3A La Prensa Panamá, miércoles 5 de noviembre de 2025 Panorama Funcionarios de la DIJ y la Fiscalía Anticorrupción han realizado allanamientos en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Veraguas, Coclé, Colón, Chiriquí, Herrera y Los Santos. Cortesía Lesión actual a fondos de la descentralización: $25.4 millones Juan Manuel Díaz [email protected] CORRUPCIÓN La cifra establecida por la Fiscalía Anticorrupción abarca investigaciones a 36 representantes y exrepresentantes de corregimiento, así como extesoreros. Aún falta por ubicar a 34 personas. Hasta ahora, la Fiscalía Anticorrupción ha establecido en $25.4 millones la lesión patrimonial objeto de investigaciones relacionadas con el manejo de fondos de la descentralización por parte de 36 representantes y exrepresentantes de corregimiento, así como extesoreros, a los que se les han formulado cargos por la presunta comisión del delito de peculado. La Fiscalía Anticorrupción tiene bajo la lupa a juntas comunales como la Belisario Porras, a la que la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) entregó fondos por la suma de $8 millones, que en su mayoría estaban destinados al Programa de Inversión Social (PDIS). Otra junta comunal que recibió grandes aportes de la AND y que es parte de la investigación de la fiscalía, es la Junta Comunal de Amelia Denis de Icaza, que recibió aportes por un monto de $5.5 millones. También la Junta Comunal de Veracruz recibió importantes aportes de la AND, ya que en la pasada administración gubernamental, la de Laurentino Cortizo (2019-2024), obtuvo recursos por un monto de $1.5 millones. Pero no solo las juntas comunales de la provincia de Panamá recibieron importantes aportes de la AND. En la provincia de Veraguas, la Junta Comunal de Boro recibió $1.2 millones para realizar obras en las comunidades. En la provincia de Colón, la Junta Comunal de Cristóbal Este obtuvo recursos por $1 millón, que también son objeto de investigación por la Fiscalía Anticorrupción. También en la costa atlántica, la Junta Comunal de Salud, un pueblo situado en la costa abajo de Colón, recibió recursos por $1.4 millones, fondos que aún no se ha establecido en qué fueron utilizados. En la provincia de Panamá Oeste, la Junta Comunal de Villa Rosario también recibió un aporte de la AND por $854 mil 457, y la de Volcán, en la provincia de Chiriquí, obtuvo recursos por $389 mil. Entre las juntas comunales que recibieron importantes aportes de la AND también se encuentran la de Juan Demóstenes Arosemena en Panamá Oeste, con $236 mil 430, y Lídice, en Capira, también en Panamá Oeste, con $288 mil 599. El Ministerio Público mantiene una lista de 70 exrepresentantes, representantes y exalcaldes investigados por peculado en el manejo de fondos del PDIS. Fuentes judiciales informaron que hasta ahora se han realizado unas 70 audiencias de imputación, aplicación de medidas cautelares y apelación ante tribunales superiores. En la mayoría de los casos se han impuesto medidas de impedimento de salida del país y notificación periódica, tras imputar cargos por peculado. La Fiscalía Anticorrupción solicitó a la Contraloría General de la República una ampliación de la auditoría realizada sobre los fondos asignados a los representantes de corregimiento para determinar los montos exactos de la lesión patrimonial ocasionada. Aún la fiscalía mantiene por ubicar a un total de 34 personas, entre representantes, exrepresentantes de corregimiento y extesoreros a quienes se les atribuyen presuntas irregularidades en el manejo de los fondos entregados por la ADN para los programas de carácter social. Por este caso, la Fiscalía Anticorrupción realizó diligencias en el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Nacional de Panamá para buscar información relacionada con una serie de denuncias realizadas en 2024 y verificar los desembolsos realizados por la AND a 70 juntas comunales y municipios que recibieron fondos del PDIS. Las primeras denuncias fueron presentadas ante el Ministerio Público por la AND en octubre de 2024 y estaban dirigidas a los manejos realizados por las juntas comunales durante el periodo 2019-2024. La investigación también se ha extendido a algunas empresas que fueron beneficiadas con contratos para la realización de obras, pero que no fueron entregadas a satisfacción o que no se concluyeron. La fiscalía rastrea cheques depositados en la banca local entregados por los representantes a nombre de juntas comunales y municipios. También el Ministerio Público está a la espera de otras auditorías solicitadas a la Contraloría General de la República sobre los fondos entregados a las juntas comunales. GRAN ESTRENO
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxMjQ5NQ==