1A La Prensa Panamá, miércoles 5 de noviembre de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Miércoles 5 de noviembre de 2025 - Año 45 - Nº 15191 Hoy por hoy Las victorias que ha obtenido la administración del Canal nos dicen mucho de las capacidades de los funcionarios que trabajan para esta importante institución de talla mundial. Nos dicen que hay profesionalismo y que los contratos para la ampliación de la vía acuática fueron bien pensados, elaborados y aplicados. En cambio, los contratos que celebra el Gobierno Central son cuestionables, y hasta, en no pocos casos, inconstitucionales. El contraste entre ambos sectores gubernamentales es revelador y apabullante: nos dice que muchos en el gobierno no hacen bien su trabajo cotidiano. Hasta ahora, el Canal ha salido mayormente victorioso en los arbitrajes que ha promovido el consorcio liderado por la empresa española Sacyr para el ensanche de la vía interoceánica. El consorcio no ha logrado probar sus alegatos y, en consecuencia, sus reclamaciones han sido mayormente desestimadas. Gracias a un buen trabajo y a los sólidos argumentos de la administración del Canal, el Estado panameño probablemente se ha ahorrado cientos o incluso miles de millones de dólares en reclamaciones. Este gobierno haría bien en consultar más y contratar técnicos y profesionales capacitados, en lugar de asignar cargos a políticos que ignoran hasta las matemáticas más básicas. La Rojita inicia su sueño mundialista ante Irlanda 4B Deportes Panorama Lo que piensa el panameño sobre la inteligencia artificial 6A Economía Proyectan exportar banano en diciembre 2B GUPC-ACP, el ligitio final entra en etapa decisiva Yolanda Sandoval [email protected] CONTENCIOSO Las audiencias del arbitraje por $4,000 millones entre la ACP y GUPC se celebrarán entre enero y marzo de 2026, en la recta final de un conflicto que comenzó hace más de 10 años. A casi una década de la inauguración del tercer juego de esclusas, el conflicto legal entre la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) —integrado por Sacyr (España), Webuild (Italia) y Jan De Nul (Bélgica)— sigue activo en tribunales internacionales. Cuatro de los cinco arbitrajes promovidos por el contratista ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI) ya concluyeron, todos mayormente favorables a la ACP. El último, conocido como el arbitraje por perturbaciones, concentra reclamos por más de $4,000 millones y fue presentado en 2021, tras una década de disputas por Salario mínimo: Conusi exige alza de 30% y Conato busca consenso La mesa del salario mínimo se instalará después del 15 de noviembre con un movimiento sindical dividido: Conusi pedirá un aumento del 30%, Conato busca consenso y los empresarios, representados por el Conep y la Apede, reclaman prudencia ante una economía que crece, pero aún no genera suficientes empleos. VEA 2A Tocumen firma contrato por $56.9 millones para rehabilitar sus dos pistas El consorcio PYCRAT, integrado por Mota-Engil y Constructora MECO, ejecutará la rehabilitación y mantenimiento de las pistas del Aeropuerto Internacional de Tocumen, proyecto esencial para extender su vida útil hasta 2040. VEA 1B Desfiles ¡Patria viva! Entre aplausos y banderas ondeantes, empolleradas, estudiantes y bandas escolares e independientes recorrieron ayer, 4 de noviembre, las calles del Casco Antiguo y vía España para conmemorar el Día de los Símbolos Patrios en los 122 años de vida republicana. La imagen, llena de color y orgullo, evoca la unión de generaciones que rinden homenaje a la Bandera, al Himno y al Escudo como emblemas de identidad nacional. Muy temprano, el presidente de la República, José Raúl Mulino, izó la bandera en el Palacio de las Garzas. VEA 5B Elysée Fernández sobrecostos, fallas técnicas y reclamos de extensión de plazos. Las audiencias están programadas del 19 de enero al 6 de febrero y del 9 de marzo al 31 de marzo de 2026. La ACP reitera que defenderá enérgicamente los intereses del país, mientras el consorcio busca revertir los fallos adversos que marcaron el litigio más prolongado en la historia del Canal ampliado. VEA 4A ‘Hubo una matanza’: el presidente Lula exige una investigación independiente www.prensa.com/bbc/
2A La Prensa Panamá, miércoles 5 de noviembre de 2025 La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz. Alexander Arosemena Mesa de salario mínimo: Trabajadores divididos y llamado a la prudencia Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] MINISTERIO DE TRABAJO A diferencia de otros años, en esta ocasión el sector trabajador llegará dividido: algunos gremios han anunciado que presentarán sus propias propuestas de aumento. La Comisión Nacional de Salario Mínimo será instalada después del 15 de noviembre, según confirmó la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz de Cedeño. En esta mesa tripartita —integrada por el Gobierno, los empresarios y los trabajadores— se revisará la escala salarial que regirá a partir de 2026. A diferencia de otros años, en esta ocasión el sector trabajador llegará dividido: algunos gremios han anunciado que presentarán sus propias propuestas de aumento, mientras otros mantienen posiciones más cautelosas frente al panorama económico del país. El debate Marcos Andrade, secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), advirtió que la discusión del nuevo salario mínimo se desarrollará en un contexto adverso para el movimiento sindical. “Estamos enfrentando a un gobierno que persigue sindicatos; el propio Presidente ha dicho que es un gobierno empresarial”, señaló. Andrade subrayó que el actual salario mínimo “no llena las expectativas de los trabajadores” y que la revisión debe considerar el costo real de la vida. “La canasta básica no puede medirse en $316, como se insiste, sino en los $430 mensuales que calculó el Minsa en 2023. A eso hay que sumar vivienda, transporte, energía eléctrica y medicamentos”, enfatizó. El dirigente recordó que, en la última revisión realizada en 2023, Conusi propuso un aumento del 30% para las grandes empresas y del 20% para las microempresas, aunque no prosperó. Añadió que una nueva propuesta debería superar ese 30% planteado hace dos años, considerando que el costo de la vida ha seguido en aumento. En esta ocasión, Andrade estará acompañado por Ariel Muñoz, del Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica, y por Alexis Pineda, del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción (Suntracs), mientras que los economistas Maribel