1A La Prensa Panamá, miércoles 29 de octubre de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Miércoles 29 de octubre de 2025 - Año 45 - Nº 15184 Hoy por hoy En el evento “Educación y Futuro Laboral”, organizado por esta casa editorial, se indicó, entre otras informaciones, que “el 72% de la población panameña no tendrá las competencias necesarias para los empleos del futuro” hacia el año 2030. Esa afirmación prospectiva, que por sí sola resulta desgarradora, se basa fundamentalmente en la brecha entre educación, productividad y bienestar. Si bien tal diagnóstico debería mover a cualquier persona racional a actuar para impedir que ese vaticinio se cumpla, cinco honorables diputados se niegan a modificar ese destino. Desde que decidieron archivar dos anteproyectos de ley remitidos a la Asamblea Nacional por el procurador general de la Nación, cuyo objetivo era mitigar la impunidad, han dejado clara su posición: prefieren mantener leyes ineficaces para sancionar de manera efectiva a quienes delinquen, especialmente contra el Estado. Su norte es evidente: perpetuar la impunidad. Esa conducta, al final del camino, constituye un desprecio hacia los panameños afectados por la asimetría estructural del país y favorece la continuación de la expoliación al Estado, lo que, por simple aritmética, reduce los recursos destinados a la educación. Ellas.pa Celia Cruz y la moda; tres momentos icónicos 5B Panamá cae en penales ante los ticos; se queda con la plata 8A Deportes Panamá estudia lo que el mundo ya dejó atrás Yolanda Sandoval [email protected] En el foro Educación y Futuro Laboral, organizado por CorCAFÉ CON LA PRENSA En el foro Educación y Futuro Laboral, expertos advirtieron que Panamá sigue formando para empleos del pasado y urge vincular la educación con la innovación, la productividad y la equidad social. prensa, se advirtió que Panamá continúa formando para empleos que están desapareciendo, en un sistema educativo marcado por la inequidad desde la primera infancia y la falta de conexión con las demandas del siglo XXI. Durante este “Café con La Prensa” , los expositores Juan Arias, Milena Gómez, Gustavo Rodríguez y Aida Alfaro coincidieron en que el país debe fortalecer la educación técnica, actualizar la formación docente y vincular la enseñanza con la productividad, la innovación y las nuevas competencias digitales necesarias para un desarrollo sostenible e inclusivo. VEA 1B El Consejo de Gabinete aprobó la suscripción de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $350 millones para financiar el presupuesto general del Estado y mejorar el sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS). Según un comunicado de la Presidencia, el financiamiento forma parte del Programa de Mejoramiento del Sistema de Pensiones de la CSS en Panamá, aprobado por el BID el 22 de octubre de 2025. El préstamo fue pactado a una tasa SOFR de tres meses y un plazo de 20 años. VEA 5A FINANZAS PÚBLICAS BAC planea fusión total con Multibank en Panamá Gabinete avala préstamo de $350 millones para financiar el presupuesto BAC planea fusionar completamente sus operaciones con Multibank en Panamá, unificando activos y fortaleciendo su presencia regional en el mercado financiero centroamericano. VEA 2B BANCA Designan a dos magistrados suplentes de la Corte Suprema El Consejo de Gabinete designó a Guimara Darcell Aparicio Ortega y a Juan Carlos Tatis Castillo como magistrados suplentes de Carlos Villalobos y Gisela Agurto, respectivamente, en la Corte Suprema. VEA 5A JUSTICIA La periodista Yolanda Sandoval junto a los panelistas Milena Gómez, Juan Arias, Aida Alfaro y Gustavo Rodríguez.. Alexander Arosemena Felipe Chapman, ministro de Economía. Archivo Netanyahu ordena al ejército de Israel reanudar de inmediato los ataques en Gaza www.prensa.com/bbc/ ‘No hubo una real discusión’; Gómez reacciona al rechazo de los proyectos anticorrupción El procurador Luis Carlos Gómez Rudy lamentó que la Comisión de Gobierno, presidida por Luis Eduardo Camacho, sepultara los proyectos anticorrupción sin pasar del primer artículo. VEA 2A
2A La Prensa Panamá, miércoles 29 de octubre de 2025 Luis Carlos Gómez Rudy, procurador general de la Nación. Alexander Arosemena ‘Solo se le dio discusión al primer artículo’: Procurador Gómez Rudy Mónica Palm [email protected] ENTREVISTA El procurador Luis Carlos Gómez Rudy lamentó el rechazo legislativo a los proyectos 291 y 292, y afirmó que ‘la voluntad está al 100%, pero faltan herramientas para castigar la corrupción’. El procurador de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, no parece sorprendido por el rechazo de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional (AN) a dos proyectos de ley que presentó en julio pasado y que buscaban fortalecer la lucha contra la corrupción. —¿Cómo se siente usted luego del resultado en la Asamblea Nacional? Es un tema lamentable, sobre todo cuando observo que, en el proyecto que adopta la primera Ley General Anticorrupción, solamente se le dio discusión al primer artículo, cuando es un proyecto que tiene 71 artículos que buscaban agilizar las investigaciones, lograr que fuesen oportunas y garantizar certeza del castigo. El tema de combatir la corrupción es un tema de todos: de quien denuncia, de quien investiga, de quien juzga, pero sobre todo de quienes nos dan aquellas reglas que van a constituir el proceso en el cual se va a dirigir toda la investigación y su juzgamiento. —El argumento del presidente de la Comisión de Gobierno es que no se necesitan más leyes para combatir la corrupción. Lo que falta, según Camacho, es voluntad. ¿Cuál es su respuesta frente a ese señalamiento? La voluntad está al 100% de todos los agentes fiscales encargados de investigar en materia anticorrupción. Todos los días se realizan diversos operativos en beneficio de las instituciones públicas que, de una u otra manera, han sido afectadas por estas conductas. La realidad de Panamá es la ausencia de herramientas más efectivas que permitan superar obstáculos en las investigaciones. Por ejemplo, no tenemos la obligación de que las instituciones se constituyan en querellantes. Esa es una voluntad en la que no podemos asegurar que el resarcimiento civil en beneficio del Estado se haga realidad. Con el nuevo modelo de procedimiento penal se requiere la exigencia de un querellante legítimo en cuanto a esa reparación civil. Y es que el enfoque de los proyectos anticorrupción iba en esa línea: superar esos obstáculos. La voluntad está. Lo que se busca es adecuar normativas procesales para poder agilizar