1A La Prensa Panamá, jueves 30 de octubre de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Jueves 30 de octubre de 2025 - Año 45 - Nº 15185 Hoy por hoy Lo ocurrido en Mironó, donde dos niñas perdieron la vida al intentar cruzar una quebrada durante un día de jornada escolar, es una tragedia que refleja las contradicciones profundas en la política educativa de Panamá. ¿Cómo es posible que, en un mismo país, al mismo tiempo, se ofrezcan computadoras para todos sus estudiantes, y a la vez ocurran estas tragedias? La respuesta es clara: el Estado sigue anteponiendo las apariencias y el discurso a las verdaderas necesidades de los más vulnerables. Mientras se invierte en tecnología que no llega a todos por igual, miles de niños en las comarcas indígenas siguen enfrentando un riesgo inaceptable solo por intentar acceder al derecho fundamental de la educación. El obispo José Luis Lacunza y la experta en educación Nivia Rossana Castrellón nohacenmásqueponeren evidencia lo que todos sabemos: la falta de infraestructura adecuada y de un verdadero compromiso gubernamental con la seguridad de los estudiantes. La tragedia de Mironó no es un caso aislado, es el reflejo de un sistema que ha fallado una y otra vez en las comunidades más necesitadas. Es urgente que el Estado deje de repartir promesas vacías, como las laptops, y comience a materializar soluciones reales y eficaces para proteger a nuestros niños. Ellas.pa En el festival Panalandia el cine ‘frentea’ 5B Panorama Gómez Rudy defiende libertad probatoria de los fiscales 5A Economía La FED anuncia rebaja en los tipos de interés 3B Mironó: La indiferencia que cuesta vidas al país Aleida Samaniego C Eliana Morales Gil [email protected] La tragedia en Mironó, donde dos niñas murieron al intentar cruzar una quebrada para ir a la escuela, ha levantado voces TRAGEDIA La muerte de las niñas en Mironó refleja la desatención estatal. Nivia Rossana Castrellón y José Luis Lacunza exigen acción urgente para garantizar una educación segura y accesible en comarcas indígenas. de indignación desde diferentes sectores. Nivia Rossana Castrellón, experta en educación, subrayó la necesidad urgente de mejorar la infraestructura escolar en las comarcas indígenas para garantizar una educación segura. En tanto, el obispo emérito José Luis Lacunza acusó al Estado de desatención y subrayó la responsabilidad del Gobierno en la falta de medidas preventivas. Ambos señalaron que la tragedia refleja la inequidad y la falta de compromiso por parte de las autoridades para resolver las necesidades básicas de las comunidades más vulnerables. Santiago de Cuba Los estragos del huracán Melissa en el Caribe En la imagen, una vivienda permanecía ayer inundada por la crecida de un río en Guamá, Santiago de Cuba, tras el paso del huracán Melissa. El fenómeno dejó una estela de devastación en Jamaica, Haití y Cuba, donde provocó inundaciones, deslizamientos y decenas de muertes antes de dirigirse hacia las Bahamas. En Panamá, sus efectos indirectos causaron lluvias intensas e inundaciones. EFE Ohigginis Arcia Jaramillo José González Pinilla [email protected] El exprocurador de la Administración, Rigoberto González Montenegro, advirtió que el rechazo de los proyectos anticorrupción 291 y 292 presentados por el Ministerio Público (MP) en la Asamblea Nacional debilita la lucha contra la corrupción. Destacó que la falta de debate sobre estos proyectos “refleja una falta de comprensión sobre la importancia de la transparencia” y criticó la decisión de los diputados que votaron a favor de frenar las iniciativas. En tanto, el grupo de diputados que votó en contra del rechazo de los proyectos presentados por el procurador Luis Carlos Gómez solicitó en un informe de minoría al pleno de la Asamblea Nacional reconsiderar su discusión. VEA 3A LEGISLATIVO Entre brujas y mangos bajitos; el refranero del panameño La guerra comercial cambia el juego en la Zona Libre de Colón Rechazo a proyectos del MP socava lucha contra la corrupción: González M. Entre brujas, mangos bajitos y catres con historia, el panameño revela su humor y sabiduría popular. Un viaje divertido por los refranes que todavía dicen más de nosotros que mil discursos, compartiendo la picardía del panameño y el ingenio de nuestros vecinos paisas, que también convierten la vida en humor y sabiduría popular. VEA 6A La guerra comercial entre Estados Unidos, China y Brasil ha transformado la Zona Libre de Colón en un centro de almacenamiento global. Aumenta el volumen de carga, pero cae el valor de las transacciones, reflejando un reacomodo logístico impulsado por los aranceles, la incertidumbre del comercio internacional y las tensiones que afectan a los principales socios de la región. VEA 1B HISTORIAS Un informe de Fudespa y Jóvenes Unidos por la Educación advierte que entre 55 y 70 niños han muerto ahogados en los últimos 25 años en circunstancias similares. La educación en las comarcas sigue marcada por la precariedad, el aislamiento y la falta de infraestructura básica. VEA 4A Así será la millonaria restauración de la Casa Amarilla por parte de la Presidencia La restauración por $4.3 millones es ejecutada por Civil y Logística, empresa con contratos millonarios previos. Se restaurarán fachadas, interiores, techos y luminarias, y se instalarán elevadores. VEA 2A
2A La Prensa Panamá, jueves 30 de octubre de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Uno de los elementos más llamativos del proyecto es la instalación de un elevador panorámico con vista a la bahía, como parte de las obras de restauración de la Casa Amarilla en el complejo presidencial de San Felipe. Panamá Compra Casa Amarilla tendrá escalera de caracol y elevador panorámico Ereida Barreiro-Prieto [email protected] La restauración de esta propiedad que forma parte del conjunto arquitectónico de la Presidencia de la República costará $4.3 millones. Una escalera con forma de caracol, dos elevadores (pese a que el inmueble tiene apenas dos pisos) y mejoras en los balcones, techos y luminarias son algunos de los trabajos de restauración que se llevarán a cabo en la Casa Amarilla, un edificio sobre pilotes frente al mar, que es parte del conjunto arquitectónico de la Presidencia de la República. Las obras, que empezaron el 22 de septiembre, están a cargo de la empresa Civil y Logística, S.A., que tiene un contrato de $4.3 millones con el Ministerio de la Presidencia. El monto fue calculado utilizando una base de precios heredada de la extinta Dirección de Asistencia Social (DAS), entidad que reemplazó al cuestionado Programa de Ayuda Nacional (PAN), epicentro de múltiples casos de corrupción en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014). Los trabajos también incluyen la restauración de paredes internas y externas, por más de $148 mil, un proceso que conlleva lijado, sellado e impermeabilización, así como la construcción de una losa estructural en la segunda planta y la renovación de herrería y luminarias. Originalmente, la Casa Amarilla era una edificación de madera, diagonal al Palacio de las Garzas. Está inscrita en el Registro Público desde el 17 de noviembre de 1914, con un valor de $86,000. Ese monto no ha sido actualizado, en más de 110 años. En revisión Aunque no se entregó documentación a La Prensa, la directora nacional de Patrimonio Cultural, Yamileth Stanziola, aseguró que su dirección emitió un criterio técnico sobre los estudios, planos y alcances de la intervención, conforme a los estándares de conservación patrimonial de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés). “Patrimonio realiza inspecciones periódicas junto con representantes de la Presidencia y el contratista, para asegurar que los trabajos se desarrollen conforme a los criterios aprobados”, explicó Stanziola. El Ministerio de la Presidencia aseguró en un comunicado, emitido el 27 de octubre, que “los planos y procedimientos se someten a revisión y aprobación” por la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural (DNPC) del Ministerio de Cultura. Según las