1A La Prensa Panamá, lunes 27 de octubre de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Lunes 27 de octubre de 2025 - Año 45 - Nº 15182 Hoy por hoy Los resultados del Examen de Certificación Básica en Medicina 2025 reflejan la deficiencia estructural en la formación de médicos en Panamá, especialmente en universidades particulares. A pesar de los esfuerzos por mejorar la calidad educativa, el examen muestra que muchos graduados no alcanzan las competencias necesarias para ejercer la profesión. Mientras que universidades como la de Panamá obtienen buenos resultados, las particulares siguen mostrando altos índices de no aprobación. El problema radica en una formación insuficiente, con falta de práctica clínica y tutores capacitados, lo que pone en riesgo la calidad de los futuros médicos. Esta situación afecta la capacidad de los médicos para cumplir con las exigencias de la profesión y compromete la salud pública, pues se necesita un sistema de salud fortalecido. Es urgente que las autoridades educativas y de salud trabajen juntas para actualizar el sistema de formación médica. El Examen de Certificación Básica es un indicador clave de la preparación de los profesionales de salud en Panamá, por lo que se deben implementar cambios estructuEllas.pa Tiempo de banderas e identidad 7B Thomas Jefferson arrasa en la final Sub-12 6B Deportes Escándalo del presidente tico salpica a Panamá Un nuevo escándalo sacude a Costa Rica. El presidente Rodrigo Chaves invitaba a reuniones a su despacho a un abogado costarricense –sin cargo público alguno– que ha sido fotografiado en el Palacio de las Garzas. VEA 2A Pruebas revelan fallas en la formación médica Aleida Samaniego C. [email protected] El Examen de Certificación Básica en Medicina 2025 mostró altos índices de reEDUCACIÓN SUPERIOR El Examen de Certificación Básica 2025 muestra altas tasas de reprobación en universidades particulares, subrayando la falta de preparación de los graduados para ejercer la medicina. probación en universidades particulares, con un rendimiento deficiente en comparación con las universidades públicas. A pesar de los esfuerzos por mejorar la educación médica, muchos graduados no alcanzaron las competencias necesarias para ejercer. La Universidad de Panamá obtuvo los mejores resultados, mientras que universidades como la Universidad Columbus y la Universidad Americana tuvieron bajas tasas de aprobación, especialmente entre los estudiantes que repitieron el examen. Los resultados del estudio reflejan deficiencias en la formación clínica y teórica, lo que afecta la calidad de los futuros médicos. VEA 6A Juegos Centroamericanos Medallas de oro en flag football para Panamá Las selecciones masculina y femenina de flag football de Panamá cerraron con victorias dominantes en los Juegos Centroamericanos. La selección masculina derrotó a Guatemala 47-12, mientras que la femenina ganó 34-0, obteniendo ambas la medalla de oro. El torneo se celebró en el Estadio Emilio Royo de la Ciudad Deportiva Irving Saladino. En la foto, la premiación de la selección femenina. Carlos Vidal-Endara El puerto de Corozal estaría ubicado en Balboa. Archivo El debate sobre el modelo de gestión de puertos en Panamá se intensifica tras la expropiación de fincas en Isla Margarita y los anuncios de nuevos proyectos en Isla Telfers y Corozal. Tanto Jorge Luis Quijano, exadministrador de la ACP, como Carlos Sousa Gómez, empresario del sector, coinciden en que los puertos deben ser concesionados a operadores privados, aunque resaltan la necesidad de garantizar contratos justos y transparencia por parte del Estado. Durante el programa Radar de TVN, se discutieron los recientes anuncios del gobierno sobre la expropiación de fincas en Isla Margarita y la construcción de nuevos puertos en Isla Telfers y Corozal. VEA 7A LOGÍSTICA Espacio aéreo del país pasaría de 35 a 80 vuelos por hora $14 millones cada año debe pagar el Estado por reparos El futuro portuario: ¿concesiones privadas o gestión de la ACP? La reestructuración del espacio aéreo de Panamá permitirá aumentar la capacidad de operaciones, pasando de 35 a 80 vuelos por hora, mejorando la eficiencia y reduciendo la congestión. VEA 1B El Estado destina alrededor de $14 millones anuales en compensaciones por tres tragedias: el envenenamiento con dietilenglicol, la intoxicación con heparina y los enfrentamientos en Changuinola. VEA 5A PROYECTO DEUDAS Los ‘héroes de Járkov’ que rescataron a 48 niños de un jardín de infantes que fue atacado por drones rusos en Ucrania www.prensa.com/bbc/
2A La Prensa Panamá, lunes 27 de octubre de 2025 El recorte pasó casi desapercibido, al igual que la actuación del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) durante las vistas presupuestarias en la Asamblea Nacional, una noche del pasado mes de agosto. La cartera de Vivienda sufrió una reducción de $52.9 millones en su presupuesto para la vigencia fiscal de 2026, principalmente en el renglón de inversión. Es uno de los recortes más drásticos, proporcionalmente, a nivel de ministerios, superando al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) -$29 millones- o incluso a instituciones que han sido condenadas a la desaparición, como el Ministerio de la Mujer -$2 millones-. A punto de aprobarse el proyecto de ley de presupuesto N°293 en el Legislativo, el ministro de Vivienda, Jaime Jované, fue consultado al respecto. “El presupuesto está limitado, restringido”, admitió a periodistas el pasado jueves 23 de octubre, tras el Consejo de Gabinete en Veraguas. De un total de $134.7 millones en el presupuesto 2025, el Miviot pasaría a tener $79.8 millones para 2026. En el periodo de modificaciones y rejuegos presupuestarios llevados a cabo entre la Asamblea y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no se solicitaron mayores recursos para la entidad. Esto a pesar de que en la sesión de las vistas presupuestarias del pasado 26 de agosto, Jované señaló que tendrían que buscar traslados de partidas. Los números muestran que la mayor reducción presupuestaria se daría en el renglón de inversiones: de $103.9 millones este año, pasaría a $52.9 millones en el próximo. A pesar de que el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ha señalado que los recortes responden en parte a la ejecución presupuestaria, el Miviot tendría $52 millones menos para inversiones pese a ejecución del 50% PRESUPUESTO Miviot mantuvo una ejecución del 50.4% en inversión hasta agosto de 2025, más alta que entidades que vieron aumentos presupuestarios, como el Ministerio de Gobierno, que tuvo una ejecución del 47.8% en inversiones hasta la misma fecha, pero que recibiría $28 millones más que en 2025. Optimismo a pesar del Escándalo en Costa Rica: el abogado que visitaba el Palacio de las Garzas Rolando Rodríguez B. [email protected] Mario De Gracia [email protected] La controversia que vincula al presidente costarricense Rodrigo Chaves con el abogado Randall Chuken resalta conexiones locales en Panamá, donde Tradeco Panamá y otras empresas están involucradas en licitaciones clave. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, nuevamente es protagonista en otro de sus ya habituales escándalos. Esta vez, una ramificación llega hasta Panamá, específicamente al Palacio de las Garzas. El nuevo escándalo gira en torno a la construcción de 48 kilómetros de la carretera Interamericana norte, denominado Barranca- Limonal. Chaves –según publicaciones recientes de la prensa tica– presionó fuertemente para que este contrato fuera cedido a una empresa mexicana llamada Tradeco, sobre la cual pesaban serias dudas. “Había advertencias hasta de la DIS [Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional de Costa Rica] sobre temas de narcotráfico relacionados con uno de los socios de Tradeco, así como corrupción de la empresa”, afirmó a fiscales del Ministerio Público de Costa Rica el hoy candidato presidencial y exministro de Obras Públicas y Transporte de ese país, Luis Amador Jiménez. Amador es testigo en una investigación por presunto peculado contra Chaves y un antiguo ministro de Obras Públicas, Mauricio Batalla. En su testimonio, Amador indicó que cada dos o tres días –incluso en horas nocturnas–, el presidente preguntaba si ya se le podía ceder el contrato a la constructora mexicana, el cual originalmente había ganado un consorcio que se atrasó en la obra. “Las llamadas eran constantes. A mí me pareció curioso que mostrara un interés tan particular por el tema”, testificó el exministro. No era el único que estaba extrañado. Chaves también presionó a la hoy expresidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS), Mónica Araya –otra testigo del Ministerio Público–, pues Tradeco debía aportar una garantía de $18 millones o el 10% del valor de la obra, de $182 millones. La testigo le dijo a Chaves que no podía otorgarle tal garantía a Tradeco, pero él insistió mediante reiteradas llamadas telefónicas en las que se mostró molesto por la decisión de Araya. En las versiones de prensa del testimonio de Araya se detalla que Chaves llegó a entregarle el número telefónico del representante de Tradeco para que lo contactara y obtuviera información para analizar su caso. Chaves se molestó cuando se le dijo que no era posible, pero siguió insistiendo, al menos, entre finales de 2022 y principios de 2023. Abogado misterioso El exministro de Obras Públicas y Transporte también detalló la presencia de un abogado que participaba en encuentros convocados por Chaves en la Presidencia de la República, en los que se discutía la cesión del contrato del mencionado tramo de carretera a favor de Tradeco. Era un abogado tico de 55 años, sin cargo público alguno, llamado Randall Chuken Vargas, quien acompañaba a Chaves en estas reuniones, realizadas en su despacho. En todos los encuentros sobre el tema de Tradeco siempre estuvo presente Chuken, aseguró el exministro. “…Recuerdo al presidente dándole órdenes a Randall Chuken para que le dieraelseguimientoalostemas relacionados con Tradeco y otras empresas”, añadió. Otros describen a este abogado como persona “muy cercana” al gobernante tico. Informes del sitio digital CRHoy revelan que Chuken muestra en sus redes sociales constantes viajes a Panamá y Colombia, donde aparece con personal de la Policía Nacional de Colombia y nada menos que en el Palacio de las Garzas. Para no ir lejos, su registro migratorio muestra que el pasado jueves, Chuken Vargas salió de Costa Rica rumbo a Panamá. Y de enero de 2023 a octubre de 2025, Chuken ha viajado a Panamá, Colombia, Canadá, Estados Unidos y México. En ocasiones, haciendo escala para llegar a otros destinos. Investigado El nombre de este abogado consta en un informe – de marzo de este año– de la Sección contra el Crimen Organizado del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica como “persona de interés” en este caso, así como el vicepresidente ejecutivo del Grupo Tradeco: Yves Loustalot Laclette Macías, también dignatario en sociedades locales del mismo nombre, como Tradeco Panamá, y Tradeco Centroamérica y el Caribe. Chuken, a su vez, aparece en Panamá en tres sociedades creadas en 2006, todas actualmente suspendidas. Se trata de Investments Oportunities, Inc., Points Pread, Inc. e Investments Goalds, Inc. En las tres Chuken aparece como dignatario: como presidente en dos de ellas y en la tercera como secretario. Las sociedades fueron creadas el mismo día: 6 de octubre de 2006, y menos de un año después –el 22 de junio de 2007– Chuken entró en ellas como dignatario. En todas las sociedades aparece como suscriptora Teresa de Jesús Riaño Lancheros. Dos años después de crear las sociedades, una persona con los mismos nombres y apellidos de esta última fue capturada por la Policía Nacional de Panamá en mayo de 2008 en una operación denominada “Ana”, en la que fueron decomisados 750 kilos de cocaína, junto con dos armas de fuego y un vehículo, en un edificio de la avenida Balboa. La fotografía que muestra a Chuken en el Palacio de las Garzas no dice cuándo fue tomada, aunque fuentes costarricenses aseguran que es reciente. De lo que sí hay evidencias es de que una empresa del grupo Tradeco Infraestructura participó en la licitación –sin éxito– para la construcción del Centro de Resocialización contra el Narcotráfico, que reemplazaría las instalaciones del Centro Penitenciario de Colón. La obra, que se construiría en tres fases, tiene un costo de $86.5 millones para atender una población de unos 2 mil 600 reclusos. Financiamientos Randall Chuken, según el exministro Amador, le ofreció financiamiento para su campaña política; además, una oficina para cuando estuviera en campaña. Añadió que tienen “entendido de que hubo financiamiento de Randall Chuken a la campaña del presidente” Rodrigo Cháves. La semana pasada, el medio CRHoy también informó de una reunión privada de Chuken con la también candidata presidencial costarricense Laura Fernández. Ambos se negaron a revelar el motivo del encuentro y de qué hablaron. Chaves ha sido acusado en su país de recibir financiamiento electoral de empresas extranjeras, entre ellas, de una sociedad panameña llamada Grupo Santiago, S.A., creada en 2008, y que actualmente tiene como presidente a Roberto Batista, a Miguel Santos Gutiérrez (tesorero) y Rodrigo Hernández (secretario), posteriormente reemplazado por Armando Aparicio. ‘Estrechos lazos’ Los presidentes José Raúl Mulino y Rodrigo Chaves mantienen una estrecha relación. El primero lo visitó en los últimos días de su campaña presidencial –el 18 de abril de 2024–, junto a tres acompañantes: Félix Fallabella –primo del empresario panameño Ramón Carretero, quien estaba en el avión privado que recientemente sufrió un accidente en Maiquetía, Venezuela–, el abogado colonense Michael Soto Movilla y el financista Edilberto ‘Pecheche’ Moreno Velásquez. Mulino no respondió un cuestionario que le envió en abril pasado este medio para conocer las razones que tuvo para interrumpir su campaña política y sus motivos para llevar a los acompañantes mencionados. También, el pasado 23 de agosto, Chaves fue recibido con todos los honores por Mulino y sus ministros de Estado en el Palacio de las Garzas, durante una visita oficial que realizó el gobernante tico. Durante la breve visita, Chaves fue condecorado por Mulino con la Orden Manuel Amador Guerrero en el grado Gran Collar, el más alto reconocimiento oficial. Medios costarricense han solicitado a Chuken su versión de los hechos, pero se ha negado. Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama recorte A pesar de que más de la mitad de los recursos destinados a la construcción de viviendas sociales en el Miviot serán recortados (pasaría de $58.4 millones este año a $25.4 millones en 2026), el ministro Jované se muestra optimista y comprensivo. “Es parte del ordenamiento de la casa, estamos tratando de poner todo en orden. En lo que llevamos de gestión, hemos pagado aproximadamente $300 millones en cuentas pendientes. Si no hubiéramos heredado esa deuda, estaríamos invirtiéndolo en nuevos proyectos”, señaló. Al tiempo, reiteró que aunque tendrán una limitación presupuestaria en el año 2026, se enfocarán en “un plan de crecimiento y la continuidad de proyectos paralizados”. El pasado jueves, el titular de Miviot junto al presidente José Raúl Mulino entregaron unas 15 viviendas en Veraguas para familias que habían sido afectadas por desastres naturales en noviembre de 2024. Entre los proyectos que Jované mencionó que requieren continuidad se encuentran 240 unidades de vivienda en la Comarca Ngäbe Büglé, la última etapa de Ciudad Esperanza, en Arraiján, Panamá Oeste; proyectos habitacionales en Altos de los Lagos y Santa Isabel, en Colón. Por otra parte, en la vista presupuestaria de agosto pasado, Miviot aseguró que en concepto de subsidio habitacional solo destina una fracción del 9% de su presupuesto. Al tiempo que se mostraron optimistas de que la situación presupuestaria mejore con la reducción del servicio de la deuda pública en la próxima vigencia fiscal. El ministro de Vivienda, Jaime Jované. Isaac ortega El abogado Randall Chuken Vargas, en el Palacio de las Garzas. Imagen tomada de CRHoy UI UNIDAD INVESTIGATIVA
