4A La Prensa Panamá, miércoles 22 de octubre de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] BENEFICIO. El Parlacen ha convocado una licitación para contratar el seguro colectivo de gastos médicos y el seguro de vida de los parlamentarios, exparlamentarios y personal administrativo. No hacen nada y, cuando finalmente se les ocurre algo, es a favor de ellos mismos. He aquí otra razón más para salirnos de ese antro de una vez por todas. TIC-TAC.El fallo que rechaza las demandas de Martinelli contra la sentencia condenatoria del caso New Business se encuentra detenido porque Ángela Russo y Cecilio Cedalise no han presentado sus escritos de salvamento de voto. ¿Qué pasaría si no entregan esos escritos antes del 31 de diciembre, cuando deben cesar en el cargo? ¿Acaso pretenden heredar la tarea a Gisela Agurto y Carlos Villalobos, quienes ni siquiera participaron en las discusiones ni acudieron al pleno en el que se adoptó esa decisión? ENIGMA.Si la Asamblea tiene una planilla de 4,073 personas, ¿por qué en el simulacro de evacuación de la semana pasada “nos dimos cuenta de que no había ni 1,000 funcionarios?”, preguntó la diputada Alexandra Brenes. O las botellas no fueron a “trabajar” ese día o son tan transparentes que nadie las vio. TRAMPARENCIA. El sistema de seguimiento de documentos de la Contraloría (llamado Scafid) ha limitado sus criterios de búsqueda: antes se podía ubicar cada documento aportando el año y número de posición; ahora, solo se puede localizar anotando el número de control, lo que restringe el acceso y uso de la plataforma. Por un lado, la Contraloría está adquiriendo cada vez más poder; por el otro, se lo arrebata al ciudadano. Así se cultivan las condiciones perfectas para el autoritarismo. BOFETADA. La bancada del mal votó en conSimeón muestra las marcas en sus brazos, evidencia del maltrato que denunció ante la Fiscalía de Bocas del Toro. Cortesía El otro lado de la moneda: las víctimas de la represión Adelita Coriat ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] Entre denuncias de torturas, abusos y humillaciones, las víctimas de la OperaciónOmega en Bocas del Toro buscan justicia. Sus testimonios revelan el costo humano de una fuerza pública desbordada. Los días posteriores a la Operación Omega dejaron algo más que calles desbloqueadas y patrullas exhaustas: dejaron cicatrices, denuncias y un profundo silencio en Bocas del Toro. Lo que para unos fue una operación para “restablecer el orden”, para otros se convirtió en una pesadilla de golpes, encierros y humillaciones que hoy busca justicia. Avelino Palacio todavía recuerda el instante en que su cuerpo se desplomó. “Seis policías me golpearon en todo el cuerpo con toletes, reglas de madera, conos de señalización y correas”, relató ante la Fiscalía de Bocas del Toro. Su testimonio no es el único. Al menos 80 personas han descrito tratos crueles en el cuartel de Changuinola y en el estadio Calvin Byron, el mismo donde la policía se refugió cuando creyó perder el control de la provincia. Durante la operación — que se extendió del 13 al 29 de junio—, el Gobierno decretó un estado de emergencia que suspendió las garantías constitucionales y permitió detenciones sin orden judicial. Bajo ese paraguas legal se produjeron casi 300 arrestos y más de un centenar de allanamientos. Lo que siguió fue un rosario de denuncias: relatos de torturas, abusos y vejaciones que hoy forman parte de una querella presentada por un grupo de abogados encabezados por la jurista Taglyana Corrales, en nombre de 71 víctimas. La Defensoría del Pueblo confirmó haber entrevistado a unas 180 personas, hombres y mujeres que aseguran haber sido golpeados estando esposados o sometidos a agresiones fuera de cualquier protocolo policial. “Golpes en la cabeza, cachetadas, porrazos… comportamientos que se asemejan a una sed de venganza”, reconoció el defensor del Pueblo, Eduardo Le Blanc. Para él, lo ocurrido en Bocas