normas de conservación patrimonial, la Casa Amarilla es un inmueble de “tercer orden”, lo que significa que su fachada debe conservar su diseño original, aunque su interior sí puede ser modificado. En cambio, la muralla que bordea el Casco Antiguo y que, por tanto, ronda la Casa Amarilla, tiene una calificación de primer orden. Dos evaluaciones Según la Presidencia, la Casa Amarilla permaneció en “desuso durante una década”, lo que habría causado su deterioro. Sin embargo, registros fotográficos y testimonios indican que hay una inexactitud con esas fechas. La Prensa observó que, en 2016, durante la administración de Juan Carlos Varela (2014-2019), se realizaron en el lugar eventos presidenciales, reuniones de trabajo y encuentros protocolares. Un exfuncionario recordó que, en el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024), el edificio “se convirtió en un depósito, con sillas, mobiliario y bolsas de comida del programa Panamá Solidario. Se tiraba de todo ahí”. En al menos dos conferencias de prensa, el presidente José Raúl Mulino ha defendido la restauración tanto de la Casa Amarilla como de la villa diplomática, en Quarry Heights, Ancón, que también estaba en abandono. Los trabajos de la villa diplomática costarán $7.1 millones. Por tanto, se habrán destinado $11.4 millones en trabajos de restauración de dos edificaciones. La Presidencia justifica las inversiones millonarias en ambas propiedades, argumentando que necesita estos salones para recepciones y atender delegaciones extranjeras. Específicamente, ha dicho que la Casa Amarilla será una de las sedes de los actos conmemorativos del bicentenario del Cortizo, Civil y Logística obtuvo dos contratos con el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) por un total de $63.4 millones: uno para el Centro de Alto Rendimiento del Deporte (CAR) y otro para el Salón de la Fama y Museo del Deporte, en la calzada de Amador. Consultado por La Prensa por sus contratos con el Estado, Cardoze respondió que su modelo empresarial “se basa en participar de manera continua y transparente en licitaciones públicas y privadas”. Respecto a la restauración de la Casa Amarilla, aseguró que los criterios técnicos y de conservación histórica del inmueble fueron revisados y aprobados por Patrimonio Cultural. Adjudicación turbulenta El proceso de contratación (cuyo precio de referencia era de $3.9 millones) también generó controversia. El 23 de mayo de 2025, una comisión evaluadora declaró que ninguno de los dos proponentes cumplía con los requisitos mínimos. Las empresas protestaron y el Ministerio de la Presidencia anuló el acto y ordenó repetir la evaluación, para lo que conformó una nueva comisión evaluadora. En junio pasado, la comisión determinó que Civil y Logística sí cumplía con las condiciones y le otorgó más de 96 puntos, mientras que descalificó al Consorcio Premium-Diconsa, su competidor, por “incumplir requisitos mínimos”. Premium- Diconsa presentó un reclamo alegando que su oferta era más conveniente para el Estado, pero la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) desestimó el recurso y confirmó la adjudicación. “La primera comisión desconocía que el balboa es la moneda de curso legal en Panamá”, comentó Cardoze al ser consultado por el cambio de evaluación que lo favoreció. El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, se comprometió a responder las interrogantes planteadas por este medio; sin embargo, al cierre de esta edición no se había obtenido respuesta. Congreso Anfictiónico de Panamá, el otro año. Contratos acumulados En lo que va de 2025, Civil y Logística acumula más de $28.5 millones en contratos con la actual administración de José Raúl Mulino. Además de la Casa Amarilla, la empresa obtuvo un contrato directo por $24.2 millones del Ministerio de Educación (Meduca) para construir el Centro de Educación Integral en Puerto del Mar, en La Chorrera, aprobado por el Consejo de Gabinete el pasado 11 de marzo. El presidente y representante legal de Civil y Logística es Juan David Cardoze Martinelli. La sociedad fue constituida en abril de 2013 por José Eugenio Silva y Dianeth Matos, ambos mencionados en el caso Lava Jato por haber costituído sociedades investigadas como parte de esta trama. En la administración de UI UNIDAD INVESTIGATIVA Yaritza Mojica [email protected] Así se verá la licencia de conducir que se comenzará a expedir el 6 de noviembre en la ciudad de Panamá. Cortesía ATTT y Sertracen implementan código QR y mayor seguridad en licencia de conducir DOCUMENTO OFICIAL Un nuevo diseño de la licencia física de conducir en Panamá fue anunciado ayer por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y Sertracen Panamá, como parte de una iniciativa para reforzar la seguridad y modernizar este documento. El nuevo formato incorpora elementos de seguridad avanzados y tecnología que brindan mayor confianza tanto a los conductores como a las autoridades. Además, el diseño exalta la identidad panameña, fortaleciendo el sentido de pertenencia y orgullo nacional. El gerente general de Sertracen Panamá, Jorge Villamizar, explicó que el nuevo modelo de licencia de conducir integra medidas de seguridad modernas y actualizaciones tecnológicas con el objetivo de evitar falsificaciones y mejorar la verificación de los datos de los conductores. Villamizar detalló que el documento presenta un diseño completamente renovado, con elementos visuales alusivos a Panamá, como las esclusas de Miraflores, la bandera nacional y los colores patrios. En materia de seguridad, la licencia incluye un holograma, patrones antifraude, tinta variable que cambia de color al mover el documento y un sello de protección que destruye la tarjeta si se intenta remover. Además, Villamizar manifestó que se ha incorporado un código QR con doble funcionalidad: uno con los datos visibles del conductor y otro encriptado, al que solo pueden acceder autoridades como la Policía Nacional, la Dirección de Operaciones del Tránsito y la Medicatura Forense, para verificar la autenticidad del documento. Por su parte, el secretario general de la ATTT, Julio Castañeda, indicó que el rediseño responde a la necesidad de modernizar los sistemas de identificación vehicular y fortalecer los controles frente a posibles falsificaciones. “Hemos innovado un modelo que incluye diseños y logotipos alusivos a Panamá, junto con tecnología que garantiza autenticidad y funcionalidad”, señaló. El nuevo documento comenzará a emitirse el 6 de noviembre en la ciudad de Panamá, y se distribuirá de manera progresiva en el resto del país. La meta, según la institución, es que antes de finalizar noviembre el sistema esté implementado en todo el país. El director de la ATTT, Simón Henríquez Díaz, destacó que “con esta actualización damos un paso adelante hacia un sistema de identificación más seguro y moderno, alineado con estándares internacionales y con un diseño que representa nuestra cultura y nación. Esta licencia es un documento esencial y debe estar a la altura de los avances tecnológicos para combatir la falsificación”. El nuevo formato sustituye al anterior, vigente durante 18 años, y se emitirá inicialmente el 6 de noviembre en la sucursal principal de Plaza Carolina. Luego se extenderá de manera gradual a otras sedes —Albrook, La Chorrera, Chitré, Las Tablas, Santiago y Changuinola— hasta cubrir el país el 14 de noviembre, informó Villamizar. “Todos los ciudadanos podrán obtener la nueva licencia al renovar su documento o solicitar un duplicado. Los costos se mantienen sin cambios: $40 para la primera emisión o renovación antes de la jubilación y $20 por duplicado. Los jubilados y pensionados conservan el descuento establecido por ley”, precisó. La ATTT informó que los conductores con multas o boletas podrán pagar en línea a través del portal institucional, lo que permitirá agilizar los trámites y evitar filas en las oficinas. Actualmente, Sertracen Panamá emite entre 30 mil y 35 mil licencias mensuales, lo que representa un promedio anual de 330 mil documentos.
