1A La Prensa Panamá, domingo 2 de noviembre de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Domingo 2 de noviembre de 2025 - Año 45 - Nº 15188 Hoy por hoy Este Día de los Difuntos, mientras miles de familias honran a sus desaparecidos seres queridos, la realidad golpea con fuerza en los distritos más poblados del país: Panamá y San Miguelito, que ya casi no tienen espacio para las sepulturas. La falta de planificación urbana y la alta morosidad acumulada durante años han llevadoaloscementeriosmunicipales al borde del colapso. No se trata solo de cifras ni de trámites; hablamos de un deber básico del Estado y de los municipios: asegurar lugares dignos para la memoria y el descanso final. Este problema, que se visibiliza en estos dos distritos por la elevada tasa de pobladores, no es exclusivo. Hay decenas de distritos en el interior del país donde este problema es tan grave como en el área metropolitana. Las autoridades han anunciado ampliaciones, digitalización de registros y proyectos de cremación, pero estas acciones llegan tarde frente al crecimiento demográfico y urbano. Los municipios deben trabajar con la comunidad, fomentar la cultura de pago y anticiparse, no reaccionar cuando el terreno ya no alcanza. Planificar dónde descansarán nuestros seres queridos es un acto de respeto, humanidad y responsabilidad pública. Ellas .pa La colección de Annie Chajín presentada 5B Michael Amir Murillo vuelve a brillar con gol en el Marsella 1B Deportes Análisis Río bajo fuego: el crimen organizado y el riesgo político 4A Panorama La votación del presupuesto y la oposición 5A Morosidad y falta de espacio para los difuntos Yaritza Mojica [email protected] SEPULTURAS La saturación en los cementerios y la deuda acumulada, ha obligado a los municipios a ejecutar exhumaciones. Los cementerios del distrito de Panamá alcanzaron su capacidad máxima con 29,935 espacios ocupados, mientras en San Miguelito apenas quedan menos de cinco tumbas disponibles y la morosidad supera los $900,000. Ante la saturación y la deuda acumulada, ambos municipios han comenzado o se preparan para ejecutar exhumaciones por falta de pago y acelerar proyectos de ampliación y modernización para evitar un colapso en el sistema funerario público. En la capital, la alcaldía planea nuevas bóvedas y cinerarios en Juan Díaz, Pacora y Chilibre a partir de 2026, además de digitalizar su inventario para mejorar la cobranza. En San Miguelito, donde el 78% de los arrendatarios está moroso, iniciarán este mes las exhumaciones de restos con deudas desde 2010 y avanzan con obras por al menos $200 mil para ampliar el cementerio municipal. La crisis revela una falla de planificación que exige acción sostenida y corresponsabilidad comunitaria para garantizar espacios dignos de despedida y memoria. VEA 6A BID presta $350 millones para financiar presupuesto El Consejo de Gabinete autorizó un préstamo de $350 millones del BID para financiar el presupuesto 2025 y “otras vigencias”. El Ministerio de Economía y Finanzas aclaró que estos fondos se usarán exclusivamente para el déficit fiscal y no para los $966 millones destinados al nuevo sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social. VEA 5A FINANZAS PÚBLICAS Flujo de compradores extranjeros impulsa el sector inmobiliario panameño BIENES RAICES Alex E. Hernández V. ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] El sector inmobiliario panameño recuperó dinamismo en 2025 gracias a la llegada de compradores extranjeros, especialmente colombianos, venezolanos y estadounidenses, que adquieren propiedades por encima de $300 mil. Entre julio de 2024 y julio de 2025 se emitieron al menos 500 certificados de inversionista calificado por un monto superior a $100 Los compradores demandan propiedades en la capital. Archivo Los escándalos y la gestión del exalcalde de San Miguelito Héctor Valdés Carrasquilla, exalcalde de San Miguelito, acumula una serie de casos en sus tres periodos: contratos cuestionados, morosidad en pagos a la CSS, falta de transparencia y denuncias archivadas por la justicia. VEA 2A millones, impulsados por la estabilidad del país y los beneficios del programa de residencia para inversionistas. El interés se concentra en la ciudad capital y en destinos turísticos como Boquete, Pedasí, Playa Venao y Coronado. La Expo Inmobiliaria Acobir 2026 proyecta superar los $80 millones en transacciones, lo que muestra optimismo ante la entrada en vigor del nuevo régimen de intereses preferenciales. VEA 7A Hito en construcción del Cuarto Puente Vaciado de concreto en fundación Al menos 120 trabajadores participan en el vaciado de 1,600 metros cúbicos de concreto para la fundación de la torre principal este del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá. Se trata de una estructura de 186 metros diseñada para soportar el peso total del puente y garantizar su durabilidad por 100 años. Actualmente laboran en la obra 1,500 trabajadores, pero puede llegar a 3 mil. VEA 6A Isaac Ortega
2A La Prensa Panamá, domingo 2 de noviembre de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Eliana Morales Gil [email protected] Los jóvenes afrontan el ‘adultocentrismo’ y el ‘tokenismo’ como barreras para su inclsión política real. Imagen generada con IA Partidos panameños frenan la renovación ELECCIONES INTERNAS Hablan de “renovación”, de abrir paso a los jóvenes, de modernizar las estructuras. Pero la realidad política panameña demuestra lo contrario: los partidos siguen bajo el control de las mismas figuras que los dominan desde hace décadas. La paradoja se acentúa cuando se contrasta la fuerza del voto joven con su escasa presencia en las directivas partidarias. En las elecciones generales del 5 de mayo de 2024, se registró una participación histórica: 77.7%. De los 3,004,083 electores habilitados, casi la mitad tenía menos de 40 años, y un 29% pertenecía al grupo de los que tienen entre 18 y 30 años. Pero esa energía electoral apenas se refleja en los espacios de decisión. Las estructuras internas continúan dominadas por veteranos, muchos de ellos con décadas en el poder, que retienen los puestos clave y relegan a las nuevas generaciones a un segundo plano. ‘Adultocentrismo’ Un estudio de IDEA Internacional sobre juventud y política advierte que este fenómeno no es exclusivo de Panamá: en toda América, las personas jóvenes enfrentan “numerosas barreras” para ejercer influencia dentro de los partidos, que van desde el “adultocentrismo” en la toma de decisiones hasta el “tokenismo”, es decir, concesiones superficiales sin permitirles poder real. La consecuencia, señala el informe, es una “escasa autonomía real” de las juventudes partidarias y una reducida representación de jóvenes en candidaturas a cargos internos y puestos electivos, descripción que calza con la realidad panameña. Es así como la brecha entre el discurso de apertura generacional y la realidad de las cúpulas partidarias plantea un dilema para el pluralismo democrático. Los intentos de relevo, los nuevos rostros y los discursos frescos se diluyen frente a estructuras cerradas, donde las juventudes son relegadas a papeles simbólicos. PRD: relevo postergado y líderes reciclados El Partido Revolucionario Democrático (PRD), el más grande del país con 527,339 adherentes, es el ejemplo más visible de esa resistencia al cambio. Tras la derrota electoral de su candidato presidencial José Gabriel Carrizo, que apenas obtuvo 5.9% de los votos, hubo llamados a una “renovación profunda” del partido que gobernó hasta julio de 2024. La dirigencia anunció la renuncia voluntaria