investigaciones y asegurar juzgamientos con certeza de castigo en este tipo de delitos. —¿Por qué considera que los proyectos de ley 291 y 292 no fueron aprobados en primer debate? Ni siquiera hubo una real discusión del contenido de ambas propuestas. Tal cual como lo indica: no hubo una real discusión. Cuando observamos que, en la Ley General Anticorrupción, lo primero que se leyó fue el artículo 1, y ante ese rechazo bastó para rechazar todo el proyecto de ley, evidentemente no había una voluntad de explorar el proyecto y someterlo a una real discusión. El primer artículo de ese proyecto habla del objeto y fines de la ley, y en esa materia se hacía énfasis en que la finalidad era lograr la protección del patrimonio estatal, la aplicación de técnicas conforme a la Constitución, los tratados y la ley, y potenciar la cooperación internacional. Si estos tres objetos no son suficientes para invitar a la lectura profunda del proyecto y la discusión de los demás artículos, entonces debo concluir que no hubo una real discusión. —El diputado Camacho se quejó porque no hay investigaciones relacionadas con el contenido de los Varelaleaks, porque no se ha llamado a la exprocuradora Kenia Porcell ni se ha procesado al testigo protegido del caso Pinchazos. ¿Qué opina de esas apreciaciones? Esa apreciación trasciende temas particulares que se alejan de los objetos de discusión dentro del foro que correspondía a proyectos de ley, de reformas al Código Penal y a la Ley General Anticorrupción. Por estricta prudencia no puedo referirme a casos investigados en periodos pasados. —¿Presentará nuevamente ambas propuestas? Si tuviera una segunda oportunidad, ¿qué haría distinto? Sí presentaría nuevamente las propuestas y no haría absolutamente nada distinto. Estos proyectos de ley fueron elaborados con el mayor criterio técnico, científico y objetivo, con la finalidad de proveer al país de marcos legislativos adecuados a la realidad nacional. Lo señalado por los diputados en primer debate será respetado por este procurador; sin embargo, eso no excluye la posibilidad de volver a presentarlos y, como he señalado, no haría absolutamente nada diferente. —¿Por qué nacieron estos proyectos? El delito es una actividad dinámica y se sofistica constantemente. En ese sentido, las reglas deben ir adecuándose a esas realidades criminales. Por ejemplo, el delito insigniaenmateriacontrala administración pública es el de corrupción. En la actualidad tiene una pena de dos a cuatro años de prisión. Son penas en las que un delincuente primario, lo más probable, es que no enfrente pena de prisión, porque puede ser reemplazada. Lo más grave es que el tema de prescripción es corto, y podemos enfrentar prescripción de la acción penal, como sucedió en casos muy conocidos como Blue Apple y Odebrecht, donde los delitos de corrupción se declararon prescritos. De esta manera, las reglas tienen que ir adecuándose a las realidades, y esta era una de las intenciones del proyecto de ley anticorrupción. Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Cinco diputados de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, provenientes de Realizando Metas (RM), el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Cambio Democrático (CD), rechazaron los proyectos de ley 291 y 292 presentados por el procurador Luis Gómez, frustrando una de las principales iniciativas del Ministerio Público para fortalecer la lucha contra la corrupción. Las propuestas —diseñadas para agilizar las investigaciones, ampliar plazos de prescripción y endurecer las penas por delitos contra la administración pública— no obtuvieron el respaldo necesario en una de las comisiones clave del Legislativo, lo que generó cuestionamientos sobre el compromiso de los diputados con la transparencia y la rendición de cuentas. Votaron en contra los diputados de RM Luis Eduardo Camacho y Shirley Castañeda, los perredistas Jairo Salazar y Raphael Buchanan, y Didiano Pinilla (CD). A favor se pronunciaron José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino (MOCA), y los independientes Roberto Zúñiga, Luis Duke y Janine Prado, de la coalición Vamos. La votación reflejó la fragmentación política de la comisión y las tensiones en torno a la agenda anticorrupción. La iniciativa 291, conocida como Ley General Anticorrupción, buscaba dotar al Ministerio Público de herramientas modernas como agentes encubiertos, auditorías independientes y seguimiento patrimonial, además de permitirle actuar de oficio en casos de enriquecimiento injustificado. También duplicaba los plazos de prescripción para delitos como peculado. El proyecto 292, complementario, reformaba el Código Penal para aumentar las sanciones por peculado, concusión y enriquecimiento injustificado. Durante la sustentación, el secretario general del Ministerio Público, Jorge Luis de la Torre Franco, defendió ambos proyectos como una actualización necesaria para enfrentar la corrupción en Panamá. “La corrupción es una situación que está afectando gravemente la evolución de los sistemas democráticos”, advirtió. Explicó que, a casi quince años de implementado el Código Procesal Penal, las herramientas actuales resultan insuficientes frente a delitos cada vez más complejos y de alto impacto económico. De la Torre subrayó que las reformas permitirían a las instituciones afectadas constituirse como gestores activos del proceso penal, no solo como denunciantes, garantizando la reparación del daño causado al Estado. Entre las herramientas contempladas mencionó auditorías, peritajes, reserva de actuaciones y colaboración entre entidades públicas y privadas para faDiputados de RM, PRD y CD, liderados por Camacho, frenan iniciativas contra la corrupción COMISIÓN DE GOBIERNO cilitar información. El exfiscal Giovanni Olmos coincidió en la necesidad de las reformas. “Felicito al Ministerio Público por esta iniciativa. Es necesaria e importante para el combate a la corrupción”, expresó. Representando al gremio de abogados litigantes, advirtió sobre la importancia de mantener rigor procesal y mejorar el acceso de la defensa en causas complejas. Los diputados de Vamos, Jorge Zúñiga y Janine Prado, defendieron con firmeza las iniciativas. Zúñiga recordó que, según Transparencia Internacional, Panamá ha perdido más de 15,500 millones de dólares por corrupción en los últimos 24 años, el equivalente al 5% del gasto público. “Tres ampliaciones del Canal, nueve líneas del Metro, 15 mil escuelas modernas y 300 mil viviendas dignas podrían haberse financiado con esos recursos”, dijo. Prado añadió que