3A La Prensa Panamá, lunes 3 de noviembre de 2025 Panorama Palacio de las Naciones, de Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza. UN Photo (Jean-Marc Ferré) Panamá será evaluada en materia de derechos humanos Eliana Morales Gil [email protected] EXAMEN El 5 de noviembre de 2025, Panamá será evaluado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, durante su cuarto Examen Periódico Universal sobre avances y brechas en derechos humanos. La situación de los derechos humanos en Panamá volverá a ser evaluada esta semana por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La cita está fijada para el miércoles 5 de noviembre, en Ginebra, Suiza, donde se celebrará el cuarto Examen Periódico Universal (EPU) del país. Panamá forma parte de los 14 Estados que serán revisados durante esta sesión del Consejo, que se desarrollará del 3 al 14 de noviembre. Las tres evaluaciones anteriores, efectuadas en 2010, 2015 y 2020, trazaron un mapa de los avances institucionales del país, pero también de sus deudas en materia de equidad, justicia y derechos sociales. El EPU es un mecanismo que somete a todos los Estados miembros de la ONU a una revisión periódica de su historial en derechos humanos. El proceso se apoya en tres fuentes de información: el informe presentado por el propio Estado, las observaciones de expertos independientes y organismos de la ONU, y los aportes de organizaciones civiles, académicas y comunitarias. El grupo de trabajo responsable del examen está integrado por 47 Estados, aunque cualquier país miembro u observador de Naciones Unidas puede formular preguntas y recomendaciones. Lo que ocurrió en 2020 La última revisión de Panamá se concretó el 3 de noviembre de 2020, durante el 36 periodo de sesiones del Consejo. En aquella ocasión, el país presentó sus avances bajo la conducción de la entonces ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo, quien encabezó una delegación de más de 20 funcionarios. Entre los temas que mencionaron figuraron la ejecución del Plan Estratégico de Panamá 2019-2024, la creación del llamado Consejo del Futuro y la implementación del Plan Colmena, un programa del gobierno de Laurentino Cortizo, orientado a reducir la pobreza multidimensional en 300 corregimientos. Panamá también resaltó la ratificación del Acuerdo de Escazú, la creación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, y los avances en materia de paridad de género, entre ellos, la Ley 56 de 2017 que exige un 30 % de participación femenina en juntas directivas públicas y privadas. Durante el diálogo interactivo, en el que participaron 64 delegaciones, las principales recomendaciones apuntaron a ratificar tratados internacionales sobre derechos laborales y de pueblos indígenas, prohibir expresamente la discriminación por orientación sexual o identidad de género, mejorar las condiciones carcelarias y acelerar los procesos judiciales por violencia contra mujeres y niños. La delegación panameña de 2020 La misión panameña que asistió a Ginebra estuvo conformada por representantes de las tres ramas del Estado y diversas instituciones públicas. Además de Castillo, la delegación incluyó a la entonces viceministra de Relaciones Exteriores Érika Mouynes, la viceministra de Gobierno Juana López, la magistradade la Corte Suprema Ángela Russo, y la fiscal superior Maruquel Castroverde, quien fugía como secretaria de Derechos Humanos de la Procuraduría. También participaron otros funcionarios como Sharon Sinclair de Dumanoir del Tribunal Electoral, Virginia Barreiro del Ministerio de Desarrollo Social, Elio Aparicio del Ministerio de Educación y Hady González del Ministerio de Seguridad Pública, entre otros. El grupo contó además con el apoyo del embajador Juan Alberto Castillero Correa, representante permanente de Panamá ante la ONU en Ginebra. El informe final de esa revisión fue adoptado el 6 de noviembre de 2020. Panamá aceptó la mayoría de las recomendaciones formuladas y se comprometió a fortalecer sus políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Cinco años después, y con el gobierno de José Raúl Mulino, el país vuelve ante el Consejo para rendir cuentas sobre qué tanto de aquel compromiso se transformó en resultados tangibles. El informe independiente Magaly Castillo, abogada y defensora de derechos humanos, se refirió al asunto en el artículo de opinión ‘Examen Periódico Universal de Panamá: brechas persistentes y reformas urgentes’ publicado en La Prensa recientemente. En el mismo, Castillo explica que 10 organizaciones panameñas se pusieron de acuerdo para elaborar un informe alternativo al oficial. “Representamos una diversidad de sectores comprometidos con la defensa de los derechos humanos: mujeres, niñez y adolescencia, personas con discapacidad, personas mayores, comunidades LGBTQI+, pueblos indígenas, migrantes, población afrodescendiente y defensores del ambiente, entre otros”, escribió. Castillo advierte que las brechas estructurales en materia de derechos humanos en Panamá, no solo se mantienen, sino que se agravan, afectando de forma desproporcionada a poblaciones históricamente excluidas. También sustenta que la ausencia de políticas públicas con enfoque interseccional, territorial y de no repetición impide una respuesta eficaz frente a la pobreza, la desigualdad y la exclusión social. A este panorama, añade, se suma “la corrupción sistémica que debilita las bases de la institucionalidad democrática y socava la confianza ciudadana”. “La falta de transparencia en el uso de los recursos públicos y la limitada inversión en sectores clave perpetúan condiciones de inequidad y restringen el acceso real a los derechos fundamentales”, manifiesta.
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