de todo el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), pero en la práctica solo se reemplazarán cinco de los nueve cargos en la elección interna del próximo 23 de noviembre. El diputado bocatoreño Benicio Robinson, presidente del partido desde 2012, mantiene su control sobre la estructura. Lo acompañan veteranos como el exrepresentante de San Francisco, Carlos Pérez Herrera; el diputado Raúl Pineda; al igual que los exdiputados Ricardo Torres y Julio Mendoza, todos parte del CEN que llevó al PRD a su peor resultado histórico. Según miembros del propio colectivo, intentan “reciclar” su liderazgo pese al rechazo interno. Entre los que sí renunciaron figuran Rubén De León, exsecretario general; el diputado Crispiano Adames, primer vicepresidente; y los exministros Doris Zapata y Rogelio Paredes. La disputa por la secretaría general promete ser intensa: compiten dos históricos torrijistas, Balbina Herrera y Pedro Miguel González. También aspira al CEN el exalcalde capitalino José Luis Fábrega. Partido Panameñista: nuevas elecciones, viejos liderazgos El Partido Panameñista, con 220,482 miembros, atraviesa una situación similar. Su presidente, José Isabel Blandón, quien, sin éxito, acompañó a Rómulo Roux, de Cambio Democrático (CD), en la fórmula presidencial para los comicios de 2024, se vio obligado a convocar elecciones luego de un fallo del Tribunal Electoral. Las nuevas autoridades del partido se escogerán en una convención que se desarrollará el 23 de noviembre, el mismo día de las elecciones del PRD. Dos nóminas se disputan el control: una liderada por el actual presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Luis Herrera, y otra por el empresario Carlos Raúl Piad. La lista de Herrera se presenta como una mezcla de juventud y experiencia, aunque incluye figuras de la vieja guardia, como Ilka Varela de Barés y Florentino Ábrego. El propio Herrera, por ejemplo, es actualmente uno de los vicepresidentes del partido. Piad, por su parte, encabeza la facción tradicional vinculada a la expresidenta Mireya Moscoso, a quien Blandón atribuye la intención de “entregar el partido” al presidente de la República José Raúl Mulino. RM: la juventud cuestiona el control remoto Incluso en Realizando Metas (RM), partido fundado por el expresidente Ricardo Martinelli y que llevó al poder a Mulino, el debate generacional también cobra fuerza. Desde su victoria, la cúpula del partido no ha mostrado intención de abrir espacios a nuevos liderazgos. El diputado del Parlamento Centroamericano, Rubén Darío Campos, miembro del colectivo, ha sido una de las voces más críticas: “Un partido no se dirige a control remoto”, dijo en clara alusión a Martinelli, actualmente asilado en Colombia para evadir su condena por blanqueo de capitales en el caso New Business. Valdés Carrasquilla fue alcalde de San Miguelito durante tres períodos consecutivos: 20042009, 2009-2014 y 2019-2024. Archivo Todos los escándalos detrás del exalcalde de San Miguelito Eliana Morales Gil [email protected] TRAYECTORIA PÚBLICA La ejecutoria del exalcalde Héctor Valdés Carrasquilla está marcada por auditorías, procesos judiciales archivados y acusaciones de malversación y clientelismo. Ahora, la Contraloría le secuestró bienes. Atrás quedaron aquellos días en que Héctor Valdés Carrasquilla, exalcalde del municipio de San Miguelito, recorría las calles del distrito bailando y saludando a la gente. Está envuelto en un nuevo escándalo: la Contraloría General de la República le secuestró bienes por más de $200 mil. Este hecho se suma a una serie de escándalos e irregularidades que caracterizaron sus tres periodos al frente de la alcaldía de San Miguelito: 2004-2009, 2009-2014 y 2019-2024. Aquí, un recuento de los casos y controversias más relevantes de su gestión: La auditoría de 2010 En 2010, durante su segunda administración, Valdés Carrasquilla enfrentó su primer escándalo financiero. Una auditoría de la Contraloría reveló que no depositaba parte del dinero recaudado en las cuentas oficiales. Faltaban $250 mil. Por este caso, se le abrió un proceso judicial. Pero, en octubre de 2010 se cambió de partido: abandonó el entonces opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) y migró al oficialista Cambio Democrático (CD). En esa época, Ricardo Martinelli (2009-2014) gobernaba el país y consolidó el transfuguismo político. Meses después, un juzgado archivó el caso. Cautelan más cuentas Otro proceso se originó a partir de presuntas anomalías en su primera administración (2004-2009). En 2012, el Tribunal de Cuentas abrió un expediente por supuestas irregularidades en el cobro de cheques de impuestos municipales durante la mencionada administración. La Corte archiva casos En 2018 se consolidó otro capítulo. En ese momento ocupaba una curul en la Asamblea Nacional en representación de CD. No obstante, le seguía el rastro de su gestión en San Miguelito. La Corte Suprema de Justicia, tribunal que investiga a los diputados, recibió varias denuncias en su contra. Una de ellas alegaba que, entre 2009 y 2014, el municipio pagó al menos $200 mil para la compra de artículos que nunca ingresaron al almacén municipal. El caso no prosperó: en 2019, la Corte rechazó la denuncia al considerar que carecía de “prueba idónea” para vincularlo con el hecho. Otros episodios Valdés Carrasquilla regresó a la Alcaldía de San Miguelito con las elecciones de 2019. En agosto de 2021, su administración quedó en la mira pública al revelarse que Ovidio Omar Tulip Castro, quien, de acuerdo con las autoridades judiciales, estaba vinculado a delitos relacionados con tráfico de drogas, figuraba en la planilla de la comuna como “promotor comunal”. Tulip fue asesinado en los estacionamientos del centro comercial Multiplaza. El entonces alcalde no explicó de forma clara esa contratación y apenas emitió un comunicado defendiendo la inclusión de personas de “riesgo social” en programas de reinserción. No publicaba la planilla Ese mismo año, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) lo sancionó Contrato dudoso En enero de 2024, la Alcaldía de San Miguelito adjudicó a la empresa privada TX Intelligence un contrato por $3 millones para la recaudación de impuestos municipales. La transacción se realizó a pesar de que el municipio contaba con su propia Dirección de Tesorería para esas funciones. La derrota y más escándalos En las elecciones de mayo de 2024, Valdés Carrasquilla buscó sin éxito la reelección. Resultó derrotado en las urnas y debió ceder el cargo a Irma Hernández, candidata de la coalición Vamos. Con la nueva administración, salieron a flote más irregularidades. En julio de 2024, personal de la Antai realizó una inspección ocular en el municipio tras denuncias de supuestos “nombramientos cashback” (una modalidad de contratación ficticia para desviar salarios). Los auditores descubrieron que se pagaban salarios a personas que no trabajaban. Además, la inspección reveló la ausencia o sustracción de documentos oficiales clave: planillas completas, registros de viáticos y gastos de representación, así como expedientes de compras. El secuestro de bienes en 2025 El capítulo más reciente en esta saga ocurrió este viernes. La Contraloría General de la República, anunció el secuestro de bienes inmuebles, vehículos, cuentas bancarias, depósitos y otros activos pertenecientes al exalcalde, hasta por $285,845.82. Una auditoría detectó inconsistencias en los ingresos municipales recaudados entre marzo y abril de 2022 en la sede que tiene el Municipio en el centro comercial Metro Mall. Los bienes