8A La Prensa Panamá, lunes 3 de noviembre de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. CEDAW. Estas reformas no solo pusieron al país a la vanguardia en materia de derechos de las mujeres, sino que también crearon mecanismos legales para garantizar una respuesta judicial ante los casos de violencia de género. La introducción del femicidio como delito específico y la creación de medidas como las órdenes de protección reflejan un claro avance en el reconocimiento de la violencia de género como una cuestión de derechos humanos. Además, la incorporación de la perspectiva de género en la legislación penal permitió, al menos en el papel, que las mujeres víctimas de violencia fueran reconocidas y protegidas de manera más adecuada. Uno de los principales obstáculos para la plena implementación de la CEDAW en el ámbito penal es la falta de perspectiva de género en algunos operadores del sistema de justicia, lo que provoca que las denuncias de violencia no sean tratadas con la gravedad que requieren. La revictimización de las mujeres en los procesos judiciales sigue siendo un fenómeno recurrente, y los estereotipos de género persistentes en la sociedad panameña contribuyen a minimizar la violencia como un “problema doméstico” o privado. Asimismo, la capacitación insuficiente de jueces, fiscales y defensores públicos sobre las realidades y características de la violenLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. El Estado ordoliberal Equilibrio institucional Desde que la doctrina liberal fue sustituida por la doctrina keynesiana, que permitía al político satisfacer todos sus deseos, los Estados no han dejado de crecer, atribuirse funciones y expandir su intervención, dando paso a los llamados Estados de bienestar. Lamentablemente, estos Estados de bienestar están enfrentando la realidad de que esos deseos han tenido un alto costo para sus ciudadanos: la pérdida de las libertades individuales en nombre del bien común y la restricción de la propiedad privada en nombre de la justicia social. Solo han provocado la ruptura del orden social. Han creado un Estado que promete seguridad, pero cuyo precio ha sido la sumisión al monopolio de la fuerza. Pero ¿cómo evitar que los Estados de bienestar terminen llevándonos —por el camino de las buenas intenciones— al mismo inframundo? La respuesta quizás esté en el ordoliberalismo. Esta corriente liberal, basada en el principio de la acción humana, comprendió que la realidad de Europa tras la Segunda Guerra Mundial podía ser muy traumática si se seguía aplicando la doctrina liberal clásica. Wilhelm Röpke, Ludwig Erhard y Walter Eucken entendieron que el liberalismo se había concentrado demasiado en el orden económico, dejando de lado otros órdenes fundamentales para el equilibrio social. Así, el ordoliberalismo propuso armonizar el orden legal, el religioso, el científico y el del propio Estado. Cada uno de estos órdenes está interrelacionado y, por tanto, cada uno debe mantenerse dentro de sus límites y funciones para no afectar a los demás. Esa fue la base del llamado milagro alemán, liderado por Röpke y Erhard: un Estado ordoliberal que asumiera roles esenciales, pero que evitara el exceso de intervencionismo que distorsiona el orden económico y el legal. Erhard enfrentó una de las luchas más difíciles de la posguerra: permitir que el libre mercado prevaleciera a pesar de los grupos de presión que exigían proteccionismo e incentivos especiales. Al mismo tiempo, amplió ciertos roles del Estado para garantizar bienestar social, ofreciendo servicios públicos y apoyando la reconstrucción de la infraestructura destruida por la guerra. Panamá, para salir del camino turbulento por el que transita, donde las ideas colectivistas del Estado de bienestar ganan terreno y donde el discurso de la justicia social y el bien común está otorgando al Estado poderes que violan la propiedad y la libertad individuales, puede migrar hacia un Estado ordoliberal. Esto implicaría mantener los órdenes en equilibrio. Si bien el orden económico del país es el menos afectado, queda un trabajo profundo en el orden del Estado, que debe ser limitado y definido en sus funciones para reducir la discrecionalidad y el poder. También en el orden legal, debilitado por los grupos de presión que han capturado el Estado para su beneficio. Solo así podríamos sentar las bases de un bienestar sostenible, con igualdad ante la ley, reglas del juego claras y un Estado que no distorsione el orden legal ni el económico. Nadie dice que esa transición será fácil, pero tampoco es imposible. A pesar de mantener un rol social mediante servicios públicos y ayudas, el actual nivel de dependencia estatal —económica y social— exige un proceso de sinceramiento. Si seguimos como vamos, solo tocaremos fondo, como algunos vecinos que fueron vencidos por el colectivismo y sus falsas ideas románticas de un mundo igualitario. Quiénes y cómo están educando a nuestra juventud Ideologías realizar, sin consecuencias, futuros paros injustificados. A diario nuestros economistas repiten estadísticas del creciente desempleo en el país y del consecuente aumento del trabajo informal. También analizan la inmensa deuda pública heredada de los gobiernos anteriores, considerada imposible de pagar con la actual recaudación de impuestos, sumada a los enormes subsidios, jubilaciones especiales y botellas irrompibles, como las de la Asamblea Nacional. Creo que sería muy didáctico que acompañaran tan importantes mediciones señalando también la principal causa de este triste presente, que no es otra que el gran retroceso pedagógico al que educadores sin vocación —guiados por líderes con ideologías importadas— están boicoteando el capital laboral futuro de la patria. Igualmente interesante sería conocer estadísticas de cuántas ONG privadas realizan en el país labor social, alimentan y alojan a cientos de miles de niños o indigentes que, a diferencia de los mal llamados líderes populares, durante los desastres naturales o epidemias no salen a la calle para reconfortar a su amado pueblo ni compartir con ellos parte de sus conocidos y jugosos beneficios. ¿Cuántas veces escuchamos a esos dirigentes sindicales o maestros hablar de mayores subsidios, exigir empleos y salarios dignos y culpar de ello a la empresa