1A La Prensa Panamá, martes 28 de octubre de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Martes 28 de octubre de 2025 - Año 45 - Nº 15183 Hoy por hoy La creación de la Unidad de Coordinación Legal bajo el Ministerio de Gobierno ha abierto un debate sobre la concentración de poder en el Ejecutivo. Mientras algunos la consideran necesaria para dar mayor eficiencia a las acciones penales del Estado frente a los delitos cometidos dentro de las propias instituciones, otros advierten que su estructura podría duplicar funciones de otros órganos de control y aumentar la burocracia. Aunque este debate se cruza tangencialmente con la discusión sobre la comisión ad hoc para tramitar los proyectos anticorrupción, ambos reflejan una tensión más profunda: cómo garantizar eficacia institucional sin vulnerar los límites entre poderes. El escaso avance en los procesos por delitos contra el Estado —principalmente de peculado— durante los últimos tres periodos justifica la creación de una instancia que impulse y acompañe esas causas. Sin embargo, su legitimidad depende del modo en que se establezca: debe tener un marco legal sólido, control político y transparencia en su operación. Panamá necesita fortalecer sus instituciones y resultados, sin sacrificar el equilibrio de poderes ni la rendición de cuentas. NBA: Oberto y Jerez analizan la temporada 8B Deportes Panorama Medicina: Colegio Médico propone un examen nacional 4A Economía La reacción de los mercados ante el triunfo de Javier Milei 2B La ACP acelera su estrategia portuaria Mario De Gracia Katiuska Hernández [email protected] SECTOR LOGÍSTICO La Autoridad del Canal de Panamá presentó ayer su plan para concesionar los puertos de Corozal y Telfers, con inversión estimada de $2,600 millones. La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) presentó ayer su propuesta para desarrollar, mediante concesión, nuevos puertos en Corozal (Pacífico) e Isla Telfers (Atlántico). El anuncio se dio tras una reunión de la ACP con unos 20 operadores portuarios y navieras, entre ellos Maersk, Cosco Shipping Ports y CMA Terminals, interesados en oportunidades de inversión portuaria. Según la entidad, esta hoja de ruta forma parte de su estrategia de diversificación para fortalecer los ingresos del país y ampliar la capacidad logística. Ambos proyectos, con una inversión conjunta de $2,600 millones, contemplan procesos de precalificación y estudios de factibilidad antes de definir a los concesionarios. Mientras tanto, voces del sector, como la Asociación Americana de Autoridades Portuarias (AAPA) Latam, advierten que el país debe pasar de los estudios a las decisiones concretas. Su presidente, Juan Duarte, alertó que Panamá corre el riesgo de quedar rezagada si no redefine su estrategia portuaria ante la expansión de competidores regionales y el vencimiento de concesiones clave en la próxima década. VEA 1B Y 4B Asamblea da luz verde al presupuesto del Estado En solo un año la deuda pública aumentó en $6,320millones La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el presupuesto general del Estado para 2026, por $34,901 millones, con 58 votos a favor y 10 en contra. El plan prioriza la inversión social, impone límites a las consultorías y refuerza el control fiscal mediante nuevas disposiciones para entidades autónomas. VEA 3A En solo un año, la deuda pública panameña creció $6,320 millones, al pasar de $52,374 millones en septiembre de 2024 a $58,694 millones en septiembre de 2025, según el Ministerio de Economía y Finanzas. El incremento equivale a endeudarse unos $17.3 millones diarios y eleva la deuda per cápita a $13,000. VEA 2B Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Yolanda Sandoval [email protected] ‘Una casa del terror’: exigen investigar abandono de millonaria inversión FONDOS PÚBLICOS Yaritza Mojica Mónica Palm [email protected] Abandonado, vandalizado y cubierto de maleza, el Hospital Modular Panamá Solidario, construido en 2020 con una inversión de más de $10 millones, fue visitado por diputados de la bancada Seguimos, quienes denunciaron su deterioro. Sin vigilancia ni mantenimiento, el recinto fue calificado por Betserai Richards como “una casa del terror”. En el pleno legislativo, ErEl Hospital Modular Panamá Solidario está ubicado en Albrook. Anel Asprilla nesto Cedeño solicitó que la Contraloría audite este proyecto, mientras Grace Hernández pidió investigar el manejo de fondos durante la pandemia. Los diputados advirtieron que el hospital aún podría aprovecharse para brindar atención médica. VEA 5A Rigoberto González: Unidad de Coordinación Legal podrá actuar en causas penales El exprocurador de la Administración, Rigoberto González, advirtió que la Unidad de Coordinación Legal creada por el Ejecutivo “no es una simple unidad”, sino una instancia con poderes para actuar en causas penales, lo que exige —según dijo— controles políticos y respaldo legal mediante una ley y no por decreto. VEA 2A ‘Trump no tiene ninguna intención de invadir; es todo una operación SVLFRO´JLFDŧ (OOLRnj Abrams www.prensa.com/bbc/
2A La Prensa Panamá, martes 28 de octubre de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Mónica Palm Juan Díaz [email protected] Jaime Caballero, secretario de Relaciones Internacionales del Sutrancs. Archivo Caso Suntracs: Aprehenden a la hija y pareja de Jaime Caballero PRESUNTO BLANQUEO Durante un allanamiento en el corregimiento de Las Mañanitas fueron aprehendidas Kathia Elena Caballero Batista, hija del dirigente del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines (Suntracs), Jaime Caballero, y su pareja. En otro operativo realizado el mismo día de ayer, también fue detenido Abdiel Betancourt, secretario de finanzas del sindicato. Los operativos fueron dirigidos por el Ministerio Público y la Dirección de Inteligencia Policial (DIP). Jaime Caballero, imputado por blanqueo de capitales el 16 de mayo de 2025, sigue bajo detención preventiva. En mayo, una residencia de Kathia en Chiriquí fue allanada, encontrándose documentación clave para las investigaciones. Según el informe del Ministerio Público, entre 2020 y 2025, Caballero y otros miembros del Suntracs habrían recibido, depositado y transferido fondos provenientes de actividades ilícitas. La dirigencia del Suntracs realizó transferencias a las cuentas de Kathia Caballero, cuyos fondos fueron utilizados para negocios familiares y para cancelar deudas personales. Luis Valencia, mensajero del sindicato, hizo depósitos por $160,788.17 en una cuenta de Kathia entre 2024 y 2025. Además, Kathia firmó un préstamo de $48,000 con garantía hipotecaria con el Suntracs, con Jaime Caballero como fiador. También se encontraron