secuestrados permanecerán bajo custodia de la Contraloría mientras se investiga el caso. por incumplir las normas de transparencia, pues no publicaba información pública que por ley debía estar al alcance de los ciudadanos, por ejemplo, la planilla del municipio, los gastos de representación, así como los reportes de viajes y viáticos. El alcalde se quejó diciendo que había sido “el único sancionado”, pese a que otros alcaldes tampoco publicaban datos similares. Millonaria deuda con la CSS Durante 2022 y 2023, Valdés Carrasquilla fue cuestionado por no pagar a la Caja de Seguro Social las cuotas obrero-patronales que eran descontadas a los funcionarios del municipio. Cuando la nueva alcaldesa del municipio, Irma Hernández, tomó las riendas del cargo, encontró una deuda de aproximadamente $15 millones. Parte de ese pasivo incluía un atraso en cuotas adeudadas a la seguridad social (alrededor de $4.1 millones, según registros oficiales) y otros compromisos laborales. Su retorno al PRD El 8 octubre de 2022 volvió al PRD. “Hoy regreso a mi casa, a la casa del general Omar Torrijos Herrera”, dijo Valdés Carrasquilla a los periodistas, en un acto político en Paraíso, San Miguelito. Ese día le acompañaron importantes figuras del PRD, entre ellos, José Gabriel Gaby Carrizo, quien fue vicepresidente de la República entre 2019 y 2024.
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4A La Prensa Panamá, domingo 2 de noviembre de 2025 Panorama Los trabajos de vaciado de concreto de una de las principales estructuras de fundación del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá comenzaron a ejecutarse ayer, con el vertido de hormigón del cabezal de pilotes de la Torre Principal Este (M3), ubicada en el sector de La Arenosa, en La Boca, corregimiento de Ancón. Este primer vertido masivo de concreto tendrá un volumen aproximado de 1,600 metros cúbicos, ejecutado de manera continua durante 35 a 43 horas. Para esto se utilizaron al menos 670 toneladas de acero. Su función es distribuir las cargas del puente al grupo de pilotes y transferirlas al terreno, garantizando la estabilidad estructural de la torre principal. La magnitud de este vaciado de concreto equivale al volumen utilizado para la construcción de un kilómetro de carretera de doble carril. Según el Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP), el concreto es de alta resistencia y diseñado para una durabilidad teórica de 100 años. Mario Montemayor, superintendente del consorcio CPCP, explicó que el tramo principal del proyecto cuenta con dos torres que soportarán el peso del puente. “Una en el sector oeste y una en el sector este. Entre esas dos torres cogen todo el peso del kilómetro de puente. Y esta es una torre en H. Y esta es una de las dos fundaciones de esa torre en H. En total son cuatro fundaciones masivas para las torres principales. Esta es la primera de ellas”, detalló. El superintendente añadió que estas estructuras integran los pilotes que transComienza vaciado de concreto en torre este del Cuarto Puente INFRAESTRUCTURA fieren la carga directamente a la roca del sector. Sobre la magnitud del soporte, Montemayor explicó que la distancia entre un apoyo y otro es de 465 metros, lo que concentra una enorme carga en cada fundación. El vertido del cabezal de pilotes de la Torre Principal Este (M3) es la primera de dos fases de construcción de la base de la torre. La segunda fase contempla un volumen adicional de 600 metros cúbicos de concreto, estimándose que ambas etapas se desarrollen en un período aproximado de 65 días desde la instalación del acero de refuerzo. La Torre Principal Este (M3) alcanzará una altura de 186 metros, convirtiéndose en una de las estructuras más emblemáticas del proyecto. La ejecución de este hito es considerada una de las operaciones más complejas dentro del cronograma de construcción, tanto por su volumen como por su relevancia estructural y los niveles de control requeridos. Según el titular del Ministerio de Obras Públicas (MOP), José Luis Andrade, el tamaño de esta estructura es equivalente a un edificio de 61 pisos. Precisamente en esa torre de 186 metros van a estar anclados todos los cables que soportarán los tableros de rodadura. Andrade dijo que el Gobierno sigue comprometido con la fecha de entrega fijada para octubre de 2028. Hemos avanzado un 27.3% en un año y dos meses, precisó. Durante el proceso de vaciado, se implementa un sistema de enfriamiento controlado que reduce la temperatura interna del concreto durante el fraguado, mitigando el riesgo de fisuración y garantizando mayor durabilidad e integridad estructural. Cementerio de Pueblo Nuevo, uno de los ocho que tiene bajo su administación el Municipio de Panamá. Jancarlo Mendoza Cementerios de Panamá y San Miguelito no tienen espacio Yaritza Mojica [email protected] Yaritza Mojica [email protected] DÍA DE LOS DIFUNTOS Parte del problema radica en la falta de pago de las familias que tienen espacios en los camposantos. Urge hacer ampliaciones para atender la demanda, la situación es crítica. EsteDíadelosDifuntos, miles de panameños acuden a los camposantos del país para recordar a sus seres queridos. Sin embargo, detrás de las flores, las visitas y las tradicionales limpiezas de tumbas, los municipios de Panamá y San Miguelito afrontan una crisis: la falta de espacio para nuevas sepulturas, altos niveles de morosidad y presupuestos estrechos para desarrollar los proyectos de ampliación con los que intentan evitar el colapso total de los cementerios. La situación es especialmente delicada en los distritos más poblados del país, donde los cementerios municipales operan al máximo de su capacidad, con muy pocos espacios disponibles y una creciente necesidad de inversiones en infraestructura funeraria. Es el caso del Municipio de Panamá, que tiene ocho cementerios bajo su administración —Amador (Santa Ana), Pueblo Nuevo, Juan Díaz, Concepción (Juan Díaz), Utivé y Pacora (Pacora), Alcalde Díaz y Chilibre— que se encuentran actualmente sin espacios disponibles, debido a que todos los lotes han sido ocupados. Según el inventario municipal, en total existen 29,935 espacios utilizados, distribuidos en 19,392 fosas, 5,589 bóvedas y 4,954 osarios. Con respecto a los costos anuales, el Departamento de Servicios Funerarios de la alcaldía detalló que las tarifas de arrendamiento continúan reguladas por el Acuerdo Municipal No.73 de 2011, que establece un pago anual de $30.00 para bóvedas de adultos, $10.00 para bóvedas de menores de siete años, $10.00 para fosas, osarios y “guarda-restos”, y $5.00 por cada cajita adicional. La Alcaldía también advirtió que, debido a la falta de capacidad, se están ejecutando exhumaciones por morosidad, las cuales se efectúan una vez transcurridos 30 días del vencimiento del contrato, tal como lo establece el Acuerdo Municipal No.52 de 1992, que regula el funcionamiento de los cementerios municipales. Si los restos no son reclamados en un periodo de tres meses, son trasladados a una fosa común. Actualmente, la alcaldía adelanta una reestructuración del Departamento de Servicios Funerarios, con el objetivo de digitalizar el inventario de los cementerios. Esta medida permitirá optimizar los procesos de cobro, mejorar la gestión administrativa y avanzar en la recuperación de la morosidad, de la cual todavía no se tiene una cifra consolidada. De cara a los próximos años, el Municipio de Panamá planea nuevas obras. Para la vigencia fiscal 2026, la alcaldía licitará el proyecto “Mejoramiento del Cementerio Municipal de Amador”, que cuenta con una partida