6A La Prensa Panamá, martes 28 de octubre de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. la adopción de un nuevo plan, no por resoluciones internas ni mediante pagos compensatorios. Por tanto, lo que propone la DPU no solo carece de fundamento técnico, sino también de base legal. Pretender modificar la norma urbanística mediante un esquema financiero vulnera el principio de jerarquía normativa y el espíritu mismo de la Ley 6 de 2006, creada precisamente para evitar la discrecionalidad en el desarrollo urbano. Además, el propio Plan Panamá Metropolitana: Sostenible, Humana y Global MUPA–BID (2015) advierte la existencia de áreas con densidades “intolerables” y una infraestructura insuficiente para sostenerlas. Ese plan, que costó 1.5 millones de dólares y fue elaborado con asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ofrece una hoja de ruta para una ciudad más equilibrada y habitable. Sin embargo, permanece ignorado, mientras se impulsan medidas que van en sentido opuesto. La planificación no puede ser selectiva. Si verdaderamente se quiere mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, el Municipio debe actuar en conjunto con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), entidad rectora del ordenamiento a escala metropolitana. El territorio no termina en los límites del distrito capital. La ciudad Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Puedes llevar el caballo al agua, pero no obligarlo a beber Deterioro cultural Nuestra pobreza cultural es, lamentablemente, cada vez más marcada. Una prueba de ello es el lenguaje impregnado de chabacanería y mediocridad, rayando en lo vulgar, que con frecuencia utilizan —a falta de otros recursos dialécticos— muchos de nuestros flamantes diputados y, para no quedarse atrás, hasta el propio presidente Mulino, con su inesperado y reciente “tutorial” sobre el novedoso uso de la lengua. Otro ejemplo notable fue el del diputado Jamis Acosta (RM), quien, muy iracundo, promovió hace poco en la Asamblea un insólito “paquete turístico con cita garantizada”, para que los interesados —que sin duda los hay— puedan ir a rendirle pleitesía a su idolatrado ‘loco de marras’ en Cartagena, Colombia Mientras tanto, el diputado Camacho no cabe de felicidad al enterarse y promover los resultados de una encuesta cuya veracidad —para ser honesto— no pongo en duda, pero que revela que el ser más querido y añorado por los panameños es un prófugo de la justicia, condenado por robo y lavado de dinero: Ricardo Martinelli. Todo esto que observamos con asombro es el corolario de un conjunto de factores que han venido gravitando inexorablemente sobre la sociedad panameña, en especial sobre nuestros jóvenes. Me refiero, por ejemplo, a un sistema educativo sin visión ni misión, que pretende reemplazar el sano ejercicio de pensar y el juicio crítico —como pilares en la formación de la niñez y la juventud— por el vano propósito de presumir de modernidad con una laptop. Lo mismo ocurre con un Ministerio de Cultura que reduce su misión a la exaltación de las cutarras y el tembleque, o con televisoras que promueven programas alienantes y distorsionadores de la cultura panameña, mientras celebran sus altos ratings de popularidad. La lista de factores que alimentan nuestra persistente alienación cultural es larga. Poco a poco, nos hemos vuelto cautivos del aguardiente de la mediocridad, la burla y la vulgaridad, promovidas por figuras relevantes de nuestro entorno social y político. A ello se suma el accionar ambivalente de instituciones como la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Nacional, que, de manera reiterada, refuerzan la corrupción y la impunidad. El ejemplo más reciente es el proyecto de ley 174, más conocido como Ley del Perdón, presentado por el diputado Jamis Acosta Guerra —el mismo del turismo urinario—, mediante el cual se pretende reformar el Código Penal panameño para permitir la extinción de la pena a cambio del perdón del imputado. Semejante aberración jurídica tiene nombre y apellido, y, sin duda, de ser aprobada, beneficiaría a Ricardo Martinelli y a muchos otros “arrepentidos” condenados o sindicados por la justicia panameña. Al son que vamos, ante esta tergiversación de los principios básicos de la justicia, la aplicación selectiva de la ley según intereses políticos y el deterioro cultural que normaliza los antivalores, como sociedad nos estamos acercando peligrosamente a la cuenta de dos strikes sin