2A La Prensa Panamá, miércoles 29 de octubre de 2025 Luis Carlos Gómez Rudy, procurador general de la Nación. Alexander Arosemena ‘Solo se le dio discusión al primer artículo’: Procurador Gómez Rudy Mónica Palm [email protected] ENTREVISTA El procurador Luis Carlos Gómez Rudy lamentó el rechazo legislativo a los proyectos 291 y 292, y afirmó que ‘la voluntad está al 100%, pero faltan herramientas para castigar la corrupción’. El procurador de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, no parece sorprendido por el rechazo de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional (AN) a dos proyectos de ley que presentó en julio pasado y que buscaban fortalecer la lucha contra la corrupción. —¿Cómo se siente usted luego del resultado en la Asamblea Nacional? Es un tema lamentable, sobre todo cuando observo que, en el proyecto que adopta la primera Ley General Anticorrupción, solamente se le dio discusión al primer artículo, cuando es un proyecto que tiene 71 artículos que buscaban agilizar las investigaciones, lograr que fuesen oportunas y garantizar certeza del castigo. El tema de combatir la corrupción es un tema de todos: de quien denuncia, de quien investiga, de quien juzga, pero sobre todo de quienes nos dan aquellas reglas que van a constituir el proceso en el cual se va a dirigir toda la investigación y su juzgamiento. —El argumento del presidente de la Comisión de Gobierno es que no se necesitan más leyes para combatir la corrupción. Lo que falta, según Camacho, es voluntad. ¿Cuál es su respuesta frente a ese señalamiento? La voluntad está al 100% de todos los agentes fiscales encargados de investigar en materia anticorrupción. Todos los días se realizan diversos operativos en beneficio de las instituciones públicas que, de una u otra manera, han sido afectadas por estas conductas. La realidad de Panamá es la ausencia de herramientas más efectivas que permitan superar obstáculos en las investigaciones. Por ejemplo, no tenemos la obligación de que las instituciones se constituyan en querellantes. Esa es una voluntad en la que no podemos asegurar que el resarcimiento civil en beneficio del Estado se haga realidad. Con el nuevo modelo de procedimiento penal se requiere la exigencia de un querellante legítimo en cuanto a esa reparación civil. Y es que el enfoque de los proyectos anticorrupción iba en esa línea: superar esos obstáculos. La voluntad está. Lo que se busca es adecuar normativas procesales para poder agilizar investigaciones y asegurar juzgamientos con certeza de castigo en este tipo de delitos. —¿Por qué considera que los proyectos de ley 291 y 292 no fueron aprobados en primer debate? Ni siquiera hubo una real discusión del contenido de ambas propuestas. Tal cual como lo indica: no hubo una real discusión. Cuando observamos que, en la Ley General Anticorrupción, lo primero que se leyó fue el artículo 1, y ante ese rechazo bastó para rechazar todo el proyecto de ley, evidentemente no había una voluntad de explorar el proyecto y someterlo a una real discusión. El primer artículo de ese proyecto habla del objeto y fines de la ley, y en esa materia se hacía énfasis en que la finalidad era lograr la protección del patrimonio estatal, la aplicación de técnicas conforme a la Constitución, los tratados y la ley, y potenciar la cooperación internacional. Si estos tres objetos no son suficientes para invitar a la lectura profunda del proyecto y la discusión de los demás artículos, entonces debo concluir que no hubo una real discusión. —El diputado Camacho se quejó porque no hay investigaciones relacionadas con el contenido de los Varelaleaks, porque no se ha llamado a la exprocuradora Kenia Porcell ni se ha procesado al testigo protegido del caso Pinchazos. ¿Qué opina de esas apreciaciones? Esa apreciación trasciende temas particulares que se alejan de los objetos de discusión dentro del foro que correspondía a proyectos de ley, de reformas al Código Penal y a la Ley General Anticorrupción. Por estricta prudencia no puedo referirme a casos investigados en periodos pasados. —¿Presentará nuevamente ambas propuestas? Si tuviera una segunda oportunidad, ¿qué haría distinto? Sí presentaría nuevamente las propuestas y no haría absolutamente nada distinto. Estos proyectos de ley fueron elaborados con el mayor criterio técnico, científico y objetivo, con la finalidad de proveer al país de marcos legislativos adecuados a la realidad nacional. Lo señalado por los diputados en primer debate será respetado por este procurador; sin embargo, eso no excluye la posibilidad de volver a presentarlos y, como he señalado, no haría absolutamente nada diferente. —¿Por qué nacieron estos proyectos? El delito es una actividad dinámica y se sofistica constantemente. En ese sentido, las reglas deben ir adecuándose a esas realidades criminales. Por ejemplo, el delito insigniaenmateriacontrala administración pública es el de corrupción. En la actualidad tiene una pena de dos a cuatro años de prisión. Son penas en las que un delincuente primario, lo más probable, es que no enfrente pena de prisión, porque puede ser reemplazada. Lo más grave es que el tema de prescripción es corto, y podemos enfrentar prescripción de la acción penal, como sucedió en casos muy conocidos como Blue Apple y Odebrecht, donde los delitos de corrupción se declararon prescritos. De esta manera, las reglas tienen que ir adecuándose a las realidades, y esta era una de las intenciones del proyecto de ley anticorrupción. Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Cinco diputados de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, provenientes de Realizando Metas (RM), el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Cambio Democrático (CD), rechazaron los proyectos de ley 291 y 292 presentados por el procurador Luis Gómez, frustrando una de las principales iniciativas del Ministerio Público para fortalecer la lucha contra la corrupción. Las propuestas —diseñadas para agilizar las investigaciones, ampliar plazos de prescripción y endurecer las penas por delitos contra la administración pública— no obtuvieron el respaldo necesario en una de las comisiones clave del Legislativo, lo que generó cuestionamientos sobre el compromiso de los diputados con la transparencia y la rendición de cuentas. Votaron en contra los diputados de RM Luis Eduardo Camacho y Shirley Castañeda, los perredistas Jairo Salazar y Raphael Buchanan, y Didiano Pinilla (CD). A favor se pronunciaron José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino (MOCA), y los independientes Roberto Zúñiga, Luis Duke y Janine Prado, de la coalición Vamos. La votación reflejó la fragmentación política de la comisión y las tensiones en torno a la agenda anticorrupción. La iniciativa 291, conocida como Ley General Anticorrupción, buscaba dotar al Ministerio Público de herramientas modernas como agentes encubiertos, auditorías independientes y seguimiento patrimonial, además de permitirle actuar de oficio en casos de enriquecimiento injustificado. También duplicaba los plazos de prescripción para delitos como peculado. El proyecto 292, complementario, reformaba el Código Penal para aumentar las sanciones por peculado, concusión y enriquecimiento injustificado. Durante la sustentación, el secretario general del Ministerio Público, Jorge Luis de la Torre Franco, defendió ambos proyectos como una actualización necesaria para enfrentar la corrupción en Panamá. “La corrupción es una situación que está afectando gravemente la evolución de los sistemas democráticos”, advirtió. Explicó que, a casi quince años de implementado el Código Procesal Penal, las herramientas actuales resultan insuficientes frente a delitos cada vez más complejos y de alto impacto económico. De la Torre subrayó que las reformas permitirían a las instituciones afectadas constituirse como gestores activos del proceso penal, no solo como denunciantes, garantizando la reparación del daño causado al Estado. Entre las herramientas contempladas mencionó auditorías, peritajes, reserva de actuaciones y colaboración entre entidades públicas y privadas para faDiputados de RM, PRD y CD, liderados por Camacho, frenan iniciativas contra la corrupción COMISIÓN DE GOBIERNO cilitar información. El exfiscal Giovanni Olmos coincidió en la necesidad de las reformas. “Felicito al Ministerio Público por esta iniciativa. Es necesaria e importante para el combate a la corrupción”, expresó. Representando al gremio de abogados litigantes, advirtió sobre la importancia de mantener rigor procesal y mejorar el acceso de la defensa en causas complejas. Los diputados de Vamos, Jorge Zúñiga y Janine Prado, defendieron con firmeza las iniciativas. Zúñiga recordó que, según Transparencia Internacional, Panamá ha perdido más de 15,500 millones de dólares por corrupción en los últimos 24 años, el equivalente al 5% del gasto público. “Tres ampliaciones del Canal, nueve líneas del Metro, 15 mil escuelas modernas y 300 mil viviendas dignas podrían haberse financiado con esos recursos”, dijo. Prado añadió que Panamá no es un país pobre, sino empobrecido por la corrupción, y recordó que cada año se pierden entre 1,200 y 2,000 millones de dólares por malas prácticas administrativas. “Cuando la gente sabe adónde van sus impuestos, vuelve a tener confianza en el Estado”, sostuvo. En contraste, el diputado Luis Eduardo Camacho (RM) argumentó que “la corrupción no se combate con más leyes, sino con voluntad”. A su juicio, el problema es moral, no legislativo. “El problema de la corrupción es un problema moral que aqueja a la sociedad en todos sus niveles”, afirmó, citando casos de coimas en cuerpos de seguridad y migración. Camacho también cuestionó a los gremios empresariales: “Comiencen combatiendo la corrupción desde dentro de sus gremios. El que cita a un corrupto en el gobierno, lo más probable es que cite a un corrupto en la empresa privada”. Con cinco votos en contra y cuatro a favor, la comisión cerró el paso a las reformas que gremios empresariales y organizaciones civiles consideraban urgentes para fortalecer el marco institucional contra la corrupción. Además de Camacho, el propio presidente de la República, José Raúl Mulino, había expresado previamente su rechazo a la propuesta. Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.. Elysée Fernández
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