presupuestaria de 48,200.87 dólares. Entre las áreas a intervenir se encuentran las oficinas administrativas, comedor, depósitos, vestidores, cuartos de restos, baños, duchas y el taller de mantenimiento. Asimismo, se anunció que a inicios de 2026 estarán disponibles nuevas criptas, osarios y bóvedas en los cementerios de Juan Díaz, Pacora y Chilibre, con el fin de ampliar la capacidad de servicio. En Juan Díaz se construirán seis módulos de cinerarios con un total de 480 espacios, además de un módulo de osarios con 104 unidades. En Pacora se edificarán 18 módulos de cinerarios, que sumarán 2,160 espacios, y seis módulos de bóvedas, que añadirán 432 nuevas unidades. En el cementerio de Chilibre se construirán cuatro módulos de cinerarios con 480 espacios, además de un Centro de Cremación, que reforzará la oferta funeraria municipal. San Miguelito tiene una morosidad histórica En tanto, en el distrito de San Miguelito, la situación tampoco es alentadora. El Municipio de San Miguelito enfrenta una morosidad superior a los 900 mil dólares en el pago de anualidades del cementerio municipal, ubicado en Ancón, en la comunidad de Chivo Chivo. Esta deuda, que se remonta al año 2010, ha limitado el mantenimiento adecuado del lugar y ha reducido drásticamente el espacio disponible para nuevas inhumaciones. Andrea Cerrud, directora de Servicios Municipales de San Miguelito, explicó que, actualmente, quedan menos de cinco espacios disponibles en el camposanto, que cuenta con 2,850 fosas ocupadas. Su extensión es de unas 20 hectáreas, de las cuales solo tres están habilitadas. Para enfrentar este panorama, el Municipio de San Miguelito aprobó el Acuerdo No.59 del 16 de septiembre de 2025, publicado en Gaceta Oficial el 2 de octubre de 2025. Esta normativa establece medidas para la reorganización del cementerio y la exhumación de restos por morosidad. Cerrud explicó que la morosidad del municipio desde 2010 ronda los $900,016. “Cuando presentamos el acuerdo ante el Concejo, la deuda era de $800 mil, pero con los nuevos reportes se sumaron más de $100 mil adicionales”, detalló. Según el acuerdo, el municipio iniciará en este mes de noviembre las exhumaciones de los restos cuyos familiares mantienen deudas desde 2010. “No se trata de una decisión reciente ni de sacar todos los restos. Vamos a empezar progresivamente con los contribuyentes más antiguos, a quienes se les ha intentado contactar durante años”, explicó la funcionaria. La directora reiteró que el objetivo es fomentar la cultura de pago entre los residentes. “El mantenimiento del cementerio se realiza con recursos municipales y el apoyo de las juntas comunales, pero con un 78% de morosidad es insostenible. Necesitamos que los vecinos se apersonen y conozcan su deuda”. Los deudores tendrán un mes para acercarse a la administración y llegar a acuerdos de pago. Terminado ese plazo, se procederá con las exhumaciones, empezando por las 150 fosas con deudas desde 2010, cuyo monto adeudado ronda los 900 dólares por persona. Paralelamente, la Alcaldía de San Miguelito lanzó en septiembre una licitación para mejoras y ampliación del cementerio, con una inversión superior a los $200 mil, que contempla la remodelación de las oficinas administrativas, la capilla, el estacionamiento y la construcción de columbarios para los contribuyentes que optan por la cremación. El plan también prevé habilitar nuevas fosas mediante el movimiento de tierra en dos o tres hectáreas adicionales del terreno. Las obras deben iniciar en diciembre de este año y extenderse entre ocho y doce meses, de manera que para enero de 2027 el proyecto esté completado. Para la directora, el objetivo es claro: “Queremos garantizar un espacio digno y ordenado para las familias de San Miguelito, pero sin el compromiso de pago de los contribuyentes, es imposible sostener el servicio”. Una realidad urgente en el Día de los Difuntos Mientras miles de familias visitan a sus seres queridos este domingo 2 de noviembre, pintan sus tumbas, llevan flores y reviven los recuerdos, las autoridades advierten que Panamá y San Miguelito se acercan a un punto crítico en la gestión de sus cementerios. Y advierten que el desafío no solo es administrativo: es un tema de memoria, tradición y respeto hacia quienes ya no están, una situación que exige decisiones rápidas y sostenidas y el compromiso de la sociedad, para garantizar que los cementerios sigan siendo espacios dignos y accesibles. En la operación de este vaciado participan unos 120 trabajadores, para garantizar la continuidad del proceso. Anel Asprilla Cementerios Fosas Bóveda Osario Total Amador 3,183 1,007 1,284 5,474 Pueblo Nuevo 2,605 0 186 2,791 Juan Díaz 2,819 4,259 2,916 9,994 Concepción 1,901 120 104 2,125 Utivé 4,997 0 81 5,078 Pacora 811 108 200 1,119 Alcalde Díaz 1,221 95 183 1,499 Chilibre 1,855 0 0 1,855 Totales 19,392 5,589 4,954 29,935 Fuente: Municipio de Panamá Cementerios Municipales en el distrito de Panamá
5A La Prensa Panamá, domingo 2 de noviembre de 2025 Panorama Pleno de la Asamblea Nacional el pasado 1 de julio. Archivo Lo que deja ver la votación del presupuesto sobre la oposición Mario De Gracia [email protected] FUERZAS POLÍTICAS La votación finalizó con 58 votos a favor del presupuesto para la vigencia fiscal 2026, mientras que obtuvo 10 en contra y hubo tres diputados que no emitieron voto. La lista completa aquí. El ánimo opositor que contagió a 37 diputados el pasado 1 de julio se esfumó entre el 27 y el 30 de octubre, los últimos días del primer periodo de sesiones ordinarias con el panameñista Jorge Herrera como presidente de la Asamblea Nacional. Uno de los puntos de quiebre más visibles fue la votación del presupuesto general del Estado para la vigencia 2026: solo 10 diputados votaron en contra. En contraposición, 58 diputados votaron a favor y tres no votaron por haberse ausentado del pleno legislativo. El presupuesto aprobado, es en su valor total, el más alto en la historia: $34,901 millones Los reclamos no tardaron en llegar en el pleno de la Asamblea. La diputada de la coalición Vamos Alexandra Brenes reclamó a sus colegas el 28 de octubre, un día después de la aprobación del presupuesto: “En esta Asamblea muchos prefieren callar para no perder un favor o una amistad con el Ejecutivo. La realidad eso me tiene cansada (...). Se aprobó el presupuesto más alto de la historia, aún así vemos morir a dos estuidantes tratando de llegar a la escuela (...). Ser oposición no es destruir. Es estar del lado de nuestra gente. Ahora me pregunto ¿cuándo es que algunos diputados pretenden ser oposición?