Gordón y Jaime González actuarán como asesores técnicos de la representación obrera en la mesa del salario mínimo. La división Por su parte, Aniano Pinzón, presidente del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), afirmó que la instalación de la mesa del salario mínimo genera “mucha expectativa” debido a la coyuntura económica y a la negociación con un nuevo gobierno. Explicó que, en esta ocasión, el movimiento sindical no acudirá unido, ya que “Conusi es una central más y Conato agrupa a varias centrales”, aunque ambos coinciden en la necesidad de un ajuste. “En su momento presentaremos nuestra propuesta basada en la canasta básica y el costo de la vida”, adelantó. Pinzón añadió que Conato aspira a establecer un solo salario mínimo nacional —y no dos escalas como en el pasado—, recordando que en revisiones anteriores la organización ha planteado cifras que rondan los $1,000 mensuales. El Gobierno La ministra de Trabajo anunció que la mesa del salario mínimo se instalará con la participación de representantes de los trabajadores —entre ellos Conato y Conusi—, del sector empleador —la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá—, así como de instituciones públicas como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), el Ministerio de Salud (Minsa) y el propio Mitradel. “Vamos a establecer la mesa y escuchar a los sectores, pero no se harán giras nacionales como antes. No habrá gastos excesivos”, advirtió la ministra, quien precisó que las sesiones se extenderán por seis horas diarias. Muñoz subrayó que el país enfrenta una tasa de desempleo de dos dígitos y una economía en crecimiento “que aún no se refleja en la calle”, por lo que pidió “prudencia y sensatez” en las discusiones. Los empresarios El expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Temístocles Rosas, expresó que el sector privado espera que la próxima mesa de salario mínimo se desarrolle “con diálogo y participación”, alejada de las confrontaciones ideológicas. Señaló que el debate debe centrarse en la realidad económica de cada sector y región del país, recordando que “Panamá crece en números, pero no en generación de empleos”. A su juicio, la prioridad debe ser “prevalecer el criterio que permita crear más plazas laborales”, ya que —advirtió— “no todos los sectores pueden soportar un aumento en el salario mínimo”. En la última negociación de 2023, la mesa del salario mínimo acordó un ajuste general que elevó el promedio nacional a $636.8 mensuales. El incremento se aplicó de forma diferenciada según el tamaño y la actividad económica de las empresas: 4.5% para las pequeñas, 6% para las grandes y 7% para las compañías del sector bananero, una de las principales fuentes de empleo en las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí. El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, informó ayer que la auditoría integral de la mina Cobre Panamá, en Donoso, tomará entre cuatro y cinco meses, y que los primeros resultados podrían conocerse a inicios del próximo año. El proceso está en curso tras la aprobación del plan de gestión segura y busca evaluar la situación ambiental, legal y operativa del proyecto minero. “Después de haber aprobado el plan de gestión segura, estamos ahora en el periodo de auditoría integral. Esta debe tomar unos cuatro o cinco meses. Creo que en los primeros meses del año debemos tener los resultados que nos permitan seguir avanzando con este tema”, adelantó Moltó. Antes, desde el mes de julio, se exportaron 121 mil toneladas de concentrado de cobre almacenado en la gran mina a cielo abierto, operada en Panamá por First Quantum Minerals (FQM) e inhabilitada desde noviembre de 2023. La mina Cobre Panamá, considerada una de las mayores explotaciones de cobre del mundo, fue cerrada en 2023 a raíz de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y Minera Panamá. Esta decisión trajo consigo varias batallas legales. En este sentido, el ministro dijo que la suspensión de varios arbitrajes internacionales —uno de ellos por un monto de $2 mil millones— representa un alivio para el país y baja la tensión entre el Estado y First Quantum. La empresa encargada de la auditoría La firma SGS Panama Control Services fue seleccionada para llevar a cabo la auditoría integral de la mina Cobre Panamá luego de una licitación efectuada por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente). La contratación se tramitó mediante un procedimiento excepcional, tras la solicitud del ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, al Consejo Económico Nacional, que aprobó la petición el pasado 27 de Auditoría a la mina Cobre Panamá concluiría en primer trimestre de 2026 FIRST QUANTUM agosto. De acuerdo con los documentos en el portal Panamá Compra, el monto de la contratación es de 539 mil 791 dólares, con una duración prevista de hasta seis meses. La auditoría incluirá un diagnóstico detallado de la mina en aspectos ambientales, legales, operativos y de riesgo, y abarcará la revisión de calidad de agua, suelo, aire, vegetación y manejo de relaves mineros. SGS, filial de la multinacional suiza Société Générale de Surveillance, ya había sido contratada anteriormente para auditar las 132 mil toneladas de concentrado de cobre que quedaron en el sitio tras la declaración de inconstitucionalidad del contrato con el Estado en 2023. Contexto reciente La semana pasada, el presidente José Raúl Mulino calificó como “positivo” que el director ejecutivo de First Quantum Minerals, Tristan Pascall, planteara la posibilidad de que el Estado panameño sea propietario del mineral extraído en el proyecto Cobre Panamá, como base para negociar un nuevo acuerdo operativo. Las declaraciones de Pascall se dieron el 29 de octubre, durante una llamada con analistas financieros reportada por Bloomberg. En rueda de prensa, Mulino destacó que el diálogo con la minera avanza en un clima más constructivo: “Poco a poco hemos ido bajando el nivel de tensión con Minera Panamá; están en un proceso de reactivar la mina para los propósitos de mantenimiento. A eso se deben las ferias de empleo”, dijo el mandatario. Reyna Katiuska Hernández [email protected] Fotografía de archivo del proyecto de la canadiense First Quantum Minerals, en Donoso. EFE Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Panamá respalda a República Dominicana El Gobierno de Panamá expresó ayer su “pleno respaldo” a República Dominicana por su decisión de aplazar a 2026 la X Cumbre de las Américas, prevista a inicios