7A La Prensa Panamá, domingo 26 de octubre de 2025 transmite un mensaje peligroso: que las reglas del juego democrático pueden postergarse indefinidamente si resultan incómodas para quienes ostentan el poder político. El Parlamento tiene una responsabilidad histórica que no puede seguir evadiéndose. Más allá de sus funciones de fiscalización y debate, la Asamblea representa el espacio natural para procesar las demandas ciudadanas. Cuando ese canal se bloquea —por indiferencia, cálculo político o falta de voluntad— el malestar social se convierte en desafección estructural. Y sin representación legítima, no hay institucionalidad que resista. Panamá vive hoy una crisis de legitimiEl costo político de la inacción anticorrupción Silencio legislativo La corrupción ha dejado de ser un concepto abstracto en Panamá. Según la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, hoy compite directamente con el desempleo como principal preocupación nacional. No es una percepción aislada: actualmente, veinte proyectos de ley con enfoque anticorrupción reposan sin discusión en la Asamblea Nacional. Mientras tanto, la ciudadanía acumula frustración, y el silencio legislativo se convierte en un costo político que puede ser irreversible. Desde hace años, distintos sectores de la sociedad civil, gremios empresariales y organismos internacionales han señalado la urgencia de fortalecer los controles institucionales. No obstante, en el Órgano Legislativo, el tema parece no formar parte de las prioridades. La pasividad frente a estas iniciativas no solo mina la confianza pública; túa un círculo vicioso del que cada vez será más difícil salir. Frente a esta inercia, el ciudadano no está condenado a la resignación. La democracia ofrece un recurso tan poderoso como pacífico: el voto. Si los actores actuales eluden su compromiso con la transparencia y la integridad, será responsabilidad del electorado pasar la factura en las urnas y promover el relevo de quienes han demostrado no estar a la altura. No se trata de castigar por castigar, sino de renovar el pacto de representación con figuras dispuestas a actuar, no solo a prometer. La Asamblea Nacional aún está a tiempo de corregir el rumbo. No con discursos ni promesas vagas, sino con acciones verificables y compromisos públicos. La confianza ciudadana no se decreta: se construye con coherencia, apertura y responsabilidad institucional. El costo de mirar hacia otro lado puede parecer invisible hoy, pero será tangible mañana, cuando la gente deje de creer —no ya en los diputados— sino en la propia democracia. EL AUTOR es máster en administración industrial. La Asamblea Nacional aún está a tiempo de corregir el rumbo. No con discursos ni promesas vagas, sino con acciones verificables y compromisos públicos. La confianza ciudadana no se decreta: se construye con coherencia, apertura y responsabilidad institucional. Gabriel J. Perea dad institucional que abarca a todo el espectro político. No se trata solo de la pérdida de confianza en los partidos tradicionales; también los movimientos independientes enfrentan cuestionamientos por su falta de impacto real en la agenda legislativa. La percepción ciudadana, cada vez más extendida, es que el clientelismo, la opacidad y la falta de consecuencias siguen siendo la norma. La inacción legislativa frente a la corrupción tiene efectos que van mucho más allá de la ética pública. Desincentiva la inversión privada, erosiona la cohesión social y genera inestabilidad jurídica. Ningún país puede sostener su desarrollo sobre instituciones percibidas como cómplices o incapaces de autorregularse. En ese vacío, crecen la apatía y la desesperanza, dos ingredientes altamente corrosivos para la democracia. No se trata de esperar soluciones mágicas ni de ignorar la complejidad política del momento. Pero sí resulta legítimo —y urgente— exigir señales claras desde el Legislativo. Enfrentar la corrupción requiere valentía política: aprobar reformas, fortalecer mecanismos de rendición de cuentas y sancionar con firmeza a quienes traicionan el mandato público. Lo contrario —seguir postergando decisiones fundamentales— solo perpeLa opinión de Hilde Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Internado médico: un problema complejo Educación superior rrera. No está ahí para “sacar trabajo” o para servir de relevo a