“. Brenes fue una de las diputadas que votó en contra. De hecho, los 10 votos en contra del presupuesto fueron de la coalición Vamos, una bancada que se dividió en la votación. Otros 8 diputados de ese colectivo votaron a favor. El escenario ya se había visto en el pasado con un tema que requería definir una postura política: la reforma a la Caja de Seguro Social (CSS). Entre las razones apuntadas por Brenes para votar en contra del presupuesto, señaló privilegios para miembros de entidades públicas: millones para gastos en celulares, consultorías y vehículos de lujo que en conjunto suman más de $100 millones, sin agregar el dinero que haya causado un incremento de la planilla estatal que se ubicó en cerca de 21 mil personas. Posteriormente, Brenes fue secundada en el pleno por su colega Janine Prado, que también votó en contra. La mayoría de los 58 diputados que votaron a favor pertenecían a partidos políticos, no obstante, la bancada Seguimos, que conforman diputados del Movimiento Otro Camino (Moca), nacida del movimiento por la libre postulación, vio a tres de sus diputados votando a favor, mientras que el restante, Betserai Richards, se ausentó del pleno y no emitió voto. ¿Por qué el presupuesto? El politólogo Juan Diego Alvarado explica por qué ocurren estas fragmentaciones en temas como el presupuesto, o inclusive, la Caja de Seguro Social (CSS). Temas que define como “sustantivos”, de fondo, de ideas, o de visión de país, y no procedimentales. “Lo que vemos es que en la Asamblea tenemos diputados que pueden pertenecer a un partido político, pero a menudo actúan en su propia voluntad y no necesariamente con la línea del partido. Y eso también lo vemos que está ocurriendo en la coalición Vamos [y Seguimos]”, explica Alvarado. El escenario de los partidos políticos también está marcado de contradicciones. En el Partido Revolucionario Democrático (PRD) o el partido Panameñista, que alegaron en diferentes momentos del periodo ser oposición, finalmente se alinearon en proyectos impulsados por el Ejecutivo, particularmente el presupuesto. Pero volviendo a Vamos, Alvarado apunta que se ha visto la fragmentación “en temas que son sustantivos y no procedimentales. Es decir, no tienen que ver con contrataciones públicas, no tienen que ver con el reglamento interno de la Asamblea o con planillas; tienen que ver con una visión de lo que la economía o el Estado debería hacer. Inclusive vemos en todos los partidos bastantes diferencias en la medida en que hay alguna opinión”, de acuerdo al politólogo. En el caso de los partidos políticos, las contradicciones en las votaciones abarcan hasta temas procedimentales, y a pesar de tener estructuras políticas de toma de decisión definidas, padecen fragmentaciones. En el caso de la reforma a la CSS, votada en marzo de 2025 en la Asamblea, el resultado fue de 48 votos a favor y 23 en contra. Particularmente en Vamos, también 10 diputados votaron en contra. En los partidos políticos, hubo diputados que votaron en contra de la reforma a la CSS, pero en favor del presupuesto, por citar ejemplos. “Esto no significa un cierre en un colectivo, simplemente son dos facciones, o varias facciones, y eso no es necesariamente algo malo, puede ser algo saludable, como lo hemos visto en otros países y en otros partidos”, argumenta Alvarado. El problema de las oposiciones El analista político José Eugenio Stoute separa las aguas. Pondera esfuerzos opositores de colectivos nacidos de la libre postulación, pero separa intereses particulares. “La alianza que tomó la presidencia de la Asamblea, que era una alianza definida de oposición, se ha desmoronado. Eso es razonable, era una alianza en la que distintos, muy distintos intereses conformaron el grupo que votó a favor de Herrera” acotó el analista. “La oposición en la Asamblea se reduce al 50% de Vamos y a Moca-Seguimos, pero este último con algunos bandazos que a veces no entendemos. Pero bueno, son una oposición minoritaria que además solo se manifiesta en el tema de la lucha contra la corrupción y la reforma del reglamento”. Para Stotue, las posiciones ideológicas son malentendidas en el país. “No es un tema de ser oposición o estar con el gobierno, sino de un proyecto de país”. En eso coincidió con Alvarado. Un proyecto país requiere ideas, planes concretos, proyectos y posturas. “Es discutir, ¿va a haber un Ministerio de la Mujer o no?” , pone Alvarado como ejemplo. Otro ejemplo lo pone Stoute: “Una idea de proyecto de país significa, por ejemplo, que no se puede tolerar una situación como en la que estamos: Para algunos economistas hay entre $7,500 millones y $10,300 millones en evasión fiscal sobre la que el Ejecutivo ni la Asamblea hacen absolutamente nada por recaudar”. Tanto Alvarado como Stoute coinciden en que el problema de la oposición va más allá de las alianzas fallidas o del incumplimiento de promesas anticorrupción. La ausencia de proyectos de país, de planes y programas claros que definan qué Estado quiere construir un colectivo, afecta por igual a las nuevas fuerzas políticas como a las viejas. En la medida en que logren diferenciarse, marcarán el camino a seguir: repetir el pasado o construir algo distinto. Extracto del documento que establece las condiciones en base al programa del BID. Captura de documento Un préstamo condicionado: Los $350 millones del BID y la mejora al sistema de pensiones de la CSS FINANZAS PÚBLICAS Mario De Gracia [email protected] El préstamo que autorizó el Consejo de Gabinete el pasado 28 de octubre por $350 millones, entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para financiar el presupuesto del Estado de la vigencia 2025 y “otras vigencias”, fue condicionado a las reformas efectuadas al programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS) a través de la Ley 462 del 18 de marzo de 2025. Así consta en documentos públicos del BID, bajo el “Programa de Mejoramiento del Sistema de Pensiones de la CSS en Panamá”. Dicho programa tenía entre sus condiciones para desembolsar el préstamo, la aplicación de propuestas hechas por el banco para un nuevo sistema de pensiones, entre ellas, la creación de un Sistema Único de Capitalización Solidaría (SUCS) o el Fondo Único Solidario (FUS). No obstante, una carta que dirigió el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, a la representante país delBID,GloriaLugo–cuyafecha está censurada en los documentos públicos–, solicitaba el préstamo, inicialmente, hasta por $400 millones para apoyar financieramente el presupuesto 2025 “y otras vigencias fiscales”, basado en las condiciones incluidas por el banco en una matriz política del Programa de Mejoramiento del Sistema de Pensiones. Adicionalmente, el documento de propuesta del préstamo hacía énfasis en fortalecer la sostenibilidad fiscal del país, proteger el rating crediticio soberano y la atracción de inversión extranjera. Lo anterior, sobre la base de una reforma al sistema de pensiones. Este tipo de préstamos con condiciones son comúnes en la banca multilateral, según dijeron economistas consultados por La Prensa. Particularmente el BID detalla la modalidad de financiamiento como un “préstamo en Apoyo a Reformas de Políticas, bajo la modalidad programática”. En la página web del BID aparecen públicas las fechas en las que se cargaron los documentos. Sin embargo, los documentos públicos revisados no tienen la fecha en la que fueron intercambiados o elaborados. Entre las condiciones puestas por el banco en el programa de mejoramiento se incluye, también, un párrafo así: “El único desembolso de recursos del préstamo está condicionado al cumplimiento por parte del prestatario, a satisfacción del Banco, de las condiciones de reforma de política de conformidad con lo establecido en la Matriz de Políticas (Anexo II)”. Algunas de las propuestas del banco están catalogadas en la matriz política, a la fecha de subida del documento –el 7 de octubre de 2025–, como “cumplida 1er trimestre 2025”. Lo que refiere a su inclusión en la reforma de las pensiones. La Prensa preguntó directamente al MEF por el préstamo y su uso. En una respuesta oficial detallaron: “El desembolso de este préstamo está destinado para apoyar el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal año 2025 y otras vigencias fiscales. El Gobierno Central paga todo desde el Tesoro Nacional,todaslasentidades públicas tienen un impacto en el déficit fiscal de cada año, los fondos de los préstamos de apoyo al presupuesto general del Estado contribuyen al pago de las cuentas de todas las instituciones”. Al tiempo, la entidad aclaró que el dinero no será utilizado para financiar parte de los $966 millones que se comprometió el Estado, a través de la Ley 462, a destinar al nuevo sistema de pensiones de la CSS. La propuesta de los $966 millones también se incluía dentro de las condiciones estipuladas por el BID. “La deuda pública se contrata para financiar el déficit del Gobierno Central cada año, estos $350 millones son parte de las diferentes fuentes quefinancianelbalancefiscal del año 2025”, apuntó el MEF en su respuesta. El apoyo del BID a la consolidación de la reforma era una primera etapa de la operación. El documento de propuesta de préstamo señala que habría una segunda etapa en la que apoyará en valuaciones actuariales anuales, desarrollar un plan de gestión estratégica del Fondo Único Solidario, entre otros. A pesar de que son dos etapas, el documento de propuesta detalla que solo será un desembolso.