3A La Prensa Panamá, lunes 27 de octubre de 2025 A.V./1247068
4A La Prensa Panamá, lunes 27 de octubre de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] CITACIÓN. Jorge González, miembro de la junta directiva de la ACP, fue citado a la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal de la Asamblea. Es la segunda vez. Primero tenía que ir el 1 de octubre, pero no apareció. Ahora deberá presentarse el próximo miércoles y todavía no se ha confirmado si finalmente comparecerá. No se sabe si es que él no quiere dar la cara o si hay alguien que no lo deja. RENTAL. La flotilla vehicular que llegó a Santiago con el presidente Mulino seguramente es aquella que fue contratada por la Presidencia a tres arrendadoras, a un costo total de casi $7.7 millones, por un término de 24 meses. El contrato implica el uso de 175 vehículos, incluyendo 100 camionetas 4x4, 30 SUV, 5 busitos tipo panel y 2 autobuses para 22 pasajeros, entre otros. Si el Ministerio de la Presidencia tiene 125 conductores en planilla, ¿para qué necesita alquilar 175 vehículos? ¿Acaso esos son los que luego andan por ahí sin línea amarilla, sin placa y con luces de escolta? ANTECEDENTE. Para la licitación del puerto de Isla Margarita, la AMP podría utilizar el mismo pliego de cargos que la ACP preparó para Corozal. La idea la sugirió el exadministrador del Canal, Jorge Quijano. Solo habría que actualizar el pliego. Gran idea. Ya es hora de que dejen de decir que la ACP debe ser un modelo de conducta para el Gobierno y, finalmente, lo pongan en práctica. INVITADO. El que inventó el refrán “no estaba muerto, andaba de parranda” debe ser el procurador Gómez Rudy. No se le ha visto por la Asamblea defendiendo los proyectos anticorrupción, pero sí en el cumpleaños de la gobernadora Mayín Correa, su vecina en Avenida Perú. Quizá la próxima vez que lo veamos sea en el palco presidencial durante las fiestas patrias. DE PLÁCEMES. Por cierto, Correa cumplió 90 años. Seguramente es la goEl ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, en la Asamblea Nacional. Cortesía/MEF Presupuesto 2026: ajustes y tensiones políticas y fiscales Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] ASAMBLEA NACIONAL El debate del presupuesto 2026 refleja profundas tensiones políticas y fiscales, con reformas clave, limitaciones a las consultorías y controversias sobre la gestión de recursos, que impactarán la sostenibilidad fiscal del país. Todo indica que el proyecto de presupuesto 2026 será aprobado mañana lunes en tercer debate; sin embargo, su discusión dejó profundas secuelas: tres modificaciones, divisiones marcadas entre las bancadas y llamados a varias entidades por parte del ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman. En medio del proceso de revisión del proyecto de ley del presupuesto del Estado en segundo debate, el pleno de la Asamblea Nacional introdujo tres modificaciones. Una de las medidas más destacadas establece que las consultorías contratadas por las entidades gubernamentales no podrán superar el 4% del presupuesto de cada institución. Esta limitación busca evitar la proliferación de gastos innecesarios en este rubro y garantizar que los fondos se destinen a áreas prioritarias. La medida fue propuesta por diputados del Movimiento Otro Camino y por el de Cambio Democrático, Eduardo Vásquez, quien también preside la Comisión de Presupuesto de la Asamblea. Por otra parte, en un intento por reforzar el control sobre los recursos públicos, se aprobó una disposición que obliga a las entidades autónomas y semiautónomas a incorporar en su totalidad los ingresos de autogestión al presupuesto del Estado. La reforma tiene como objetivo evitar la discrecionalidad en el manejo de estos recursos. Las contrataciones Además, se introduce una excepción significativa en la Ley de Contrataciones Públicas: empresas como Metro de Panamá, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Etesa, Tocumen, S.A., y la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario podrán realizar contrataciones en casos de urgencia notoria sin someterse a los procedimientos ordinarios. Este beneficio, sin embargo, tiene límites claros: solo aplica cuando el monto de la contratación sea inferior a 500,000 dólares y no podrá acumularse por proveedor ni por tipo de servicio. Cada entidad está obligada a elaborar un reglamento especial, aprobado tanto por su junta directiva como por la Contraloría General, y su contenido deberá ser publicado en Gaceta Oficial, asegurando así cierta transparencia en la excepción. Estas últimas modificaciones también fueron propuestas por Vásquez. Otras modificaciones propuestas por la coalición Vamos, relacionadas con la regulación y reducción de temas de viáticos para viajes de funcionarios y privilegios como el gasto en telefonía celular, no fueron aprobadas. Finalmente, el proyecto de presupuesto fue aprobado por 57 votos a favor, 10 en contra y 0 abstenciones. Bancadas como la de Seguimos, compuesta por los tres diputados de Moca y el independiente Betserai Richards, le dieron el visto bueno al documento. Mientras que en la coalición Vamos hubo divisiones, ya que nueve de sus diputados votaron en contra, al igual que la diputada del Partido Popular, Patsy Lee. Los llamados de Chapman Durante la discusión, el ministro de Economía envió varios mensajes sobre el uso y la distribución del presupuesto. “Aunque lo multipliquemos por cinco veces, nunca va a ser suficiente”, afirmó. Chapman criticó públicamente el desconocimiento de algunas autoridades sobre la gestión de recursos públicos. “El rector de la Universidad Nacional [Eduardo Flores]… dio una entrevista en la cual dejó claramente en evidencia un desconocimiento sobre el manejo del déficit fiscal”, afirmó Chapman, refiriéndose a declaraciones previas del rector. Desmintió que los recortes presupuestarios previstos afecten directamente la cantidad de profesores o estudiantes. Uno de los temas a los que se refirió el funcionario fue la baja ejecución del presupuesto en esa casa de estudios. La Universidad de Panamá concentra el mayor presupuesto de funcionamiento del sistema universitario, con $345.3 millones asignados. Hasta agosto de 2025, ha ejecutado $205 millones, lo que representa un 59.4% de los recursos disponibles. Sin embargo, en inversión, de los $50 millones previstos, apenas ha utilizado $3.8 millones, un preocupante 7.6%. Igualmente, el titular de Economía añadió que ha advertido personalmente a la rectora del ITSE, Milena Gómez, sobre la situación de su presupuesto. Chapman manifestó que el instituto “tiene una ejecución supremamente baja, una gestión administrativa que deja mucho de qué hablar” y que “podrían lograr mejores resultados”. También señaló que la institución ha perdido oportunidades de cooperación internacional por falta de ejecución. Aunque la rectora del ITSE luego dijo que esos fondos no se han entregado. El presupuesto 2026 destina $11,151 millones a inversión pública, un aumento del 26% respecto a 2025, de los cuales 12% se dirigirá a infraestructura y 9.5% a programas sociales y de desarrollo humano, incluyendo salud, educación y acceso a agua potable. Ante el crecimiento histórico de la deuda, que pasó de $26,612 millones en 2019 a $51,812 millones en 2024, y el aumento del 152% en intereses, Chapman aseguró que el presupuesto incorpora estrategias de refinanciamiento y gestión prudente para garantizar la sostenibilidad fiscal. EFE. LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS El destructor USS Gravely de la Armada de Estados Unidos arribó ayer a Puerto España (Trinidad y Tobago. EFE Trump evalúa posibles ataques por tierra en Venezuela y Colombia, dice senador TENSIÓN REGIONAL El presidente estadounidense, Donald Trump, planearía informar al Congreso en los próximos días sobre posibles operaciones en tierra contra el narcotráfico en Venezuela y Colombia, en una expansión de los ataques por mar en el Caribe y el Pacífico, adelantó el senador Lindsey Graham. “El presidente Trump me dijo que planea informar a los miembros del Congreso, a su regreso de Asia, sobre posibles operaciones militares futuras contra Venezuela y Colombia”, dijo Graham en una entrevista en el programa ‘Face The Nation’, de CBS. Con un rotundo sí, el senador republicano contestó tras ser cuestionado sobre si la Casa Blanca planea ataques en tierra tras más de un mes de operaciones contra el tráfico de drogas en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, y más recientemente en el Pacífico, cercano a Colombia. “Habrá una sesión informativa en el Congreso sobre la posible expansión del mar a la tierra. Apoyo esa idea”, agregó el senador republicano, muy cercano al mandatario estadounidense. Graham defendió la decisión de Washington de atacar lanchas presuntamente cargadas de drogas, causando la muerte de la mayoría de sus tripulantes, y sostuvo que el presidente Trump tiene toda la autoridad para ordenar el hundimiento de las naves como parte de su guerra contra el narcotráfico. Tiene toda la autoridad del mundo. Esto no es asesinato. Esto es proteger a Estados Unidos del envenenamiento por narcoterroristas de Venezuela y Colombia”, apuntó el senador por Carolina del Sur. El Ejército de Estados Unidos ha informado del hundimiento de al menos 10 embarcaciones con unas 43 personas a bordo, desde que el Gobierno Trump comenzó con sus ataques a comienzos de septiembre. La Casa Blanca ha reiterado que estas acciones protegen a los estadounidenses de la llegada de drogas al país. bernadora más longeva del continente. Desde aquí, ¡felicidades! PASARELA. En la Asamblea, la Dirección de Recursos Humanos y el Departamento de Capacitación organizaron un taller sobre “imagen personal dentro del entorno laboral” y cómo utilizar la vestimenta como herramienta de comunicación. ¿Para cuándo un taller de integridad y ética? Esos son los temas que realmente necesita la Asamblea.
5A La Prensa Panamá, lunes 27 de octubre de 2025 Panorama El envenenamiento por dietilenglicol en Panamá ocurrió en 2006. Archivo ¿Cuánto cuesta indemnizar a víctimas por dietilenglicol, heparina y Changuinola? Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] PENSIONES La planilla de pensionados por el envenenamiento con dietilenglicol, suceso que este mes cumple 19 años, incluye 924 beneficiarios y cuesta unos $11 millones al año. El Estado panameño destina alrededor de $14 millones anuales para compensar a las víctimas de tres tragedias que marcaron la historia reciente del país: el envenenamiento con dietilenglicol, la intoxicación con heparina contaminada con alcohol bencílico, que dejó secuelas permanentes en neonatos, y los enfrentamientos en Changuinola, Bocas del Toro, en 2010, que provocaron heridas graves y pérdidas humanas. Estas tragedias no solo dejaron un saldo de vidas afectadas, sino que también impusieron una carga económica constante sobre el Estado, obligando a las autoridades a implementar pensiones y apoyos vitalicios para quienes sobrevivieron y aún enfrentan secuelas físicas o psicosociales. Por ejemplo, datos estadísticos de la Caja de Seguro Social (CSS) indican que, en el caso de la planilla de pensionados derivada del envenenamiento masivo con dietilenglicol en 2006, tragedia que este mes cumplió 19 años, hay aproximadamente 924 beneficiarios, cuyo costo mensual asciende a $923 mil, lo que representa cerca de $11 millones al año. Como se recordará, el Gobierno oficializó en marzo de 2024 el aumento de la pensión vitalicia para los pacientes afectados por el envenenamiento con dietilenglicol, pasando de $800 a $1,000 mensuales, según el Decreto Ejecutivo N.º 16 del 25 de marzo de 2024. La medida, sustentada en la Ley N.º 20 de 2013 y su modificación mediante la Ley N.º 80 de 2019, busca aliviar la carga económica de las víctimas y sus familias, muchas de las cuales enfrentan tratamientos médicos de por vida. La pensión forma parte del programa de compensación estatal creado tras el escándalo sanitario de 2006, cuando un jarabe contaminado con dietilenglicol causó decenas de muertes y dejó centenares de afectados. Aunque el decreto estableció el nuevo monto, el reconocimiento individual depende de la certificación médica que confirme la afectación por la sustancia tóxica. Actualmente, varias solicitudes continúan en evaluación, mientras las organizaciones de víctimas reclaman mayor agilidad en los procesos y seguimiento médico permanente para los sobrevivientes. Daños a neonatos En otra de las tragedias, la intoxicación con heparina contaminada con alcohol bencílico dejó una marca imborrable en la salud neonatal del país. Un total de 13 recién nacidos resultaron afectados, de los cuales la mayoría falleció y tres sobrevivieron con secuelas permanentes. El Estado, a través de la Ley 64 del 22 de octubre de 2015, estableció una pensión vitalicia de $600 mensuales para los sobrevivientes, como parte de un programa de compensación destinado a aliviar el impacto económico y médico de esta tragedia. El costo mensual total es de $7 mil 800, lo que equivale a $93 mil 600 al año. Enfrentamientos de Changuinola En lo que respecta a las víctimas de los enfrentamientos en Changuinola en 2010, actualmente hay 478 afectados que reciben pensiones que van entre $400 y $900, dependiendo de la gravedad de sus heridas. Algunos incluso perdieron la visión durante los hechos. En total, se trata de 478 personas que reciben de forma global $233 mil 300 al mes, lo que suma $2.8 millones al año. La Ley 28 de 2015 estableció una pensión vitalicia de $800 mensuales, que posteriormente fue incrementada a $900 mediante la Ley 333 de 2022, como parte de un programa de apoyo económico-social destinado a las víctimas. La medida buscó reconocer el impacto físico y psicológico sufrido por los trabajadores heridos, incluidos los 52 con lesiones oculares graves y los familiares de las dos personas que fallecieron durante las protestas. Además, la Ley 333 amplió los beneficios para los afectados cuya salud o bienestar psicosocial sigue comprometido, otorgando un apoyo adicional de $400 mensuales tras evaluación de la Comisión Médica Evaluadora Interinstitucional. En este caso, el director de la CSS, Dino Mon, explicó que el Ejecutivo transfiere los recursos a la CSS y que esta última paga posteriormente las pensiones.