bolas en el juego de la impunidad. El agua que define el futuro Río Indio El proyecto del embalse del Río Indio, en la vertiente occidental del Canal, busca captar y almacenar millones de metros cúbicos de agua dulce para uso dual: mantener las operaciones del Canal y garantizar agua potable para la población durante al menos los próximos 50 años. Este nuevo reservorio actuaría como un seguro hídrico nacional, permitiendo resistir los efectos del cambio climático y las variaciones extremas de precipitación. Además, traería beneficios complementarios como control de inundaciones, riego agrícola, generación hidroeléctrica y desarrollo rural en zonas tradicionalmente marginadas. Lejos de ser un lujo, el embalse del Río Indio representa una decisión estratégica, comparable en importancia a la ampliación del Canal aprobada en 2006. El proyecto, sin embargo, ha generado resistencia en algunos sectores. Unos críticos advierten que el embalse inundará territorios y afectará ecosistemas rurales. Sin embargo, toda obra hidráulica de gran escala puede y debe realizarse bajo estándares internacionales de sostenibilidad, con estudios ambientales transparentes, compensaciones justas y reforestación compensatoria. La ACP ha demostrado capacidad técnica y responsabilidad en proyectos anteriores —como la ampliación del Canal— donde se cumplieron las normas ambientales más estrictas. Además, el embalse generaría mejoras sociales: caminos, servicios básicos, empleo y desarrollo sostenible para las comunidades vecinas. Algunos opositores expresan dudas sobre la gestión del proyecto. No obstante, la ACP es una de las instituciones más respetadas, auditadas y solventes del país, con autonomía administrativa y vigilancia ciudadana. El proyecto puede y debe incluir mecanismos de partiOctavio Vallarino Arias El orden urbano no está en venta Política pública Panamá ha invertido millones de dólares en estudios, diagnósticos y planes urbanos elaborados por equipos de alto nivel, nacionales e internacionales. Todos ellos señalan con claridad las rutas que deben seguirse para lograr una ciudad más ordenada, equitativa y sostenible. Sin embargo, las autoridades municipales parecen empeñadas en ignorar ese conocimiento técnico y legal, optando por medidas improvisadas que ponen en riesgo el futuro del área metropolitana. La Dirección de Planificación Urbana (DPU) de la Alcaldía de Panamá ha presentado un borrador que busca permitir incrementos de edificabilidad —más pisos, más unidades y más densidad por lote— a cambio de un pago económico a la Alcaldía. Lo llaman “compensación urbana por incremento de edificabilidad”, pero en la práctica sería una autorización para construir por encima de lo permitido en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) vigentes, incluso hasta un 50% más. Esa figura no existe en la legislación panameña. La Ley 6 de 2006, que regula el ordenamiento territorial para el desarrollo urbano, es clara: los planes de ordenamiento tienen fuerza normativa y carácter vinculante. Según sus artículos 5, 6, 19 y 23, cualquier cambio en sus parámetros —densidad, altura o uso del suelo— solo puede hacerse mediante que habitamos forma parte de un sistema urbano más amplio, y su desarrollo debe coordinarse bajo una visión metropolitana que contemple movilidad, vivienda, espacio público, comercio, industrias e infraestructura. El Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano, elaborado por firmas de reconocido prestigio internacional y actualizado hace pocos años con un horizonte hasta 2035, ya propone ese cambio estructural: pasar de una ciudad monocéntrica, congestionada y desigual, a una ciudad policéntrica, con nuevos polos residenciales, nodos de empleo, reubicación de industrias y un reparto más equitativo de los servicios. Ignorar esas directrices y seguir densificando el mismo espacio reducido del distrito de Panamá es actuar como si fuéramos una “república” dentro de la ciudad metropolitana. El desarrollo urbano no se mide por la cantidad de torres, sino por la calidad del entorno en que vivimos y que dejamos a las próximas generaciones. Los planes existen, las leyes también. Falta voluntad política para cumplirlos. No se trata de inventar mecanismos que vendan la norma urbanística al mejor postor, sino de aplicar con responsabilidad los instrumentos de planificación que ya tenemos. El ordenamiento territorial es una política pública, no un negocio. Panamá necesita autoridades que