3A La Prensa Panamá, jueves 30 de octubre de 2025 Panorama Camacho lideró la iniciativa para sepultar los proyectos, pese a la oposición de los diputados de Seguimos y Vamos. Isaac Ortega ‘La acción de los diputados nos afecta a todos’: González Montenegro Ohigginis Arcia Jaramill [email protected] ENTREVISTA El exprocurador Rigoberto González lamentó el rechazo de los proyectos anticorrupción en la Asamblea, señalando la falta de debate como un mensaje negativo que frena la lucha contra la corrupción en Panamá. El exprocurador de la Administración, Rigoberto González, no ocultó su desasosiego tras lo ocurrido en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, donde fueron rechazados los proyectos anticorrupción presentados por el actual procurador de la Nación, Luis Carlos Gómez. Se trata de los proyectos de ley 291 y 292, presentados por Gómez, que buscaban fortalecer la lucha contra la corrupción. El 291 establece un marco de prevención y sanción de delitos públicos, mientras que el 292 aumenta las penas por peculado y enriquecimiento injustificado. A pesar de su importancia, ambos fueron rechazados, generando dudas sobre la voluntad del Legislativo de dotar al Ministerio Público de herramientas eficaces y de enviar un mensaje claro de transparencia. “Mi posición siempre estará a favor de todas esas medidas que pretenden adoptarse parahacermáseficazlalucha contra la corrupción”, afirmó el exprocurador, subrayando su respaldo a la iniciativa del Ministerio Público. González recordó que la petición del procurador era sencilla: que los proyectos fueran llevados a debate. “No fue debatido. Y, segundo, lo que está procurando es que el Ministerio Público pueda cumplir eficazmente una de sus obligaciones, que es proteger los intereses del Estado frente a actos de corrupción”, explicó. Para él, la decisión de cinco diputados de rechazar estas propuestas refleja una falta de comprensión sobre la importancia del tema. Como se recordará, los diputados de Realizando Metas(LuisEduardoCamachoy Shirley Castañeda), del PRD (Raphael Buchanan y Jairo Salazar) y de Cambio Democrático (Didiano Pinilla) votaron en contra, mientras que los representantes de la coaliciónVamos(RobertoZúñiga, Luis Duke y Janine Prado) y delpartidoMovimientoOtro Camino (José Pérez Barboni) apoyaron las iniciativas. Mensaje negativo El exprocurador criticó el mensaje que envía el Legislativo al no someter las iniciativas a debate. “Es rehuir el debate. Ni siquiera la ciudadanía se entera de los aspectos que se estaban proponiendo, ni se escucha la sustentación del por qué esos proyectos no eran necesarios”, señaló. Según González, esta actitud envía un mensaje negativo sobre la voluntad de las autoridades de enfrentar la corrupción. La percepción de González es clara: la acción de los diputados afecta directamente a la población. “Al fin y al cabo, el que termina siendo afectado cada vez que hay un acto de corrupción es la población”, indicó, y llamó a que los discursos de los dirigentes públicos sean coherentes con sus actos. Sobre la posición del presidente de la República, José Raúl Mulino, quien ha expresado su desacuerdo con ambas propuestas de ley, González criticó la contradicción entre palabras y hechos. “El señor Presidente, junto con la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, creó una unidad para coordinar la gestión ante delitos de corrupción. Pero, por otro lado, no hubo apoyo a los proyectos de ley del Procurador que buscan lo mismo. El discurso tiene que ser coherente con los actos”, afirmó. La falta de acción González alertó que la falta de acción contribuye a que Panamá permanezca en listas de organismos internacionales por problemas de corrupción. “No es suficiente con un discurso; esto se tiene que demostrar en hechos. Los hechos se sustentan en materializar el debate y la posible aprobación de esos proyectos”, enfatizó. En sus palabras, existe resistencia a que el Ministerio Público ejerza plenamente sus funciones. “El temor parece ser que las instituciones logren actuar de manera eficaz. El Procurador presentó proyectos de ley para fortalecer esa capacidad y no recibió respaldo institucional. Eso envía un mensaje preocupante”, dijo. Su mensaje final apela a que los fondos públicos malversados afectan directamente a toda la comunidad. “Cuando hablamos de actos de corrupción, los que terminamos siendo afectados somos todos. El dinero que se apropian otros funcionarios son fondos públicos, de todos nosotros”, apuntó, enfatizando la urgencia de contar con instrumentos legales eficaces para enfrentar este problema en el país. Diputados piden reabrir debate de proyectos anticorrupción El grupo de diputados que votó a favor de los proyectos de ley 291 y 292 —presentados meses atrás por el procurador general, Luis Gómez Rudy— solicitó al pleno de la Asamblea Nacional reconsiderar su discusión. En un informe de minoría, presentado por el diputado de la bancada Seguimos, José Pérez Barboni, y respaldado por los diputados independientes Roberto Zúñiga, Luis Duke y Janine Prado, se pide rechazar el informe de mayoría emitido por la Comisión de Gobierno, presidida por el diputado Luis EduardoCamacho.Además, proponen aprobar una resolución de “revocación de dictamen” para permitir el debate del proyecto de ley 292. “Aceptar su discusión no significa aprobarlo sin reservas, sino asumir el compromiso de perfeccionarlo para que Panamá cuente con una legislación robusta, justa y acorde con los principios constitucionales y los desafíos contemporáneos de la lucha anticorrupción”, señala el informe. La solicitud se ampara en el artículo 166 de la Constitución Política, que establece: “[...]Un proyecto de ley puede pasarasegundodebatecuando la mayoría de la Asamblea, a solicitud de uno de sus miembros, revocare el dictamen de la Comisión y diere su aprobación al proyecto”. ASAMBLEA NACIONAL José González Pinilla [email protected]
