7A La Prensa Panamá, jueves 30 de octubre de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. EPU: brechas persistentes y reformas urgentes Derechos humanos El próximo 5 de noviembre de 2025, Panamá será evaluado en el cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Este mecanismo, vigente desde 2006 por mandato de la Asamblea General, constituye un espacio clave de diálogo entre Estados, así como una herramienta para la revisión crítica del cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos. En esta sesión, el Estado panameño deberá rendir cuentas sobre los compromisos asumidosdurantesuúltimaevaluación,realizada en noviembre de 2020. En aquel momento, Panamá aceptó una serie de recomendaciones que, en teoría, debieron traducirse en avances concretos. El EPU no solo mide el Contralor, puertos y lluvia de maletines Sector logístico Luego, en el gobierno de Martín Torrijos, se expidió el Decreto 58 de 2005, mediante el cual se derogaba la resolución de equiparación. Pero ese decreto —que no fue publicado en Gaceta Oficial, al redactarse que entraba en vigor desde su aprobación y no desde su promulgación— no incluyó la reviviscencia de las cláusulas 2.3.1 y 2.3.2 originales, las cuales habrían obligado a PPC a retomar de inmediato los pagos millonarios eliminados en el gobierno de Moscoso. Por ello, sería entendible, aunque injustificable, la no publicación del Decreto 58, para que nadie advirtiera semejante desatino. A raíz de un recurso de nulidad presentado ante la Sala Tercera de la Corte por algunos diputados contra la resolución de equiparación, PPC incorporó en el expediente una copia autenticada del Decreto 58 de 2005 que eliminaba dicha equiparación, con el aparente propósito de que se decretara la sustracción de materia, lo que efectivamente ocurrió. Sin embargo, aunque a primera vista parecería que a PPC no le convenía que se declaraJulio Ernesto Linares Franco Opinión LA AUTORA es abogada y defensora de derechos humanos. EL AUTOR es abogado. Magaly Castillo ra ilegal la resolución, en realidad no perdía nada: el decreto expedido por Torrijos no incluyó la figura de la reviviscencia, por lo que los efectos de la equiparación se mantenían, al no recibir el Estado los millones sustraídos con dicha medida. PPC perdía poco o nada, y la sustracción de materia eliminaba el riesgo de que la Sala Tercera, al fallar la ilegalidad, incluyera la reviviscencia que el Decreto 58 omitió. El contralor ha dicho que Panamá debió recibir 1,337 millones de dólares por los contratos suscritos sobre los puertos de Balboa y Cristóbal, pero que solo ingresaron 483 millones, lo que causó un perjuicio de 854 millones. Este monto correspondería, aproximadamente, a lo que el país habría recibido entre 2002 —cuando se expidió la resolución de equiparación— y 2021 —al momento de la renovación—, si se hubiesen mantenido vigentes las cláusulas 2.3.1 y 2.3.2 del contrato original. Dichas cláusulas establecían el pago de una anualidad fija de 22.2 millones de dólares, revisable cada cinco años, y el 10% de las ¿Por qué el contralor de la República afirmó que en la concesión de los puertos “los maletines llovían”? No dio detalles específicos, pero dijo que eso lo sabe “todo el mundo” y añadió que el contrato es “leonino”, recordándonos algunos hechos. No olvidemos que en el año 2002 se otorgó una equiparación a la empresa Panamá Ports Company (PPC), bajo el gobierno de Mireya Moscoso, a través de la Resolución 14 de 2002 del Ministerio de Comercio, por la cual se enmendó el Contrato Ley de 1997, exonerando a la empresa del pago de varios millones de dólares anuales entre 2002 y 2021. entradas brutas provenientes de todas las fuentes de ingreso de PPC en los puertos. Ingresos millonarios e importantes para el Estado desaparecieron con la equiparación de Moscoso y con la falta de reviviscencia en el decreto de Torrijos. Sin mencionar nombres, el contralor se refirió a funcionarios “malos panameños”, que habrían estado muy cerca de las negociaciones de los puertos a lo largo de los años. Dijo que “negociaron muy mal” y que por eso tiende a “pensar mal”. Tal vez sea esta la razón por la cual, luego de presentar sendos recursos de inconstitucionalidad ante el pleno de la Corte y de nulidad ante la Sala Tercera, ha planteado la posibilidad de una lluvia de maletines a lo largo del tiempo. El contralor también ha descrito estos puertos como un “enclave colonial” dentro del territorio nacional. Una afirmación que contrasta con el mensaje oficial del gobierno panameño, que insiste en que China no controla el Canal de Panamá. Pero los resultados no se logran con declaraciones, sino con hechos. Habrá que esperar, entonces, lo que determinen los recursos presentados ante el pleno y la Sala Tercera. progreso, sino que también revela las brechas persistentes y los desafíos estructurales que requieren atención urgente. Como parte del proceso, el Estado presentará un Informe Nacional, el cual debió construirse mediante consultas inclusivas con todos los actores relevantes, incluyendo organizaciones de la sociedad civil. Paralelamente, estas organizaciones han tenido la oportunidad de presentar informes individuales y un informe conjunto, que será considerado por el Grupo de Trabajo del EPU. En esta ocasión, 110 organizaciones panameñas nos hemos articulado para elaborar un informe alternativo. Representamos una diversidad de sectores comprometidos con la defensa de los derechos humanos: mujeres, niñez y adolescencia, personas con discapacidad, personas mayores, comunidades LGBTQI+, pueblos indígenas, migrantes, población afrodescendiente y