6A La Prensa Panamá, domingo 2 de noviembre de 2025 Panorama Manifestación contra la operación policial realizada en Río de Janeiro y en repudio al gobernador Cláudio Castro, en Sao Paulo, Brasil. EFE Río bajo fuego: el crimen organizado y el riesgo político de la región Daniel Zovatto ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] ANÁLISIS La violencia extrema en Río de Janeiro, con más de 121 muertos y un operativo sin precedentes para capturar al líder del Comando Vermelho, confirmó el avance del crimen organizado como principal amenaza a la gobernanza democrática en América Latina. La jornada de caos y violencia que vivió Río de Janeiro el pasado martes —con al menos 121 muertos, entre ellos cuatro agentes policiales, 113 detenidos y un despliegue de 2,500 efectivos— constituye una trágica confirmación de lo que advertimos, en enero pasado, en nuestro Informe de Riesgo Político América Latina 2025: el crimen organizado es la principal amenaza para la gobernanza democrática de la región. El operativo tenía como objetivo capturar a Edgar Alves de Andrade, alias Doca, jefe del Comando Vermelho (CV), el segundo grupo criminal más poderoso de Brasil y el principal de Río de Janeiro, con cerca de 30,000 hombres bajo su mando. La acción se concentró en las favelas de la Penha y del Alemão. Sin embargo, lo que comenzó como una operación de contención derivó rápidamente en enfrentamientos más propios de un conflicto armado que de un operativo policial. Uno de los principales líderes —el propio Alves de Andrade— logró escapar, y hay temor de represalias. De momento, reina una tensa calma en la ciudad, con una fuerte presencia militar y policial en las calles y controles fronterizos reforzados con los países vecinos. Se trató de la operación policial más grande en la historia de Río de Janeiro y, al mismo tiempo, de la peor masacre registrada en Brasil. El hecho fue duramente cuestionado por organismos de derechos humanos, que exigieron una investigación exhaustiva sobre el accionar de las fuerzas de seguridad. La magnitud de la violencia ocurre, además, a pocas semanas de la COP30, que Brasil organizará en Belém, y a solo un año de las elecciones generales de 2026. En este contexto, el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomó distancia del operativo, lamentando y condenando la brutalidad policial, subrayando que no había recibido ninguna solicitud de apoyo federal y recordando que la seguridad pública es competencia de los gobiernos estatales. La controversia ha intensificado la tensión entre ambos niveles de gobierno y reabierto el debate sobre qué modelo de seguridad debe adoptar Brasil —y, por extensión, América Latina—: si el enfoque de “mano dura” al estilo Bukele, basado en despliegues masivos y lógica militar, o una estrategia de mediano plazo centrada en la inteligencia, la asfixia financiera de las mafias, la inclusión social y medidas estructurales como limitar el acceso a armas, que diversos estudios recientes señalan como más sostenibles y eficaces. Poderes paralelos Pero el CV y su principal rival, el Primer Comando de la Capital (PCC), son apenas la punta del iceberg de una tendencia regional. En un número cada vez mayor de países de América Latina, el crimen organizado ya no es un fenómeno delictivo sino político: controla territorios, dicta normas locales, imparte “justicia”, recauda “impuestos” (extorsiones) y sustituye al Estado en la provisión de orden, factores que revelan el grado de erosión del monopolio estatal de la fuerza en vastas zonas urbanas y rurales latinoamericanas, así como la creciente capacidad de los grupos criminales para comportarse como “poderes paralelos” que compiten con las instituciones legítimas del Estado. Estas bandas criminales combinan el narcotráfico, el contrabando de armas, la extorsión, el transporte ilegal, la trata de personas y, cada vez más, actividades de “gobernanza criminal”: mediación de conflictos, castigos, seguridad privada y control social. Consecuencia de todo ello, ya no se trata de grupos improvisados, sino de organizaciones que cuentan con una alta sofisticación militar y tecnológica, estructuras empresariales criminales con jerarquías, franquicias, sistemas contables y presencia transnacional. Panamá, con una tasa de homicidios de 12.9 (Insight Crime 2024), no es inmune a este peligro. La provincia capital y la de Colón concentraron el 75% de los casos. Además, su ubicación estratégica entre Centro y Suramérica la convierte en un punto fundamental para actividades ilícitas, además de refugio y zona de negociaciones para organizaciones criminales: narcotráfico, lavado de dinero y trata de personas. Altísima violencia interna América Latina presenta un rasgo paradójico: combina bajísimo nivel de conflicto inter-estatal con altísimos niveles de violencia intrastatal. Según el informe ya citado de Insight Crime, 121,695 personas fueron asesinadas en 2024, lo que sitúa la tasa media de homicidios en torno a 20.2 por cada 100,000 habitantes, casi cuatro veces mayor que el promedio mundial de 5.6. Esta violencia estructural no se explica únicamente por desigualdad o pobreza: responde también a una disputa directa por el control del territorio y de las rentas ilícitas, frente a Estados débiles, fragmentados o capturados por intereses ilegales. Cuando un grupo criminal puede desafiar abiertamente al Estado con armamento pesado, coordinación táctica y capacidad de comunicación en tiempo real, estamos ante una amenaza política y estratégica, no ante delincuencia común, en la que la frontera entre seguridad pública y seguridad nacional se vuelve difusa. Impactos negativos El crimen organizado no solo amenaza la seguridad de los ciudadanos, sino también la gobernabilidad democrática, la competitividad económica y la imagen internacional de los países latinoamericanos. Socava, asimismo, la legitimidad del Estado al dejar a las comunidades más pobres en la desconfianza y el abandono; desgarra el tejido social, donde el miedo y la extorsión se vuelven parte de la rutina; y ahuyenta el turismo y la inversión, desviando recursos públicos hacia una seguridad reactiva en lugar de políticas de desarrollo. A ello se suma la creciente infiltración del dinero del narcotráfico en la política y las campañas electorales. El resultado es un círculo vicioso de descomposición institucional: Estados que no controlan su territorio, policías infiltradas, sistemas judiciales amenazados y comunidades atrapadas entre la violencia y la impunidad. Una verdadera metástasis que, según estimaciones del BID, puede reducir el crecimiento económico de los países hasta en 3.4%. Reflexión final La sangrienta