4A La Prensa Panamá, jueves 30 de octubre de 2025 Tal Cual Mónica Palm [email protected] ‘WICKED’. Mientras los diputados discutían, en primer debate, las modificaciones al reglamento interno de la Asamblea, la televisora legislativa transmitía la presentación del conjunto folclórico de la entidad. El mundo al revés… AQUELARRE. Los diputados acudieron ayer ataviados con atuendos típicos y hasta suspendieron la sesión del pleno para participar en los agasajos por el mes de la patria, con la tradicional cremación de banderas. Había que verlos alrededor de la hoguera, como si fueran una familia disfuncional: esas en las que aunque te parezca mal lo que muchos hacen, llevas tanto tiempo con ellos que los acabas queriendo igual. Seguramente, más de uno estuvo tentado de lanzar al fuego a algún compañero, pero se aguantó. ESPERPENTO. El imputado exalcalde de Colón, Alex Lee, ha dado señales de vida con un ‘post’ que compartió con el tema musical de Farruko Tiempos buenos. Seguro la canción no iba dedicada a su sucesor, Diógenes Galván. Lee ha demostrado ser un tipo desconsiderado: el Halloween ya es una fecha bastante aterradora, pero a él le pareció que era el momento perfecto para reaparecer. EXORCISMO. Los diputados de las bancadas Vamos y Seguimos no se resignan, y ahora pretenden traer del más allá los proyectos anticorrupción del procurador Gómez Rudy. Para eso han invocado el artículo 166 de la Constitución, que permite que el pleno legislativo revoque la decisión de la Comisión de Gobierno y apruebe ambos proyectos en segundo y tercer debate. A Camacho casi le da un patatús: cuando le hablan de fortalecer la lucha contra la corrupción y la persecución del delito, tiene una reacción igual a la de Drácula cuando le muestran En las áreas de difícil acceso viven principalmente comunidades indígenas. Alexander Arosemena Exigen que el Estado se comprometa con la vida de los niños bajo su cuidado Aleida Samaniego Eliana Morales Gil [email protected] DESIGUALDAD Tras la tragedia de Mironó, donde dos niñas murieron al cruzar una quebrada para ir a la escuela, Nivia Rossana Castrellón instó al Estado a garantizar educación segura y accesible. En la Asamblea, el obispo emérito José Luis Lacunza responsabilizó al Gobierno por la indiferencia El pasado 27 de octubre, la tragedia golpeó la comarca Ngäbe Buglé, en la comunidad de Mironó, cuando dos estudiantes indígenas perdieron la vida al intentar cruzar la quebrada La Pita para regresar a sus hogares tras un día escolar. Las fuertes lluvias, intensificadas los efectos indirectos del huracán Melissa, aumentaron el caudal del río, arrastrando a las niñas. El accidente, que también involucró a otros tres estudiantes que lograron salvarse, refleja una crisis de infraestructura y seguridad en los trayectos escolares en áreas rurales y comarcales, especialmente en las regiones indígenas, donde miles de niños enfrentan riesgos diarios al asistir a clases. Una tragedia que es recurrente Este hecho es solo el último en una serie de tragedias documentadas por diversas organizaciones. Desde 2018, Jóvenes Unidos por la Educación y la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (Fudespa) han alertado sobre los altos índices de muertes por ahogamiento entre niños y jóvenes indígenas al intentar cruzar ríos y quebradas para acceder a la educación. El informe “Educación Mortal: Crisis Sistemática de Ahogamientos Infantiles en la Comarca Ngäbe Buglé” documenta entre 55 y 70 muertes en los últimos 25 años, la mayoría de ellas en niños de entre 5 y 12 años. Esta tragedia resalta una grave falla en la infraestructura y en la seguridad de los trayectos escolares. Nivia Rossana Castrellón, experta en educación, subraya que el derecho a la educación no solo implica la posibilidad de estudiar, sino también la accesibilidad. Según Castrellón, para los niños en la comarca Ngäbe Buglé, la accesibilidad está comprometida no solo por la falta de escuelas cercanas, sino también por la precariedad de las infraestructuras que deberían protegerlos en su tránsito diario. “El derecho a la educación entraña cuatro pilares fundamentales: asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad de la calidad de la educación”, explica Castrellón, quien agrega que, para los niños de la comarca, la accesibilidad es un derecho que, en muchos casos, está completamente comprometido debido a la falta de puentes y caminos adecuados. ¿Educación a distancia? Castrellón también destaca que la situación se ve agravada por la falta de acceso a tecnologías como internet, lo que impide que los estudiantes reciban alertas oportunas sobre cambios climáticos que podrían poner en peligro sus vidas. El riesgo constante de ahogamientos refleja no solo la falta de infraestructura, sino también la ausencia de mecanismos de prevención y de alertas que deberían proteger a los estudiantes. Según Castrellón, la educación a distancia podría ser una alternativa viable para las comunidades más alejadas, y la construcción de puentes y caminos seguros es urgente para garantizar el derecho a la educación de estos niños. La tragedia de Mironó no ha pasado desapercibida. Ayer, José Luis Lacunza, obispo emérito de David, llevó al pleno de la Asamblea Nacional un mensaje contundente sobre el abandono que sufren las comunidades indígenas. Lacunza acusó al Estado panameño de ser responsable de la muerte de las niñas, al no haber tomado medidas para garantizar la seguridad de los estudiantes en áreas vulnerables. Desde el podio legislativo, Lacunza afirmó que “no fue la quebrada quien las mató, fue nuestra indiferencia, nuestro silencio cómplice, la injusticia que avanza impune”. Su denuncia va más allá de un reclamo pastoral; se trata de una crítica política a la corrupción y a la falta de voluntad para mejorar las condiciones de vida de las comunidades más marginadas del país. El peso de la desigualdad Lacunza, al igual que muchos en el ámbito educativo, ha señalado que la tragedia de Mironó refleja una profunda desigualdad en el acceso a la educación en Panamá, particularmente en las comarcas indígenas. El obispo emérito hizo un llamado directo a los diputados para que tomen acciones concretas ante las brechas sociales que perpetúan la exclusión de estos niños. En su discurso, Lacunza criticó la gestión del Estado, que reacciona solo cuando una tragedia irrumpe, pero que permanece ajeno a las realidades cotidianas de los más pobres y vulnerables. “La muerte no llegó a Mironó, vive allí. Convive con los olvidados, los marginados”, dijo Lacunza, señalando que la indiferencia y la corrupción han dejado a estas comunidades en una situación de total abandono. Este contexto de desigualdad en las comarcas indígenas es alarmante. Mientras que el promedio nacional de escolaridad en Panamá es de 9.5 años, en las comarcas indígenas es de solo 5 años. Esta disparidad en la educación se agrava por la lejanía de las escuelas, la falta de recursos y la precaria infraestructura escolar. Además, la exclusión tecnológica impide a los estudiantes acceder a recursos educativos básicos y limita su preparación frente a los desafíos del siglo XXI. El informe “Educación Mortal” también muestra que la violación de los derechos humanos de los niños en las comarcas indígenas es un problema estructural, no solo de infraestructura, sino también de voluntad política para abordar estos desafíos. El acceso a la educación y la protección de la vida de los niños indígenas son derechos