Panamá no es un país pobre, sino empobrecido por la corrupción, y recordó que cada año se pierden entre 1,200 y 2,000 millones de dólares por malas prácticas administrativas. “Cuando la gente sabe adónde van sus impuestos, vuelve a tener confianza en el Estado”, sostuvo. En contraste, el diputado Luis Eduardo Camacho (RM) argumentó que “la corrupción no se combate con más leyes, sino con voluntad”. A su juicio, el problema es moral, no legislativo. “El problema de la corrupción es un problema moral que aqueja a la sociedad en todos sus niveles”, afirmó, citando casos de coimas en cuerpos de seguridad y migración. Camacho también cuestionó a los gremios empresariales: “Comiencen combatiendo la corrupción desde dentro de sus gremios. El que cita a un corrupto en el gobierno, lo más probable es que cite a un corrupto en la empresa privada”. Con cinco votos en contra y cuatro a favor, la comisión cerró el paso a las reformas que gremios empresariales y organizaciones civiles consideraban urgentes para fortalecer el marco institucional contra la corrupción. Además de Camacho, el propio presidente de la República, José Raúl Mulino, había expresado previamente su rechazo a la propuesta. Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.. Elysée Fernández
3A La Prensa Panamá, miércoles 29 de octubre de 2025
4A La Prensa Panamá, miércoles 29 de octubre de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] SATANÁS. Víspera de Halloween. Camacho consideró que no había mejor fecha para enterrar, de una vez, los dos proyectos anticorrupción que presentó el procurador Gómez Rudy. Repetía el mismo cuento de terror: que no se necesitan más leyes para investigar la corrupción. Por tanto, advirtió que no le daría más “herramientas” al Ministerio Público para perseguir los delitos. Ahora que Camacho ha decidido renegar de su rol de legislar, sería buena idea mandarlo para su casa. Habría que hacerlo pronto, antes de que cambie de opinión o reciba nuevas instrucciones desde Bogotá. PALADA. Algunos datos son más aterradores que un fantasma. El diputado Luis Duke advirtió que el Código Procesal Penal no se ha actualizado integralmente desde su entrada en vigencia, en el año 2008, en lo que respecta a los delitos contra la administración pública. Uno de los proyectos del procurador Gómez Rudy proponía exactamente eso. Pero, como la idea era buena, había que abortarla. TINIEBLAS. Didiano Pinilla es un ángel caído. Alguna vez fue parte de aquel grupo de 37 diputados que triunfó el 1 de julio. Pero ayer dio otra muestra de su adhesión a la bancada del mal. Con su voto, el PRD y RM lograron los votos necesarios para hundir los proyectos anticorrupción en primer debate. No hay disfraz que pueda ocultar tanta traición. ELEGIDO. El abogado Sidney Sittón será el abanderado de los desfiles del 4 de noviembre, en David. Por lo menos su caballo no se va a aburrir, porque, por primera vez, un abanderado le va a hablar. PREJUICIO. Actualmente, la Policía Nacional no recluta a nadie que tenga un tatuaje. Pero, si es aprobada la propuesta de Kevin Carrillo, suplente del diputado Pérez Barboni, las entidades no podrán negarse a contratar a alguien si este cumple con los requisitos. Esta prohibición era hasta ridícula: hay funcionarios y diputados con nexos —más visibles que un tatuaje— con el crimen organizado, y a Miembros del Suntracs realizaron un piqueteo en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio durante la audiencia. Juan Manuel Díaz. Imputan cargos a esposa e hija de Caballero y otros dos dirigentes Juan Manuel Díaz [email protected] SUNTRACS Según la fiscalía, un informe de actuación financiera de la División de Blanqueo de capitales muestra la transferencia del dinero de las cuentas del Suntracs a las de la hija y esposa de Jaime Caballero. El juez de garantías Carmelo Zambrano acogió la imputación por los delitos de blanqueo de capitales y delitos financieros contra los dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción (Suntracs) José Modesto Palacios y Abdiel Alberto Bethancourt. Durante una audiencia que se inició a las 2:00 p.m. de ayer, el juez Zambrano también acogió la imputación presentada contra Kathia Caballero y María Isabel Cordero, hija y esposa del también dirigente del Suntracs Jaime Caballero, detenido desde hace cinco meses por este mismo caso. Las alegaciones de la fiscalía El fiscal especializado contra la delincuencia organizada Emeldo Márquez argumentó que Palacios y Bethancourt, como directivos del Suntracs y con la anuencia del resto de la directiva, firmaron cheques para la entrega de fondos del sindicato a Caballero, que este luego utilizó para el pago de compromisos personales, entre ellos para amortizar un préstamo que mantenía con el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) por un monto de $800 mil. Según la investigación, Palacios y Bethancourt autorizaron el desembolso de $39 mil a Caballero, dinero que usó para evitar que el BDA le cancelara el préstamo que le había otorgado. Sin embargo, Caballero alegó que estos recursos provenían de la venta de ganado y la venta de café. Durante el desarrollo de la audiencia, el fiscal Márquez reveló que el BDA había presentado ayer una denuncia contra los directivos del Suntracs por este caso. En su exposición el fiscal relató que los fondos entregados a Caballero luego fueron depositados en cuentas de Kathia Caballero para el pago de compromisos personales. Márquez presentó como elemento de convicción durante sus alegatos el testimonio de Luis Valencia, conductor del Suntracs, quien es la persona que llevaba los cheques a Caballero. Otro de los puntos aportados por el fiscal fue un informe de actuación financiera de la División de Blanqueo de Capitales de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en el que se registra la trazibilidad hecha a los fondos entregados a Caballero. Dicho reporte estableció la transferencia de los fondos del Suntracs a las cuentas de la hija de Jaime Caballero y de su esposa, María Isabel, entre ellos recursos para la construcción de un invernadero que no fue terminado. Descargos de la defensa Por su parte, los abogados defensores Rubén Castrejo y Miguel Ángel Rodríguez afirmaron que la fiscalía no ha podido establecer la procedencia ilícita del dinero manejado por Palacios y Bethancourt. Castrejo explicó que los fondos manejados por los imputados pertenecían al Suntracs y que el sindicato nunca ha presentado una acción legal por esta causa. Rodríguez adujo que durante la diligencia de aprehensión de los imputados se violaron las