privada, cuando ellos bien saben que ninRoberto Alfaro Estripeaut La justicia que aún esperan las mujeres Femicidios Transcurridas más de cuatro décadas desde la adopción de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), Panamá ha avanzado significativamente en la incorporación de principios de igualdad de género en su legislación. Sin embargo, a pesar de los avances normativos, la violencia contra la mujer sigue siendo un fenómeno persistente en el país, evidenciando que la discriminación no se erradica solo con leyes.La pregunta que surge entonces es: ¿ha logrado la CEDAW transformar efectivamente el sistema penal panameño para proteger a las mujeres de manera integral y efectiva? La ratificación de la CEDAW por parte de Panamá en 1981 significó el compromiso formal del Estado de eliminar las barreras legales que perpetuaban la discriminación de género. Uno de los logros más significativos fue la creación de un marco normativo orientado a reconocer y sancionar las distintas formas de violencia de género. A través de leyes como la Ley 38 de 2001, que estableció la creación del Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), y la Ley 82 de 2013, que tipifica el femicidio y establece medidas de protección integral a las víctimas de violencia, Panamá comenzó a adaptar su legislación penal a los mandatos de la cia de género limita la aplicación efectiva de las leyes. En los casos de femicidio, por ejemplo, el desconocimiento de los criterios específicos para calificar el delito o la falta de pruebas adecuadas en las etapas procesales puede derivar en una justicia que no responde de manera eficiente. Como instrumento internacional, la CEDAW ha sido fundamental para dar forma a la legislación penal en Panamá, pero aún queda un largo camino por recorrer. Es necesario fortalecer los mecanismos de protección para las mujeres en situación de vulnerabilidad, no solo a nivel legal, sino también en su implementación práctica. La creación de más refugios seguros, la mejora de la atención psicológica y legal a las víctimas, y la aplicación de protocolos judiciales claros y eficaces son esenciales para garantizar que las mujeres puedan acceder a la justicia de manera rápida y efectiva. Conclusión La eficaz implementación de la CEDAW no depende solo de las leyes, sino también de la voluntad política para llevar estas reformas a la práctica, de la conciencia social sobre la violencia de género y, sobre todo, de un sistema judicial comprometido con la igualdad real. Panamá aún tiene una deuda pendiente con las mujeres, y solo cuando la CEDAW sea más que una norma escrita se logrará una verdadera justicia penal para las mujeres en el país. Opinión EL AUTOR es miembro de la Fundación Libertad. EL AUTOR es abogado. EL AUTOR fue ministro de Comercio e Industrias y embajador de Panamá tanto en Washington como en Italia. José Jauregui gún gobierno produce riqueza para invertir en las necesarias obras sociales y que la principal fuente de las finanzas públicas y de empleos dignos proviene de dichas empresas privadas? También resulta un secreto a voces la estrategia de las izquierdas latinoamericanas, que circula en videos con los propósitos y propuestas ideológicas del Foro de São Paulo, iniciado por el Partido de los Trabajadores de Brasil, o del más reciente Foro de Puebla, en México, apoyado por las denominadas izquierdas del siglo XXI desde España. En sus planes destacan, como puntos relevantes, que para mantener un mayor control social de la población resulta efectivo: a) Mantener al pueblo dependiente de los favores y subsidios del poder. b) Limitar las oportunidades económicas, fomentando el alto desempleo. c) Restringir el acceso educativo de los jóvenes. Para muestra, cito palabras de líderes como Hugo Chávez o Gustavo Petro: “Cuando un pobre obtiene un título universitario y logra escalar al nivel de la clase media, lo perdemos; o si un pobre tiene éxito en algún emprendimiento y llega a ser rico, se convertirá en enemigo de nuestra causa.” Es obvio que la ignorancia y la pobreza son dos de los principales pilares en los planes de algunos líderes de izquierda, pues así impiden el progreso y evitan que los países democráticos puedan resolver los problemas de la población. Queda claro, entonces, quiénes, cómo y por qué están destruyendo la educación pública y el futuro de nuestra juventud. En un país donde la educación se encuentra en el octavo lugar de importancia en las encuestas populares, y donde los diferentes componentes del sistema educativo prefieren bajar la vara pedagógica para poder graduar a sus discípulos —sin saber redactar una carta o comprender un texto— en vez de corregir los métodos y cambiar los pensum académicos, debo concluir que así nunca podremos construir el futuro promisorio que merece nuestro país. Encubrir la incompetencia de los educadores eliminando los programas de evaluación internacional de sus estudiantes (Pruebas PISA) es una demostración más de la poca vocación e interés del magisterio nacional por lograr la necesaria reingeniería formativa. Ni siquiera manifiestan estar conscientes de ese grave problema, pues este año miles de maestros de enseñanza pública declararon otro paro ilegal, que duró 90 días, para oponerse a una ley que no afectaba sus intereses. Pero, a diferencia de otros gobiernos, por lo menos el actual advirtió —y cumplió— con no pagar el salario correspondiente a quienes no habían asistido a las aulas. Sin embargo, raudos y veloces, algunos legisladores de la patria boba, en una muestra de apoyo moral o de populismo inmoral, presentaron un proyecto de ley que les concedería un asueto adicional anual de 60 días pagados, como un nuevo derecho laboral para que puedan La CEDAW marcó un punto de inflexión en la protección de los derechos de las mujeres, pero su impacto en la justicia penal panameña aún enfrenta resistencias institucionales y culturales. Igor Batore Salazar La crisis estructural del sistema educativo panameño, la falta de vocación docente y la influencia ideológica que impide una verdadera reforma orientada al desarrollo y al mérito académico. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón † Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B.
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