fundamentales que han sido sistemáticamente ignorados por el Estado panameño. Esta omisión no solo infringe derechos humanos, sino que también perpetúa un ciclo de pobreza y exclusión que condena a estos niños a una vida de desigualdad y limitadas oportunidades. El mensaje que Lacunza y Castrellón llevan a la Asamblea Nacional es claro: no se trata solo de construir puentes, caminos o mejorar la infraestructura escolar, sino de garantizar un derecho fundamental que debe ser respetado por todos los panameños, sin distinción de origen o ubicación. La educación, dijo, debe ser un derecho seguro, no un riesgo para la vida. El Estado debe actuar de manera inmediata y estructural para corregir las deficiencias en las comarcas y garantizar que todos los niños, sin importar su situación geográfica, puedan acceder a una educación de calidad y sin poner en peligro sus vidas. En cuanto a las propuestas para abordar esta crisis, Nivia Rossana Castrellón ha sugerido declarar emergencia territorial en las áreas más afectadas por la inseguridad en los trayectos escolares. Esta declaración de emergencia, plantea, debería ir acompañada de la construcción de puentes seguros y caminos adaptados a las necesidades de las comunidades más vulnerables. También se propone la implementación de un sistema de educación a distancia en áreas remotas, que podría reducir la exposición de los estudiantes a peligros. Además, la modificación de los calendarios escolares para adaptarlos a las condiciones climáticas también es una medida necesaria. Nivia Rossana Castrellón Archivo un crucifijo. ESTRUENDO. La Asamblea ya parece un patio limoso y, para colmo, ayer tuvo que sesionar a gritos en la Comisión de Credenciales, porque hasta allá se escuchaban los fuegos artificiales y las interpretaciones de las bandas independientes (musicales, no delictivas) que amenizaban los festejos patrios organizados en el Legislativo. Pareciera que apelan a cualquier cosa para desviar la atención y trabar las discusiones. “ Es imperativo que el Estado tome medidas urgentes para garantizar que los niños no tengan que arriesgar sus vidas todos los días. No podemos seguir permitiendo que los niños vayan a la escuela sabiendo que pueden morir en el intento”. Nivia Rossana Castrellón José Luis Lacunza Archivo
5A La Prensa Panamá, jueves 30 de octubre de 2025 Panorama Luis Carlos Gómez, procurador general de la Nación. LP Procurador defiende libertad probatoria del Ministerio Público Juan Manuel Díaz [email protected] POLÉMICA El procurador de la Nación, Luis Carlos Gómez, afirma que existen múltiples instrumentos probatorios que los fiscales pueden utilizar al investigar delitos contra la administración pública. El procurador de la Nación, Luis Carlos Gómez, insistió ayer en que el Ministerio Público no se encuentra atado a los informes de auditoría de la Contraloría General de la República para comprobar la responsabilidad penal en casos en los que se ven involucrados recursos de instituciones públicas. Gómez, quien participó de la inauguración del Congreso Internacional contra la Criminalidad Organizada y la Corrupción, dijo discrepar de la opinión del Contralor Anel Flores, quien aseguró que las auditorías de la Contraloría son la pieza fundamental en la investigación de los delitos contra la administración pública. Gómez acotó que existen múltiples instrumentos probatorios que los fiscales pueden usar en estos casos. En la actividad, en la que se discutirán temas como instrumentos de la justicia para prevenir la corrupción que se implementan en otros países, el funcionario remarcó que el artículo 220 de la Constitución Política precisa que las atribuciones del Ministerio Público son las de perseguir los delitos y que sus funcionarios son quienes acreditan los hechos punibles y exigen responsabilidad ante los tribunales. También explicó que el CódigoProcesalPenal establece la libertad probatoria, por lo que “de ninguna forma estamos atados a los informes de auditoría de la Contraloría”, y aseguró que su despacho solo busca dar mayor agilidad a las investigaciones en este tipo de casos. El desarrollo del concepto de libertad probatoria era una de las propuestas presentadas por el procurador Gómez en uno de los dos proyectos de ley Anticorrupción rechazados por la Asamblea Nacional este martes. Específicamente en el artículo 7 del proyecto de ley 291, en el que se establecía que: bastará la presentación de una auditoría realizada por las propias instituciones como prueba, sin requerir el refrendo de la Contraloría General de la República, para la acreditación o validez de sus efectos en el proceso penal. El proyecto contemplaba que las auditorías necesarias para acreditar los hechos delictivos podrán ser practicadas por servidores públicos de entidades estatales, autónomas y semiautónomas; universidades oficiales; miembros de los entes policiales y del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, conforme al principio de libertad probatoria, y facultaba a los fiscales para realizar investigaciones patrimoniales a personas naturales o jurídicas, con el objetivo de identificar activos no justificados, ordenar la aprehensión provisional de bienes, declarar una causa compleja y mantenerla en reserva por hasta 30 días. A su vez permitía el uso de acuerdos de pena como herramienta en la investigación de delitos contra la administración pública. En estos casos se introduce la figura del acuerdo reparatorio, mediante el cual el investigado, además de aceptar su responsabilidad, se compromete a restituir bienes al Estado y rendir testimonio en juicio. Gómez insistió en que esta iniciativa, como el resto de las que fueron presentadas a la Asamblea Nacional, son necesarias para enfrentar el avance de los casos anticorrupción, cuya investigación requiere de técnicas de investigación novedosas, además de dotar de celeridad los procesos. La Asamblea Nacional también rechazó el proyecto de ley 292 presentado por Gómez que aumentaba las penas de prisión en delitos de peculado, concusión y enriquecimiento injustificado. Gómez ha insistido en realizar cambios en el Ministerio Público para mejorar la labor investigativa. Entre otras cosas anunció la creación de una tercera fiscalía especializada contra la delincuencias organizada, que se encargará de investigar casos de blanqueo de capitales y delitos financieros. La magistrada presidente de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, reconoció que la criminalidad organizada y la corrupción son grandes amenazas para la seguridad ciudadana, por lo que deben ser enfrentados con decisión y requieren de la articulación de los organismos de investigación y judiciales para combatirlos.