de diciembre, al entender que se ha tomado en aras de “garantizar” un diálogo constructivo en el foro. “Panamá reconoce la importancia de garantizar que este foro hemisférico se realice en un ambiente idóneo, de diálogo constructivo y convivencia respetuosa entre todas las naciones del continente”, indicó un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores panameño. La Cancillería dominicana anunció el lunes que tras un “cuidadoso análisis de la situación en la región” aplazaba para 2026 la X Cumbre de las Américas, prevista a celebrarse el 4 y el 5 de diciembre próximo en Punta Cana, este del país. “En el año 2022, al momento de asumir la responsabilidad de realizar la Cumbre de las Américas, eran imprevisibles las profundas divergencias que actualmente dificultan un diálogo productivo en las Américas. [...]”, explicó un comunicado de la Cancillería dominicana. La X Cumbre de las Américas ya estaba envuelta en la polémica por la decisión del Gobierno dominicano de no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela, lo que provocó la decisión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y de su colega de Colombia, Gustavo Petro, de no asistir a la cita. CUMBRE DE LAS AMÉRICAS EFE. CIUDAD DE PANAMÁ Sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Archivo
3A La Prensa Panamá, miércoles 5 de noviembre de 2025 Panorama Funcionarios de la DIJ y la Fiscalía Anticorrupción han realizado allanamientos en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Veraguas, Coclé, Colón, Chiriquí, Herrera y Los Santos. Cortesía Lesión actual a fondos de la descentralización: $25.4 millones Juan Manuel Díaz [email protected] CORRUPCIÓN La cifra establecida por la Fiscalía Anticorrupción abarca investigaciones a 36 representantes y exrepresentantes de corregimiento, así como extesoreros. Aún falta por ubicar a 34 personas. Hasta ahora, la Fiscalía Anticorrupción ha establecido en $25.4 millones la lesión patrimonial objeto de investigaciones relacionadas con el manejo de fondos de la descentralización por parte de 36 representantes y exrepresentantes de corregimiento, así como extesoreros, a los que se les han formulado cargos por la presunta comisión del delito de peculado. La Fiscalía Anticorrupción tiene bajo la lupa a juntas comunales como la Belisario Porras, a la que la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) entregó fondos por la suma de $8 millones, que en su mayoría estaban destinados al Programa de Inversión Social (PDIS). Otra junta comunal que recibió grandes aportes de la AND y que es parte de la investigación de la fiscalía, es la Junta Comunal de Amelia Denis de Icaza, que recibió aportes por un monto de $5.5 millones. También la Junta Comunal de Veracruz recibió importantes aportes de la AND, ya que en la pasada administración gubernamental, la de Laurentino Cortizo (2019-2024), obtuvo recursos por un monto de $1.5 millones. Pero no solo las juntas comunales de la provincia de Panamá recibieron importantes aportes de la AND. En la provincia de Veraguas, la Junta Comunal de Boro recibió $1.2 millones para realizar obras en las comunidades. En la provincia de Colón, la Junta Comunal de Cristóbal Este obtuvo recursos por $1 millón, que también son objeto de investigación por la Fiscalía Anticorrupción. También en la costa atlántica, la Junta Comunal de Salud, un pueblo situado en la costa abajo de Colón, recibió recursos por $1.4 millones, fondos que aún no se ha establecido en qué fueron utilizados. En la provincia de Panamá Oeste, la Junta Comunal de Villa Rosario también recibió un aporte de la AND por $854 mil 457, y la de Volcán, en la provincia de Chiriquí, obtuvo recursos por $389 mil. Entre las juntas comunales que recibieron importantes aportes de la AND también se encuentran la de Juan Demóstenes Arosemena en Panamá Oeste, con $236 mil 430, y Lídice, en Capira, también en Panamá Oeste, con $288 mil 599. El Ministerio Público mantiene una lista de 70 exrepresentantes, representantes y exalcaldes investigados por peculado en el manejo de fondos del PDIS. Fuentes judiciales informaron que hasta ahora se han realizado unas 70 audiencias de imputación, aplicación de medidas cautelares y apelación ante tribunales superiores. En la mayoría de los casos se han impuesto medidas de impedimento de salida del país y notificación periódica, tras imputar cargos por peculado. La Fiscalía Anticorrupción solicitó a la Contraloría General de la República una ampliación de la auditoría realizada sobre los fondos asignados a los representantes de corregimiento para determinar los montos exactos de la lesión patrimonial ocasionada. Aún la fiscalía mantiene por ubicar a un total de 34 personas, entre representantes, exrepresentantes de corregimiento y extesoreros a quienes se les atribuyen presuntas irregularidades en el manejo de los fondos entregados por la ADN para los programas de carácter social. Por este caso, la Fiscalía Anticorrupción realizó diligencias en el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Nacional de Panamá para buscar información relacionada con una serie de denuncias realizadas en 2024 y verificar los desembolsos realizados por la AND a 70 juntas comunales y municipios que recibieron fondos del PDIS. Las primeras denuncias fueron presentadas ante el Ministerio Público por la AND en octubre de 2024 y estaban dirigidas a los manejos realizados por las juntas comunales durante el periodo 2019-2024. La investigación también se ha extendido a algunas empresas que fueron beneficiadas con contratos para la realización de obras, pero que no fueron entregadas a satisfacción o que no se concluyeron. La fiscalía rastrea cheques depositados en la banca local entregados por los representantes a nombre de juntas comunales y municipios. También el Ministerio Público está a la espera de otras auditorías solicitadas a la Contraloría General de la República sobre los fondos entregados a las juntas comunales. GRAN ESTRENO