experiencia que vivió Río esta semana confirma que el crimen organizado se ha convertido en el principal riesgo político y la mayor amenaza para la gobernanza democrática en América Latina; gobernanza que ya no se disputa únicamente en las urnas ni dentro de las instituciones políticas, sino también en las calles y barrios de las principales ciudades y regiones, donde el Estado es cada vez más desafiado por organizaciones criminales con alto poder de fuego y estructuras cada vez más sofisticadas. Por ello, esta tragedia no debe ser vista como un drama exclusivamente brasileño, sino como un campanazo de alerta para toda América Latina. Refleja el avance de “poderes paralelos” que operan con capacidad de veto sobre el Estado, control territorial e influencia institucional. Millones de ciudadanos viven bajo su dominio, pagando el precio más alto: la ausencia del Estado, la descomposición social, el debilitamiento de la democracia y la peligrosa normalización de la violencia como parte del paisaje cotidiano. Las democracias latinoamericanas enfrentan así una encrucijada decisiva: o son capaces de responder a esta amenaza mayúscula —con respeto irrestricto a los derechos humanos y al Estado de derecho, mediante políticas integrales, eficaces y oportunas que articulen seguridad, inteligencia, justicia social e inclusión económica—, o la región seguirá atrapada en un círculo de guerra urbana que erosiona su legitimidad, destruye su cohesión social y pone en grave riesgo su futuro democrático. El autor es director y editor de Radar Latam 360 @zovatto55 La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Resolución 218 publicada el 29 de octubre en Gaceta Oficial, ordenó el retiro y la prohibición de la comercialización de dos sustancias ampliamente utilizadas en los esmaltes de uñas semipermanentes, consideradas carcinógenas, mutágenas y tóxicas. Se trata del óxido de trimetilbenzoildifenilfosfina (TPO) y la dimetiltolilamina (DMPT). La autoridad sanitaria enfatizó la importancia de que los consumidores revisen el etiquetado de los esmaltes semipermanentes y elijan marcas que indiquen estar libres de TPO y DMPT para garantizar su seguridad. Estas dos sustancias, derivadas del petróleo y presentes en esmaltes y geles de uñas, son un “fotoiniciador” para que el gel de uña empiece a endurecerse cuando le da la luz ultravioleta y un “compuesto condicionante”, una especie de aditivo que mejora la adhesión y dureza del esmalte. El uso de esmaltes semipermanentes ha aumentado significativamente en los últimos años. Estos productos son especiales: se secan con lámparas LED de luz UV y pueden mantenerse en las uñas durante dos o tres semanas. Sin embargo, hasta ahora se desconocían los posibles riesgos asociados a componentes como el TPO y el DMPT, que se emplean para acelerar el secado del color y asegurar que el esmalte se adhiera y enduMinsa ordena el retiro de esmaltes semipermanentes tóxicos SALUD PÚBLICA rezca correctamente bajo la lámpara LED. La medida busca proteger la salud de los consumidores y prevenir los riesgos derivados de la exposición a sustancias químicas que podrían tener efectos nocivos a largo plazo. La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del Minsa recomienda a los establecimientos retirar de inmediato cualquier producto que contenga estas sustancias y enfatiza la importancia de revisar la información en las etiquetas antes de adquirir cosméticos, especialmente los relacionados con tratamientos de uñas. Además, las autoridades de salud cancelaron los registros sanitarios y los trámites de aprobación de productos que contengan estas sustancias. Desde el 1 de septiembre, la Unión Europea prohibió los esmaltes de uñas semipermanentes que contengan TPO y DMPT por considerarlos potencialmente tóxicos. En concreto, se señala que estos compuestos son cancerígenos y tóxicos a largo plazo para la fertilidad. Aleida Samaniego C. [email protected] Revise siempre los ingredientes de los esmaltes semipermanentes y evite sustancias peligrosas. iStock
7A La Prensa Panamá, domingo 2 de noviembre de 2025 Tu opinión nos interesa [email protected] &Negocios @PRENSAECONOMIA Compradores extranjeros sostienen el sector inmobiliario Compradores de Colombia, Venezuela y Estados Unidos lideran la compra de propiedades, mientras el país se prepara para la entrada en vigor en 2026 de la Ley 468 de intereses preferenciales. Panamá fue reconocido este año como el mejor destino para retirarse y establecer una segunda residencia. La conectividad, el uso del dólar y la seguridad destacan entre los atractivos del país para los compradores extranjeros. Alexander Arosemena Alex E. Hernández V. ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] En medio de la incertidumbre que generó la continuidad o no del régimen de intereses preferenciales a inicio de año, los compradores extranjeros mantuvieron a flote al sector inmobiliario panameño, al punto de que no fue hasta 2025 cuando se agotó casi en su totalidad el inventario de propiedades acumulado en los últimos años producto de la pandemia respiratoria del coronavirus (covid-19). Colombianos, venezolanos y estadounidenses son las nacionalidades de los compradores que en mayor número están llegando al país en 2025 para adquirir propiedades con precios superiores a los 300 mil dólares. Esteban Ripoli, director de la Expo Inmobiliaria Acobir que se realizará en enero próximo, indicó que la situación geopolítica en Latinoamérica, sumada al incrementodelcostodevidaenEstados Unidos y Canadá, está impulsando la llegada de compradores al país. Igualmente, destacó el beneficio que ofrece Panamá a través del programa de Inversionista Calificado, el cual otorga residencia permanente a los extranjeros que realicen inversiones directas mediante la adquisición de bienes inmuebles, inversiones en el mercado de valores panameño o depósitos a plazo fijo en entidades bancarias locales. Información del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) resalta que el 83% del total de certificados otorgados corresponde a inversiones en el sector inmobiliario. Entre julio de 2024 y julio de 2025 se aprobaron más de 500 nuevos certificados de inversionistas calificados por un monto superior a los 100 millones de dólares, lejos de los 17 millones y 55 millones de dólares reportados en 2021 y 2022, respectivamente. De acuerdo con el MICI, de los 500 certificados emitidos, 119 correspondieron a ciudadanos de Colombia, 74 a Estados Unidos, 52 a Perú, 50 a Alemania y 47 a Canadá. La presidenta de la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir), Sarita Hanono de Hamui, reconoció que los primeros meses de 2025 fue difícil para el sector inmobiliario, pero destacó que en la segunda mitad del año se ha observado mayor dinamismo y optimismo ante la entrada en vigencia, en enero de 2026, de la nueva ley de intereses preferenciales. Este nuevo régimen, establecido mediante la Ley 468, fija tasas subsidiadas según el valor de la vivienda y la región del país. En Panamá y Panamá Oeste, los préstamos hipotecarios para viviendas nuevas de hasta $50,000 tendrán un descuento máximo del 5% por ocho años; los de hasta $80,000, un 4.5% por siete años; y los de hasta $120,000, un 4% por cinco años. En Colón y el resto del país, los tramos se mantienen con ligeras variaciones: los préstamos de hasta $50,000 y $80,000 tendrán un descuento máximo del 5.5% por ocho años, mientras que las viviendas de hasta $120,000 conservarán un descuento del 4% por cinco años. La norma establece que el préstamo debe destinarse exclusivamente a