6A La Prensa Panamá, lunes 27 de octubre de 2025 Panorama Resultados deficientes en la formación médica particular Aleida Samaniego C. [email protected] EXÁMENES Las conclusiones del Examen de Certificación Básica en Medicina 2025 evidencian deficiencias en la formación de médicos, especialmente en universidades particulares. Los resultados del Examen de Certificación Básica en Medicina del año 2025 evidencian nuevamente una tendencia desfavorable en la formación de médicos en Panamá, especialmente en las universidades particulares. Tras 11 años de aplicación continua de esta prueba, que sirve como indicador clave de la calidad educativa y de la preparación profesional, los datos muestran que muchos graduados en medicina no han obtenido los conocimientos y competencias mínimas necesarias para ejercer la profesión. El examen se aplicó en tres fechas durante el año: 31 de enero, 10 de mayo y 4 de septiembre de 2025. Todas las evaluaciones se realizaron de manera digital, sin el uso de papel, y la nota mínima de aprobación se estableció en un 41.5% para los dos primeros exámenes, elevándose al 45% en septiembre. Esta medida buscó reflejar de forma más rigurosa la competencia de los estudiantes, alineándose con los estándares internacionales de formación médica. Resultados por universidad La Prensa obtuvo los resultados de las pruebas a través de la Ley de Transparencia, lo que evidencia una disparidad marcada entre universidades privadas y estatales, así como entre los estudiantes que presentaron el examen por primera vez y aquellos que lo repitieron en reiteradas ocasiones. Por ejemplo, en la Universidad Columbus, de los 383 estudiantes que realizaron el examen durante el año, 237 lo presentaron por segunda o tercera vez. En enero y septiembre, casi la mitad de los primerizos no aprobó (47% y 65%, respectivamente). En mayo, el porcentaje más alto de no aprobados se registró entre los repetidores, con un 72%. La tasa de aprobación total del año fue de apenas un 50%, y solo el 47% de los repetidores superó la prueba. Un patrón similar se observó en la Universidad Latina, donde los estudiantes que presentaron el examen “dos o más veces” superaron en varias ocasiones a los primerizos. En septiembre, esta diferencia fue de cuatro a uno (220 vs. 56). La tasa de aprobación total del año alcanzó el 49%, mientras que solo el 47% de los graduados que presentaron la prueba “dos o más veces” logró aprobar. Este desempeño subraya las deficiencias persistentes en la formación clínica y teórica de los aspirantes. En la Universidad Americana, los resultados fueron aún más preocupantes. En enero y mayo, los repetidores fueron el doble que los primerizos, con tasas de no aprobación del 45% y 77%, respectivamente. En septiembre, los repetidores superaron a los primerizos en una proporción de nueve a uno (64 vs. 7), con un 77% de no aprobados. De hecho, ninguno de los siete primerizos aprobó. La tasa de aprobación total del año fue de apenas un 35%. Por otro lado, la Universidad Interamericana presentó resultados intermedios. Aunque los estudiantes que repitieron el examen no mostraron un desempeño significativamente superior al de los primerizos, en enero y mayo tuvieron una tasa de no aprobación menor. Sin embargo, en septiembre, los repetidores superaron a los primerizos en porcentaje de no aprobados. Al final, la tasa de aprobación total del año fue de 61%, con un 59% entre los repetidores. En contraste, la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) destacó por su desempeño positivo. Con una tasa de aprobación del 81% en 105 estudiantes evaluados, la universidad mostró resultados sólidos tanto entre los repetidores (68% de aprobación) como entre los primerizos, quienes alcanzaron tasas de hasta el 95% en mayo y septiembre. Esto sugiere una preparación más consistente. Finalmente, la Universidad de Panamá se mantuvo como la institución con el mejor desempeño. Con una tasa de aprobación total del 99%, incluso los estudiantes que presentaron el examen por segunda o tercera vez lograron aprobar con la misma tasa. Esta diferencia con respecto a las universidades privadas refleja una sólida preparación académica y práctica de los egresados de la institución pública. Tendencias históricas Estos resultados confirman una tendencia que se mantiene desde hace más de una década: las universidades privadas presentan consistentemente bajos niveles de aprobación en el Examen de Certificación Básica en Medicina. Durante los 11 años de aplicación de la prueba, Columbus, Latina y Americana han mostrado resultados preocupantes, mientras que Unachi e Interamericana mantienen niveles intermedios y la Universidad de Panamá lidera el desempeño. Entre 2014 y 2024, un total de 10,381 médicos en universidades públicas y privadas de Panamá realizaron el examen, según un informe del Consejo Interinstitucional de Certificación Básica en Medicina, al que tuvo acceso La Prensa en febrero pasado. El alto número de estudiantes de universidades privadas que deben presentar el examen “dos o más veces” evidencia problemas estructurales en la formación médica, que incluyen práctica clínica insuficiente, falta de tutores experimentados y limitada exposición a escenarios reales de atención. Esto genera una paradoja: mientras se exige a los médicos conocimientos complejos y habilidades prácticas, las condiciones de aprendizaje y supervisión son insuficientes, comprometiendo la calidad de los profesionales formados. Los resultados del Examen de Certificación Básica en Medicina 2025 son un recordatorio de que la calidad de la educación médica debe ser una prioridad nacional. La persistencia de bajos niveles de aprobación en universidades privadas refleja deficiencias estructurales que requieren acción inmediata. La intervención de autoridades educativas y de salud es fundamental para garantizar que los médicos panameños estén debidamente preparados y que la atención médica en el país sea segura y confiable. Las reacciones Tras las publicaciones iniciales de este medio en febrero pasado sobre los resultados del examen, varias universidades privadas respondieron con comunicados en los que rechazaron la interpretación de los datos. Alegaban que las publicaciones buscan desprestigiar la formación de sus egresados, basándose, según sus palabras, en información parcial y no obtenida por canales oficiales. La Universidad Latina, en la nota de prensa, rechazó categóricamente cualquier intento de desprestigiar la formación de sus graduados a partir de una interpretación sesgada de los resultados. Reiteraron que los datos deben ser evaluados de manera objetiva, justa y sin manipulaciones que distorsionen la realidad. Mientras tanto, la Universidad Interamericana de Panamá subrayó que su modelo educativo se basa en estándares nacionales e internacionales, lo que le ha permitido obtener recientemente la Certificación Internacional del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica, respaldada por la Federación Mundial para la Educación Médica. La Universidad Americana rechazó tajantemente “las publicaciones falsas que han vinculado los resultados del examen de certificación básica de medicina con los egresados de las diversas escuelas de medicina del país”. La universidad señaló que dichas publicaciones, que se basaron en un informe del Consejo Interinstitucional de Certificación Básica en Medicina, han afectado injustamente la imagen y reputación de miles de estudiantes y egresados de universidades privadas, incluyendo a los suyos, quienes se han formado con dedicación y responsabilidad en la institución educativa. La certificación básica está establecida por la Ley 43 del 21 de julio de 2004, que regula los requisitos para el ejercicio de la medicina en Panamá. Según esta ley, todos los médicos deben presentar una certificación de competencia profesional básica para poder obtener la idoneidad y ejercer en instituciones de salud públicas y privadas. Para los graduados nacionales, el costo del examen es de $130, mientras que el certificado tiene un valor adicional de $35. En el caso de los médicos extranjeros, el examen cuesta $250, mientras que el costo del certificado se mantiene igual. En resumen, la situación actual refleja una crisis profunda en la educación médica de Panamá. Sin una revisión estructural y urgente del sistema educativo en las universidades médicas del país, la calidad de los médicos que se formen en los próximos años podría estar comprometida, lo que afectaría directamente la atención médica de los panameños. 