4A La Prensa Panamá, jueves 30 de octubre de 2025 Tal Cual Mónica Palm [email protected] ‘WICKED’. Mientras los diputados discutían, en primer debate, las modificaciones al reglamento interno de la Asamblea, la televisora legislativa transmitía la presentación del conjunto folclórico de la entidad. El mundo al revés… AQUELARRE. Los diputados acudieron ayer ataviados con atuendos típicos y hasta suspendieron la sesión del pleno para participar en los agasajos por el mes de la patria, con la tradicional cremación de banderas. Había que verlos alrededor de la hoguera, como si fueran una familia disfuncional: esas en las que aunque te parezca mal lo que muchos hacen, llevas tanto tiempo con ellos que los acabas queriendo igual. Seguramente, más de uno estuvo tentado de lanzar al fuego a algún compañero, pero se aguantó. ESPERPENTO. El imputado exalcalde de Colón, Alex Lee, ha dado señales de vida con un ‘post’ que compartió con el tema musical de Farruko Tiempos buenos. Seguro la canción no iba dedicada a su sucesor, Diógenes Galván. Lee ha demostrado ser un tipo desconsiderado: el Halloween ya es una fecha bastante aterradora, pero a él le pareció que era el momento perfecto para reaparecer. EXORCISMO. Los diputados de las bancadas Vamos y Seguimos no se resignan, y ahora pretenden traer del más allá los proyectos anticorrupción del procurador Gómez Rudy. Para eso han invocado el artículo 166 de la Constitución, que permite que el pleno legislativo revoque la decisión de la Comisión de Gobierno y apruebe ambos proyectos en segundo y tercer debate. A Camacho casi le da un patatús: cuando le hablan de fortalecer la lucha contra la corrupción y la persecución del delito, tiene una reacción igual a la de Drácula cuando le muestran En las áreas de difícil acceso viven principalmente comunidades indígenas. Alexander Arosemena Exigen que el Estado se comprometa con la vida de los niños bajo su cuidado Aleida Samaniego Eliana Morales Gil [email protected] DESIGUALDAD Tras la tragedia de Mironó, donde dos niñas murieron al cruzar una quebrada para ir a la escuela, Nivia Rossana Castrellón instó al Estado a garantizar educación segura y accesible. En la Asamblea, el obispo emérito José Luis Lacunza responsabilizó al Gobierno por la indiferencia El pasado 27 de octubre, la tragedia golpeó la comarca Ngäbe Buglé, en la comunidad de Mironó, cuando dos estudiantes indígenas perdieron la vida al intentar cruzar la quebrada La Pita para regresar a sus hogares tras un día escolar. Las fuertes lluvias, intensificadas los efectos indirectos del huracán Melissa, aumentaron el caudal del río, arrastrando a las niñas. El accidente, que también involucró a otros tres estudiantes que lograron salvarse, refleja una crisis de infraestructura y seguridad en los trayectos escolares en áreas rurales y comarcales, especialmente en las regiones indígenas, donde miles de niños enfrentan riesgos diarios al asistir a clases. Una tragedia que es recurrente Este hecho es solo el último en una serie de tragedias documentadas por diversas organizaciones. Desde 2018, Jóvenes Unidos por la Educación y la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (Fudespa) han alertado sobre los altos índices de muertes por ahogamiento entre niños y jóvenes indígenas al intentar cruzar ríos y quebradas para acceder a la educación. El informe “Educación Mortal: Crisis Sistemática de Ahogamientos Infantiles en la Comarca Ngäbe Buglé” documenta entre 55 y 70 muertes en los últimos 25 años, la mayoría de ellas en niños de entre 5 y 12 años. Esta tragedia resalta una grave falla en la infraestructura y en la seguridad de los trayectos escolares. Nivia Rossana Castrellón, experta en educación, subraya que el derecho a la educación no solo implica la posibilidad de estudiar, sino también la accesibilidad. Según Castrellón, para los niños en la comarca Ngäbe Buglé, la accesibilidad está comprometida no solo por la falta de escuelas cercanas, sino también por la precariedad de las infraestructuras que deberían protegerlos en su tránsito diario. “El derecho a la educación entraña cuatro pilares fundamentales: asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad de la calidad de la educación”, explica Castrellón, quien agrega que, para los niños de la comarca, la accesibilidad es un derecho que, en muchos casos, está completamente comprometido debido a la falta de puentes y caminos adecuados. ¿Educación a distancia? Castrellón también destaca que la situación se ve agravada por la falta de acceso a tecnologías como internet, lo que impide que los estudiantes reciban alertas oportunas sobre cambios climáticos que podrían poner en peligro sus vidas. El riesgo constante de ahogamientos refleja no solo la falta de infraestructura, sino también la ausencia de mecanismos de prevención y de alertas que deberían proteger a los estudiantes. Según Castrellón, la educación a distancia