cheques de Suntracs por casi $34,000 a favor de Kathia, autorizados por Betancourt, José Palacios y Saúl Méndez, secretario general del sindicato. Kathia administra un proyecto de inversión con el Grupo La Brújula. Además, el testimonio de Damaris Tinker, exadministradora del sindicato, revela que los egresos eran autorizados por la dirigencia. Mientras tanto, el Ministerio de Trabajo busca disolver el Suntracs, y el exsecretario general Genaro López permanece bajo arresto domiciliario. Rigoberto González, exprocurador de la Administración. Alexander Arosemena ‘No es una simple unidad; tiene poderes en causas penales’: Exprocurador González Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] EJECUTIVO Rigoberto González señala que la creación de la Unidad de Coordinación Legal no es, en sí misma, una mala idea, pero advierte que el problema radica en la forma de su implementación. El Ejecutivo decidió crear una Unidad de Coordinación Legal bajo el amparo del Ministerio de Gobierno, y con ello abrió una grieta en el debate público: unos la ven como una herramienta necesaria para ordenar el caos jurídico del Estado; otros, como un movimiento que concentra demasiado poder en manos del Gobierno. Pocos conocen los engranajes del Estado con la claridad de Rigoberto González, exprocurador de la Administración. Desde su experiencia, sostiene que la creación de la nueva unidad no es, en sí misma, una mala idea, pero advierte que el problema radica en la forma de su implementación. “Dicha estructura debió ser creada por ley y no por decreto”, subraya González, al señalar que una decisión de tal alcance exige el respaldo del debate en la Asamblea Nacional y no un simple acto del Ejecutivo. La nueva entidad fue avalada por el presidente José Raúl Mulino y la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, mediante el Decreto Ejecutivo 31 del 13 de octubre de 2025, publicado en la Gaceta Oficial 30385-A. Sus funciones van desde la asesoría jurídica a las instituciones del Estado hasta la elaboración y presentación de querellas. Aún se desconocen el personal y los recursos económicos que requerirá para operar. No obstante, varios juristas como Edgardo Molino Mola y Esmeralda de Troitiño, advierten que esta iniciativa podría duplicar funciones que ya corresponden al Ministerio Público y aumentar la burocracia estatal en momentos de crisis fiscal. Problema histórico Según el exprocurador, uno de los problemas históricos del Estado panameño ha sido la falta de coordinación entre las instituciones y el Ministerio Público. “La idea no es mala, porque uno de los problemas que afronta el Estado respecto a las distintas instituciones y ministerios que son afectados por delitos de corrupción es que no hay seguimiento ante la Procuraduría General en cuanto al resultado de esas investigaciones”, explicó. González recordó que, durante su gestión en la Procuraduría de la Administración, propusieron mecanismos similares para atender demandas contra el Estado en el ámbito contencioso-administrativo. Sin embargo, enfatizó que el principal debate gira en torno a la estructura de la unidad y sus amplias facultades. “No es una simple unidad lo que se está creando; es una unidad con una serie de poderes para actuar en las causas penales. Porque esto no se trata simplemente de presentar una querella, sino de todo lo que eso deriva”, señaló González, al destacar que los querellantes podrán solicitar medidas cautelares y responsabilidades civiles cuando existan perjuicios al Estado. El control González subrayó la necesidad de establecer controles claros sobre esta nueva instancia. “De ahí que eso tiene que estar sujeto a un control político de la Asamblea en cuanto a su creación.Es decir, que no por decretos, sino por una ley. A esa conclusión quiero llegar”, afirmó, insistiendo en que su existencia debe contar con un sustento legal sólido. El exprocurador también advirtió que los abogados de esta unidad actuarán como querellantes en representación del Estado, pero no sustituirán al Ministerio Público. “Un querellante nunca puede entender que va a reemplazar a un fiscal. Otra cosa es que el fiscal no juegue su papel, y no creo que en esta coyuntura, conociendo al procurador [Luis Gómez], se vayan a prestar a eso”, sostuvo. Respecto a las preocupaciones sobre una posible persecución política, González fue enfático: “No creo que una unidad de esa naturaleza pueda dar lugar a persecuciones políticas, en la medida en que es el Ministerio Público el que lleva el control —y debe llevarlo—, como lo establece la ley de las investigaciones de carácter penal”. Luis Eduardo Camacho y Jorge Herrera. Isaac Ortega Camacho desafía a Herrera y alega ‘autonomía’ de la Comisión de Gobierno PROYECTOS ANTICORRUPCIÓN Mario De Gracia [email protected] El diputado del partido Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho, alegó este lunes 27 de octubre que la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional —de la que es presidente— tiene la decisión “autónoma” de discutir, o no, proyectos de ley anticorrupción. Camacho tachó de falso, en su cuenta de X, que existiera un informe para crear una comisión ad hoc —una petición realizada por diputados de la coalición Vamos para avanzar la discusión de proyectos de ley anticorrupción- al tiempo que negó haber conversado con el diputado presidente del Legislativo, Jorge Herrera, al respecto. No obstante, el pasado 21 de octubre Herrera dijo que conversó con Camacho para evacuar los proyectos anticorrupción antes del final de este periodo de sesiones ordinarias: el 31 de octubre. A pesar de que Camacho se refería puntualmente a proyectos de ley presentados por el procurador general de la nación, Luis Gómez Rudy —incluido uno para crear la ‘Ley General Anticorrupción’—, Herrera había señalado que de no evacuarse los proyectos en la Comisión de Gobierno, procederían a crear la comisión ad hoc. “Conversamos, y él [Camacho] dice que no tiene ningún problema, al final eso es una votación y será la Comisión [de Gobierno] que tome las decisiones al respecto”, dijo Herrera en el pasado. “El presidente de la Comisión de Gobierno [Camacho] ya dijo que va a presentar las iniciativas. Se llegó a un acuerdo en esto, y de lo contrario, se instalará la Comisión [ad hoc]”, puntualizó. A pesar de la advertencia de Herrera para la creación de la comisión ad hoc, Camacho la desconoció. Diversas opiniones, incluida la del exprocurador de la Administración, Rigoberto González, señalan que Herrera está facultado para instalar la Comisión y llevar adelante la discusión, en este caso, de los proyectos anticorrupción. Según la bancada de la coalición Vamos, entre 2024 y 2025 se acumularon 43 iniciativas anticorrupción que buscan robustecer las penas, eliminar la prescripción de los delitos y recuperar los bienes sustraídos. Particularmente sobre la Comisión ad hoc, el Reglamento Interno del Legislativo detalla su función en el artículo 68.