garantías fundamentales de los procesados y que el juez debió declararla como ilegal. Mientras se desarrolló la audiencia, miembros del Suntracs que se encontraban en la parte exterior del edificio en el que opera el Sistema Penal Acusatorio —en Plaza Ágora— gritaban consignas en las que exigían la libertad de los imputados. La investigación se inició a raíz de un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) que alertó al Ministerio Público sobre la existencia de movimientos irregulares por montos que superaban los $10 mil, relacionados con Jaime Caballero. Caballero permanece bajo detención provisional en la cárcel La Nueva Joya. Juan Manuel Díaz [email protected] Héctor Brands fue devuelto el viernes 24 de octubre. Isaac Ortega Héctor Brands no tiene medidas cautelares; puede salir del país CANCELACIÓN DE VISA El Ministerio Público (MP) mantiene bajo reserva la investigación de oficio abierta contra el exdiputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y exdirector del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Héctor Brands. Fuentes del MP confirmaron que la investigación fue declarada bajo reserva hasta concluir una serie de diligencias que buscan determinar la presunta vinculación de Brands y otras personas con actividades relacionadas con el blanqueo de capitales o el enriquecimiento injustificado. Por ende, no se ha ordenado la conducción del exfuncionario ni se ha fijado fecha para comparecer ante un juez. Mucho menos se ha agendado alguna audiencia de imputación ni se han dictado medidas cautelares, lo que significa que Brands es libre de salir del país. De hecho, el pasado viernes, el exdiputado no tuvo impedimento alguno para abordar un avión en el aeropuerto de Tocumen. Pasó por todos los controles migratorios, sin ningún problema hasta que llegó a Estados Unidos, país que requiere visa de ingreso a los ciudadanos panameños. En ese momento, a Brands, que sí tenía visa estadounidense, se la cancelaron. Ocurrió en un puesto de control en el aeropuerto internacional de Miami. Ese mismo día regresó a Panamá. Si Brands hubiese viajado a algún país que no requiere visa de ingreso, seguramente todavía seguiría en el extranjero. La Prensa abordó al exdiputado Brands en Tocumen, cuando fue forzado a regresar a Panamá por las autoridades migratorias de Miami. Sin embargo, no brindó detalles sobre el motivo por el cual se le negó el acceso a territorio estadounidense, tras lo cual abordó un vehículo y salió de la terminal aérea. Mientras tanto, la fiscalía anticorrupción ha requerido información bancaria sobre las actividades y empresas relacionadas con Brands y otras personas que aparecen en un reporte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). El pasado 3 de septiembre se conoció que el Ministerio Público inició una investigación contra Brands, luego de que autoridades identificaran depósitos por $27.9 millones en cuentas bancarias personales y en otras a nombre de tres sociedades controladas por el también exdiputado. Se contactó a su abogado Pedro Meilán, pero este declinó hacer comentarios por estar recuperándose de una intervención en un hospital. esos nadie les dice nada. PATÍBULO. Una mano peluda estaría obstaculizando la asistencia de Jorge González, miembro de la junta directiva de la ACP, ante la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal de la Asamblea, que lo ha citado este miércoles (por segunda ocasión) para que explique los servicios que presta al contratista del cuarto puente. Si González no acude, entonces (en su lugar) será llamado el ministro José Ramón Icaza, presidente de la referida junta directiva. Panamá se solidariza con Dominicana y Haití El Gobierno de Panamá expresó su solidaridad con Haití y República Dominicana por los muertos y los estragos provocados en esas naciones insulares por las lluvias asociadas al huracán Melissa. En ambos países han muerto al menos cuatro personas, tres en Haití y una en República Dominicana, a causa de los vientos y lluvias asociados a Melissa, que han causado inundaciones, caída de árboles, deslizamientos de tierras y afectado servicios públicos como el agua. El Ejecutivo del presidente José Raúl Mulino transmitió sus condolencias “por las pérdidas humanas y materiales” en ambos países, y destacó la fortaleza y resiliencia de sus poblaciones. En este sentido, el Gobierno panameño destacó “el liderazgo del presidente Luis Abinader” en República Dominicana, “cuyas acciones preventivas y programas de saneamiento de cañadas han contribuido de manera decisiva a mitigar los impactos” del fenómeno meteorológico. En el caso de Haití, el Ejecutivo panameño “reitera su compromiso con los principios de cooperación y solidaridad regional, confiando en que Haití, con la fortaleza de su pueblo y el respaldo de la comunidad internacional, logrará sobreponerse a esa difícil situación”. HURACÁN MELISSA EFE. CIUDAD DE PANAMÁ
5A La Prensa Panamá, miércoles 29 de octubre de 2025 Panorama Sesión del Consejo de Gabinete de ayer. Cortesía Panamá suscribirá con el BID crédito de $350 millones para el presupuesto Mario De Gracia [email protected] CONSEJO DE GABINETE El préstamo tendrá un plazo de 20 años y tasa SOFR trimestral. Servirá para financiar el presupuesto 2025 y fortalecer el sistema de pensiones. El Consejo de Gabinete autorizó ayer la suscripción de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $350 millones para financiar el presupuesto general del Estado y para mejorar el sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS). Así constaría en la Resolución de Gabinete 38-25, según anunció la vocera de la Presidencia, Taysha Nurse, quien detalló que la autorización permite al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) suscribir el préstamo. Los montos serían utilizados para financiar el presupuesto “de la vigencia 2025 y otras vigencias” , apuntó Nurse. Asimismo, señaló que con los fondos se buscaría el “mejoramiento del sistema de pensiones de la CSS, cuyo objeto consiste en apoyar el mejoramiento de la sostenibilidad del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). A diferencia de otros anuncios hechos en la conferencia de prensa tras el Consejo de Gabinete, donde participó el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac; sobre el préstamo con el BID no hubo sustentación ni atención a los medios de parte de ningún ministro o director de entidad. La Presidencia emitió un comunicado notificando la suscripción del préstamo, señalando que el financiamiento se basa en un “Programa de Mejoramiento del Sistema