4A La Prensa Panamá, miércoles 5 de noviembre de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] RECORDERIS. Ayer, mientras desfilaba con sus pertrechos y equipos de combate ante el Palacio de las Garzas, el personal del Senan se detuvo para entregar al presidente Mulino una escultura de un águila arpía tallada en madera. Aunque tal vez su valor sea tan solo simbólico, técnicamente el mandatario no debería aceptar obsequios de subalternos, asesores, contratistas ni de nadie. PURO. La representante de San Francisco, Serena Vamvas, compartió el 3 de noviembre una foto en la que aparece ataviada con una pollera mientras fuma un cigarrillo. Tal vez pensó que así proyectaba la imagen de alguien genuino y con independencia de criterio. Si fue así, parece que se equivocó. Al menos la reacción de muchos internautas en redes sociales así lo refleja. ACLARACIÓN. Hablando de cosas del 3 de noviembre, aprovechamos para precisar que el procurador Gómez Rudy sí participó en los festejos de esa fecha y ayer incluso se dejó ver en el palco presidencial. ¿Será que solo bajó su perfil para evitar a los manzanillos que nunca faltan? CHEN-CHEN. Días atrás, el ministro Felipe Chapman cuestionó “la ejecución supremamente baja del ITSE”. Sin embargo, según las cifras aportadas por la entidad, hasta junio de 2025 el ITSE registró compromisos ejecutados por el 55 % de su presupuesto, que para este año es de $69 millones. Del Meduca, en tanto, no hay cifras disponibles en su sitio web desde junio de 2024; es decir, no se conoce la ejecución presupuestaria de ese ministerio desde el cambio de gobierno. Lo único que se sabe del Meduca en la presente administración es que están desesperados por gastar una millonada en ‘laptops’. Si tanto les atrae ese tema, habrían debido designar a la actual ministra en la AIG o en Canal ampliado. GUPC está intentando ganar un arbitraje cuya reclamación sobrepasa el monto por el que se le adjudicó el diseño y construcción de las esclusas. Cortesía/ACP La batalla final por $4,000 millones se definirá en 2026 Yolanda Sandoval [email protected] CONFLICTO INTERNACIONAL El consorcio reclama cerca de $4,000 millones en el arbitraje de ‘perturbaciones’, el más grande relacionado con la ampliación del tercer juego de esclusas. La ACP le ha ganado las disputas previas. A casi una década de la inauguración del tercer juego de esclusas, el conflicto legal entre la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUP) —integrado por las empresas Sacyr (España), Webuild (Italia) y Jan De Nul (Bélgica)— sigue vivo en los tribunales internacionales, al menos por uno de los procesos más cuantiosos aún en disputa. De los cinco arbitrajes que el contratista interpuso contra la ACP ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI), cuatro ya concluyeron con laudos mayormente favorables a la administración canalera, mientras que el quinto, considerado el más grande y complejo, sigue en trámite. Cuatro arbitrajes cerrados a favor de Panamá Los primeros cuatro procesos estaban relacionados con reclamos por sobrecostos, fallas constructivas y pagos adelantados. El tribunal arbitral rechazó el reclamo por la ataguía temporal del Pacífico, donde GUPC solicitaba $194 millones y una extensión de 247 días, negando ambas pretensiones. En el arbitraje de los anticipos, determinó que el contratista debía devolver $847 millones, más $13 millones en intereses, que la ACP le había adelantado durante la ejecución del contrato. En el caso de concreto, agregados, laboratorios y fallas, el laudo fue contundente: GUPC debía pagar $271.8 millones a la ACP. Este fallo fue ratificado por la Corte de Distrito de Miami y confirmado por la Corte de Apelaciones del Circuito 11 de Estados Unidos. Finalmente, la Corte Suprema estadounidense rechazó en marzo de 2024 la apelación del consorcio, dejando el laudo en firme. En el cuarto arbitraje, sobre compuertas, mano de obra y otros reclamos, el tribunal rechazó la mayoría de las reclamaciones — por unos $671 millones— y solo dejó abierta una posibilidad condicional de hasta $34 millones, supeditada al resultado del arbitraje pendiente por “perturbaciones”. Además, el consorcio fue condenado a pagar $20.6 millones en costos y gastos legales a la ACP. ‘Perturbaciones’: la batalla final El único arbitraje activo, conocido como el de perturbaciones, concentra las mayores expectativas económicas del contratista. En este proceso, GUPC reclama cerca de $4,000 millones, alegando que diversas decisiones y condiciones impuestas durante la obra alteraron significativamente el costo y el plazo del contrato. Desde el año 2021, GUPC presentó la demanda consolidada: el llamado arbitraje de perturbaciones por un monto superior a los $3,118 millones del contrato de construcción del tercer juego de esclusas que se adjudicó en 2009. El concepto de perturbaciones es usado por los contratistas para incluir cualquier reclamo que ellos consideren que los haya afectado en el desarrollo de la obra. Pero la victoria de la ACP en el arbitraje sobre la mezcla de concreto y los agregados debilitó los pilares del reclamo por perturbaciones. Ese fallo no solo redujo las probabilidades de éxito del contratista, sino que también le otorga a la ACP mayor margen de maniobra para defender sus intereses en un proceso que podría redefinir los pagos y responsabilidades asociados con la ampliación del tercer juego de esclusas. Las audiencias de mérito están programadas del 19 de enero al 6 de febrero de 2026 y del 9 de marzo al 31 de marzo de 2026, con posibilidad de extenderse hasta el 3 de abril de 2026. La ACP ha reiterado en comunicación con La Prensa, que defenderá enérgicamente los intereses del país, manteniendo su posición de que los reclamos carecen de sustento contractual y técnico. Sacyr también perdió frente al Estado Sacyr, por su lado, también responsable de construir el tercer juego de esclusas del Canal de Panamá, presentó en 2018 una reclamación por $2,362 millones, alegando que las actuaciones de la ACP durante la licitación y ejecución del proyecto violaron el tratado bilateral de inversiones entre España y Panamá. Siete años más tarde, el tribunal arbitral rechazó estas reclamaciones, concluyendo que Sacyr no logró probar sus alegatos y que las actuaciones de la ACP no pueden atribuirse al Estado panameño, de acuerdo con información suministrada por la Presidencia de la República de Panamá la semana pasada. En los distintos arbitrajes, ya sea contra la ACP o contra el Estado panameño, las empresas —tanto en conjunto como de manera individual— no han logrado imponerse. Las reclamaciones multimillonarias del consorcio han sido en gran medida desestimadas. EFE. SAN JOSÉ, COSTA RICA En 2023, Costa Rica registró 905 homicidios, un aumento del 38% en comparación con 2022; y en 2024 hubo 880, los dos períodos con más cantidad de homicios. Archivo Costa Rica realiza operación contra cartel que enviaba droga a EUA y Europa CRIMEN ORGANIZADO Las autoridades de Costa Rica llevaron a cabo ayer la que consideran