2A La Prensa Panamá, domingo 26 de octubre de 2025 La rectora del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), Milena Gómez, respondió públicamente al ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, luego de que este cuestionara la gestión de la institución y señalara una “baja ejecución presupuestaria”. Lo hizo desde un escenario distinto al del ministro: un auditorio repleto de egresados y familiares, durante la ceremonia de graduación del ITSE, celebrada el viernes. “El ITSE rompe todos los esquemas. Hoy hacemos realidad 276 sueños”, dijo Gómez en su discurso. Luego, sin mencionar inicialmente a Chapman por nombre, contestó a sus afirmaciones: “Se ha dicho que nuestra ejecución es baja, ¿de dónde salen estas cifras? Resulta imposible medir una ejecución solo en base al presupuesto ley; resulta necesario verificar el presupuesto disponible”. La rectora explicó que, aunque el presupuesto del ITSE para este año asciende a $69 millones, las retenciones practicadas por el Ministerio de Economía y Finanzas redujeron los fondos reales a poco más de $24 millones. “De ese presupuesto disponible tenemos una ejecución del 66% a agosto y una proyección de 90% a diciembre. Es imposible ejecutar un dinero que no se nos ha dado. No es un problema administrativo, sino presupuestario. No se puede dar vuelto si la plata no sobra”, explicó ante los asistentes. Gómez cuestionó la veracidad de los datos presentados por el ministro ante la Asamblea Nacional. “¿Quién ha dado una cifra inexacta a nuestro ministro de Economía y Finanzas? ¿Quién lo ha llevado a cometer semejante equivocación y con qué propósito?”, preguntó. Presupuesto 2026 También recordó que para 2026, el MEF recoRectora del ITSE responde a Chapman: ‘No se puede dar vuelto si la plata no sobra’ EDUCACIÓN TÉCNICA mendó apenas $11 millones para el funcionamiento del instituto. “Entendemos las urgencias presupuestarias por las que está pasando Panamá y la necesidad de reducir el déficit fiscal y sostener el grado de inversión, pero nos sorprenden las cifras inexactas que ha mencionado el señor ministro. Nadie puede ejecutar un dinero que no ha recibido y tampoco se le puede evaluar por ese parámetro”, agregó. El intercambio entre Chapman y Gómez expuso una diferencia de criterios sobre la gestión y el modelo de evaluación del gasto público. Mientras el ministro sostiene que el ITSE ha mostrado una “gestión administrativa que deja mucho de qué hablar” y ha perdido cooperación internacional por falta de ejecución, la rectora insiste en que el problema no es de gestión, sino de recursos efectivamente disponibles. Apoyada en cifras y con una evidente intención de aclarar las cuentas, Gómez defendió el trabajo de la institución. Lanzó una frase que provocó una ovación en el auditorio:“No se puede dar vuelto si la plata no sobra”. El ITSE nació con la Ley 71 del 8 de noviembre de 2017, durante la administración deJuan Carlos Varela (2014-2019). Milena Gómez fue escogida como rectora en julio 2021, tras un proceso de selección que duró varios meses, a cargo del consejo directivo del instituto. Eliana Morales Gil [email protected] Milena Gómez, rectora del Instituto Técnico Superior Especializado. Tomada de @ITSEpma Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Fiscalía halló documentos que elevarían la lesión por los auxilios a $100 millones Juan Manuel Día [email protected] IFARHU Durante la audiencia del viernes, la fiscal Aizpurúa detalló que durante una inspección ubicaron copias de 2,674 registros correspondientes a los años 2019-2020, que suman $76 millones. La Fiscalía Especial Anticorrupción solicitó una audiencia ante un juez de garantías para que declare causa compleja la investigación seguida al exdirector del Ifarhu Bernardo Meneses y a otras 13 personas a las que se le han formulado cargos por los delitos de blanqueo de capitales, peculado, corrupción. La solicitud fue hecha por la fiscal anticorrupción Azucena Aizpurúa durante la audiencia celebrada el viernes y en la que se imputaron cargos y se dictó medida cautelar a siete personas. De ser acogida la petición, implicaría que la investigación puede extenderse hasta por un año para la recopilación evidencias y pruebas que establezcan la comisión de los delitos investigados. La petición se fundamenta en que la fiscalía solicitó a la Contraloría General de la República la ampliación de la auditoría realizada a principios de 2025, para analizar el alcance real de la lesión patrimonial ocasionada al Estado. La fiscalía también tiene diligencias por efectuar, en las que se busca vincular a otras personas que recibieron auxilios económicos a pesar de que contaban con altos ingresos económicos. El Ministerio Público también ha solicitado