de Pensiones de la Caja de Seguro Social en Panamá”. El objeto del programa se enfoca en tres objetivos: “fortalecer el financiamiento del programa IVM, ampliar la cobertura del programa IVM y mejorar la suficiencia de los beneficios otorgados para el retiro”, dice el comunicado de Presidencia. El préstamo fue pactado a una tasa de referencia SOFR de tres meses y con un plazo de 20 años. Tan solo el lunes se aprobó en la Asamblea Nacional el presupuesto general del Estado para la vigencia 2026 por un monto de $34,901 millones. Este año también se aprobó la Ley 462, que reformó la ley orgánica de la CSS, incluído el sistema de pensiones. El pasado 16 de septiembre, el Consejo de Gabinete también aprobó montos para una asesoría sobre el sistema de pensiones por $150 mil. En ella se analizaría la sostenibilidad del sistema de jubilaciones. La Prensa preguntó a la Presidencia si se incluye dentro del préstamo el financiamiento para el presupuesto de la vigencia fiscal 2026 y aportes del Estado prometidos con la reforma de la CSS. Al cierre de esta edición no hubo respuesta. Asamblea en sesión permanente por el RORI La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional aprobó ayer la metodología para la discusión en primer debate del proyecto de ley que reformaría el Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) de la Asamblea Nacional. Asimismo, se declaró en sesión permanente para agotar el primer debate del proyecto antes del 31 de octubre, fecha en la que finaliza el periodo de sesiones ordinarias del Legislativo. La metodología implica una discusión en seis bloques de cerca de 40 artículos cada uno, con diferentes propuestas de modificación. Cabe señalar que la Comisión ha estudiado desde septiembre pasado hasta 16 proyectos de ley diferentes, que sugerían modificaciones al RORI. Ahora, el trabajo de la Comisión en el primer debate será aprobar las modificaciones que serían tomadas en cuenta para integrar un solo texto único reformado. De no agotarse el primer debate antes del 31 de octubre, la reforma tendría que esperar hasta el 1 de enero de 2026, cuando se abre un nuevo periodo de sesiones ordinarias. No obstante, existe la posibilidad de discusión en sesiones extraordinarias. Mario De Gracia [email protected]
6A La Prensa Panamá, miércoles 29 de octubre de 2025 Panorama Estudiantes van a remo, en piragua a su escuela a través del río Caña, en Kusapín, comarca Ngäbe Buglé. Alexander Arosemena Morir por ir a la escuela en la comarca Ngäbe Buglé Aleida Samaniego C. [email protected] EDUCACIÓN Organizaciones sociales exigen al Estado construir puentes y adoptar medidas urgentes para evitar más muertes. En los últimos 25 años, unos 70 menores se ahogaron en su trayecto hacia la escuela. Una nueva tragedia llena de luto la comunidad de Mironó, en la comarca Ngäbe Buglé, luego de que dos niñas perdieran la vida ahogadas al intentar cruzar la quebrada La Pita, un afluente cuyo caudal había crecido por las intensas lluvias que caían sobre esa región. El hecho ocurrió la tarde del 27 de octubre, coincidiendo con la conmemoración del Día del Estudiante, cuando cinco menores del Centro de Educación Básica General Cascabel regresaban a sus hogares después de clases. De acuerdo con el reporte preliminar, los niños intentaron atravesar la quebrada, cuyo caudal había aumentado considerablemente, y fueron arrastrados por la fuerte corriente. Dos de las menores, de cinco y ocho años, fueron encontradas sin vida. Ambas cursaban kínder y primer grado en el centro educativo. Otras tres víctimas —una niña y dos niños, de 10, 11 y 12 años— resultaron con heridas y fueron auxiliadas por moradores del área. La emergencia fue notificada a las autoridades por la docente del centro educativo, quien dio la voz de alerta tras conocer lo sucedido. El Ministerio Público se trasladó al lugar para realizar las diligencias correspondientes y brindar asistencia a las familias. Una tragedia anunciada Esta nueva pérdida ocurre apenas cinco días después de la presentación del informe Educación Mortal: Crisis Sistemática de Ahogamientos Infantiles en la Comarca Ngäbe Buglé, elaborado por la Fundación para el Desarrollo Económico y Social y Jóvenes Unidos por la Educación (JUxlaE). El documento, presentado el 22 de octubre ante la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional, advertía que durante los últimos 25 años entre 55 y 70 personas, en su mayoría niños, han muerto ahogadas al intentar cruzar ríos y quebradas para asistir a la escuela en la comarca. El informe denuncia que la omisión del Estado panameño no solo ha dejado desprotegidos a los niños, sino que constituye una violación estructural de los derechos humanos, especialmente del derecho a la vida y a la educación. La comarca Ngäbe Buglé, con una tasa de pobreza multidimensional que alcanza el 93.8%, es una de las zonas más marginadas de Panamá. Su topografía montañosa y la falta de infraestructuras adecuadas obligan a los niños a enfrentar condiciones extremas para ejercer su derecho a la educación. Reacción de JUxlaE A través de un comunicado, JUxlaE lamentó profundamente la tragedia y reiteró la urgencia de atender esta problemática estructural. “Hoy, cinco días después, lamentamos el ahogamiento de dos infantes que regresaban a su hogar desde la escuela Cascabel, intentando cruzar la Quebrada Pita en el distrito de Mironó. Esta tragedia confirma la urgencia de nuestro llamado”, expresó la organización. La agrupación calificó el hecho como “una ironía dolorosa”, al ocurrir precisamente en el Día del Estudiante, jornada que debería ser de celebración, pero que se transformó en duelo. “Es irónico que en lo que debiera ser un día de festejo, hoy las familias Ngäbe Buglé lloran la pérdida de sus seres queridos. Esta realidad inaceptable evidencia la desigualdad estructural que enfrenta la niñez indígena panameña”, señalaron. JUxlaE advirtió además que estos hechos constituyen una violación a derechos fundamentales consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Constitución Nacional, incluyendo el derecho a la vida (Art. 6), a la educación accesible (Art. 28) y a la no discriminación (Art. 2). El comunicado incluye un conjunto de demandas urgentes dirigidas a las autoridades del Ministerio de Educación (Meduca), Ministerio de Obras Públicas (MOP), Ministerio de Gobierno (Mingob) y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc). Entre ellas se destacan: implementar sistemas de alerta temprana para crecidas de ríos, con tecnología accesible y capacitación comunitaria; construir