la mayor operación en la historia del país contra un grupo narcotraficante que enviaba cocaína a Europa y Norteamérica, al que han bautizado como el Cartel del caribe sur y cuyos líderes ya se encontraban detenidos con anterioridad con fines de extradición a Estados Unidos (EUA). “[...] el ‘Cartel del caribe sur’ tiene todos los componentes y características de una estructura criminal transnacional que prácticamente era la proveedora principal de toda la cocaína y la marihuana que se distribuía en el país”, declaró el subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto. Según el funcionario, este grupo criminal contaba con un brazo armado y divisiones de logística terrestre, marítima, de legitimación de capitales, de asuntos jurídicos, de tecnología y de seguridad. La investigación comenzó en 2021 y determinó que el grupo captaba cargamentos de droga para venderlos a otros en el país y que además enviaba cocaína hacia Europa y EUA. En la operación de ayer participaronn 1,200 agentes del OIJ, la Fiscalía, el Ministerio de Seguridad y policías municipales, en 64 allanamientos a propiedades en la provincia de Limón (Caribe), Puntarenas (Pacífico), en el centro del país en Cartago, San José y Alajuela, donde hasta el cierre de esta edición se habían detenido 33 sospechosos. Asimismo, los agentes habían decomisado 97 millones de colones en efectivo (unos 190,000 dólares) y 200 millones de colones (unos 400,000 dólares) en cuentas bancarias, además de propiedades y 16 vehículos. El objetivo es detener a 57 personas y decomisar artículos y bienes inmuebles valorados en aproximadamente 2,000 millones de colones (unos 4 millones de dólares), entre estos 7 casas en condominios de lujo, 40 propiedades y 73 vehículos y embarcaciones, informó el OIJ. Los líderes de esta organización han sido identificados como los hermanos costarricenses Luis Manuel Picado, alias Shock, y Jordie Picado, alias Noni, quienes se encuentran detenidos desde hace algunos meses con fines de extradición a Estados Unidos.Alias Shock fue detenido el 29 de diciembre de 2024 en Londres, Inglaterra, luego de una orden de captura internacional emitida por la Corte del Distrito Este de Texas, Estados Unidos; mientras que alias Noni fue detenido el pasado 27 de agosto en San José. La investigación inició en 2021 y desde entonces se han decomisado 13.7 toneladas de droga, principalmente cocaína y marihuana tanto en Costa Rica como en Estados Unidos y Europa; así como 68 armas de fuego, entre estas AR-15. la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. MODELO. El alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, invitó a sus colegas a seguir su ejemplo y suspender la ley seca del 2 de noviembre en sus respectivos distritos, ya que —según dijo— esta resultó ser un “taboo”. Informó que este año (lo mismo que el anterior, cuando también se eliminó la ley seca) no hubo venta clandestina, desorden ni irrespeto a los difuntos. Quizá tenga razón.
5A La Prensa Panamá, miércoles 5 de noviembre de 2025
6A La Prensa Panamá, miércoles 5 de noviembre de 2025 En el marco del Congreso de la Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia (Apanac) 2025, el investigador Samuel Robles, del Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales (Cihac-AIP), presentó los resultados de una investigación que busca esclarecer el origen de una de las tradiciones más emblemáticas de Panamá: las dianas que cada noviembre anuncian la llegada del mes. Durante su ponencia, Robles explicó que la tradición de la diana tiene raíces en la música militar francesa, utilizada originalmente para despertar a las tropas. Esta práctica se introdujo en Colombia durante el siglo XIX, en el contexto de la influencia global del ejército francés, y posteriormente llegó a Panamá en la época en que el país formaba parte de Colombia. “Panamá, al convertirse en una nación desmilitarizada a finales del siglo XIX y principios del XX, mantuvo la música como un vestigio de aquella era militar, transformándola en un símbolo de paz”, señaló Robles. “Hoy, la diana es reconocida por los panameños como una manifestación cultural propia, presente en bandas oficiales, colegios y agrupaciones independientes”. Contrario a la creencia popular que vincula muchas de estas prácticas con el legado español, la investigación de Robles demuestra que la diana tiene un origen francés documentado. Según el investigador, la Dianas de noviembre: cómo nació esta tradición con raíces francesas CULTURA primera mención conocida de este toque militar “El Rompe” data de 1625, en el manual de Duprézac, y posteriormente fue adaptada por España antes de llegar a Colombia y, finalmente, a Panamá. El estudio también evidencia que la música interpretada por los tamboreros durante el tradicional “rompe de las dianas” guarda numerosas afinidades con la diana francesa del siglo XIX. “Con esta investigación buscamos contribuir a la comprensión del origen de esta tradición y de la propia música que la acompaña”, aseguró Robles. El trabajo de investigación será publicado en 2026 en la revista Memorias, de editorial Uninorte, una publicación científica revisada por pares. Para quienes deseen acceder al artículo, Robles recomendó estar atentos a la página oficial del Cihac (cihac.org.pa) y a sus redes sociales, donde se anunciará la disponibilidad del documento. Con este estudio, los panameños podrán apreciar que una de sus tradiciones más reconocidas no solo celebra la llegada de noviembre, sino que también refleja un profundo legado histórico y cultural que conecta al país con la música militar francesa y la construcción de la identidad nacional. De esta manera, cada diana que suena en Panamá no solo anuncia la llegada de noviembre, sino que también recuerda a los panameños su historia, su cultura y la influencia de tradiciones internacionales que, con el tiempo, se convirtieron en símbolos propios de la identidad nacional. La inteligencia artificial (IA) es una rama de la informática que se enfoca en crear sistemas y programas capaces de simular la inteligencia humana, es decir, que puedan aprender, razonar, analizar información, resolver problemas y tomar decisiones de manera autónoma o asistida. iStock Encuesta revela que 7 de cada 10 panameños apoyan la IA Aleida Samaniego C. [email protected] Aleida Samaniego C. [email protected] ENCUESTA La Senacyt identifica tres desafíos clave para el desarrollo de la inteligencia artificial en Panamá: la falta de talento especializado, la