6A La Prensa Panamá, jueves 30 de octubre de 2025 De boca en boca: los refranes que nunca mueren Juan Ramón Vallarino ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] TRADICIONES ORALES Dichos y expresiones populares que, desde Panamá hasta otras tierras, revelan la sabiduría, el humor y la identidad de nuestros pueblos. Los refranes son parte de nuestra cultura y revelan nuestra idiosincrasia. Junto con las expresiones y demás giros idiomáticos, constituyen la forma de expresarse y de pensar del panameño. Por esa razón les doy tanta importancia a los refranes, así como le doy igual valor a nuestra gastronomía, música, bailes y vestimenta. Todo ello constituye nuestra cultura. Es lo que nos hace panameños y nos caracteriza, diferenciándonos de otras culturas. Los refranes tienen un origen eminentemente popular. En algunos casos, estas expresiones fueron recogidas o tomadas por escritores e intelectuales de la antigüedad y aparecen en obras clásicas, pero su origen es popular. Tal como nos dice la doctora Luisita Aguilera Patiño en su obra Refranero panameño, el refrán es, en cierto modo, el resumen de una experiencia. Quiero incorporar en este artículo algunos de los refranes que escuché a lo largo de mi vida. También incluyo refranes aportados por mi colaboradora y amiga Rosina Levy de Sucre. Con sabor y picardía local A continuación, una colección deloslosmásllamativos: • La peor diligencia es la que no se hace. • Unos nacen con estrella, otros estrellados. • Caras vemos, corazones no sabemos. • Puro tilín tilín y nada de paleta. • Tanto nadar para ahogarse en la orilla. • Nicolás, ya comiste, ya te vas. • El que a hierro mata, a hierro muere. • Cada loco con su tema. • Muerto el ahijado, roto el compadrazgo. • No por mucho madrugar amanece más temprano. • Al bagazo, poco caso. • Se le da un dedo y se coge la mano. • Barco grande, ande o no ande. • Calma, piojo, que la noche es larga. • Más se perdió en el diluvio. • No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. • Juntos, pero no revueltos. •Cogerlosmangosbajitos. • Buscarse una nariz sin hueco. • En la casa el hombre reina y la mujer gobierna. • El joven conoce las reglas, pero el viejo las excepciones. • La esposa de un hombre indiferente es casi una viuda. • Mujer casada que trabaja, trabaja fuera y trabaja en casa. • Donde reina la mujer, el diablo es primerministro. • Gallina chiquita, siempre pollita. • No me mires con ojos de chinche que no soy catre. • Sarna con gusto no pica y, si pica, no mortifica. • Sal quiere ese huevo. • Yo no creo en brujas, pero de que las hay, las hay. • Todo cepillo muere sin pelo. •¿Quiéntehadadovelaenesteentierro? Refranes que me parecen interesantes • A buen entendedor, pocas palabras bastan. • A grandes males, grandes remedios. • A la mujer y a la plancha, hay que calentarlas primero. • A los borrachos y a los niños, los cuida el diablo. • Amor de lejos, amor de pendejos. • Casi se la come con los ojos. • Comer para vivir, no vivir para comer. • Como el que no quiere la cosa, pero la cosa queriendo. • Como para chuparse los dedos. • Con amigos así, para qué necesito enemigos. • Conecta el cerebro antes de mover la lengua. • De las aguas tranquilas, líbrame Dios • Dos tetas halan más que cien carretas. • El gato y el ratón nunca son de la misma opinión. • No van lejos los de adelante si los de atrás corren bien. • El hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. • El papel aguanta lo que le pongan. • El que escucha consejos, llegará a viejo. • El que le presta a un amigo pierde lo prestado y al amigo. • El que miel se vuelve, con los dedos se lo comen. • El que mucho se despide, pocas ganas de irse tiene. • El que nada tiene, nada pierde. • El que no pregunta, se queda bruto. • El que nunca ha tenido y llega a tener, loco se quiere volver. • El que parte y reparte, le toca la mejor parte. • El que solo se ríe, de sus picardías se acuerda. • El que sube como palma, baja como coco. • El que nace burro, no muere caballo. • Meter borriguero por iguana. • Algo tiene el agua cuando la bendicen. • Contra el vicio de pedir, está la virtud de no dar. •Sincaminonohayentradanisalida. • Si de ser bueno no se saca nada, demalomuchomenos. • No es lo mismo verla venir que conversar con ella. • Es mejor saber que tener. • Cuando Dios no quiere, los santos no pueden. • El que no espera vencer, ya está vencido. • Peor resultó el remedio que la enfermedad. • El que quiere algo bien hecho, que lo haga él mismo. • La mentira le hace más daño al que la dice que al que la oye. Los paisas le ponen humor a cualquier conversación En el departamento de Antioquia, en Colombia, se ha desarrollado una cultura de refranes y expresiones muy interesante. Los paisas tienen fama en Colombia por poseer un sentido del humor muy particular, que se manifiesta en las expresiones que describo a continuación. Este sentido del humor tiene matices de cinismo, absurdo y revela un sano hábito de “reírse de uno mismo”. • Si la montaña viene hacia ti… corre, que es un derrumbe. • El alcohol mata lentamente… no importa, no tengo apuro. • Ningún tonto se queja de serlo… no debe irles tan mal. • Trabajar nunca mató a nadie… pero ¿para qué arriesgarse? • Es bueno dejar el trago… lo malo es no acordarse dónde. • Huye de las tentaciones… pero despacio, para que puedan alcanzarte. • Vivir en las nubes no es malo… lo malo es dejarse caer. • Mátate estudiando y serás un cadáver culto. • Hay un mundo mejor… pero es carísimo. • Lo importante no es ganar… sinohacerperderalcontrincante. • La pereza es la madre de todos los vicios… pero madre es madre, y hay que quererla. • Lo triste no es ir al cementerio… sino quedarse allí. • Si el noviazgo es tan bueno… ¿por qué la gente se casa? • El que sabe, sabe… y el que no sabe, es jefe. • No soy un completo inútil… por lo menos sirvo de mal ejemplo. • El amor es ciego… pero los vecinos no. • Si no puedes convencerlos, confúndelos. • Felices los que nada esperan, porque nunca serán defraudados. • Mi padre vendió la farmacia porque no había más remedio. • Yo sí sé lo que es trabajar duro, porque lo he visto. • Cualquiera se puede equivocar, inclusive yo. • Si quieres una mano que te ayude, la encontrarás al final de tu brazo. • Dos palabras que te abrirán muchas puertas en la vida: “Hale” y “empuje”. nuestra historia. Los hechos narrados transcurren durante el ocaso del proyecto político de la Gran Colombia, conformada por Nueva Granada (la actual Colombia), Venezuela, Ecuador y Panamá. Es apropiado resaltar que el termino Gran Colombia empezó a usarse mucho después de los hechos que constituyeron este experimento, con el fin de diferenciarlo del Estado colombiano surgido después. Ecuador ya había proclamado su separación en mayo de 1830, y, luego de un tortuoso proceso político, Venezuela lo lograría por fin unos días después de la proclamación panameña de 1830. Este acto separatista fue liderado por José Domingo Espinar, el brillante general que ocupaba en ese momento el cargo de comandante general del Istmo. Mulato oriundo del arrabal extramuros de Santa Ana, en la ciudad de Panamá, Espinar no solo se había forjado una