los residentes ni mucho menos para llenar huecos en el sistema. La ley panameña exige dos años de internado: el primero, generalmente en un hospital de alta complejidad (por lo general en la capital) y el segundo, en una instalación más pequeña, con menos recursos. Es un modelo que busca equilibrio entre formación técnica y experiencia práctica. El problema aparece cuando los números no cuadran: más graduados que plazas disponibles, y un presupuesto que no crece al ritmo de las promociones universitarias. Cada año se gradúan cerca de 800 médicos entre universidades públicas y privadas. El sistema de salud no tiene capacidad para absorberlos a todos, ni por número de camas ni por presupuesto. Y aquí aparece el primer dilema: ¿debería el Estado limitar la cantidad de estudiantes admitidos en Daniel R. Pichel Opinión EL AUTOR es médico. formación médica sigue concentrado en el sistema público. Mientras se discuten posibles soluciones, algo básico debería exigirse: transparencia académica. Sería saludable que el Ministerio de Salud publique los resultados del examen de certificación por universidad. Eso permitiría saber, sin especulaciones, qué instituciones están formando mejor a sus estudiantes. Al final, la calidad de los médicos que se gradúan, depende no solo del rigor de quien los enseña, sino también de lo exigente del proceso de admisión a la Facultad. La crisis del internado no se resuelve con comunicados ni promesas. Requiere decisiones valientes: ajustar la matrícula universitaria a las necesidades reales del país, fortalecer la capacidad hospitalaria y, sobre todo, entender que formar médicos no es solo cuestión de cantidad, sino de calidad. Porque detrás de cada joven frustrado que no consigue una plaza, hay también un sistema que hace años se quedó sin planificación. Y sin planificación, ni el mejor examen del mundo puede garantizar el futuro de la medicina panameña. Durante las últimas semanas, el tema del internado médico ha ocupado un lugar recurrente en los medios. No es para menos: cientos de jóvenes médicos quedaron fuera de las plazas disponibles, y la frustración se entiende. Después de seis o siete años de carrera, ¿cómo no indignarse cuando te dicen que no hay espacio para cumplir con el requisito que te permite ejercer la profesión? El argumento más repetido es claro: el internado es obligatorio, por lo tanto el Estado debe garantizarlo. Y sí, en teoría suena justo. Pero el problema es bastante más profundo que un simple tema de voluntad política o de presupuesto. Primero, hay que recordar lo esencial: el internado no es solo un empleo, sino una etapa crucial del proceso de aprendizaje. El interno es un médico en formación, que trabaja bajo supervisión para afianzar los conocimientos adquiridos durante la caMientras se discuten posibles soluciones, algo básico debería exigirse: transparencia académica. Sería saludable que el Ministerio de Salud publique los resultados del examen de certificación por universidad. las universidades públicas? Si lo hiciera, crearía una desigualdad evidente frente a quienes pueden pagar una universidad privada. Pero si no se establecen controles, el embudo seguirá creciendo. La asignación de plazas se hace en base a un examen estandarizado —el mismo que se aplica en otros países— y, en teoría, el orden de selección es simple: primero el que saca mejor nota. Pero en la práctica, han surgido promesas de prioridad para quienes quedaron fuera en convocatorias anteriores. Resultado: los nuevos egresados, con mejores calificaciones, reclaman que se les está desplazando. Y con razón. El asunto, entonces, deja de ser un problema administrativo y se convierte en una crisis estructural. No hay suficientes hospitales, camas, ni tutores para absorber a todos los internos que el país produce cada año. Aumentar el presupuesto ayudaría, pero no resuelve lo esencial: el desbalance entre el número de médicos que formamos y el sistema de salud que tenemos. Algunos proponen reducir el internado a un solo año, duplicando así el número de cupos. Pero eso equivaldría a acortar el tiempo de formación clínica de los futuros médicos. Otros sugieren involucrar a los hospitales privados, pero el impacto sería marginal pues el grueso de la Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. 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