146 237 APROBARON NO APROBARON Universidad Columbus Resumen del año 2025 Infografía: LP - Fuente: Consejo Interinsttucional de Certificación Básica en Medicina SE INSCRIBIERON PARA HACER EXAMEN NO SE PRESENTARON A HACER EXAMEN HICIERON EL EXAMEN POR PRIMERA VEZ HICIERON EL EXAMEN POR SEGUNDA VEZ Y MÁS VECES > 2 VECES 391 8 81 55% 65 45% 112 47% 125 53% 219 537 APROBARON NO APROBARON Universidad Latina Resumen del año 2025 Infografía: LP - Fuente: Consejo Interinsttucional de Certificación Básica en Medicina SE INSCRIBIERON PARA HACER EXAMEN NO SE PRESENTARON A HACER EXAMEN HICIERON EL EXAMEN POR PRIMERA VEZ HICIERON EL EXAMEN POR SEGUNDA VEZ Y MÁS VECES > 2 VECES 787 31 120 55% 99 45% 254 47% 283 53% 155 148 APROBARON NO APROBARON Universidad de Panamá Resumen del año 2025 Infografía: LP - Fuente: Consejo Interinsttucional de Certificación Básica en Medicina SE INSCRIBIERON PARA HACER EXAMEN NO SE PRESENTARON A HACER EXAMEN HICIERON EL EXAMEN POR PRIMERA VEZ HICIERON EL EXAMEN POR SEGUNDA VEZ Y MÁS VECES > 2 VECES 306 3 2 1% 2 1% 153 45% 146 99% 57 158 APROBARON NO APROBARON Universidad Americana Resumen del año 2025 Infografía: LP - Fuente: Consejo Interinsttucional de Certificación Básica en Medicina SE INSCRIBIERON PARA HACER EXAMEN NO SE PRESENTARON A HACER EXAMEN HICIERON EL EXAMEN POR PRIMERA VEZ HICIERON EL EXAMEN POR SEGUNDA VEZ Y MÁS VECES > 2 VECES 222 7 22 38% 35 62% 53 33% 105 67% 94 101 APROBARON NO APROBARON Universidad Interamericana Resumen del año 2025 Infografía: LP - Fuente: Consejo Interinsttucional de Certificación Básica en Medicina SE INSCRIBIERON PARA HACER EXAMEN NO SE PRESENTARON A HACER EXAMEN HICIERON EL EXAMEN POR PRIMERA VEZ HICIERON EL EXAMEN POR SEGUNDA VEZ Y MÁS VECES > 2 VECES 201 6 58 62% 36 38% 60 59% 41 41% 48 57 APROBARON NO APROBARON Unachi Resumen del año 2025 Infografía: LP - Fuente: Consejo Interinsttucional de Certificación Básica en Medicina SE INSCRIBIERON PARA HACER EXAMEN NO SE PRESENTARON A HACER EXAMEN HICIERON EL EXAMEN POR PRIMERA VEZ HICIERON EL EXAMEN POR SEGUNDA VEZ Y MÁS VECES > 2 VECES 107 2 39 68% 18 32% 2 4% 46 96%
7A La Prensa Panamá, lunes 27 de octubre de 2025 Panorama La ACP convocó para hoy 27 de octubre a una reunión con las empresas interesadas en el desarrollo de terminales portuarias.La ACP es propietaria de los terrenos donde se propone construir el puerto de Corozal, en Balboa. Archivo Debate de puertos: ¿Darlos en concesión o que los opere la ACP? Mario De Gracia [email protected] INFRAESTRUCTURA Tanto Jorge Luis Quijano, como Carlos Sousa Gómez, coinciden en que los operadores portuarios tienen mayor capacidad para manejar las terminales portuarias. En el sector marítimo hay debate. Con la reciente expropiación de fincas a orilla del mar en Isla Margarita -en el sector Atlántico- o los anuncios de construcción de nuevos puertos en Isla Telfers y Corozal, surge la interrogante: ¿los debe operar la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) o se debe aplicar un modelo de concesión a operadores privados? Para el exadministrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Jorge Luis Quijano, el camino a seguir es claro: deben existir acuerdos entre el Estado y operadores privados que abarquen un modelo de “diseñar, construir, operar y transferir” de vuelta. Un contrato de concesión justo. Así lo manifestó en el programa Radar, de TVN, este domingo 26 de octubre. La idea de ‘nacionalizar’, que implica que el propio Estado o la ACP operen puertos, no entraría en la discusión para el empresario Carlos Sousa Gómez: “Los expertos son los operadores”, argumentó. Los operadores gestionan y transportan carga. Tanto Sousa como Quijano apuntan a inversores importantes en este sector, como Mediterranean Shipping Co. (MSC), que ya participa de la transacción en la que Blackrock busca hacerse con una parte mayoritaria de CK Hutchinson, que opera los puertos de Balboa y Cristóbal. No obstante, Quijano apuntó: “Hay que hacer buenos contratos y los gobiernos tienen que ser transparentes, tienen que ejecutar el contrato, forzar el cumplimiento del contrato”. Recientemente, la Contraloría General de la República encontró deudas millonarias tras una auditoría a la concesión de Panama Ports (de CK Hutchinson), en Balboa, por lo que se reiteró la importancia de controles fuertes por parte del Estado sobre los concesionarios. Lío en una concesión: Isla Margarita Los expertos comentaron sobre la reciente expropiación de 41 fincas en Isla Margarita. Eran propiedad de la sociedad Panamá Colón Container Port (PCCP), que en 2013 solicitó una concesión aprobada por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y elevada posteriormente a contrato-ley para desarrollar un patio de contenedores y un puerto. El resultado: una oleada de incumplimientos que incluyen la paralización de la construcción del puerto, mora en el pago de tarifas y cánones a la AMP, vencimiento en la fianzas de cumplimiento, entre otras. “Vino este grupo chino, prácticamente interesado en construir el puerto de Margarita, pero no avanzó. Y en verdad está totalmente moroso de pago, moroso en fianza, moroso en ejecución, y por tal razón, amerita que le quiten la concesión”, apuntó Quijano. Por otro lado, Sousa defendió que la expropiación debería implicar una compensación a la empresa que invirtió. Para salir de la encrucijada, Quijano sugirió que, en cualquier caso, mientras se evalúa una compensación, en paralelo se debe asegurar en Isla Margarita “una precalificación muy fuerte, sacar un pliego a lo mejor a mediados del próximo año, abril, mayo (...) Creo que existen suficientes ejemplos. El pliego que sacó el Canal en su momento para Corazal es uno muy robusto que se puede utilizar y actualizar”. No obstante, el proyecto de terminal portuaria de Corozal fue licitado en 2017, pero el proceso no recibió ofertas formales, a pesar de que varias empresas precalificadas, gigantes del sector marítimo, mostraron interés. En ese momento, se interpusieron decenas de demandas contra el proyecto de Corozal, presentadas por abogados, vecinos y el propio operador del puerto de Balboa, que se oponía a la construcción de otro puerto en las inmediaciones. Quijano, quien fue administrador del Canal en esa época, apuntó: “se dice por ahí que nosotros estábamos pidiendo mucha plata con Corozal y por eso es que nadie vino. Y alguien dijo, no, es que el Canal quería dos dólares por metro cuadrado de tierra y que eso era exorbitante. Señores, vayan a Lázaro Cárdenas [puerto en México] y pregunten cuánto es: 6 dólares. O sea, que lo que estábamos pidiendo era razonable con un aumento anual”. Las conclusiones del debate se centraron en la importancia de la atracción de inversión al país para el crecimiento del sector marítimo panameño frente a otros importantes actores con puertos recién estrenados, como México o Perú. No obstante, se recalcó el papel que debe jugar el Estado como dueño de las concesiones portuarias. “Hay que estar claros de que quienes pueden ajustarse a los vaivenes económicos y geopolíticos, como tarifas y aranceles, son justamente las navieras con sus operadores portuarios”, concluyó Quijano. Particularmente sobre Corozal y Telfers, la ACP convocó este 27 de octubre a una reunión clave con empresas portuarias y operadores logísticos para presentarles las propuestas de construcción de los nuevos puertos en dichos sectores.