limitada gestión de datos y la capacidad energética requerida para su implementación. Los primeros resultados de la encuesta aplicada por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) a 6,464 personas revelan una actitud mayoritariamente positiva hacia la inteligencia artificial (IA) entre los panameños. De acuerdo con los datos, casi 7 de cada 10 encuestados (69.4%) manifestaron una percepción favorable hacia la implementación de esta tecnología, mientras que el 30.6% restante se mostró neutral o con reservas. Las áreas donde los ciudadanos perciben mayores oportunidades de aplicación son la salud, la educación y la productividad, sectores en los que la IA podría mejorar la calidad de los servicios, optimizar procesos y ampliar el acceso al conocimiento. Además, una amplia mayoría expresó interés en aprender más sobre la IA, sus beneficios y sus posibles usos en la vida cotidiana, lo que refleja una creciente apertura hacia la innovación tecnológica en el país. Estos hallazgos forman parte del proceso de elaboración de la primera Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, una iniciativa liderada por la Senacyt en colaboración con el Instituto de Tecnología de Georgia (Georgia Tech). El objetivo de este proyecto es alinear las prioridades nacionales con las oportunidades que ofrece la IA, promoviendo el desarrollo del talento humano, la investigación científica y la adopción tecnológica en sectores estratégicos para Panamá. Según la Senacyt, la inteligencia artificial se ha consolidado como una de las tecnologías más influyentes de la historia moderna, con presencia en múltiples ámbitos de la vida cotidiana: desde los asistentes digitales y los motores de búsqueda, hasta la detección de fraudes, la gestión del transporte inteligente y la personalización de la educación. Sin embargo, este avance también plantea retos éticos, sociales y económicos que requieren una planificación responsable y una visión a largo plazo. Una estrategia nacional para el futuro En este contexto, la estrategia panameña busca definir una hoja de ruta clara que oriente el desarrollo y la adopción de la IA de manera ética, sostenible e inclusiva, aprovechando su potencial para impulsar el desarrollo nacional y fortalecer la competitividad del país. El proceso de formulación de la estrategia comprende tres fases principales: la evaluación del ecosistema, la formulación estratégica y la implementación, cada una acompañada de validaciones técnicas y multisectoriales antes de su aprobación final por el Consejo de Gabinete. Este enfoque participativo permitirá incorporar las perspectivas del gobierno, la academia, la industria y la sociedad civil, garantizando que la estrategia responda a las necesidades reales del país. Entre los pilares estratégicos identificados por la Senacyt destacan la formación, el acceso, las oportunidades y el desarrollo social, junto con aspectos éticos vinculados con la privacidad, la gobernanza, la transparencia y la democracia. La estrategia también contempla el fortalecimiento de capacidades nacionales, la creación de alianzas internacionales y el posicionamiento de Panamá como líder regional en la aplicación responsable de la IA en sectores como la salud, la logística, las finanzas, la energía, la agricultura y la ciberseguridad. No obstante, la institución reconoce que el proceso enfrenta tres desafíos críticos: la escasez de capital humano especializado, la disponibilidad y aprovechamiento de datos y la capacidad energética necesaria para el procesamiento de grandes volúmenes de información. Estas limitaciones, advierte la Senacyt, dificultan la adopción eficiente de tecnologías avanzadas y requieren acciones coordinadas entre el sector público, la academia y la empresa privada. A pesar de estos retos, la institución considera que Panamá posee un amplio potencial para el desarrollo de proyectos basados en inteligencia artificial, especialmente en áreas donde ya cuenta con ventajas competitivas y fuentes de datos relevantes. En el sector salud, por ejemplo, la IA puede apoyar la investigación biomédica y el análisis predictivo de enfermedades; en logística, contribuir a optimizar las cadenas de suministro y mejorar la eficiencia del transporte; y en energía, facilitar el uso inteligente de los recursos y promover la sostenibilidad ambiental. La ciberseguridad también ocupa un lugar prioritario dentro de la estrategia, en respuesta al acelerado crecimiento de los servicios digitales y la necesidad de proteger las infraestructuras críticas, la información gubernamental y los datos personales de los ciudadanos. La SENACYT subraya que Panamá, por su condición de economía de servicios y centro logístico internacional, debe fortalecer sus capacidades en esta materia para garantizar un entorno digital confiable y seguro. En los próximos meses, Georgia Tech presentará una propuesta estratégica que será revisada por un grupo de expertos nacionales y posteriormente validada por representantes de distintos sectores. Una vez concluido este proceso, la estrategia será sometida a una comisión especializada antes de su presentación al Consejo de Gabinete para su aprobación final. “La inteligencia artificial tiene el potencial de transformar nuestra economía y sociedad, pero requiere planificación, talento y visión país”, destacó el secretario nacional de la Senacyt Eduardo Ortega Barría, quien lidera el proceso. “Panamá debe estar preparada para aprovechar estas tecnologías de manera ética, inclusiva y sostenible”. Ortega Barría añadió que “la inteligencia artificial ha sido identificada por la Senacyt como una tecnología crítica y emergente que requiere una acción prioritaria para potenciar su impacto en la economía, la innovación y la competitividad del país. Por ello, la Estrategia Nacional de IA que estamos desarrollando prioriza una reflexión amplia y participativa; este es un paso importante para construir una visión consensuada”. Cada año, al amanecer del 3 de noviembre, la sede de la Presidencia acoge las populares dianas. Cortesía Algunos datos del investigador Formación académica: •Doctorado por la Universidad de North West. •Maestría en Música por la Universidad de Chicago. •Maestría en Música por el Conservatorio de la Universidad de Cincinnati, mediante beca Fulbright. Experiencia académica y profesional: •Profesor en la Universidad de Panamá, donde enseñó historia y teoría de la música, dirección y contrapunto, y dirigió la Orquesta Sinfónica Universitaria. •Profesor adjunto de música en Florida State University. •Colaborador con organizaciones como Orchestra of the Americas y la Asociación Nacional de Conciertos, esta última bajo su dirección durante tres años. Panorama