puentes peatonales colgantes en puntos críticos mediante reasignación presupuestaria para 2026; establecer modalidades híbridas o remotas de educación en zonas vulnerables para evitar la exposición de los estudiantes a riesgos; y desarrollar un plan integral de desarrollo para la comarca Ngäbe Buglé, elaborado en consulta con las comunidades locales. Crítica política El diputado Jorge Bloise, presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional, cuestionó duramente las prioridades del sistema educativo tras la reciente tragedia. “Los niños deben tener garantizado un acceso digno a su escuela, pero en Panamá eso no ocurre”, advirtió, al señalar que mientras el Meduca impulsa una compra multimillonaria de laptops, en muchas comunidades los estudiantes arriesgan su vida cruzando ríos y quebradas para llegar a clases. Bloise calificó como un despropósito destinar recursos a programas tecnológicos en escuelas que carecen de condiciones básicas. “Se sigue insistiendo en la compra multimillonaria de laptops en centros que no tienen ni internet, ni luz, ni mucho menos agua. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay que priorizar en materia educativa”, recalcó. El diputado enfatizó que el presupuesto debe garantizar que todos los niños y niñas puedan llegar a sus escuelas de manera segura, con infraestructura mínima como puentes o pasos peatonales. El parlamentario recordó que la Comisión de Educación recibió, publicó y compartió el informe Educación Mortal, que advertía sobre los riesgos de los estudiantes en la comarca. “Si no se toman los correctivos, esto volverá a suceder porque no estamos haciendo el trabajo que corresponde como país. Hay que garantizar los zarzos y los puentes para que los niños puedan ir a la escuela”, sostuvo. Bloise también cuestionó la falta de acción preventiva ante las alertas del Sinaproc. “El Sinaproc había emitido sus alertas y no se actuó a tiempo. El Meduca debió suspender clases en toda la comarca, no solo en un distrito [...] no se tomaron las medidas de prevención”, lamentó. Finalmente, advirtió que “las tragedias no pueden seguir siendo las que tomen las decisiones en este país” y llamó al Meduca a actuar con sabiduría y priorizar la seguridad y el derecho a la educación. “Si no se pueden tomar decisiones correctas, les está quedando grande el puesto”, sentenció. Al cierre de esta nota, el Meduca aún no se había pronunciado sobre el fallecimiento de las estudiantes. Aleida Samaniego C. [email protected] El Minsa con el apoyo del Unfpa, realizó el domingo pasado el XII Encuentro Nacional de Adolescentes, bajo el lema ‘Mi vida, mi decisión: sin vapeo respiro mejor’, que reunió a 400 jóvenes del país. Cortesía Proponen sancionar venta de vapeadores a menores con multas de $100,000 SALUD PÚBLICA La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional prohijó el 27 de octubre el anteproyecto de ley No. 227, que busca reforzar la protección de los menores frente al consumo de cigarrillos electrónicos y otros productos de nicotina. Entre sus disposiciones, establece multas de hasta $100,000 para los comerciantes que vendan estos productos a adolescentes, medida que responde al aumento del consumo entre jóvenes y a la necesidad de políticas más estrictas de prevención. Según la iniciativa, la venta de vapeadores o cigarrillos electrónicos a menores constituirá una infracción grave, al igual que no comprobar la edad del comprador al momento de la venta o emplear a menores en la comercialización de estos productos. Todas las infracciones graves recibirán multas que oscilan entre $5,000 y $100,000, monto máximo permitido por la legislación panameña. La propuesta presentada por el diputado panameñista Medin Jiménez Pittí, también prevé responsabilidad administrativa para padres, tutores o representantes legales de menores que sean encontrados consumiendo estos productos, con sanciones de $500 a $5,000 y la obligación de participar en talleres de educación parental sobre adicciones y salud pública. Por su parte, los adolescentes sorprendidos usando vapeadores serán enviados a programas de prevención y cesación del consumo de nicotina, además de estar sujetos a medidas disciplinarias establecidas por el Ministerio de Educación, que deberá implementar protocolos de intervención psicosocial. Otras medidas propuestas incluyen la obligación de que los establecimientos que vendan estos productos coloquen avisos visibles sobre la prohibición de venta a menores. El anteproyecto busca limitar la publicidad y presentación de los productos de manera que no resulten atractivos para menores. Los empaques deberán ser resistentes a la manipulación infantil, y se prohíbe el uso de personajes, dibujos, sabores o diseños dirigidos a los jóvenes. Asimismo, queda prohibida la promoción en escuelas, hospitales, centros deportivos, medios de comunicación orientados a menores y plataformas digitales donde no se garantice la verificación de edad. Minsa implementa normas estrictas Desde el 13 de agosto comenzó a regir en todo el país la Resolución No.146 de 31 de enero de 2025 del Ministerio de Salud (Minsa), que establece las normas para el uso, comercialización, promoción, publicidad y consumo de dispositivos electrónicos, con o sin nicotina, así como de productos de tabaco calentado, nicotina oral, consumibles, envases de recarga y sus accesorios. La medida, establecida en el Decreto Ejecutivo No. 34 de 13 de julio de 2023, reglamenta la Ley 315 de 30 de junio de 2022 y busca proteger a la población de los efectos nocivos de estos productos, cuyo aerosol contiene sustancias tóxicas y cancerígenas. La normativa contempla multas que van desde $10 hasta $100,000; decomiso de productos; suspensión temporal de actividades; e incluso clausura definitiva de establecimientos. Los montos y medidas dependen de la autoridad que imponga la sanción y de la gravedad de la falta. El decreto detalla que no se podrá vapear en oficinas públicas y privadas; medios de transporte terrestre, marítimo y aéreo; lugares cerrados de acceso público; instalaciones deportivas, abiertas o cerradas; áreas comunes de edificios; ambientes laborales cerrados; instituciones educativas y centros de salud, sean públicos o privados. La lista específica incluye cines, restaurantes, bares, discotecas, hoteles, casinos, centros comerciales, supermercados, cibercafés, salones de belleza, centros de masaje, iglesias, circos, centros de convenciones y cualquier otro lugar donde la autoridad lo disponga. También abarca gimnasios, estadios, piscinas, canchas, campos de golf, autódromos y academias deportivas. Incluso en espacios con ventilación natural, como terrazas o áreas techadas sin paredes, los gerentes o propietarios deberán garantizar que los vapores no contaminen ambientes cerrados ni constituyan paso obligado para personas que busquen o presten servicios.