admirable carrera militar. Fue además un destacado ingeniero, geógrafo, catedrático, cirujano y político. Su valentía en el campo de batalla y su desempeño como estratega bélico en las campañas finales de las gestas independentistas Dos separaciones de Colombia y su contexto político Siglo XIX En fecha reciente leí algunos ensayos dedicados a dos acontecimientos separatistas que fueron cruciales para el recuento de nuestra historia nacional. Casi todos se reducen a pomposas loas patrióticas sin precisiones fácticas. Argumentan, sin verdadero sustento, que tanto nuestra separación de Colombia en 1830 como la del año siguiente constituyen pruebas irrefutables de una aspiración independentista. Aspiración que, dicen, recorrió todo el siglo XIX, culminando en la gesta secesionista del 3 de noviembre de 1903. Ante todo, debemos valorar estos sucesos a la luz del contexto político en el que ocurrieron, y no desde una perspectiva romántica que no aporta nada al entendimiento de contra el Imperio español –transcurridas en Ecuador, Perú y el altiplano andino– fue tan sobresaliente que llegó a convertirse en el secretario general de Simón Bolívar. El 11 de septiembre de 1830, Espinar declara la separación panameña de la Gran Colombia, no por razones patrióticas, sino para exigirle al nuevo Gobierno colombiano la restitución de Bolívar a la presidencia de la República. Este se había visto forzado a renunciar a inicios de ese año por las largas pugnas políticas e ideológicas contra los seguidores de José de Paula Santander, y luego de haber sobrevivido un atentado contra su vida en 1828, conocido como la Conspiración Septembrina. No hay necesidad de interpretar los motivos de esta separación, ya que están tajantemente planteados en los artículos 2, 3 y 4 del Acta Separatista de 1830. Pero, para muestra, aquí tienes el tercero: “Panamá será reintegrada a la República luego de que el Libertador se encargue de la Administración o desde que la Nación se organice unánimemente de cualquier medio legal”. Exiliado hasta de su natal Venezuela por mandato de su compatriota, el caudillo JoEL AUTOR es abogado. Iván Rogelio Robles sé Antonio Páez, Bolívar le comunicó a Espinar que, de forma inmediata e incondicional, integrara otra vez el Istmo a la Gran Colombia. Aun habiendo fracasado en su objetivo inicial, Espinar decidió permanecer en el poder, encontrando fuerte resistencia por parte de la oligarquía panameña, que no veía con buenos ojos su procedencia y mucho menos la simpatía que había levantado entre la población negra y mulata. El prócer y caudillo José de Fábrega fue quien lideró la oposición a su proyecto político desde Veraguas, y Espinar partió hacia allá para aplacar la resistencia a su mandato. Como retaguardia, confió su comandancia de modo provisional al coronel venezolano Juan Eligio Alzuru, quien se mantuvo en la capital con parte de las tropas. Pero las cartas estaban echadas. La oligarquía logrará convencer a Alzuru de traicionar a Espinar, lo cual culminó en el siguiente movimiento independentista, en 1831. Viene más.
7A La Prensa Panamá, jueves 30 de octubre de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. EPU: brechas persistentes y reformas urgentes Derechos humanos El próximo 5 de noviembre de 2025, Panamá será evaluado en el cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Este mecanismo, vigente desde 2006 por mandato de la Asamblea General, constituye un espacio clave de diálogo entre Estados, así como una herramienta para la revisión crítica del cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos. En esta sesión, el Estado panameño deberá rendir cuentas sobre los compromisos asumidosdurantesuúltimaevaluación,realizada en noviembre de 2020. En aquel momento, Panamá aceptó una serie de recomendaciones que, en teoría, debieron traducirse en avances concretos. El EPU no solo mide el Contralor, puertos y lluvia de maletines Sector logístico Luego, en el gobierno de Martín Torrijos, se expidió el Decreto 58 de 2005, mediante el cual se derogaba la resolución de equiparación. Pero ese decreto —que no fue publicado en Gaceta Oficial, al redactarse que entraba en vigor desde su aprobación y no desde su promulgación— no incluyó la reviviscencia de las cláusulas 2.3.1 y 2.3.2 originales, las cuales habrían obligado a PPC a retomar de inmediato los pagos millonarios eliminados en el gobierno de Moscoso. Por ello, sería entendible, aunque injustificable, la no publicación del Decreto 58, para que nadie advirtiera semejante desatino. A raíz de un recurso de nulidad presentado ante la Sala Tercera de la Corte por algunos diputados contra la resolución de equiparación, PPC incorporó en el expediente una copia autenticada del Decreto 58 de 2005 que eliminaba dicha equiparación, con el aparente propósito de que se decretara la sustracción de materia, lo que efectivamente ocurrió. Sin embargo, aunque a primera vista parecería que a PPC no le convenía que se declaraJulio Ernesto Linares Franco Opinión LA AUTORA es abogada y defensora de derechos humanos. EL AUTOR es abogado. Magaly Castillo ra ilegal la resolución, en realidad no perdía nada: el decreto expedido por Torrijos no incluyó la figura de la reviviscencia, por lo que los efectos de la equiparación se mantenían, al no recibir el Estado los millones sustraídos con dicha medida. PPC perdía poco o nada, y la sustracción de materia eliminaba el riesgo de que la Sala Tercera, al fallar la ilegalidad, incluyera la reviviscencia que el Decreto 58 omitió. El contralor ha dicho que Panamá debió recibir 1,337 millones de dólares por los contratos suscritos sobre los puertos de Balboa y Cristóbal, pero que solo ingresaron 483 millones, lo que causó un perjuicio de 854 millones. Este monto correspondería, aproximadamente, a lo que el país habría recibido entre 2002 —cuando se expidió la resolución de equiparación— y 2021 —al momento de la renovación—, si se hubiesen mantenido vigentes las cláusulas 2.3.1 y 2.3.2 del contrato original. Dichas cláusulas establecían el pago de una anualidad fija de 22.2 millones de dólares, revisable cada cinco años, y el 10% de las ¿Por qué el contralor de la República afirmó que en la concesión de los puertos “los maletines llovían”? No dio detalles específicos, pero dijo que eso lo sabe “todo el mundo” y añadió que el contrato es “leonino”, recordándonos algunos hechos. No olvidemos que en el año 2002 se otorgó una equiparación a la empresa Panamá Ports Company (PPC), bajo el gobierno de Mireya Moscoso, a través de la Resolución 14 de 2002 del Ministerio de Comercio, por la cual se enmendó el Contrato Ley de 1997, exonerando a la empresa del pago de varios millones de dólares anuales entre 2002 y 2021. entradas brutas provenientes de todas las fuentes de ingreso de PPC en los puertos. Ingresos millonarios e importantes para el Estado desaparecieron con la equiparación de Moscoso y con la falta de reviviscencia en el decreto de Torrijos. Sin mencionar nombres, el contralor se refirió a funcionarios “malos panameños”, que habrían estado muy cerca de las negociaciones de los puertos a lo largo de los años. Dijo que “negociaron muy mal” y que por