3A La Prensa Panamá, martes 28 de octubre de 2025 Panorama El ministro de Economía, Felipe Chapman durante el debate del presupuesto en la Asamblea Nacional. Cortesía Presupuesto queda ahora en manos de Mulino para su sanción Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] ASAMBLEA NACIONAL El pleno de la Asamblea aprobó el presupuesto de 2026, por $34,900 millones. Destina $11,151 millones a inversión pública, con énfasis en infraestructura y programas sociales. El pleno de la Asamblea Nacional aprobó, en tercer debate, el proyecto de ley del presupuesto para el año 2026. Con un resultado de 58 votos a favor, 10 en contra y cero abstenciones, la propuesta superó su última etapa legislativa, abriendo paso a su implementación. A diferencia del año pasado, en esta ocasión el documento fue avalado antes de que culminara el periodo legislativo, el 31 de octubre. Como se recordará, el Gobierno presentó 28 de julio pasado el anteproyecto de Presupuesto General del Estado para el año fiscal 2026, por un monto de $34,900 millones. Este implica un aumento de más de $4,000 millones en comparación con 2025, según el Gobierno, centrado en la inversión social y la disciplina fiscal. Durante la aprobación en segundo debate del proyecto de ley, también se registraron 10 votos en contra, provenientes de la mayoría de los diputados de la bancada Vamos, quienes, durante el proceso de discusión, presentaron modificaciones que no fueron aprobadas, como la reducción de viáticos u otros gastos, como la telefonía celular de los funcionarios. Como parte del proceso de aprobación del presupuesto, la Comisión de Presupuesto solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas la redistribución de $233 millones en los sectores de salud, educación y agropecuario, sin alterar el monto total de $34,901 millones. Estas modificaciones, presentadas en la Asamblea Nacional, implicaron reasignaciones de fondos entre diferentes ministerios y proyectos, como un incremento de $8 millones para la inversión del Ministerio de la Presidencia en 2026. Modificaciones Durante el segundo debate del proyecto de ley del presupuesto del Estado, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó tres modificaciones clave que podrían transformar la gestión fiscal del país. Una de las medidas más destacadas establece un límite para las consultorías gubernamentales, que no podrán superar el 4% del presupuesto de cada institución. Esta reforma busca frenar los gastos excesivos en asesorías externas y garantizar un uso más eficiente de los recursos públicos. Además, en un esfuerzo por fortalecer el control fiscal, se aprobó una disposición que obliga a las entidades autónomas y semiautónomas a incorporar en su totalidad los ingresos de autogestión al presupuesto estatal, con el fin de evitar la discrecionalidad en el manejo de estos fondos y mejorar la transparencia financiera. En paralelo, el pleno introdujo una excepción importante en la Ley de Contrataciones Públicas, que permitirá a entidades clave, como el Metro de Panamá, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Etesa, Tocumen, S.A., y la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, realizar contrataciones de urgencia sin someterse a los procedimientos ordinarios. Esta excepción, sin embargo, está sujeta a límites estrictos: solo aplicará cuando el monto de la contratación sea inferior a $500,000 dólares y no podrá acumularse por proveedor ni por tipo de servicio. Para garantizar la transparencia, cada entidad deberá elaborar un reglamento especial aprobado por su junta directiva y la Contraloría General, cuyo contenido deberá publicarse en la Gaceta Oficial. Otros detalles El presupuesto de 2026 destina $11,151 millones a inversión pública, un aumento del 26% respecto a 2025, de los cuales el 12% se dirigirá a infraestructura y el 9.5% a programas sociales y de desarrollo humano, incluyendo salud, educación y acceso a agua potable. Ante el crecimiento histórico de la deuda, que pasó de $26,612 millones en 2019 a $51,812 millones en 2024, y el aumento del 152% en intereses, el ministro de Economía, Felipe Chapman aseguró que el presupuesto incorpora estrategias de refinanciamiento y gestión prudente para garantizar la sostenibilidad fiscal.
4A La Prensa Panamá, martes 28 de octubre de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] AGENDADOS. No hay mal que dure 100 años… Finalmente, en la agenda de la comisión legislativa de Gobierno, Camacho anotó la discusión en primer debate de los dos proyectos anticorrupción que presentó el procurador Gómez Rudy. Camacho ya se encargó de advertir que eso no significa que ambas propuestas serán aprobadas… Seguramente las enviará a alguna subcomisión y así podrá retrasarlas indefinidamente. ESPERA. El parlamentario centroamericano Rubén Campos está esperando que RM le responda cuándo serán convocadas las elecciones para renovar la junta directiva del partido. Campos no entiende por qué RM no cumple con sus propios estatutos. Debe ser uno de los pocos panameños que no se ha enterado de que ese colectivo tiene dueño y que ahí se hace lo que a él le da la gana. MAMMA MIA. El director del Ifarhu, Carlos Godoy, observó que se otorgaron auxilios y becas para estudiar carreras para las que no hay empleos. Seguramente se refiere a los $405,000 desembolsados para que 50 personas recibieran clases sobre “la unión de la naturaleza y la cultura como camino hacia la auténtica sostenibilidad”, en el centro Studi Italiani. Lo aprendido allí seguramente lo habrían podido estudiar sintonizando dos capítulos de La Rosa de Guadalupe. DESPERDICIO. Hasta el lunes 27 de octubre, solo cinco personas habían firmado a favor de la revocatoria de mandato de Paulette Thomas y 32 lo hicieron en el proceso activado para sacar del cargo a Mayer Mizrachi. Es una lástima ver al Tribunal Electoral perdiendo el tiempo en iniciativas sin respaldo que no conducen a ningún lado. PARKING. Ahora ya sabemos por qué el hospital modular parece “una Los estudiantes de la Universidad de Panamá han obtenido buenos resultados. Elysée Fernández Colegio Médico propone examen nacional para ingresar a la carrera Aleida Samaniego C. [email protected] ¿NEGOCIO DE LA MEDICINA? La iniciativa del Colegio Médico de Panamá surge a raíz de la creciente preocupación por la mercantilización de la medicina y los bajos resultados obtenidos en los exámenes de