la compra o construcción de una vivienda nueva y principal, y permite la cancelación anticipada sin penalizaciones, aunque el beneficio solo podrá usarse una vez. “Todos los días recibimos a extranjeros queriendo radicarse en Panamá; hay demanda por propiedades con vistas al mar y también por aquellas con enfoque turístico como inversión. Se ha hecho un trabajo por presentar al país como un destino dinámico para invertir”, destacó Hanono de Hamui. Además de la normativa que establece un régimen especial para la adquisición de viviendas nuevas, la presidenta de Acobir ve con buenos ojos el proyecto que se encuentra en la Asamblea Nacional y que busca establecer intereses preferenciales para la compra de propiedades usadas. Explicó que, como gremio, están participando en las discusiones que se han llevado a cabo y, aunque reconoció que hay puntos que deben precisarse —como el origen de los fondos que sustentarían este nuevo régimen de intereses—, destacó como positiva su posible implementación una vez aprobada y sancionada la ley. “Las expectativas son positivas para 2026. Hay temas que deben resolverse, como el incremento del salario mínimo, el cual ayudaría a un importante sector de la población a adquirir una vivienda propia. De allí la importancia de la feria Expo Inmobiliaria Acobir, que se realizará en enero próximo, porque será la primera desarrollada bajo el nuevo régimen de intereses preferenciales”, agregó Hanono de Hamui. La proyección del gremio es que la feria de enero supere los 80 millones de dólares en transacciones. Hasta la fecha, ya se han confirmado 100 expositores que presentarán alrededor de 300 proyectos inmobiliarios. Esta edición contará con tres pabellones principales: el Comercial y Logística, que reunirá proyectos y soluciones para el desarrollo de centros empresariales, bodegas y espacios industriales; el Internacional, con proyectos y oportunidades de inversión en el extranjero; y el de Lujo, dedicado a las propuestas guran entre los principales atractivos para que los extranjeros decidan comprar una segunda vivienda en Panamá. Destacó que no solo los jubilados conocidos como baby boomers están adquiriendo propiedades, sino también un número importante de personas aún activas en el ámbito laboral, que están invirtiendo en el sector inmobiliario panameño, ya sea como inversión o como un activo para su futuro retiro. “Panamá siempre destaca anualmente entre los tres primeros lugares de retiro a nivel mundial, principalmente por su cercanía y conectividad con Estados Unidos. Muchas ciudades están en la misma franja horaria, y eso es un punto positivo”, señaló el empresario, quien añadió que los residentes de las ciudades costeras y del medio oeste estadounidense son los más interesados en adquirir una segunda residencia fuera de su país, ya sea para vivir o como inversión. Precisamente, el Índice Global Anual de Jubilación 2025, realizado por International Living, ubica a Panamá como el mejor destino para retirarse, superando a Costa Rica, Portugal, Italia y España, entre otras naciones. Entre los principales atractivos destacan su régimen de visado, el bajo costo de vida en comparación con Estados Unidos y otros mercados desarrollados, así como los descuentos que otorga el país a los jubilados. Al igual que Ripoli, Orillac resaltó el interés de compradores por proyectos en Boquete y en la zona de playa de la provincia de Los Santos, pero señaló que inversionistas extranjeros también muestran interés en adquirir propiedades en comunidades planificadas, como la que se proyecta construir en el sector de Panamá Norte, en la ciudad capital. BIENES RAICES más exclusivas del mercado panameño. Además, participarán empresas complementarias del sector que ofrecerán servicios, tecnología, mobiliario y productos que fortalecen la cadena de valor de la industria inmobiliaria. Zonas de interés Ripoli señaló que los compradores extranjeros no solo están enfocados en adquirir propiedades en la ciudad capital, sino que también ha crecido el interés por otras zonas del país, como la región de Azuero —en especial Pedasí y PlayaVenao—,asícomolazona de playa en Coronado. Asimismo, mencionó que hay compradores interesados en Boquete, un destino turístico nacional con importante crecimiento en los últimos años. “Muchos compradores pasan seis meses en el país y la otra mitad del año en sus países de origen; cuando no están en Panamá, incluyen sus propiedades en el inventario para alquiler o con fines turísticos, generando fondos adicionales”, comentó. Ernesto Orillac, socio director de la firma Motta Orillac Advisors, resaltó que la conectividad del país, el uso del dólar y la seguridad fiFondos para jubilaciones, pensiones y otros beneficios Ventana fiscal Adolfo Campos Barranco economí[email protected] En nuestro ordenamiento tributario, el artículo 27 del Decreto Ejecutivo No. 170 de 1993 (DE 170/1993) establece que las asignaciones para la formación de fondos destinados al pago de jubilaciones, pensiones y otros beneficiossimilaresparalos trabajadores serán deducibles como gastos por el empleador cuando se constituyan mediante un fideicomiso creado exclusivamente con ese propósito y administrado de forma independiente al empleador por una entidad fiduciaria debidamente autorizada y regulada. En estos casos, la porción que será considerada como gasto deducible por los aportes anuales no podrá exceder del 10% del ingreso bruto anual del trabajador. También los trabajadores podrán realizar, por su propia cuenta, aportes a estos planes de jubilaciones, pensiones y otros beneficios. Dichos aportes, que son deducibles para los trabajadores, no podrán exceder del 10% de su ingreso bruto anual o de la suma de quince mil balboas ($15,000.00), el valor que resulte menor. Esta deducción es adicional a las que enumera el artículo 709 del Código Fiscal (CF), aplicable tanto para personas asalariadas como no asalariadas, tal como tratamos en la Ventana Fiscal del 19 de octubre del presente año. La persona beneficiaria deberá pagar el Impuesto sobre la Renta (ISR) sobre los aportes realizados al fondo, ya sea al momento de recibirlo en su totalidad o cuando comiencen a efectuarse los pagos periódicos. Por su parte, el artículo 708, literal o) del Código Fiscal establece que las sumas que reciban los beneficiarios de fondos de jubilaciones, pensiones y otros beneficios, al EMBALSE GATÚN EMBALSE ALHAJUELA 87.94 pies 243.82 pies Nivel de aguas mínimo - 75 pies Nivel de aguas mínimo - 190 pies 77 83 87 195 205 215 Infografía: LP - Fuente: ACP Niveles de lagos afluentes del Canal momento de iniciarse los pagos periódicos y conforme al plan de retiro suscrito, constituyen renta exonerada del ISR. Lo anterior se encuentra reglamentado en el artículo 13 del Decreto Ejecutivo No. 170 de 1993, que dispone que estarán exoneradas las sumas que reciba el trabajador del fondo de jubilaciones y pensiones a que se refiere la Ley 10 de 16 de abril de 1993 (por la cual se establecen incentivos para la formación de fondos para jubilados, pensionados y otros beneficios), siempre que la terminación de la relación laboral se deba a la jubilación o al retiro por licencia indefinida del trabajador. Es decir, las sumas que reciban los beneficiarios de estos fondos, conforme a la Ley mencionada, estarán exoneradas enelmomentoenquese empiecen a recibir los pagos periódicos del fondo, de acuerdo con el plan de retiro suscrito. ¡Feliz noviembre, mes de la patria! El autor es abogado especializado en materia tributaria.
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