7A La Prensa Panamá, miércoles 29 de octubre de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. narse a proyectos de desarrollo social, educación, salud, pobreza e inclusión. Los fondos IBI se distribuyen entre los municipios, con un monto mínimo anual de B/.500,000, de los cuales debe destinarse entre el 75% y 90% a proyectos locales. El PIOPSM establece B/.110,000 anuales para cada junta comunal y alcaldía, destinando el 70% a inversión. Aquí los ciudadanos tenemos una gran oportunidad para incidir en la toma de decisiones sobre qué proyectos financiar. Según datos del portal Gestión Transparente Panamá (consultado el 28 de agosto de 2025), la inversión del PIOPSM en 2025 asciende a $86.13 millones, y la del IBI a $70.24 millones, para un total de $156.37 millones. Aunque esta cifra representa apenas el 0.5% del presupuesto nacional, constituye una valiosa oportunidad para la participación local. Las dificultades para ejecutar los proyectos de descentralización por parte de los gobiernos locales son bien conocidas y no son el objetivo central del presente artículo. Nos interesa responder preguntas clave como: ¿en qué se invierten estos fondos?, ¿quién decide? y ¿qué estamos haciendo los ciudadanos para incidir en la toma de decisiones? El objetivo es buscar soluciones, compromisos y motivar la formación ciudadana. Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. ¿Un mal momento o un trastorno de salud mental? Bienestar emocional La diferencia práctica entre un mal momento y un trastorno de salud mental se sostiene en cuatro dimensiones: síntomas, duración, intensidad e impacto en la vida diaria. Los síntomas son cambios en las personas que muchas veces nos llaman la atención y nos indican la posible presencia de un malestar o enfermedad. Para saber si existe un trastorno de salud mental, deben presentarse un número mínimo de síntomas. Por ejemplo, el trastorno depresivo mayor requiere al menos cinco de nueve síntomas durante un período mínimo de dos semanas, y estos deben afectar la capacidad de funcionar. Para diagnosticar el trastorno de ansiedad generalizada, se deben presentar tres (en adultos) de seis síntomas principales (en niños suele requerirse uno), durante al menos seis meses, con afectaciones al funcionamiento. La duración de los síntomas es un criterio clave. Las reacciones comunes que nos ayudan a lidiar con experiencias difíciles suelen resolverse en días o pocas semanas; si los síntomas persisten más de dos a cuatro semanas sin mejoría, aumenta la probabilidad de que se trate de algo más que una reacción a un mal momento. Esta regla no es absoluta, pero resulta útil para decidir cuándo solicitar una evaluación profesional. Preguntar “¿Cuánto tiempo llevas sintiéndote así?” orienta sobre la evolución de la situación. La intensidad determina la prioridad de intervención. Los síntomas leves pueden manejarse con apoyo y Vali Maduro de Gateno De espectadores a protagonistas Gestión local ¿Dónde va el dinero de la descentralización?¿Podemos los ciudadanos intervenir en las decisiones sobre en qué se invierten estos fondos?La respuesta es, definitivamente, sí. Participar no es solo votar en las elecciones o levantar la mano en consultas ciudadanas. Los panameños tenemos el reto de involucrarnos en los proyectos locales que nos impactan directamente. Esto conlleva formarse para decidir colectivamente, identificar necesidades, priorizarlas y llevarlas un paso más allá: la formulación y gestión de proyectos comunitarios. La Ley de Descentralización de la Administración Pública (Ley 37 de 2009, modificada por la Ley 66 de 2015) traslada competencias y recursos a los gobiernos locales, estableciendo mecanismos participativos. Sabemos que la descentralización en Panamá ha sufrido tropiezos y no ha avanzado al ritmo deseado, pero reconocemos también que es un proceso en marcha, indetenible e indispensable para el fortalecimiento de nuestra democracia y la mejora de la calidad de vida. La ley establece dos fondos de inversión: el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el Programa de Inversión en Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOPSM), los cuales deben destiPara incidir efectivamente en las decisiones de inversión, los ciudadanos debemos comprender qué es un proyecto, cuál es su ciclo y cómo formularlo. Las comunidades organizadas deben capacitarse para identificar necesidades, priorizarlas, formular proyectos, gestionar fondos y dar seguimiento. No existe una verdadera descentralización sin la participación activa y efectiva de los ciudadanos. La formación en gestión de proyectos locales es esencial para que el dinero se invierta en necesidades reales de las comunidades, evitando “descentralizaciones paralelas” y garantizando el uso transparente de los fondos. Sin embargo, la participación ciudadana enfrenta un gran obstáculo en Panamá: su carácter no vinculante en la legislación vigente, es decir, las decisiones de los ciudadanos no son de obligatorio cumplimiento para las autoridades. Este es un tema que amerita una reforma urgente de la ley. Para que los ciudadanos podamos intervenir efectivamente en las decisiones sobre el uso de los fondos de descentralización, aún quedan desafíos por afrontar: asegurar el carácter vinculante de las decisiones participativas y promover la formación ciudadana en proyectos locales. Solo así podremos pasar de ser espectadores a protagonistas del proceso de descentralización. Opinión LA AUTORA es urbanista y estudiante de la Maestría en Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Panamá. LA AUTORA es psicóloga. estrategias de autocuidado; los síntomas de intensidad moderada a grave —por ejemplo, ataques de pánico recurrentes, incapacidad para concentrarse o pensamientos de muerte— demandan atención especializada y medidas de seguridad inmediatas si existe riesgo. Preguntas abiertas como “Descríbeme qué sientes” ayudan a entender la gravedad y a decidir si la respuesta debe ser de apoyo, terapéutica o de emergencia. El impacto en la capacidad de funcionar es quizás el indicador más práctico. Si una persona deja de cumplir sus responsabilidades, no puede mantener higiene o alimentación adecuadas, pierde interés por actividades significativas o su rendimiento escolar o laboral decae, es momento de considerar buscar ayuda profesional. Preguntas concretas —“¿Cómo es tu día a día? ¿Puedes estudiar, trabajar y descansar como antes?”