certificación. El Colegio Médico de Panamá ha propuesto al Ministerio de Salud (Minsa) la creación de un examen nacional de ingreso para las facultades de medicina, aplicable a todas las universidades del país. Esta propuesta busca garantizar una selección más integral de los futuros médicos, no solo en términos de conocimientos académicos, sino también en aspectos humanos clave como la empatía, la vocación de servicio y la orientación prosocial. La iniciativa ha generado un debate sobre la calidad educativa en el sector y la creciente mercantilización de la medicina. Según la misiva enviada al ministro Fernando Boyd Galindo, la propuesta del Colegio Médico plantea que la formación de médicos debe ser más que solo técnica. “La medicina no solo se trata de conocimientos técnicos, sino de un compromiso humano profundo”, señala el gremio. La carta enfatiza que, además de ser competentes en términos académicos, los futuros médicos deben estar comprometidos con el bienestar social, actuar con responsabilidad y mostrar una verdadera vocación de servicio. La carta, firmada por la presidenta del Colegio Médico, Raquel Gutiérrez de Mock, subraya que la medicina debe formar profesionales que no solo “sepan”, sino que también “sientan y actúen” con empatía. Esto resalta una preocupación a largo plazo sobre la necesidad de preparar médicos que sean sensibles a las necesidades humanas de los pacientes, no solo capacitados en el ámbito técnico y científico. La mercantilización de la medicina La propuesta del Colegio Médico de Panamá también está vinculada a una preocupación mayor: la mercantilización de la medicina. En los últimos años, varias universidades privadas han comenzado a ofrecer la carrera de medicina, pero la calidad de la educación ha sido cuestionada por algunos sectores del gremio. El Colegio Médico de Panamá rechaza rotundamente que la formación médica se convierta en un negocio. Según la organización, la educación médica no debe verse como una transacción comercial, sino como un compromiso ético y social con la salud de la población. “La medicina es una vocación de servicio y no puede reducirse a una transacción comercial. La salud de la población debe ser el fin último de nuestra labor”, enfatiza la presidenta del Colegio Médico. Este rechazo a la mercantilización no solo se refiere a la creciente cantidad de universidades privadas, sino también a la priorización de los intereses económicos sobre la formación de profesionales comprometidos con la sociedad. El gremio médico hace un llamado a las autoridades del gobierno, las instituciones educativas y los estudiantes para que trabajen juntos en la creación de soluciones que garanticen una educación médica de calidad. La organización considera urgente que las autoridades reflexionen sobre el impacto de la mercantilización en la calidad de la formación y subraya la necesidad de garantizar que los estudiantes reciban una educación ética, socialmente responsable y de la más alta calidad posible. Resultados en los exámenes El Consejo Interinstitucional de Certificación Básica en Medicina del Minsa también ha solicitado la intervención de las autoridades en relación con la situación de varias universidades privadas del país. En una misiva enviada el 20 de octubre de 2025 al ministro Fernando Boyd Galindo, el Consejo presentó los resultados de los Exámenes de Certificación Básica en Medicina 2025, que mostraron una tendencia negativa preocupante que se mantiene desde hace más de una década. En la carta, a la que La Prensa tuvo acceso, el Consejo destacó que los exámenes se llevaron a cabo en tres fechas: 31 de enero, 10 de mayo y 4 de septiembre. Los exámenes fueron completamente digitales, y la nota mínima de aprobación fue del 41.5% en los dos primeros exámenes, con un aumento a 45% en septiembre, con el fin de garantizar estándares más rigurosos y alineados con la formación médica internacional. Los datos presentados por el Consejo Interinstitucional revelaron grandes disparidades en el desempeño de las diferentes universidades: Universidad Columbus: De 383 estudiantes evaluados, 237 lo hicieron por segunda o tercera vez. Los primerizos mostraron tasas de no aprobación del 47% en enero y 65% en septiembre. En mayo, la tasa de no aprobación fue del 72% entre quienes presentaron el examen por segunda vez. La tasa de aprobación anual fue del 50%. Universidad Latina: Los estudiantes que presentaron el examen por segunda o tercera vez mostraron tasas de aprobación superiores a los primerizos en algunos casos. La aprobación total fue del 49%, con un 47% de no aprobados en los exámenes repetidos. Universidad Americana: Esta universidad mostró un panorama aún más alarmante. Entre enero y mayo, los estudiantes que presentaron el examen por segunda o tercera vez fueron el doble de los primerizos, con una tasa de no aprobación de 45% en enero y 77% en mayo. En septiembre, los estudiantes que lo hicieron por segunda o tercera vez fueron nueve veces más (64 frente a 7), con un 77% de no aprobados. La tasa de aprobación anual fue de solo 35%. Universidad Interamericana: Los resultados fueron intermedios, con una tasa de aprobación anual del 61% y 59% entre quienes lo presentaron por segunda o tercera vez. Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi): Esta universidad se destacó positivamente, con una tasa de aprobación anual del 81%, incluyendo un 68% entre quienes lo presentaron por segunda o tercera vez. Universidad de Panamá: Con una tasa de aprobación del 99%, se consolidó como la mejor evaluada, incluyendo también a los estudiantes que repitieron el examen. Una situación insostenible A partir de estos resultados, el Consejo Interinstitucional de Certificación Básica en Medicina ha advertido que la situación es insostenible, especialmente en universidades como Columbus, Latina y Americana, donde los bajos niveles de aprobación persisten año tras año. Las universidades Interamericana y Unachi muestran un desempeño intermedio, mientras que la Universidad de Panamá sigue siendo la líder en rendimiento académico. En este contexto, el Consejo solicitó una intervención urgente no solo del Minsa, sino también del Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa) y otras entidades vinculadas a la educación superior. Se busca asegurar que la formación médica cumpla con los estándares más altos de calidad y, al mismo tiempo, proteger la salud de la población. Tanto el Colegio Médico de Panamá como el Consejo Interinstitucional de Certificación Básica en Medicina hacen un llamado urgente al diálogo entre autoridades, universidades y estudiantes. Es necesario encontrar soluciones que aborden la crisis educativa