defensores del ambiente, entre otros. Nuestro análisis revela que las brechas estructurales en derechos humanos no solo persisten, sino que se profundizan. La pobreza, la desigualdad y la exclusión afectan de manera desproporcionada a poblaciones históricamente marginadas, sin que existan políticas públicas con enfoque interseccional, territorial y de no repetición que respondan a esta realidad. A ello se suma la corrupción sistémica, que debilita la institucionalidad democrática y erosiona la confianza ciudadana. La opacidad presupuestaria y la escasa inversión en sectores sociales perpetúan la inequidad y limitan el ejercicio efectivo de los derechos. La cultura de derechos humanos en Panamá sigue siendo frágil. La falta de formación continua para funcionarios públicos, operadores de justicia y medios de comunicación contribuye a prácticas discriminatorias y a la criminalización de personas defensoras. El acceso a la justicia está marcado por barreras económicas, geográficas y culturales, especialmente en zonas rurales e insulares, mientras la impunidad persiste por la falta de una legislación robusta y de independencia judicial. Frente a este panorama, el informe conjunto exige reformas profundas y sostenidas, entre ellas: •Presupuestos públicos con enfoque de derechos humanos. •Educación en derechos humanos desde la escuela. •Fortalecimiento institucional con participación ciudadana. •Justicia accesible e independiente. No se trata únicamente de cumplir con estándares internacionales, sino de construir una agenda centrada en las personas, que reconozca la dignidad humana como eje de las políticas públicas. Como se afirmó en la Conferencia Mundial deDerechosHumanosdeViena(1993): “¿Qué son los derechos humanos si no hay estructuras y mecanismos apropiados para garantizar su efectividad, tanto en el plano interno como en el plano internacional?” ElEPUnoterminael5denoviembre.A partir de enero de 2026, corresponde a todas las personas, organizaciones e instituciones dar seguimiento riguroso a las recomendacionesquePanamáreciba.Larendiciónde cuentas debe ser continua, y la participación ciudadana, activa. Estemos atentos. La defensa de los derechos humanos es una tarea colectiva, y el EPU es una oportunidad para exigir al Estado panameño que cumpla con su deber de garantizar una vida digna para todas las personas. S.A. ©. su Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón † Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. es “lo que paga”. En las escuelas primarias ubicadas en barrios “calientes”, muchos son utilizados como mulas, llevando drogas a cambio de un pago que jamás imaginaron recibir, y que luego usan para adquirir celulares caros y ropa de marca. Cuando los menores son condenados por algún delito, dentro del penal se encuentran con otros jóvenes que ya tienen un amplio prontuario delictivo. Estos les transmiten sus hazañas a los recién llegados como si fueran actos heroicos. De acuerdo con la ley que rige para menoLa falsa resocialización Juventud en riesgo Quiero empezar diciendo que durante casi una década trabajé como instructor vocacional en centros de cumplimiento para menores en la ciudad de Panamá. Durante ese periodo pude observar que la mayoría de los jóvenes infractores provenían de hogares disfuncionales, donde casi todos los miembros de sus familias eran delincuentes: desde vendedores de drogas y extorsionadores hasta sicarios y miembros de bandas criminales. Los niños crecen viendo solo estos modelos y aprenden rápido que el dinero fácil verdaderas oportunidades de empleo digno para esos jóvenes, las cárceles seguirán llenas y se seguirán construyendo más. Los ministros de Gobierno y Justicia — incluyendo a la actual— intentan asumir el papel de protectores y paladines de la resocialización, otorgando indultos a personas que dominan el arte de la manipulación hacia las autoridades. Ya muchos expertos han repetido hasta la saciedad que la resocialización es un asunto que compete a múltiples sectores de la sociedad. No se trata solo de reprimir con operativos de nombres rimbombantes o de construir más cárceles. Cuantos más centros penitenciarios se construyan, más delincuencia existirá. Ese hecho, por sí solo, demuestra que como sociedad hemos perdido la lucha por una verdadera resocialización. EL AUTOR es sociólogo. Los gobiernos no entienden que mientras no se rompa con la pobreza extrema en los barrios y no existan verdaderas oportunidades de empleo digno para los jóvenes, las cárceles seguirán llenas y se seguirán construyendo más. Jaime Cheng Peñalba res infractores, estos solo pueden recibir una condena de hasta doce años. Sin embargo, el falso concepto de resocialización estipula que si el menor se porta bien y asiste a los cursos o a la escuela, su condena puede reducirse hasta cinco años. Muchos de estos jóvenes se gradúan de premedia o media sin contar con una herramienta concreta para ganarse la vida de manera honrada cuando salen de prisión. Una vez en libertad, los espera el mismo barrio, la pandilla que les celebra una fiesta como si se tratara de un rito de iniciación, y la misma familia disfuncional. De esta forma se repite el círculo vicioso: para volver a tener dinero fácil, reinciden en el delito hasta convertirse en adultos, y entonces comparten cárceles con los mismos familiares y vecinos con los que crecieron. Sin embargo, todos los gobiernos y sus ministros encargados del tema miran la resocialización de forma superficial. No desean entender que mientras no se rompa con la pobreza extrema en los barrios y no existan
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