6A La Prensa Panamá, miércoles 29 de octubre de 2025 Panorama Estudiantes van a remo, en piragua a su escuela a través del río Caña, en Kusapín, comarca Ngäbe Buglé. Alexander Arosemena Morir por ir a la escuela en la comarca Ngäbe Buglé Aleida Samaniego C. [email protected] EDUCACIÓN Organizaciones sociales exigen al Estado construir puentes y adoptar medidas urgentes para evitar más muertes. En los últimos 25 años, unos 70 menores se ahogaron en su trayecto hacia la escuela. Una nueva tragedia llena de luto la comunidad de Mironó, en la comarca Ngäbe Buglé, luego de que dos niñas perdieran la vida ahogadas al intentar cruzar la quebrada La Pita, un afluente cuyo caudal había crecido por las intensas lluvias que caían sobre esa región. El hecho ocurrió la tarde del 27 de octubre, coincidiendo con la conmemoración del Día del Estudiante, cuando cinco menores del Centro de Educación Básica General Cascabel regresaban a sus hogares después de clases. De acuerdo con el reporte preliminar, los niños intentaron atravesar la quebrada, cuyo caudal había aumentado considerablemente, y fueron arrastrados por la fuerte corriente. Dos de las menores, de cinco y ocho años, fueron encontradas sin vida. Ambas cursaban kínder y primer grado en el centro educativo. Otras tres víctimas —una niña y dos niños, de 10, 11 y 12 años— resultaron con heridas y fueron auxiliadas por moradores del área. La emergencia fue notificada a las autoridades por la docente del centro educativo, quien dio la voz de alerta tras conocer lo sucedido. El Ministerio Público se trasladó al lugar para realizar las diligencias correspondientes y brindar asistencia a las familias. Una tragedia anunciada Esta nueva pérdida ocurre apenas cinco días después de la presentación del informe Educación Mortal: Crisis Sistemática de Ahogamientos Infantiles en la Comarca Ngäbe Buglé, elaborado por la Fundación para el Desarrollo Económico y Social y Jóvenes Unidos por la Educación (JUxlaE). El documento, presentado el 22 de octubre ante la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional, advertía que durante los últimos 25 años entre 55 y 70 personas, en su mayoría niños, han muerto ahogadas al intentar cruzar ríos y quebradas para asistir a la escuela en la comarca. El informe denuncia que la omisión del Estado panameño no solo ha dejado desprotegidos a los niños, sino que constituye una violación estructural de los derechos humanos, especialmente del derecho a la vida y a la educación. La comarca Ngäbe Buglé, con una tasa de pobreza multidimensional que alcanza el 93.8%, es una de las zonas más marginadas de Panamá. Su topografía montañosa y la falta de infraestructuras adecuadas obligan a los niños a enfrentar condiciones extremas para ejercer su derecho a la educación. Reacción de JUxlaE A través de un comunicado, JUxlaE lamentó profundamente la tragedia y reiteró la urgencia de atender esta problemática estructural. “Hoy, cinco días después, lamentamos el ahogamiento de dos infantes que regresaban a su hogar desde la escuela Cascabel, intentando cruzar la Quebrada Pita en el distrito de Mironó. Esta tragedia confirma la urgencia de nuestro llamado”, expresó la organización. La agrupación calificó el hecho como “una ironía dolorosa”, al ocurrir precisamente en el Día del Estudiante, jornada que debería ser de celebración, pero que se transformó en duelo. “Es irónico que en lo que debiera ser un día de festejo, hoy las familias Ngäbe Buglé lloran la pérdida de sus seres queridos. Esta realidad inaceptable evidencia la desigualdad estructural que enfrenta la niñez indígena panameña”, señalaron. JUxlaE advirtió además que estos hechos constituyen una violación a derechos fundamentales consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Constitución Nacional, incluyendo el derecho a la vida (Art. 6), a la educación accesible (Art. 28) y a la no discriminación (Art. 2). El comunicado incluye un conjunto de demandas urgentes dirigidas a las autoridades del Ministerio de Educación (Meduca), Ministerio de Obras Públicas (MOP), Ministerio de Gobierno (Mingob) y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc). Entre ellas se destacan: implementar sistemas de alerta temprana para crecidas de ríos, con tecnología accesible y capacitación comunitaria; construir puentes peatonales colgantes en puntos críticos mediante reasignación presupuestaria para 2026; establecer modalidades híbridas o remotas de educación en zonas vulnerables para evitar la exposición de los estudiantes a riesgos; y desarrollar un plan integral de desarrollo para la comarca Ngäbe Buglé, elaborado en consulta con las comunidades locales. Crítica política El diputado Jorge Bloise, presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional, cuestionó duramente las prioridades del sistema educativo tras la reciente tragedia. “Los niños deben tener garantizado un acceso digno a su escuela, pero en Panamá eso no ocurre”, advirtió, al señalar que mientras el Meduca impulsa una compra multimillonaria de laptops, en muchas comunidades los estudiantes arriesgan su vida cruzando ríos y quebradas para llegar a clases. Bloise calificó como un despropósito destinar recursos a programas tecnológicos en escuelas que carecen de condiciones básicas. “Se sigue insistiendo en la compra multimillonaria de laptops en centros que no tienen ni internet, ni luz, ni mucho menos agua. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay que priorizar en materia educativa”, recalcó. El diputado enfatizó que el presupuesto debe garantizar que todos los niños y niñas puedan llegar a sus escuelas de manera segura, con infraestructura mínima como puentes o pasos peatonales. El parlamentario recordó que la Comisión de Educación recibió, publicó y compartió el informe Educación Mortal, que advertía sobre los riesgos de los estudiantes en la comarca. “Si no se toman los correctivos, esto volverá a suceder porque no estamos haciendo el trabajo que corresponde como país. Hay que garantizar los zarzos y los puentes para que los niños puedan ir a la escuela”, sostuvo. Bloise también cuestionó la falta de acción preventiva ante las alertas del Sinaproc. “El Sinaproc había emitido sus alertas y no se actuó a tiempo. El Meduca debió suspender clases en toda la comarca, no solo en un distrito [...] no se tomaron las medidas de prevención”, lamentó. Finalmente, advirtió que “las tragedias no pueden seguir siendo las que tomen las decisiones en este país” y llamó al Meduca a actuar con sabiduría y priorizar la seguridad y el derecho a la educación. “Si no se pueden tomar decisiones correctas, les está quedando grande el puesto”, sentenció. Al cierre de esta nota, el Meduca aún no se había pronunciado sobre el fallecimiento de las estudiantes. Aleida Samaniego C. [email protected] El Minsa con el apoyo del Unfpa, realizó el domingo pasado el XII Encuentro Nacional de Adolescentes, bajo el lema ‘Mi vida, mi decisión: sin vapeo respiro mejor’, que reunió a 400 jóvenes del país. Cortesía Proponen sancionar venta de vapeadores a menores con multas de $100,000 SALUD PÚBLICA La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional prohijó el 27 de octubre el anteproyecto de ley No. 227, que busca reforzar la protección de los menores frente al consumo de cigarrillos electrónicos y otros productos de nicotina. Entre sus disposiciones, establece multas de hasta $100,000 para los comerciantes que vendan estos productos a adolescentes, medida que responde al aumento del consumo entre jóvenes y a la necesidad de políticas más estrictas de prevención. Según la iniciativa, la venta de vapeadores o cigarrillos electrónicos a menores constituirá una infracción grave, al igual que no comprobar la edad del comprador al momento de la venta o emplear a menores en la comercialización de estos productos. Todas las infracciones graves recibirán multas que oscilan entre $5,000 y $100,000, monto máximo permitido por la legislación panameña. La propuesta presentada por el diputado panameñista Medin Jiménez Pittí, también prevé responsabilidad administrativa para padres, tutores o representantes legales de menores que sean encontrados consumiendo estos productos, con sanciones de $500 a $5,000 y la obligación de participar en talleres de educación parental sobre adicciones y salud pública. Por su parte, los adolescentes sorprendidos usando vapeadores serán enviados a programas de prevención y cesación del consumo de nicotina, además de estar sujetos a medidas disciplinarias establecidas por el Ministerio de Educación, que deberá implementar protocolos de intervención psicosocial. Otras medidas propuestas incluyen la obligación de que los establecimientos que vendan estos productos coloquen avisos visibles sobre la prohibición de venta a menores. El anteproyecto busca limitar la publicidad y presentación de los productos de manera que no resulten atractivos para menores. Los empaques deberán ser resistentes a la manipulación infantil, y se prohíbe el uso de personajes, dibujos, sabores o diseños dirigidos a los jóvenes. Asimismo, queda prohibida la promoción en escuelas, hospitales, centros deportivos, medios de comunicación orientados a menores y plataformas digitales donde no se garantice la verificación de edad. Minsa implementa normas estrictas Desde el 13 de agosto comenzó a regir en todo el país la Resolución No.146 de 31 de enero de 2025 del Ministerio de Salud (Minsa), que establece las normas para el uso, comercialización, promoción, publicidad y consumo de dispositivos electrónicos, con o sin nicotina, así como de productos de tabaco calentado, nicotina oral, consumibles, envases de recarga y sus accesorios. La medida, establecida en el Decreto Ejecutivo No. 34 de 13 de julio de 2023, reglamenta la Ley 315 de 30 de junio de 2022 y busca proteger a la población de los efectos nocivos de estos productos, cuyo aerosol contiene sustancias tóxicas y cancerígenas. La normativa contempla multas que van desde $10 hasta $100,000; decomiso de productos; suspensión temporal de actividades; e incluso clausura definitiva de establecimientos. Los montos y medidas dependen de la autoridad que imponga la sanción y de la gravedad de la falta. El decreto detalla que no se podrá vapear en oficinas públicas y privadas; medios de transporte terrestre, marítimo y aéreo; lugares cerrados de acceso público; instalaciones deportivas, abiertas o cerradas; áreas comunes de edificios; ambientes laborales cerrados; instituciones educativas y centros de salud, sean públicos o privados. La lista específica incluye cines, restaurantes, bares, discotecas, hoteles, casinos, centros comerciales, supermercados, cibercafés, salones de belleza, centros de masaje, iglesias, circos, centros de convenciones y cualquier otro lugar donde la autoridad lo disponga. También abarca gimnasios, estadios, piscinas, canchas, campos de golf, autódromos y academias deportivas. Incluso en espacios con ventilación natural, como terrazas o áreas techadas sin paredes, los gerentes o propietarios deberán garantizar que los vapores no contaminen ambientes cerrados ni constituyan paso obligado para personas que busquen o presten servicios.
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