actual sin comprometer la calidad de la formación ni la confianza de la sociedad en sus futuros médicos. La situación educativa en Panamá requiere medidas inmediatas para asegurar que la educación médica siga siendo un compromiso ético y social, y no simplemente una respuesta reactiva a las demandas del mercado. En conclusión, la propuesta del Colegio Médico de Panamá sobre la creación de un examen nacional de ingreso para las facultades de medicina se presenta como una medida urgente para garantizar una selección más rigurosa, ética y socialmente responsable de los futuros médicos del país. La preocupación por la mercantilización de la medicina y los alarmantes resultados de los exámenes de certificación médica reflejan la necesidad de tomar decisiones rápidas y consensuadas que aseguren la calidad de la formación médica y protejan la salud pública. piquera de metrobuses”. La empresa estatal Mi Bus reconoció que alquila el espacio para agilizar la salida de los buses de la terminal y el mall de Albrook. El dueño del terreno es Inmobiliaria Albrook, S.A., que recibe $71,904 por el arriendo, por un término de 24 meses. Mientras tanto, el Minsa sigue sin responder por qué el hospital está en desuso. ¿Habrá que mandarles un cuestionario de escoger la mejor respuesta? $4.2 millones para restaurar la Casa Amarilla en el Casco El contrato para la restauración de la histórica Casa Amarilla —ubicada dentro del conjunto arquitectónico del Palacio de las Garzas, en San Felipe— fue refrendado por la Contraloría General de la República. El Ministerio de la Presidencia estará a cargo del pago de la obra, cuyo monto asciende a $4.2 millones, incluyendo el 7%, informó la Contraloría. Recientemente, el titular de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, entregó la orden de proceder a la empresa Civil y Logística, S.A., ganadora de la licitación pública por mejor valor. Su representante legal es Juan David Cardoze Martinelli. “Estos trabajos están alineados con el compromiso del presidente José Raúl Mulino de rescatar los edificios públicos deteriorados, especialmente aquellos que forman parte de nuestro patrimonio histórico y cultural”, indicó la Presidencia en un comunicado emitido este lunes 27 de octubre. Las obras comprenden la restauración estructural y arquitectónica del edificio, cumpliendo —según lo informado— con los criterios de preservación histórica establecidos por ley. Actualmente se realizan estudios y análisis arqueológicos y estructurales. Los planos y procedimientos están siendo revisados y aprobados por la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural (DNPC) del Ministerio de Cultura. Patrimonio Cultural ha otorgado a la Casa Amarilla un certificado de valor de tercer orden de conservación, que permite modificaciones en el interior, siempre que la fachada se mantenga fiel al diseño original. En cambio, la muralla perimetral cuenta con un certificado de primer orden, lo que exige replicar de forma exacta su aspecto original. Entre las adecuaciones previstas figuran una escalera de caracol y dos elevadores, uno para pasajeros y otro de carga. OBRAS José Gonzalez Pinilla [email protected] Fachada de la Casa Amarilla. Cortesía Presidencia
5A La Prensa Panamá, martes 28 de octubre de 2025 Panorama Estado de lo que fue el hospital modular. Anel Asprilla El hospital modular de Albrook, una ‘piquera de metrobuses’ Mónica Palm [email protected] FONDOS PÚBLICOS El Hospital Modular de Albrook, inaugurado en 2020 para atender casos de covid-19, permanece en abandono. A pesar de planes de reubicación, aún no se ha trasladado y enfrenta críticas por su ineficiencia. Abandonado, vandalizado, cubierto de maleza y reconvertido “prácticamente en una piquera de metrobuses”. En esas condiciones se encuentra el Hospital Modular Panamá Solidario, ubicado en Albrook, según constataron los cuatro diputados de la bancada Seguimos, quienes visitaron el pasado viernes esta obra de $10 millones, construida a toda prisa en el año 2020, cuando recién comenzaba la pandemia respiratoria de la covid-19. Su construcción fue uno de los primeros escándalos de la pandemia. Nadie los recibió al llegar. No había vigilantes o personal del Ministerio de Salud (Minsa), de la Policía Nacional (PN) o de alguna entidad del Estado. En la entrada principal, gastado, sucio y raído, cuelga aún el letrero del hospital, impreso en una lona blanca con letras azules. Encontraron tuberías de cobre vandalizadas, un calentador de agua tirado en un patio junto a unos paneles solares, escaso mobiliario y algunas estancias sin electricidad. “Esto parece una casa del terror. Aquí hay millones de dólares invertidos en fondos públicos”, comentó el diputado Betserai Richards. Los cuatro diputados coincidieron en que esa infraestructura todavía puede aprovecharse. “La salud no puede esperar y aquí tenemos una oportunidad de llevar atención médica de forma rápida a una comunidad que la necesita”, dijo Grace Hernández, quien es arquitecta de profesión. “Las instalaciones están en buen estado. Puede ser el lugar donde pacientes de diferentes regiones del país reciban atención”, agregó José Pérez Barboni. Richards añade que la infraestructura, conformada por 160 contenedores, puede servir también como escuela. La bancada ahora demanda que se investigue qué ocurrió. Para ello, Ernesto Cedeño solicitó una auditoría a la Contraloría General de la República, “porque aquí se tiene que determinar si hubo desperdicio o mal uso de fondos públicos”. Cedeño también pregunta dónde está el Ministerio Público. “Queremos saber si hay lesión al patrimonio y que haya certeza del castigo”, remarcó. El Ministerio Público ya investigó una vez. Y ordenó archivar provisionalmente el expediente, el 8 de julio de 2021, tras concluir que no se configuraron los delitos de peculado y fraude en contrataciones públicas. La fiscal anticorrupción a cargo de esa investigación es Anilú Batista, actual subsecretaria general de la Procuraduría General de la Nación. El 18 de marzo de 2020, siete días después de que la OMS declarara que la covid-19 era una pandemia respiratoria, el entonces presidente Laurentino Cortizo anunció la construcción —en un mes— de un hospital modular con 100 camas para pacientes de coronavirus, en un terreno que prestó Inmobiliaria Albrook, S.A., propiedad de la familia dueña del centro comercial Albrook Mall. Ese mismo día, el MOP evaluó las propuestas de tres empresas y autorizó el inicio de los trabajos a SmartBrix Centroamérica, aunque el contrato se firmó el 7 de abril. Una semana después, el 16 de abril, Cortizo recibió las llaves del nuevo hospital. En enero pasado, el ministro de Salud, Fernando