2A La Prensa Panamá, martes 28 de octubre de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Mónica Palm Juan Díaz [email protected] Jaime Caballero, secretario de Relaciones Internacionales del Sutrancs. Archivo Caso Suntracs: Aprehenden a la hija y pareja de Jaime Caballero PRESUNTO BLANQUEO Durante un allanamiento en el corregimiento de Las Mañanitas fueron aprehendidas Kathia Elena Caballero Batista, hija del dirigente del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines (Suntracs), Jaime Caballero, y su pareja. En otro operativo realizado el mismo día de ayer, también fue detenido Abdiel Betancourt, secretario de finanzas del sindicato. Los operativos fueron dirigidos por el Ministerio Público y la Dirección de Inteligencia Policial (DIP). Jaime Caballero, imputado por blanqueo de capitales el 16 de mayo de 2025, sigue bajo detención preventiva. En mayo, una residencia de Kathia en Chiriquí fue allanada, encontrándose documentación clave para las investigaciones. Según el informe del Ministerio Público, entre 2020 y 2025, Caballero y otros miembros del Suntracs habrían recibido, depositado y transferido fondos provenientes de actividades ilícitas. La dirigencia del Suntracs realizó transferencias a las cuentas de Kathia Caballero, cuyos fondos fueron utilizados para negocios familiares y para cancelar deudas personales. Luis Valencia, mensajero del sindicato, hizo depósitos por $160,788.17 en una cuenta de Kathia entre 2024 y 2025. Además, Kathia firmó un préstamo de $48,000 con garantía hipotecaria con el Suntracs, con Jaime Caballero como fiador. También se encontraron cheques de Suntracs por casi $34,000 a favor de Kathia, autorizados por Betancourt, José Palacios y Saúl Méndez, secretario general del sindicato. Kathia administra un proyecto de inversión con el Grupo La Brújula. Además, el testimonio de Damaris Tinker, exadministradora del sindicato, revela que los egresos eran autorizados por la dirigencia. Mientras tanto, el Ministerio de Trabajo busca disolver el Suntracs, y el exsecretario general Genaro López permanece bajo arresto domiciliario. Rigoberto González, exprocurador de la Administración. Alexander Arosemena ‘No es una simple unidad; tiene poderes en causas penales’: Exprocurador González Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] EJECUTIVO Rigoberto González señala que la creación de la Unidad de Coordinación Legal no es, en sí misma, una mala idea, pero advierte que el problema radica en la forma de su implementación. El Ejecutivo decidió crear una Unidad de Coordinación Legal bajo el amparo del Ministerio de Gobierno, y con ello abrió una grieta en el debate público: unos la ven como una herramienta necesaria para ordenar el caos jurídico del Estado; otros, como un movimiento que concentra demasiado poder en manos del Gobierno. Pocos conocen los engranajes del Estado con la claridad de Rigoberto González, exprocurador de la Administración. Desde su experiencia, sostiene que la creación de la nueva unidad no es, en sí misma, una mala idea, pero advierte que el problema radica en la forma de su implementación. “Dicha estructura debió ser creada por ley y no por decreto”, subraya González, al señalar que una decisión de tal alcance exige el respaldo del debate en la Asamblea Nacional y no un simple acto del Ejecutivo. La nueva entidad fue avalada por el presidente José Raúl Mulino y la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, mediante el Decreto Ejecutivo 31 del 13 de octubre de 2025, publicado en la Gaceta Oficial 30385-A. Sus funciones van desde la asesoría jurídica a las instituciones del Estado hasta la elaboración y presentación de querellas. Aún se desconocen el personal y los recursos económicos que requerirá para operar. No obstante, varios juristas como Edgardo Molino Mola y Esmeralda de Troitiño, advierten que esta iniciativa podría duplicar funciones que ya corresponden al Ministerio Público y aumentar la burocracia estatal en momentos de crisis fiscal. Problema histórico Según el exprocurador, uno de los problemas históricos del Estado panameño ha sido la falta de coordinación entre las instituciones y el Ministerio Público. “La idea no es mala, porque uno de los problemas que afronta el Estado respecto a las distintas instituciones y ministerios que son afectados