información a entidades educativas en el extranjero en las que algunos beneficiarios de los auxilios recibieron preparación académica. En este caso se busca determinar si los estudiantes realmente culminaron los estudios para los que solicitaron el apoyo económico del Ifarhu. La lesión al erario sería mayor En el desarrollo de la audiencia del viernes, la fiscal Aizpurúa detalló que durante una inspección realizada en el Ifarhu se ubicaron copias de 2,674 registros vinculados a auxilios económicos, correspondientes a los años 2019-2020, por un monto de $76 millones. En el primer informe de auditoría realizado por la Contraloría General se estableció que algunos de los beneficiarios de los auxilios realizaron depósitos en las cuentas personales de Meneses y se estimó una lesión patrimonial de $24 millones. La fiscalía también tomó declaración a los trabajadores sociales que laboran en el Ifarhu, quienes son los encargados de realizar las evaluaciones económicas de los beneficiarios de estas ayudas, quienes explicaron que para la entrega de los beneficios la última palabra la tenían la comisión evaluadora y el director del Ifarhu. En una audiencia que tuvo lugar el 20 de septiembre de 2025, se formularon cargos por corrupción y peculado a Héctor Sambrano, exdirector de Becas, y Rosalinda Rivera, exdirectora de Finanzas —ambos exfuncionarios del Ifarhu—, y durante su argumentación la fiscalía se refirió a la entrega de auxilios económicos sin justificación, al señalar que encontró que la comisión evaluadora los aprobó para personas que tenían ingresos mensuales de entre $5,000 y $12,000. Según la fiscalía, la trazabilidad de los depósitos hechos a Meneses —realizada por funcionarios de la Dirección de Investigación Judicial— demostró que estos coincidieron con el período de vigencia de los auxilios económicos. Cuatro estudiantes de la comarca, imputados Asimismo, en otra audiencia efectuada el pasado 9 de octubre se le imputaron cargos por corrupción a estudiantes de la comarca Ngäbe Buglé, quienes no pudieron justificar el uso dado al dinero entregado como auxilio económico en 2019. Son ellos: Yaribel Ábrego, Rosemary Jiménez, Elvis Morales y Norberto Palacios. A los estudiantes, que estuvieron conectados de manera digital a la sala de audiencias, se les aplicó la medida cautelar de reporte periódico dos veces al mes y la obligación de residir en la misma ubicación que informaron al juez de garantías. En esa audiencia, el fiscal Argos Hyman explicó que el Ifarhu entregó auxilios económicos por $25 mil a cada uno de los cuatro imputados para estudiar en la extensión de la Universidad Tecnológica de Panamá en Bocas del Toro, y que dichas carreras no superan los $548. Un informe de actuación financiera realizado por la División de Blanqueo de Capitales de la Dirección de Investigación Judicial reveló que los imputados no pudieron justificar el uso de $18,400, $17,532, $17,382 y $16,565 y que incluso presentaron facturas alteradas, ilegibles y duplicadas como sustento de los gastos realizados. Durante su presentación, la fiscalía no precisó a cuál de los estudiantes correspondía cada monto. Cuatro de los señalados aún está pendientes de audiencia A la audiencia del viernes no comparecieron los beneficiarios Josué Nelson, quien realiza estudios neurología en Cuba; Eduardo Ábrego, quien estudia Relaciones Internacionales y Economía en Pensilvania, Estados Unidos; Andy Acosta, quien no presentó excusas; y Oscar Coronado, quien presentó una excusa por quebrantos de salud. No obstante, la fiscalía logró la imputación de cargos por corrupción y peculado para siete beneficiarios: Giancarlo Modelo, Ulises Gabriel Adames, Christopher García, Félix Moulanier, Hussein Bolívar Pittí, Kennedy Ariel Vargas y Anel García. A todos se les aplicó la medida cautelar de notificación una vez al mes. En el caso del exdirector Meneses, quien permanece detenido en la cárcel de Tinajitas, la fiscalía le imputó cargos por los delitos de peculado, blanqueo de capitales y enriquecimiento injustificado, por este último cargo se le aplicó la medida de detención provisional. El 16 de octubre un juez de garantías acumuló en una sola causa los procesos que se le siguen a Meneses por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento injustificado. La defensa de Meneses alega que aún la fiscalía no ha logrado establecer que el dinero de su cliente tenga un origen ilícito ni que haya solicitado dinero a cambio del otorgamiento de los auxilios económicos, y que en este caso existe un trasfondo político. Azucena Del Rosario Aizpurúa Chavarría, fiscal superior Anticorrupción, participó de la audiencia de imputación. Alexander Arosemena
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