Boyd, informó que el hospital modular sería cedido a la Policía Nacional —cuyo cuartel se encuentra cerca del lugar— para ser utilizado como clínica para los agentes. Antes había mencionado que los módulos serían desmontados y trasladados al Hospital Nicolás Solano, pero esa idea fue descartada por los altos costos. El Hospital Integrado Panamá Solidario, desde junio de 2020 hasta septiembre de 2022, atendió a 2,181 pacientes positivos de covid-19. Además, recibió pacientes con diversas patologías que requirieron hospitalización. De este total, 949 fueron mujeres y 1,232 hombres. El encuentro, que incluye actos culturales, empezó ayer y se extiende hasta el 30 de octubre. Isaac Ortega Líderes indígenas reclaman que se les reonozca como guardianes de la biodiversidad global ENCUENTRO Yaritza Mojica [email protected] Durante la primera sesión del Órgano Subsidiario sobre el Artículo 8 (j) del Convenio sobre la Diversidad Biológica, que se lleva a cabo en Panamá, se busca resaltar la importancia de los pueblos indígenas en la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. En esta reunión, que se realiza del 27 al 30 de octubre, se discutirán las primeras pautas para valorar los territorios indígenas y tradicionales, impulsando iniciativas de conservación lideradas por las comunidades locales, e integrando sus conocimientos y tierras ancestrales en la planificación ambiental. El copresidente del Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad, Francisco Ramiro Batzin Chojoj, del pueblo Maya Kaqchikel de Guatemala, destacó la importancia de que los pueblos indígenas sean reconocidos como actores centrales en la protección de la Lo que dijeron los diputados en el pleno Yaritza Mojica [email protected] Durante el pleno legislativo de ayer lunes los diputados Ernesto Cedeño, Grace Hernández y Betserai Richards de la bancada “Seguimos” denunciaron el mal estado del hospital y cuestionaron la gestión de los recursos destinados a esta infraestructura. • Ernesto Cedeño expresó su preocupación por la falta de claridad sobre la ubicación de los bienes muebles del hospital, los cuales no están protegidos ni bajo vigilancia. Señaló que los bienes del Estado deben ser manejados de manera responsable, “como un buen padre de familia”. • Grace Hernández destacó que presentó un proyecto de ley en la Asamblea Nacional para investigar la gestión de los recursos públicos durante la pandemia. Señaló que es lamentable ver una infraestructura como el hospital modular abandonada, mientras que en varias partes del país se necesita atención médica de calidad. “Esos recursos son de todos los panameños, y debemos asegurarnos de que lleguen a la población”, enfatizó. • Betserai Richards calificó la situación como una muestra de negligencia, subrayando que la estructura, actualmente en deterioro, no tiene vigilancia y está abierta a personas en situación de calle. Hizo un llamado al Contralor General para realizar una auditoría exhaustiva sobre el uso de los fondos destinados al hospital y solicitó que, si se encuentran irregularidades, se inicien procesos judiciales contra los responsables. “Es un crimen contra los recursos de todos los panameños”, declaró Richards, pidiendo justicia. biodiversidad global. Durante la primera reunión del Órgano Subsidiario, Batzin Chojoj subrayó que los pueblos indígenas conservan alrededor del 80% de la biodiversidad mundial en sus territorios. “Este encuentro nos permite discutir cuáles han sido los aportes y cuáles son los derechos de los pueblos indígenas que deben reconocerse para seguir conservando ese 80% de la biodiversidad que está en los territorios indígenas”, expresó. Batzin Chojoj explicó que los pueblos indígenas trabajan de manera organizada a nivel territorial, nacional y regional, dentro de una estructura mundial que reúne a siete regiones socioculturales. Esta articulación busca promover la implementación de la Meta 3 del Convenio, que se refiere a la conservación del 30% de la biodiversidad del planeta. “Nuestra propuesta es que se reconozcan los territorios indígenas como la primera vía de conservación. Estos espacios son fundamentales porque en ellos mantenemos nuestro modelo de vida y nuestras prácticas ancestrales”, destacó. El representante indígena también pidió que el órgano subsidiario promueva una participación plena y efectiva de las comunidades originarias, reconociendo sus derechos y su rol en la preservación de los recursos naturales. Batzin Chojoj mencionó algunos de los territorios donde los pueblos indígenas tienen un papel clave en la conservación ambiental, como Guna Yala en Panamá, las tierras comunales de Guatemala, la Amazonía y la Cuenca del Congo a nivel global. “Los pueblos indígenas somos la voz de la biodiversidad y traemos propuestas concretas que deben ser consideradas por los gobiernos y organismos internacionales”, acotó. Panamá, anfitrión de los pueblos indígenas Por su parte, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, destacó que “la celebración de este encuentro en Panamá es una validación internacional del trabajo del país para conservar la biodiversidad y proteger los derechos de los pueblos indígenas”. El titular del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) agregó que “la voz de los pueblos indígenas, históricamente guardianes de los ecosistemas, es esencial para frenar la deforestación, conservar la naturaleza, construir soluciones sostenibles y ofrecer alternativas equitativas que respondan a nuestras realidades locales y fortalezcan nuestra resiliencia colectiva”. En tanto, la secretaria ejecutiva del Convenio sobre la Diversidad Biológica, Astrid Schomaker, resaltó que el hecho de que Panamá sea anfitrión “es una muestra del inquebrantable compromiso del país para avanzar en el trabajo de este órgano permanente que vela por la conservación de la biodiversidad y aborda directamente cuestiones de relevancia para los pueblos indígenas y las comunidades locales, reconociendo su papel único y sus contribuciones como custodios de la biodiversidad”. En las sesiones del Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas (ONU) participaron delegaciones de 196 países y cerca de mil representantes de gobiernos, pueblos indígenas, comunidades locales, organismos internacionales y sociedad civil. Según MiAmbiente, “el liderazgo de Panamá en biodiversidad y derechos humanos consolida al país como referente regional en la construcción de modelos de conservación inclusivos, en línea con el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, orientado a frenar y revertir la pérdida de biodiversidad hacia 2030”.