comprendan que la ciudad no es una mercancía, sino un proyecto colectivo. Cumplir los planes y las leyes no es un obstáculo para el progreso: es la única forma de garantizarlo. Opinión EL AUTOR es pintor y escritor. LA AUTORA es arquitecta. EL AUTOR es ingeniero mecánico. Joaquín González J. cipación pública y monitoreo independiente, garantizando transparencia y confianza. Rechazarlo por desconfianza sería castigar la previsión técnica con prejuicio político. Varios sectores han propuesto soluciones menos invasivas que la construcción del embalse, como la instalación de plantas desalinizadoras o el aprovechamiento del agua del lago Bayano. Sin embargo, ambas alternativas presentan limitaciones técnicas y económicas significativas. En el caso de Bayano, sería necesario transportar el agua a más de 100 kilómetros hasta la cuenca canalera mediante un complejo sistema de tuberías y bombeo continuo, lo que elevaría los costos de inversión y operación por el alto consumo energético. En contraste, el embalse del Río Indio requeriría solo unos 9 kilómetros de conducción por gravedad, sin necesidad de bombas eléctricas, lo que lo convierte en una solución más eficiente, sostenible y económicamente viable a largo plazo. Otros sostienen que el proyecto favorece solo al área canalera. Pero el Canal es una empresa nacional, cuyos ingresos sostienen programas sociales, educativos y de salud en todo el país. El embalse del Río Indio no es una simple obra de ingeniería: es una decisión de país. Ignorarla por miedo, política o desinformación sería hipotecar el futuro de Panamá. La experiencia demuestra que el costo de la inacción siempre es más alto que el de la previsión. Así como la ampliación del Canal aseguró la competitividad global del país, este proyecto asegurará su viabilidad hídrica y económica por las próximas cinco décadas. Al evaluar todos los elementos —técnicos, ambientales, sociales y estratégicos— la conclusión es inequívoca: la construcción del embalse del Río Indio es la opción más lógica, responsable y necesaria. No se trata de elegir entre desarrollo y sostenibilidad, sino de entender que el agua es el puente que une ambos. Y en Panamá, ese puente debe empezar en el Río Indio. En una reciente reunión de egresados de Texas A&M University, la subdirectora del Canal de Panamá, la ingeniera marítima Ilya Marotta, orgullo de ser egresada de esta universidad, lanzó una advertencia que resonó entre los asistentes: el Canal —y buena parte del país— enfrentan una amenaza existencial si no se construye el embalse del Río Indio. El mensaje fue claro: sin una nueva fuente de agua, la capacidad operativa del Canal podría reducirse hasta en un 40% en los próximos 25 años. La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha proyectado que, sin una nueva fuente hídrica, esto no solo afectaría los ingresos del Estado, sino también la confianza internacional en la ruta panameña como eje del comercio global. Además, millones de panameños podrían sufrir escasez de este recurso vital en las próximas décadas. Durante los últimos años, Panamá ha sufrido temporadas de sequía históricas. El lago Gatún, corazón del sistema del Canal, ha registrado niveles por debajo de lo normal, obligando a la ACP a reducir el número de tránsitos diarios y el calado máximo de los buques. Esto significa menos carga, menores ingresos y un impacto directo sobre la competitividad de la vía frente a rutas alternativas como el Canal de Suez o los corredores logísticos emergentes en Norteamérica. Pero la crisis no se limita a la vía interoceánica. Los mismos lagos que mueven los barcos abastecen de agua potable a más de dos millones de personas en la ciudad de Panamá y áreas circundantes. Cada litro destinado al tránsito de un buque es un litro menos disponible para el consumo humano. El dilema, entonces, es urgente: asegurar nuevas fuentes hídricas o enfrentar una crisis económica y social sin precedentes. Pretender modificar los parámetros del desarrollo urbano mediante pagos “compensatorios” vulnera la Ley 6 de 2006 y convierte la planificación de la ciudad en una transacción, no en una política pública. Argelis Gaudiano El embalse del Río Indio no es un lujo ni un capricho: es una decisión estratégica para garantizar el agua, la soberanía hídrica y la competitividad del Canal de Panamá durante los próximos 50 años. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. 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