8A La Prensa Panamá, lunes 27 de octubre de 2025
9A La Prensa Panamá, lunes 27 de octubre de 2025
10A La Prensa Panamá, lunes 27 de octubre de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. cuestionar el poder, incluso cuando todo parecía perdido. El 27 de octubre se conmemora como el Día del Estudiante porque recuerda la resistencia de los jóvenes frente a la injusticia y la mediocridad. Los estudiantes han sido protagonistas de la historia, defendiendo sus derechos y la dignidad de su pensamiento. Un ejemplo inquebrantable es la Gesta del 9 de enero de 1964, cuando jóvenes panameños se enfrentaron a la intervención extranjera para defender la soberanía nacional. No buscaban premios ni aplausos: defendían la patria con su vida. Ese acto heroico marcó la historia y enseñó que ser estudiante es mucho más que asistir a clases: es tener coraje, ética y voz frente a cualquier injusticia. Es organizarse, cuestionar, resistir y exigir un país más justo, aunque el sistema parezca inclinarse en su contra. Ser estudiante hoy no puede limitarse a la mera consecución de buenas notas o la aprobación de exámenes. Ser estudiante es pensar, cuestionar y actuar. Es resistir la mediocridad, desafiar lo establecido y defender la verdad, aunque duela. Un estudiante con pensamiento crítico vale infinitamente más que mil decoraciones de salón. Lamentablemente, la educación acLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. La balanza de río Indio Proyecto hídrico El equilibrio entre el progreso y la libertad nunca ha sido una tarea fácil en este país. Tenemos una historia arraigada en una balanza que no siempre se mantiene estable; un trauma colectivo que nos hace preguntarnos, ante cada nuevo proyecto del Estado: ¿se está haciendo correctamente? El Canal de Panamá, uno de los activos más importantes del país —tanto en lo económico como en lo histórico—, ha enfrentado recientemente dificultades por los bajos niveles de agua. Ante esta situación, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha decidido construir un embalse que garantice la disponibilidad del recurso hídrico, tanto para el funcionamiento del Canal como para el consumo humano. No cabe duda de que con ello se busca asegurar la continuidad de una operación vital para el país y, al mismo tiempo, proveer agua potable a una gran población. Hasta aquí, todo parece correcto. Pero ¿y las personas? ¿Y las historias? ¿Y las vidas que allí existen y deberán ser reubicadas? La ACP ha prometido un plan de reubicación de primer mundo, como se lo merece este país. Sin embargo, la historia nos ha enseñado que los programas del Estado deben observarse muy de cerca, sin importar cuán nobles parezcan. Nuestro rol como ciudadanos no es solo proteger los grandes proyectos, sino también a quienes resultan directamente afectados. En este caso, los desplazados no son una simple estadística, sino familias que el país tiene el deber de cuidar y acompañar. Muchas de estas familias ya cuentan con dinámicas económicas, títulos de propiedad y derechos posesorios, entre otros. Y es precisamente ese derecho de propiedad y esa libertad de decidir lo que debe ponerse en la balanza. La Ley Orgánica del Canal otorga a la ACP facultades para adquirir o expropiar terrenos cuando sea necesario, pero también la obliga a garantizar una compensación justa, pronta y transparente. Ese es el verdadero punto de equilibrio entre el interés nacional y el respeto individual: que la balanza no se incline siempre del mismo lado. El progreso no debería imponerse como una orden, sino construirse con la gente, escuchando y respetando. Ningún decreto puede reemplazar la voluntad de quienes viven y trabajan en esas tierras. Cuando el Estado empieza a creer que todo le pertenece —el agua, la tierra, las decisiones—, deja de cumplir su verdadero rol: el de proteger derechos, no apropiarse de ellos. El futuro del Río Indio no puede decidirse solo desde una oficina ni medirse en planos o informes técnicos. También debe medirse en confianza, en participación y en respeto. Porque un país no avanza callando a su gente, sino dándole voz. Y si de verdad queremos progreso, este debe incluir a todos, no pasarles por encima. Con lo anterior dicho, y desde mi perspectiva, es momento de que el Canal de Panamá —como siempre, pero aún más ante esta situación— demuestre que tiene la capacidad de crear un precedente histórico: un plan de reubicación de excelencia, donde todos los afectados sean escuchados, protegidos y acompañados. Que cada panameño pueda sentirse orgulloso de saber que todavía existen instituciones y empresas del Estado en las que se puede confiar. Mi crítica no busca detener el progreso; mi crítica es simple y necesaria: progreso con todos, para todos y respetando nuestras libertades. La corrupción y el problema de quién cuida a los cuidadores Confianza ciudadana lado que del de la comunidad. Para comenzar, por tercer año consecutivo, la corrupción es el principal problema del país para la ciudadanía panameña. En esta ocasión, así lo señaló el 37.0% de las personas encuestadas. Este valor está quince puntos porcentuales por encima del registrado en 2023 y es el más alto desde que el CIEPS realiza esta pregunta. Además, cuando preguntamos a la ciudadanía si cree que la corrupción “ha aumentado”, “sigue igual” o “ha disminuido”, un 62.4% escogió la primera opción, un 27.3% dijo que seguía igual y solo uno de cada diez entrevistados (9.6%) afirmó que había disminuido. No podemos dejar de pensar que esta percepción ha llegado para quedarse y se ha convertido, justamente o no, en la razón que parte de la población esgrime para explicar por qué las cosas no mejoran. Entre quienes señalan la corrupción como el principal problema del país destacan, en términos relativos, las personas con estudios superiores (44.8%) y aquellas con mayor acceso a bienes y servicios (41.4%). En informes y artículos del CIEPS hemos mencionado que esto podría deberse a que son grupos poblacionales con preocupaciones menos inmediatas que otros más vulnerables, lo que les permite identificar la corrupción como causa raíz de otros problemas, como las malas condiciones laborales, la educación o la salud. Preguntamos además cómo evalúan la extensión de la corrupción en diversas instituciones y actores. La percepción del fenómeno abarca a todos los ámbitos, pero es marcadamente mayor en el sector político (partidos políticos, Asamblea, Presidencia) y en la función Sergio García Rendón Menos globos, más memoria Día del Estudiante Este texto nace de la escuela pública. De