6A La Prensa Panamá, martes 28 de octubre de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. la adopción de un nuevo plan, no por resoluciones internas ni mediante pagos compensatorios. Por tanto, lo que propone la DPU no solo carece de fundamento técnico, sino también de base legal. Pretender modificar la norma urbanística mediante un esquema financiero vulnera el principio de jerarquía normativa y el espíritu mismo de la Ley 6 de 2006, creada precisamente para evitar la discrecionalidad en el desarrollo urbano. Además, el propio Plan Panamá Metropolitana: Sostenible, Humana y Global MUPA–BID (2015) advierte la existencia de áreas con densidades “intolerables” y una infraestructura insuficiente para sostenerlas. Ese plan, que costó 1.5 millones de dólares y fue elaborado con asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ofrece una hoja de ruta para una ciudad más equilibrada y habitable. Sin embargo, permanece ignorado, mientras se impulsan medidas que van en sentido opuesto. La planificación no puede ser selectiva. Si verdaderamente se quiere mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, el Municipio debe actuar en conjunto con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), entidad rectora del ordenamiento a escala metropolitana. El territorio no termina en los límites del distrito capital. La ciudad Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Puedes llevar el caballo al agua, pero no obligarlo a beber Deterioro cultural Nuestra pobreza cultural es, lamentablemente, cada vez más marcada. Una prueba de ello es el lenguaje impregnado de chabacanería y mediocridad, rayando en lo vulgar, que con frecuencia utilizan —a falta de otros recursos dialécticos— muchos de nuestros flamantes diputados y, para no quedarse atrás, hasta el propio presidente Mulino, con su inesperado y reciente “tutorial” sobre el novedoso uso de la lengua. Otro ejemplo notable fue el del diputado Jamis Acosta (RM), quien, muy iracundo, promovió hace poco en la Asamblea un insólito “paquete turístico con cita garantizada”, para que los interesados —que sin duda los hay— puedan ir a rendirle pleitesía a su idolatrado ‘loco de marras’ en Cartagena, Colombia Mientras tanto, el diputado Camacho no cabe de felicidad al enterarse y promover los resultados de una encuesta cuya veracidad —para ser honesto— no pongo en duda, pero que revela que el ser más querido y añorado por los panameños es un prófugo de la justicia, condenado por robo y lavado de dinero: Ricardo Martinelli. Todo esto que observamos con asombro es el corolario de un conjunto de factores que han venido gravitando inexorablemente sobre la sociedad panameña, en especial sobre nuestros jóvenes. Me refiero, por ejemplo, a un sistema educativo sin visión ni misión, que pretende reemplazar el sano ejercicio de pensar y el juicio crítico —como pilares en la formación de la niñez y la juventud— por el vano propósito de presumir de modernidad con una laptop. Lo mismo ocurre con un Ministerio de Cultura que reduce su misión a la exaltación de las cutarras y el tembleque, o con televisoras que promueven programas alienantes y distorsionadores de la cultura panameña, mientras celebran sus altos ratings de popularidad. La lista de factores que alimentan nuestra persistente alienación cultural es larga. Poco a poco, nos hemos vuelto cautivos del aguardiente de la mediocridad, la burla y la vulgaridad, promovidas por figuras relevantes de nuestro entorno social y político. A ello se suma el accionar ambivalente de instituciones como la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Nacional, que, de manera reiterada, refuerzan la corrupción y la impunidad. El ejemplo más reciente es el proyecto de ley 174, más conocido como Ley del Perdón, presentado por el diputado Jamis Acosta Guerra —el mismo del turismo urinario—, mediante el cual se pretende reformar el Código Penal panameño para permitir la extinción de la pena a cambio del perdón del imputado. Semejante aberración jurídica tiene nombre y apellido, y, sin duda, de ser aprobada, beneficiaría a Ricardo Martinelli y a muchos otros “arrepentidos” condenados o sindicados por la justicia panameña. Al son que vamos, ante esta tergiversación de los principios básicos de la justicia, la aplicación selectiva de la ley según intereses políticos y el deterioro cultural que normaliza los antivalores, como sociedad nos estamos acercando peligrosamente a la cuenta de dos strikes sin bolas en el juego de la impunidad. El agua que define el futuro Río Indio El proyecto del embalse del Río Indio, en la vertiente occidental del Canal, busca captar y almacenar millones de metros cúbicos de agua dulce para uso dual: mantener las operaciones del Canal y garantizar agua potable para la población durante al menos los próximos 50 años. Este nuevo reservorio actuaría como un seguro hídrico nacional, permitiendo resistir los efectos del cambio climático y las variaciones extremas de precipitación. Además, traería beneficios complementarios como control de inundaciones, riego agrícola, generación hidroeléctrica y desarrollo rural en zonas tradicionalmente marginadas. Lejos de ser un lujo, el embalse del Río Indio representa una decisión estratégica, comparable en importancia a la ampliación del Canal aprobada en 2006. El proyecto, sin embargo, ha generado resistencia en algunos sectores. Unos críticos advierten que el embalse inundará territorios y afectará ecosistemas rurales. Sin embargo, toda obra hidráulica de gran escala puede y debe realizarse bajo estándares internacionales de sostenibilidad, con estudios ambientales transparentes, compensaciones justas y reforestación compensatoria. La ACP ha demostrado capacidad técnica y responsabilidad en proyectos anteriores —como la ampliación del Canal— donde se cumplieron las normas ambientales más estrictas. Además, el embalse generaría mejoras sociales: caminos, servicios básicos, empleo y desarrollo sostenible para las comunidades vecinas. Algunos opositores expresan dudas sobre la gestión del proyecto. No obstante, la ACP es una de las instituciones más respetadas, auditadas y solventes del país, con autonomía administrativa y vigilancia ciudadana. El proyecto puede y debe incluir mecanismos de partiOctavio Vallarino Arias El orden urbano no está en venta Política pública Panamá ha invertido millones de dólares en estudios, diagnósticos y planes urbanos elaborados por equipos de alto nivel, nacionales e internacionales. Todos ellos señalan con claridad las rutas que deben seguirse para lograr una ciudad más ordenada, equitativa y sostenible. Sin embargo, las autoridades municipales parecen empeñadas en ignorar ese conocimiento técnico y legal, optando por medidas