— facilitan la evaluación del deterioro funcional. Si pensamos que hay afectaciones emocionales, debemos responder con empatía. Escuchar activamente para entender, validar el malestar y evitar comentarios que minimicen la experiencia (“pon de tu parte”) genera confianza y aumenta la probabilidad de que la persona acceda a buscar ayuda. Recuerda: si notas algo en un ser querido o compañero de trabajo que te llama la atención, evita criticar y acércate para entender si necesita tu apoyo. Puede que esté pasando por un mal momento o quizá tenga una afectación emocional que requiera ayuda profesional. La detección temprana y la intervención oportuna reducen la probabilidad de que se convierta en algo crónico, alivian el sufrimiento, mejoran la capacidad para funcionar y hasta pueden salvar vidas. Tú puedes ser la diferencia. Cuántas veces hemos observado conductas en otras personas que nos causan curiosidad y pensamos: ¿qué les pasa? Detectar afectaciones a la salud mental requiere distinguir entre reacciones humanas esperadas y condiciones que ameritan ir a ver a un profesional. Un “mal momento” —la tristeza por perder un empleo, el estrés ante un examen o una discusión con un amigo— suele ser una respuesta temporal que no impide nuestro funcionamiento en el día a día y que mejora con el apoyo de familiares o amigos, además de aprender a solucionarlo o manejarlo. En cambio, un trastorno de salud mental implica un patrón persistente de síntomas que altera lo que pensamos, cómo nos sentimos y nuestra conducta en áreas como las relaciones, la escuela o el trabajo. Las afecciones emocionales se manifiestan en distintos planos. En el ámbito emocional aparecen tristeza sostenida, desesperanza, culpa excesiva o cambios bruscos del estado de ánimo. En lo cognitivo, se presentan problemas de concentración, pensamientos confusos y repetitivos o preocupaciones constantes. A nivel conductual, pueden observarse distanciamiento de amigos y familia, abandono de actividades, disminución del rendimiento, conductas impulsivas o abuso de sustancias. Finalmente, la expresión fisiológica incluye insomnio, sueño excesivo, fatiga persistente, dolores inexplicables o alteraciones del apetito. Los cuadros más severos pueden incluir pérdida de contacto con la realidad, alucinaciones o ideación suicida. La descentralización solo será efectiva si la ciudadanía asume un papel activo en la gestión de los recursos públicos. No basta con observar: toca decidir, proponer y vigilar. Amalia Tobio Martel Si una persona deja de cumplir sus responsabilidades, no puede mantener higiene o alimentación adecuadas, pierde interés por actividades significativas o su rendimiento escolar o laboral decae, es momento de considerar buscar ayuda profesional. Türkiye y su política de apertura hacia América Latina y el Caribe Cooperación Türkiye, aprovechando su posición geográfica estratégica y su rica herencia histórica, lanzó en 1998 la Política de Apertura y Plan de Acción hacia América Latina y el Caribe, con el propósito de fortalecer sus vínculos con regiones de alto potencial más allá de su entorno inmediato. A mediados de la década de 2000, en un contexto internacional cada vez más multipolar y multidimensional, y frente a desafíos globales como el cambio climático, la ciberseguridad o las tensiones comerciales, Türkiye reafirmó su convicción de que los problemas globales solo pueden resolverse mediante la cooperación multilateral. En este marco, decidió profundizar su relación con América Latina y el Caribe, con quienes comparte una visión afín sobre los principales temas de la agenda internacional. El plan de acción fue revisado en 2006, año que Türkiye declarócomoelAñodeAméricaLatinayelCaribe,marcando un punto de inflexión en la diversificación de sus vínculos con la región en los ámbitos político, económico, humanitario y cultural. Gracias a esta política de apertura, la presencia diplomática de Türkiye en la región pasó de seis embajadas a diecinueve embajadas y un consulado general en 2025, mientras que los países latinoamericanos y caribeños cuentan hoy con dieciocho embajadas y ocho consulados generales en Türkiye. Durante este proceso se intensificaron las visitas y contactos de alto nivel, y se firmaron numerosos acuerdos en áreas como el comercio, la energía, la defensa, la ciencia, la cultura, la tecnología y la agricultura, consolidando una relación que continúa ampliándose sobre la base del respeto mutuo y la cooperación. Por otro lado, Türkiye defiende la responsabilidad compartida ante los desafíos comunes de la era multipolar y mantiene una cooperación activa con los países de la región en plataformas internacionales, especialmente en el marco de la ONU. En este contexto, ha establecido vínculos institucionales con organizaciones como la OEA, la AEC, la CELAC, la Alianza del Pacífico, el SICA, la Comunidad Andina, el Mercosur y la Caricom, además de ser miembro de la Cepal. Diversas instituciones turcas también desarrollan una presencia creciente en la región. Turkish Airlines conecta actualmente Türkiye con nueve destinos en ocho países y prevé ampliarsusrutas.Asimismo,laAgenciaTurcadeCooperacióny Coordinación (TİKA) impulsa proyectos de desarrollo basados en principios humanitarios y de asociación equitativa. El intercambio cultural también se ha fortalecido: las series turcas han despertado un creciente interés por la lengua y la cultura de Türkiye, al reflejar las afinidades entre nuestros pueblos. Panamá ocupa un lugar especial como centro logístico y puerta de entrada a América Latina. Nuestra relación bilateral cobró un nuevo impulso tras la apertura de embajadas haceunadécada.Loslazoscomerciales,económicosyculturales se han fortalecido de manera constante, y ambos países aspiran a ampliar la colaboración en diversos ámbitos, desde la conectividad y el comercio hasta la educación y la cultura. En conclusión, tras los logros alcanzados en América Latina y el Caribe, Türkiye continuará profundizando y diversificando sus relaciones sobre una base más estructurada y estratégica, guiada por los principios de respeto y entendimiento mutuos. En este marco, celebramos con especial satisfacción el 75.º aniversario del establecimiento de nuestras relaciones diplomáticas con Panamá. LA AUTORA es embajadora de Türkiye en Panamá. Armagan Inci Ersoy Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxNDg2MA==