esos salones sin aire, de los pupitres remendados, del ruido y la lluvia que acompañan a quienes aprenden sin privilegios. Está dedicado a los que estudian para entender, no solo para aprobar; a quienes resisten con dignidad y transforman la adversidad en esperanza. Cada 27 de octubre, las escuelas panameñas se visten de colores y de una alegría superficial, una fachada que, sin embargo, oculta la verdadera raíz histórica de este día. Se organizan concursos, se entregan regalos y se reparten meriendas, como si el Día del Estudiante fuera un evento meramente recreativo. Las aulas se llenan de carteles festivos y discursos vacíos que, si bien celebran al “futuro de la nación”, ignoran el pasado que nos trajo hasta aquí. Pocos se detienen a preguntar: ¿por qué celebramos este día? ¿Qué se conmemora realmente? Spoiler: no fue creado para premiar la puntualidad ni el talento en bailes folclóricos. La historia —o, mejor dicho, lo que nos han hecho olvidar—nos recuerda que este día nació con un espíritu rebelde, ético y profundamente político. No es un carnaval: es un recordatorio de coraje, conciencia y lucha. Es la voz de quienes se atrevieron a tual premia la obediencia, no la conciencia; premia la repetición, no la reflexión; premia la conformidad, no la valentía. El Día del Estudiante no necesita más dulces, ni coreografías, ni carteles repetidos. Necesita memoria, ética y coraje. Necesita recordarnos que los estudiantes han sido, y seguirán siendo, la fuerza que mueve la historia, la voz que no se rinde y la conciencia que despierta a toda la nación. Si este año recordamos que: El conocimiento sin ética se convierte en cinismo. El talento sin coraje se diluye. La educación sin memoria es solo decoración institucional. Entonces estaremos honrando de verdad a quienes lucharon antes que nosotros. Ser estudiante es tener el valor de decir “no” cuando todos aplauden. Es defenderse del sistema, cuestionar lo que todos aceptan, levantarse aunque el mundo te ignore. Es saber que, si alguien extiende su mano como símbolo de poder, no estás obligado a estrecharla si eso traiciona tu conciencia. El Día del Estudiante no nació para entretener. Nació para recordar que hubo jóvenes capaces de pensar, actuar y cambiar la historia, que no se conformaron con lo cómodo ni lo fácil. Si vamos a celebrarlo, que sea con memoria, con preguntas, con voz, con coraje y con dignidad. Porque los globos se desinflan. Porque los aplausos se olvidan. Pero la conciencia y la valentía permanecen para siempre. Opinión EL AUTOR es abogado y amigo de la Fundación Libertad. LA AUTORA es profesora de filosofía. EL AUTOR es investigador del CIEPS. Rubén Moisés Cruz judicial. Es decir, la ciudadanía cree que quienes deberían cuidarnos de la amenaza zombi, como en el ejemplo inicial, ya están convertidos o están por serlo. En la misma línea, cuando preguntamos si al denunciar un acto de corrupción este sería investigado de forma rápida y efectiva, un 78.5% respondió que no; además, un 74.6% cree que denunciar podría afectarles personalmente. De acuerdo con esto, se percibe que el “virus” de la corrupción ha penetrado diversas instituciones, incluyendo las de justicia y las que deberían velar por los recursos públicos. No en vano, el Vance Center publicó en 2020 un informe sobre esfuerzos anticorrupción, basado en encuestas a firmas de abogados, empresarios y académicos, que ubicó a Panamá en el noveno lugar entre diez países de la región, solo por encima de Guatemala. No será fácil ni rápido revertir esa percepción ciudadana, sobre todo si, como sospechamos, tiene fundamento en una cultura de debilidad de lo público. Sin embargo, desde hace años se ha insistido en la necesidad de fortalecer esa primera línea de defensa —las agencias que deben luchar contra la corrupción— y entender por qué se convierten tan fácilmente en aquello que deberían resistir. También es necesario identificar qué puede hacer la comunidad para que quienes están al frente puedan cumplir su labor. El esfuerzo debe ser multidimensional: crear nuevas normativas que hagan más costoso ser corrupto, tanto legal como socialmente; promover una comunicación pública que restaure el valor de lo público y movilice a toda la sociedad contra la corrupción; emprender acciones tangibles que demuestren el compromiso de recuperar lo que es de todos; y mejorar las condiciones sociales y económicas para que amplios sectores de la población no entren en el juego. Es Halloween. Imaginemos un grupo de comunidades aisladas que resisten la lucha contra un grupo de zombis inteligentes. En esas comunidades se ha escogido a los más fuertes y con mejor puntería para ser la línea de defensa ante los ataques. Ellos velan día y noche, por turnos, y si ven llegar a un par de zombis, pueden identificarlos, aislarlos y resolver el problema. Sin embargo, imaginemos que en algunas de esas comunidades los zombis que llegan no son pocos ni identificables, sino hordas innumerables que exigen de manera excepcional a esa primera línea de defensa. De súbito, aquellos que deberían cuidar la ciudad son el primer objetivo de los zombis: son sobrepasados en fuerza y convertidos, dejando a la comunidad a merced no solo de la horda original, sino también de quienes se suponía debían defenderla. Y si jugamos un poco más con la imaginación, y pensamos que estos zombis son racionales, capaces de comunicarse y planear, podemos imaginar que en esas comunidades será muy difícil escapar al control de quienes poseen los recursos y las armas. En cierta manera, así funciona ser una agencia anticorrupción en contextos donde la corrupción no es aislada, identificable y fácilmente castigada, sino donde la magnitud del fenómeno resulta avasalladora: arrastra a todo el que se le enfrenta y convierte a quienes debieran protegernos en sus primeras víctimas y replicadores del problema. La más reciente Encuesta de Ciudadanía y Derechos del CIEPS, cuyos resultados se publicarán pronto, logró captar con un par de preguntas la percepción ciudadana de que quienes deberían cuidarnos ya están más del otro El Día del Estudiante no nació como fiesta, sino como acto de resistencia. Un recordatorio de que la educación también es ética, conciencia y valentía frente a la injusticia. Indhira Londoño La corrupción en Panamá avanza como una infección sistémica: convierte a sus propios vigilantes en replicadores del mal, y deja a la ciudadanía sin defensores en su primera línea de combate. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. 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