por delitos de corrupción es que no hay seguimiento ante la Procuraduría General en cuanto al resultado de esas investigaciones”, explicó. González recordó que, durante su gestión en la Procuraduría de la Administración, propusieron mecanismos similares para atender demandas contra el Estado en el ámbito contencioso-administrativo. Sin embargo, enfatizó que el principal debate gira en torno a la estructura de la unidad y sus amplias facultades. “No es una simple unidad lo que se está creando; es una unidad con una serie de poderes para actuar en las causas penales. Porque esto no se trata simplemente de presentar una querella, sino de todo lo que eso deriva”, señaló González, al destacar que los querellantes podrán solicitar medidas cautelares y responsabilidades civiles cuando existan perjuicios al Estado. El control González subrayó la necesidad de establecer controles claros sobre esta nueva instancia. “De ahí que eso tiene que estar sujeto a un control político de la Asamblea en cuanto a su creación.Es decir, que no por decretos, sino por una ley. A esa conclusión quiero llegar”, afirmó, insistiendo en que su existencia debe contar con un sustento legal sólido. El exprocurador también advirtió que los abogados de esta unidad actuarán como querellantes en representación del Estado, pero no sustituirán al Ministerio Público. “Un querellante nunca puede entender que va a reemplazar a un fiscal. Otra cosa es que el fiscal no juegue su papel, y no creo que en esta coyuntura, conociendo al procurador [Luis Gómez], se vayan a prestar a eso”, sostuvo. Respecto a las preocupaciones sobre una posible persecución política, González fue enfático: “No creo que una unidad de esa naturaleza pueda dar lugar a persecuciones políticas, en la medida en que es el Ministerio Público el que lleva el control —y debe llevarlo—, como lo establece la ley de las investigaciones de carácter penal”. Luis Eduardo Camacho y Jorge Herrera. Isaac Ortega Camacho desafía a Herrera y alega ‘autonomía’ de la Comisión de Gobierno PROYECTOS ANTICORRUPCIÓN Mario De Gracia [email protected] El diputado del partido Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho, alegó este lunes 27 de octubre que la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional —de la que es presidente— tiene la decisión “autónoma” de discutir, o no, proyectos de ley anticorrupción. Camacho tachó de falso, en su cuenta de X, que existiera un informe para crear una comisión ad hoc —una petición realizada por diputados de la coalición Vamos para avanzar la discusión de proyectos de ley anticorrupción- al tiempo que negó haber conversado con el diputado presidente del Legislativo, Jorge Herrera, al respecto. No obstante, el pasado 21 de octubre Herrera dijo que conversó con Camacho para evacuar los proyectos anticorrupción antes del final de este periodo de sesiones ordinarias: el 31 de octubre. A pesar de que Camacho se refería puntualmente a proyectos de ley presentados por el procurador general de la nación, Luis Gómez Rudy —incluido uno para crear la ‘Ley General Anticorrupción’—, Herrera había señalado que de no evacuarse los proyectos en la Comisión de Gobierno, procederían a crear la comisión ad hoc. “Conversamos, y él [Camacho] dice que no tiene ningún problema, al final eso es una votación y será la Comisión [de Gobierno] que tome las decisiones al respecto”, dijo Herrera en el pasado. “El presidente de la Comisión de Gobierno [Camacho] ya dijo que va a presentar las iniciativas. Se llegó a un acuerdo en esto, y de lo contrario, se instalará la Comisión [ad hoc]”, puntualizó. A pesar de la advertencia de Herrera para la creación de la comisión ad hoc, Camacho la desconoció. Diversas opiniones, incluida la del exprocurador de la Administración, Rigoberto González, señalan que Herrera está facultado para instalar la Comisión y llevar adelante la discusión, en este caso, de los proyectos anticorrupción. Según la bancada de la coalición Vamos, entre 2024 y 2025 se acumularon 43 iniciativas anticorrupción que buscan robustecer las penas, eliminar la prescripción de los delitos y recuperar los bienes sustraídos. Particularmente sobre la Comisión ad hoc, el Reglamento Interno del Legislativo detalla su función en el artículo 68.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxMjQ5NQ==