7A La Prensa Panamá, miércoles 5 de noviembre de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. las clases sociales o por medio de una revolución social violenta, como la historia así lo ha demostrado. Es por ello que no presto atención a los gobiernos que aseguran ser justos y culpan al anterior de toda la corrupción. Ningún cambio de ese tipo se da tan fácilmente. Estas memorias vuelven a mi mente al observar cómo ese “señor del norte” rompe el equilibrio político y económico mundial, pensando que podrá hacerlo sin consecuencias y que los beneficios obtenidos serán permanentes. También observo cómo algunas naciones muy ricas por el petróleo parecen no saber qué hacer con tanto dinero. Sobre ese desequilibrio que ocasiona el “señor del norte” ya escribí suficiente, por lo que me concentraré en esta ocasión en los otros. Con mucha sorpresa —no admiración— me entero de que Arabia Saudita está construyendo un estadio en el aire, de 350 metros de altura, para utilizarse en las olimpiadas que próximamente se realizarán en ese país. Invito al lector a ver esas imágenes e imaginar su costo. Me pregunto si la comunidad deportiva mundial en realidad necesita una estructura así, particularmente por la cantidad de deportistas pobres que participarán en dicho evento; pobreza que, en gran medida, se debe a los Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Volver a la ética pública: la urgencia moral de Panamá Valores En Panamá vivimos una paradoja dolorosa: un país con todos los recursos para alcanzar el desarrollo, pero gobernado por una clase política que ha hecho de la corrupción una cultura de poder. Las encuestas más recientes confirman lo que todos sabemos: la principal preocupación del pueblo panameño es la corrupción, porque detrás de ella se esconden la pobreza, la desigualdad y la frustración de una nación que siente que su destino le ha sido arrebatado. La corrupción no es solo un problema administrativo; es la causa estructural de nuestra desigualdad. Cada contrato amañado, cada sobreprecio, cada puesto público utilizado como botín político se traduce en menos oportunidades para el ciudadano común, en hospitales sin medicinas, en escuelas sin maestros y en comunidades condenadas al abandono. Resulta alarmante que los diputados panameños —quienes deberían ser guardianes de la ética y la legalidad— hayan votado en contra de proyectos de ley clave que buscaban precisamente combatir la corrupción. Esa votación los retrata de cuerpo entero: una Asamblea que legisla para proteger sus privilegios, no para servir al país. Aún más preocupante es que los partidos con mayor número de miembros bajo investigación por corrupción son precisamente el PRD y Realizando Metas, los mismos que hoy controlan el poder político. Esa coincidencia no es casual; refleja una estructura de impunidad que ha hecho del Estado un instrumento al servicio de intereses particulares. Panamá no saldrá adelante mientras su política siga en manos de quienes han desmantelado los valores éticos y morales del servicio público. Hoy el país parece atrapado entre dos partidos que han convertido el poder en un instrumento de impunidad. Ambos son expresión de un mismo mal: la captura del Estado por intereses personales. Pero la historia enseña que los pueblos tienen el poder de corregir su rumbo. Volver a la ética pública no es una opción; es una necesidad nacional. Sin ética no hay justicia, sin justicia no hay confianza y sin confianza no hay desarrollo. Solo cuando Panamá recupere la decencia en su vida pública podrá convertirse en un país verdaderamente próspero y digno. Panamá: un país que mueve al mundo, pero no a su gente Movilidad urbana lo los indicadores macroeconómicos, sino también el presupuesto y la salud de los hogares. Un trabajador que reside a 20 kilómetros de su lugar de empleo puede perder hasta 500 horas anuales en desplazamientos, lo que equivale a más de 2,000 dólares al año en tiempo improductivo calculado al salario mínimo. A lo anterior se añaden gastos mensuales por combustible, mantenimiento y estacionamiento, que oscilan entre 200 y 300 dólares, constituyendo así el gasto de bolsillo (OOP) asociado a la movilidad: un costo indirecto que el Estado no recauda, pero que afecta directamente a la ciudadanía. La exposición prolongada a contaminantes generados por el tráfico agrava afecciones respiratorias y cardiovasculares, y contribuye al aumento del estrés crónico. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las concentraciones elevadas de partículas finas (PM2.5) en áreas urbanas congestionadas incrementan la morbilidad en más del 10%. Además, la pérdida de tiempo repercute en las relaciones personales: el tránsito reduce en aproximadamente una hora diaria el tiempo de convivencia familiar, lo cual impacta negativamente la calidad de vida, aunque no se refleje directamente en términos económicos. El país que se frena a sí mismo A pesar de que el Canal de Panamá destaca internacionalmente por su eficiencia logística, la movilidad interna presenta importantes desafíos. El país, que facilita el tránsito expedito para el comercio mundial, enfrenta obstáculos que afectan su propio comercio local. Los retrasos en las entregas, el aumento de los costos logísticos y la pérdida de clientes por impuntualidad golpean especialmente a las pequeñas empresas. Cada congestión vial disminuye la competitividad que el Canal contribuye a fortalecer. La factura ambiental y sanitaria El tráfico contribuye con aproximadamente 700,000 toneladas adicionales de CO2 al año, lo que afecta negativamente los compromisos climáticos establecidos por el país. De acuerdo con estimaciones de la CAF y el BID, los gastos sanitarios asociados a la contaminación y al estrés vial superan los 120 millones de dólares anuales. Como consecuencia, Panamá Francisco Sánchez Cárdenas Las extravagancias del dinero y el poder Vanidad En junio de 2010 publiqué en este diario el artículo de opinión “¿Ganaste? ¿Sabes qué perdiste?”, donde creo haber demostrado la validez de algunas frases muy utilizadas, como “no hay mal que por bien no venga”, “el poder embrutece” y “de todas maneras la calavera es ñata”, entre otras. En ese escrito manifesté y sustenté que no me gustaría convertirme de pronto en multimillonario, por todo