improvisadas que ponen en riesgo el futuro del área metropolitana. La Dirección de Planificación Urbana (DPU) de la Alcaldía de Panamá ha presentado un borrador que busca permitir incrementos de edificabilidad —más pisos, más unidades y más densidad por lote— a cambio de un pago económico a la Alcaldía. Lo llaman “compensación urbana por incremento de edificabilidad”, pero en la práctica sería una autorización para construir por encima de lo permitido en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) vigentes, incluso hasta un 50% más. Esa figura no existe en la legislación panameña. La Ley 6 de 2006, que regula el ordenamiento territorial para el desarrollo urbano, es clara: los planes de ordenamiento tienen fuerza normativa y carácter vinculante. Según sus artículos 5, 6, 19 y 23, cualquier cambio en sus parámetros —densidad, altura o uso del suelo— solo puede hacerse mediante que habitamos forma parte de un sistema urbano más amplio, y su desarrollo debe coordinarse bajo una visión metropolitana que contemple movilidad, vivienda, espacio público, comercio, industrias e infraestructura. El Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano, elaborado por firmas de reconocido prestigio internacional y actualizado hace pocos años con un horizonte hasta 2035, ya propone ese cambio estructural: pasar de una ciudad monocéntrica, congestionada y desigual, a una ciudad policéntrica, con nuevos polos residenciales, nodos de empleo, reubicación de industrias y un reparto más equitativo de los servicios. Ignorar esas directrices y seguir densificando el mismo espacio reducido del distrito de Panamá es actuar como si fuéramos una “república” dentro de la ciudad metropolitana. El desarrollo urbano no se mide por la cantidad de torres, sino por la calidad del entorno en que vivimos y que dejamos a las próximas generaciones. Los planes existen, las leyes también. Falta voluntad política para cumplirlos. No se trata de inventar mecanismos que vendan la norma urbanística al mejor postor, sino de aplicar con responsabilidad los instrumentos de planificación que ya tenemos. El ordenamiento territorial es una política pública, no un negocio. Panamá necesita autoridades que comprendan que la ciudad no es una mercancía, sino un proyecto colectivo. Cumplir los planes y las leyes no es un obstáculo para el progreso: es la única forma de garantizarlo. Opinión EL AUTOR es pintor y escritor. LA AUTORA es arquitecta. EL AUTOR es ingeniero mecánico. Joaquín González J. cipación pública y monitoreo independiente, garantizando transparencia y confianza. Rechazarlo por desconfianza sería castigar la previsión técnica con prejuicio político. Varios sectores han propuesto soluciones menos invasivas que la construcción del embalse, como la instalación de plantas desalinizadoras o el aprovechamiento del agua del lago Bayano. Sin embargo, ambas alternativas presentan limitaciones técnicas y económicas significativas. En el caso de Bayano, sería necesario transportar el agua a más de 100 kilómetros hasta la cuenca canalera mediante un complejo sistema de tuberías y bombeo continuo, lo que elevaría los costos de inversión y operación por el alto consumo energético. En contraste, el embalse del Río Indio requeriría solo unos 9 kilómetros de conducción por gravedad, sin necesidad de bombas eléctricas, lo que lo convierte en una solución más eficiente, sostenible y económicamente viable a largo plazo. Otros sostienen que el proyecto favorece solo al área canalera. Pero el Canal es una empresa nacional, cuyos ingresos sostienen programas sociales, educativos y de salud en todo el país. El embalse del Río Indio no es una simple obra de ingeniería: es una decisión de país. Ignorarla por miedo, política o desinformación sería hipotecar el futuro de Panamá. La experiencia demuestra que el costo de la inacción siempre es más alto que el de la previsión. Así como la ampliación del Canal aseguró la competitividad global del país, este proyecto asegurará su viabilidad hídrica y económica por las próximas cinco décadas. Al evaluar todos los elementos —técnicos, ambientales, sociales y estratégicos— la conclusión es inequívoca: la construcción del embalse del Río Indio es la opción más lógica, responsable y necesaria. No se trata de elegir entre desarrollo y sostenibilidad, sino de entender que el agua es el puente que une ambos. Y en Panamá, ese puente debe empezar en el Río Indio. En una reciente reunión de egresados de Texas A&M University, la subdirectora del Canal de Panamá, la ingeniera marítima Ilya Marotta, orgullo de ser egresada de esta universidad, lanzó una advertencia que resonó entre los asistentes: el Canal —y buena parte del país— enfrentan una amenaza existencial si no se construye el embalse del Río Indio. El mensaje fue claro: sin una nueva fuente de agua, la capacidad operativa del Canal podría reducirse hasta en un 40% en los próximos 25 años. La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha proyectado que, sin una nueva fuente hídrica, esto no solo afectaría los ingresos del Estado, sino también la confianza internacional en la ruta panameña como eje del comercio global. Además, millones de panameños podrían sufrir escasez de este recurso vital en las próximas décadas. Durante los últimos años, Panamá ha sufrido temporadas de sequía históricas. El lago Gatún, corazón del sistema del Canal, ha registrado niveles por debajo de lo normal, obligando a la ACP a reducir el número de tránsitos diarios y el calado máximo de los buques. Esto significa menos carga, menores ingresos y un impacto directo sobre la competitividad de la vía frente a rutas alternativas como el Canal de Suez o los corredores logísticos emergentes en Norteamérica. Pero la crisis no se limita a la vía interoceánica. Los mismos lagos que mueven los barcos abastecen de agua potable a más de dos millones de personas en la ciudad de Panamá y áreas circundantes. Cada litro destinado al tránsito de un buque es un litro menos disponible para el consumo humano. El dilema, entonces, es urgente: asegurar nuevas fuentes hídricas o enfrentar una crisis económica y social sin precedentes. Pretender modificar los parámetros del desarrollo urbano mediante pagos “compensatorios” vulnera la Ley 6 de 2006 y convierte la planificación de la ciudad en una transacción, no en una política pública. Argelis Gaudiano El embalse del Río Indio no es un lujo ni un capricho: es una decisión estratégica para garantizar el agua, la soberanía hídrica y la competitividad del Canal de Panamá durante los próximos 50 años. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. 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