podría ser una alternativa viable para las comunidades más alejadas, y la construcción de puentes y caminos seguros es urgente para garantizar el derecho a la educación de estos niños. La tragedia de Mironó no ha pasado desapercibida. Ayer, José Luis Lacunza, obispo emérito de David, llevó al pleno de la Asamblea Nacional un mensaje contundente sobre el abandono que sufren las comunidades indígenas. Lacunza acusó al Estado panameño de ser responsable de la muerte de las niñas, al no haber tomado medidas para garantizar la seguridad de los estudiantes en áreas vulnerables. Desde el podio legislativo, Lacunza afirmó que “no fue la quebrada quien las mató, fue nuestra indiferencia, nuestro silencio cómplice, la injusticia que avanza impune”. Su denuncia va más allá de un reclamo pastoral; se trata de una crítica política a la corrupción y a la falta de voluntad para mejorar las condiciones de vida de las comunidades más marginadas del país. El peso de la desigualdad Lacunza, al igual que muchos en el ámbito educativo, ha señalado que la tragedia de Mironó refleja una profunda desigualdad en el acceso a la educación en Panamá, particularmente en las comarcas indígenas. El obispo emérito hizo un llamado directo a los diputados para que tomen acciones concretas ante las brechas sociales que perpetúan la exclusión de estos niños. En su discurso, Lacunza criticó la gestión del Estado, que reacciona solo cuando una tragedia irrumpe, pero que permanece ajeno a las realidades cotidianas de los más pobres y vulnerables. “La muerte no llegó a Mironó, vive allí. Convive con los olvidados, los marginados”, dijo Lacunza, señalando que la indiferencia y la corrupción han dejado a estas comunidades en una situación de total abandono. Este contexto de desigualdad en las comarcas indígenas es alarmante. Mientras que el promedio nacional de escolaridad en Panamá es de 9.5 años, en las comarcas indígenas es de solo 5 años. Esta disparidad en la educación se agrava por la lejanía de las escuelas, la falta de recursos y la precaria infraestructura escolar. Además, la exclusión tecnológica impide a los estudiantes acceder a recursos educativos básicos y limita su preparación frente a los desafíos del siglo XXI. El informe “Educación Mortal” también muestra que la violación de los derechos humanos de los niños en las comarcas indígenas es un problema estructural, no solo de infraestructura, sino también de voluntad política para abordar estos desafíos. El acceso a la educación y la protección de la vida de los niños indígenas son derechos fundamentales que han sido sistemáticamente ignorados por el Estado panameño. Esta omisión no solo infringe derechos humanos, sino que también perpetúa un ciclo de pobreza y exclusión que condena a estos niños a una vida de desigualdad y limitadas oportunidades. El mensaje que Lacunza y Castrellón llevan a la Asamblea Nacional es claro: no se trata solo de construir puentes, caminos o mejorar la infraestructura escolar, sino de garantizar un derecho fundamental que debe ser respetado por todos los panameños, sin distinción de origen o ubicación. La educación, dijo, debe ser un derecho seguro, no un riesgo para la vida. El Estado debe actuar de manera inmediata y estructural para corregir las deficiencias en las comarcas y garantizar que todos los niños, sin importar su situación geográfica, puedan acceder a una educación de calidad y sin poner en peligro sus vidas. En cuanto a las propuestas para abordar esta crisis, Nivia Rossana Castrellón ha sugerido declarar emergencia territorial en las áreas más afectadas por la inseguridad en los trayectos escolares. Esta declaración de emergencia, plantea, debería ir acompañada de la construcción de puentes seguros y caminos adaptados a las necesidades de las comunidades más vulnerables. También se propone la implementación de un sistema de educación a distancia en áreas remotas, que podría reducir la exposición de los estudiantes a peligros. Además, la modificación de los calendarios escolares para adaptarlos a las condiciones climáticas también es una medida necesaria. Nivia Rossana Castrellón Archivo un crucifijo. ESTRUENDO. La Asamblea ya parece un patio limoso y, para colmo, ayer tuvo que sesionar a gritos en la Comisión de Credenciales, porque hasta allá se escuchaban los fuegos artificiales y las interpretaciones de las bandas independientes (musicales, no delictivas) que amenizaban los festejos patrios organizados en el Legislativo. Pareciera que apelan a cualquier cosa para desviar la atención y trabar las discusiones. “ Es imperativo que el Estado tome medidas urgentes para garantizar que los niños no tengan que arriesgar sus vidas todos los días. No podemos seguir permitiendo que los niños vayan a la escuela sabiendo que pueden morir en el intento”. Nivia Rossana Castrellón José Luis Lacunza Archivo
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