lo que perdería en otros aspectos, aunque muchos de mis lectores podrían pensar que es una posición ingenua o absurda. No conforme con ello, también publiqué el artículo “La magia está en el equilibrio”, en el que cuestiono la tendencia del ser humano a buscar el desequilibrio social a través del poder político, contrario a la materia inerte en la química, que en su comportamiento siempre busca un estado de equilibrio de fuerzas. Recuerdo igualmente cuando, en una ocasión, uno de nuestros políticos reconocidos manifestó que lo peor que le podría ocurrir a Panamá sería tener de pronto un gobierno totalmente honesto, por la gran cantidad de corruptos que existen en todos los niveles. Entiendo perfectamente esos comentarios, porque un gobierno verdaderamente popular solo será posible luego de un largo proceso depurador de todas excesivos precios del combustible. Recuerdo los justos argumentos que en los años setenta del siglo pasado presentaron los países exportadores de petróleo para justificar los aumentos en sus precios, cuando mostraban la pobreza de sus pueblos, mientras otros se hacían ricos con sus recursos naturales. Me pregunto cuáles serán los argumentos que ahora podrán utilizar para justificar esos precios. Es por ello que no dudo que sufrirán las consecuencias. Lo triste es que ese estadio antes mencionado no representa una meta, sino una etapa más de un proceso de vanidad que comenzó hace mucho tiempo y que no terminará. Recordemos todos los comentarios que originó la realización del pasado mundial de fútbol. Ahora me pregunto: ¿qué harán después? En ese mismo sentido, me impresiona enterarme de que una taza de café panameño puede costar mil dólares en Dubái. No entiendo cómo una taza de café puede tener ese precio, aunque sea un café nacional. Me complace profundamente que tengamos el café más cotizado del mundo, pero no puedo evitar incomodarme, porque somos servidores de la vanidad. Ya imagino la maquinaria publicitaria detrás de todo ello. Tengo una pequeña finca de café robusta, y no niego que procuro obtener un producto especial y exclusivo, pero no quisiera tener ese tipo de clientela, porque sé que terminaría pagándolo de alguna otra forma. Y créanme: no es envidia. Opinión EL AUTOR es exdirector de La Prensa. EL AUTOR es profesor de química de la Universidad de Panamá. EL AUTOR es neurocirujano. Carlos González de la Lastra enfrenta mayores índices de enfermedades y una significativa pérdida de tiempo productivo vinculados a estos factores. Modernidad en contradicción El país destina importantes recursos financieros al desarrollo de puertos, aeropuertos y ampliaciones que benefician la conectividad global; sin embargo, la movilidad urbana presenta rezagos significativos. La construcción de nuevas vías no constituye una solución efectiva, ya que tiende a incrementar el tráfico. Para abordar este desafío, es fundamental implementar estrategias que optimicen el flujo vehicular, tales como la coordinación de semáforos inteligentes, la flexibilización de horarios laborales, la integración de redes de autobús y metro, así como incentivos para el uso compartido de vehículos. La modernidad debe evaluarse no por la cantidad de automóviles en circulación, sino por la eficiencia en el ahorro de tiempo y la reducción de emisiones contaminantes. Una ciudad eficiente se define por su capacidad de ofrecer calidad de vida a sus habitantes sin exigir una dependencia constante del automóvil particular. Un llamado urgente De no implementarse acciones, se estima que el parque vehicular alcanzará los dos millones de automóviles en 2030, lo que duplicaría el costo asociado a la congestión. Las pérdidas derivadas de la ineficiencia superan actualmente los 2,000 millones de dólares anuales, equivalentes al 1.8% del PIB, cifra similar a los ingresos nacionales provenientes del Canal. Mientras Panamá es percibido internacionalmente como un centro de conectividad global, la población local enfrenta restricciones significativas en su movilidad interna. El tiempo, el combustible y la salud consumidos en situaciones de tráfico representan recursos nacionales desaprovechados. Cada minuto de detención urbana repercute negativamente en la economía y en la cohesión familiar. Revertir esta tendencia requiere decisiones técnicas, morales y políticas: para mantener su rol estratégico en el comercio mundial, el país debe priorizar la mejora de su propia movilidad. A finales de la década de 1980, residiendo en Altos de la Montaña, cerca del antiguo Club de Montaña y a 200 metros del Hospital San Miguel Arcángel, solía recorrer los 6.6 kilómetros hasta mi lugar de trabajo en el Complejo Hospitalario Metropolitano de la CSS en aproximadamente once minutos. Actualmente, partiendo desde la estación de peaje del corredor norte, a la altura de la avenida Martín Sosa, hasta la salida hacia la avenida de la Universidad Tecnológica, el trayecto de 5.6 kilómetros me toma entre 17 y 20 minutos en condiciones normales de tráfico, y supera los 50 minutos durante las horas pico. El desplazamiento de un barco de 300,000 toneladas por el Canal requiere aproximadamente ocho horas. El traslado de un trabajador desde La Chorrera hasta la ciudad, ida y vuelta, puede requerir un tiempo similar. Así como se amplió el Canal para optimizar el comercio internacional, resulta fundamental abordar con urgencia la crisis de movilidad, que se agrava progresivamente y se vuelve más difícil de resolver con el paso del tiempo. Esa paradoja sintetiza los principales desafíos que enfrenta la movilidad urbana en la actualidad. En 2024 se comercializaron más de 54,000 vehículos nuevos, y para 2025 se estima que la cifra superará los 58,000, influenciada principalmente por el creciente interés en automóviles de origen chino. En los últimos cinco años, el parque automotor nacional ha sumado más de 180,000 unidades, mientras que la expansión de infraestructura y transporte público no ha mantenido el mismo ritmo. Como consecuencia, recorrer distancias de seis a ocho kilómetros puede requerir hasta una hora. El costo invisible que pagan los ciudadanos La congestión vehicular impacta no soLa ostentación y el exceso se han vuelto símbolos de éxito, aunque en realidad revelan desequilibrio y vanidad. Ni las naciones más ricas escapan a esta paradoja: cuanto más acumulan, más se alejan del verdadero progreso. Sebastián Vásquez Bonilla Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. 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