en el servicio público. Figuras como Nelson Mandela, José “Pepe” Mujica o Jimmy Carter demostraron que la decencia en el poder no es una ingenuidad, sino una fuerza política transformadora. La corrupción, en cambio, es una ideología que se infiltra en todos mente importa. A esta altura de la vida, la política deja de ser una batalla de etiquetas y discursos, y se convierte en una pregunta sencilla: ¿cómo vivir bien sin dañar a nadie? He aprendido que el principio más sabio es también el más antiguo: no hacerle a otro lo que no quiero que me hagan a mí. Como cualquier persona, quiero vivir en paz, ganarme el pan con honestidad y ver a los demás hacer lo mismo. La convivencia se rompe cuando aparece el “juega vivo”, el que quiere aprovecharse del esfuerzo ajeno y confunde la astucia con la falta de vergüenza. Una sociedad justa no necesita héroes ideológicos, sino ciudadanos decentes. Si todos actuáramos con honradez, respeto y sentido común, la política sería una construcción sólida, y no un espectáculo de trampas y promesas vacías. La mejor política — la única que vale la pena— es la que se vive con integridad todos los días, sin necesidad de grandes discursos ni etiquetas rimbombantes. Una de las frases que más me gusta es la de Marco Tulio Cicerón, ese gran abogado de Roma: “Los hombres son como los vinos, la edad agria a los malos y mejora a los buenos”. Por eso ahora creo que la mejor ideología es ser un hombre bueno. EL AUTOR es ingeniero ambientalista. EL AUTOR es exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia. EL AUTOR es consultor empresarial, especialista en sistemas ISO, gestión ambiental y seguridad y salud ocupacional. Agustín Luna pulismo digital: se legisla por tendencias, no por evidencias. Mientras tanto, muchos activistas impulsan causas legítimas, pero sin tener que responder por su sostenibilidad económica. Viven de donaciones o fondos externos y convierten cada conflicto en una guerra mediática, sin ofrecer soluciones viables. El activismo responsable es necesario, pero el activismo espectáculo termina siendo cómplice del mismo populismo que dice combatir. En medio de todo, los más afectados son siempre los mismos: los trabajadores, emprendedores y familias que dependen de una economía funcional. El populismo no crea desarrollo, solo reparte ilusiones temporales mientras encarece la vida y destruye la productividad. Los únicos beneficiados son quienes capitalizan el ruido político y mediático en votos para sus próximas elecciones. Panamá necesita una Asamblea que legisle con evidencia, visión y responsabilidad. Cada ley debería ir acompañada de un estudio técnico de impacto económico, social y ambiental, no de un discurso para ganar seguidores. El país requiere equilibrio, no improvisación; acuerdos, no imposiciones; seriedad, no espectáculo. Porque cuando el populismo sustituye la razón, el resultado no es justicia social, sino pobreza colectiva. Y cuando los “likes” sustituyen al Estado, lo que se apaga no son las luces del hemiciclo, sino las esperanzas de un pueblo que solo pide un futuro con trabajo, estabilidad y verdad. Termina un año legislativo que nos deja mucha incertidumbre. La Asamblea Nacional se ha convertido en un escenario donde el espectáculo político y las redes sociales pesan más que la responsabilidad de legislar con rigor técnico. Proyectos sin sustento económico, leyes aprobadas sin análisis de impacto y discursos populistas se multiplican, mientras las PYMES, la inversión y la confianza empresarial se resienten. La tendencia es clara: iniciativas diseñadas para generar aplausos inmediatos o titulares atractivos, pero sin base sostenible. Un ejemplo reciente es el proyecto que propone un descuento del 25% en las pólizas de seguro de autos para conductores sin siniestros. Suena popular, pero nadie explica quién cubrirá la diferencia ni qué implicaciones tendrá para las aseguradoras o para la estabilidad del sector. De igual forma, las propuestas que amplían descuentos a jubilados o reducen tarifas de transporte sin compensación financiera son ejemplos de leyes “simpáticas” que cargan al Estado y a las pequeñas empresas con costos ocultos. El populismo legislativo tiene una consecuencia directa: castiga al motor de empleo nacional, las micro, pequeñas y medianas empresas. Estas operan con márgenes ajustados y no cuentan con reservas para soportar Figuras como Nelson Mandela, José ‘Pepe’ Mujica o Jimmy Carter demostraron que la decencia en el poder no es una ingenuidad, sino una fuerza política transformadora. Edgardo Molino Mola El populismo legislativo, alimentado por el espectáculo político y las redes sociales, está vaciando de rigor técnico las leyes panameñas y afectando a las PYMES, la inversión y la estabilidad económica.
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