eso tiende a “pensar mal”. Tal vez sea esta la razón por la cual, luego de presentar sendos recursos de inconstitucionalidad ante el pleno de la Corte y de nulidad ante la Sala Tercera, ha planteado la posibilidad de una lluvia de maletines a lo largo del tiempo. El contralor también ha descrito estos puertos como un “enclave colonial” dentro del territorio nacional. Una afirmación que contrasta con el mensaje oficial del gobierno panameño, que insiste en que China no controla el Canal de Panamá. Pero los resultados no se logran con declaraciones, sino con hechos. Habrá que esperar, entonces, lo que determinen los recursos presentados ante el pleno y la Sala Tercera. progreso, sino que también revela las brechas persistentes y los desafíos estructurales que requieren atención urgente. Como parte del proceso, el Estado presentará un Informe Nacional, el cual debió construirse mediante consultas inclusivas con todos los actores relevantes, incluyendo organizaciones de la sociedad civil. Paralelamente, estas organizaciones han tenido la oportunidad de presentar informes individuales y un informe conjunto, que será considerado por el Grupo de Trabajo del EPU. En esta ocasión, 110 organizaciones panameñas nos hemos articulado para elaborar un informe alternativo. Representamos una diversidad de sectores comprometidos con la defensa de los derechos humanos: mujeres, niñez y adolescencia, personas con discapacidad, personas mayores, comunidades LGBTQI+, pueblos indígenas, migrantes, población afrodescendiente y defensores del ambiente, entre otros. Nuestro análisis revela que las brechas estructurales en derechos humanos no solo persisten, sino que se profundizan. La pobreza, la desigualdad y la exclusión afectan de manera desproporcionada a poblaciones históricamente marginadas, sin que existan políticas públicas con enfoque interseccional, territorial y de no repetición que respondan a esta realidad. A ello se suma la corrupción sistémica, que debilita la institucionalidad democrática y erosiona la confianza ciudadana. La opacidad presupuestaria y la escasa inversión en sectores sociales perpetúan la inequidad y limitan el ejercicio efectivo de los derechos. La cultura de derechos humanos en Panamá sigue siendo frágil. La falta de formación continua para funcionarios públicos, operadores de justicia y medios de comunicación contribuye a prácticas discriminatorias y a la criminalización de personas defensoras. El acceso a la justicia está marcado por barreras económicas, geográficas y culturales, especialmente en zonas rurales e insulares, mientras la impunidad persiste por la falta de una legislación robusta y de independencia judicial. Frente a este panorama, el informe conjunto exige reformas profundas y sostenidas, entre ellas: •Presupuestos públicos con enfoque de derechos humanos. •Educación en derechos humanos desde la escuela. •Fortalecimiento institucional con participación ciudadana. •Justicia accesible e independiente. No se trata únicamente de cumplir con estándares internacionales, sino de construir una agenda centrada en las personas, que reconozca la dignidad humana como eje de las políticas públicas. Como se afirmó en la Conferencia Mundial deDerechosHumanosdeViena(1993): “¿Qué son los derechos humanos si no hay estructuras y mecanismos apropiados para garantizar su efectividad, tanto en el plano interno como en el plano internacional?” ElEPUnoterminael5denoviembre.A partir de enero de 2026, corresponde a todas las personas, organizaciones e instituciones dar seguimiento riguroso a las recomendacionesquePanamáreciba.Larendiciónde cuentas debe ser continua, y la participación ciudadana, activa. Estemos atentos. La defensa de los derechos humanos es una tarea colectiva, y el EPU es una oportunidad para exigir al Estado panameño que cumpla con su deber de garantizar una vida digna para todas las personas. S.A. ©. su Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón † Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. es “lo que paga”. En las escuelas primarias ubicadas en barrios “calientes”, muchos son utilizados como mulas, llevando drogas a cambio de un pago que jamás imaginaron recibir, y que luego usan para adquirir celulares caros y ropa de marca. Cuando los menores son condenados por algún delito, dentro del penal se encuentran con otros jóvenes que ya tienen un amplio prontuario delictivo. Estos les transmiten sus hazañas a los recién llegados como si fueran actos heroicos. De acuerdo con la ley que rige para menoLa falsa resocialización Juventud en riesgo Quiero empezar diciendo que durante casi una década trabajé como instructor vocacional en centros de cumplimiento para menores en la ciudad de Panamá. Durante ese periodo pude observar que la mayoría de los jóvenes infractores provenían de hogares disfuncionales, donde casi todos los miembros de sus familias eran delincuentes: desde vendedores de drogas y extorsionadores hasta sicarios y miembros de bandas criminales. Los niños crecen viendo solo estos modelos y aprenden rápido que el dinero fácil verdaderas oportunidades de empleo digno para esos jóvenes, las cárceles seguirán llenas y se seguirán construyendo más. Los ministros de Gobierno y Justicia — incluyendo a la actual— intentan asumir el papel de protectores y paladines de la resocialización, otorgando indultos a personas que dominan el arte de la manipulación hacia las autoridades. Ya muchos expertos han repetido hasta la saciedad que la resocialización es un asunto que compete a múltiples sectores de la sociedad. No se trata solo de reprimir con operativos de nombres rimbombantes o de construir más cárceles. Cuantos más centros penitenciarios se construyan, más delincuencia existirá. Ese hecho, por sí solo, demuestra que como sociedad hemos perdido la lucha por una verdadera resocialización. EL AUTOR es sociólogo. Los gobiernos no entienden que mientras no se rompa con la pobreza extrema en los barrios y no existan verdaderas oportunidades de empleo digno para los jóvenes, las cárceles seguirán llenas y se seguirán construyendo más. Jaime Cheng Peñalba res infractores, estos solo pueden recibir una condena de hasta doce años. Sin embargo, el falso concepto de resocialización estipula que si el menor se porta bien y asiste a los cursos o a la escuela, su condena puede reducirse hasta cinco años. Muchos de estos jóvenes se gradúan de premedia o media sin contar con una herramienta concreta para ganarse la vida de manera honrada cuando salen de prisión. Una vez en libertad, los espera el mismo barrio, la pandilla que les celebra una fiesta como si se tratara de un rito de iniciación, y la misma familia disfuncional. De esta forma se repite el círculo vicioso: para volver a tener dinero fácil, reinciden en el delito hasta convertirse en adultos, y entonces comparten cárceles con los mismos familiares y vecinos con los que crecieron. Sin embargo, todos los gobiernos y sus ministros encargados del tema miran la resocialización de forma superficial. No desean entender que mientras no se rompa con la pobreza extrema en los barrios y no existan
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