del Toro refleja una fuerza pública desbordada y sin preparaciónsuficiente para manejar una crisis de esa magnitud. Pero detrás de las cifras hay rostros. Avelino es uno. Jorge Ábrego, otro. Ambos fueron detenidos, golpeados y forzados a firmar documentos que acreditaban un “buen trato”. En sus declaraciones coinciden en algo: el miedo, la confusión y el dolor fueron constantes. A Jorge, por ejemplo, lo obligaron a firmar mientras el gas pimienta le quemaba la piel. Avelino recuerda también otro momento de humillación: cuando le cortaron el cabello a él y a otros detenidos en el aeropuerto de Changuinola. Para la comunidad indígena Ngäbe Buglé, el cabello es símbolo de espíritu y tradición. Cortarlo por la fuerza fue, dice, “una herida espiritual”. La Defensoría documentó varios casos similares, incluso uno de un joven que “no paraba de llorar” mientras le rapaban la cabeza. Los testimonios se multiplican. Simeón Santos, un joven de 25 años, contó que fue golpeado y llevado al estadio Calvin Byron, donde permaneció detenido sin entender de qué se le acusaba. Su caso, como el de otros 273 detenidos, forma parte de los procesos abiertos por el Ministerio Público tras los enfrentamientos. Muchos aún no saben por qué fueron arrestados. Las querellas, que suman al menos 300 presuntas víctimas, incluyen denuncias por violencia sexual, tortura y tratos crueles. En una de ellas, mujeres indígenas relatan haber sido obligadas a beber agua con químicos y haber recibido insultos y golpes por su origen étnico. En algunos casos, las consecuencias fueron devastadoras. A pesar de las denuncias y los informes forenses que respaldan los testimonios, la Policía Nacional no ha informado cuántas investigaciones internas mantiene abiertas. El Ministerio Público cuenta con 95 investigaciones por presunto abuso policial. Esta tercera entrega abre una ventana a los días más oscuros de la Operación Omega. Detrás del uniforme, la autoridad y los gases lacrimógenos, emergen voces que se niegan a quedar en el olvido. Esta investigación de melodijoadelita.com se realizó bajo el auspicio de las becas de periodismo de investigación Justicia Hoy de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana - Capítulo Panameño de Transparencia Internacional, y se publica en alianza con La Prensa. Mario De Gracia [email protected] La Comisión de Presupuesto aprobó en primer debate el proyecto de ley N°293. Isaac Ortega Aprueban presupuesto 2026 en primer debate por $34,901 millones ASAMBLEA NACIONAL La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley N°293 que dicta el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2026 por $34,901 millones. Con 12 votos a favor, 1 abstención y 0 votos en contra, el proyecto pasó la Comisión de Presupuesto del Legislativo con modificaciones planteadas tanto por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como por diputados. También fue enviado con una notificación de ‘urgencia notoria’ al pleno de la Asamblea. Entre las modificaciones que presentó el MEF se encuentran redistribuciones del presupuesto de algunas entidades por el orden de $233 millones. Ello implica aumentar el gasto en algunas entidades y reducirlo en otras, sin cambiar el monto total de $34,901 millones. Por otro lado, hubo propuestas de modificación por parte de los diputados, enfocadas en su mayoría en la redacción del texto del proyecto de ley, sin tocar directamente los números. Entre las modificaciones de los diputados se sometieron a votación topes a los viáticos de los funcionarios dependiendo de la región a la que viajen, establecer que los vuelos que tomen sean en clase económica, licitar únicamente proyectos que tengan un presupuesto asignado, entre otros con miras a controlar algunos gastos. Durante el debate, algunos diputados cuestionaron al MEF por reducir $120.8 millones destinados al pago del servicio de la deuda pública para reasignarlo al presupuesto de diversas entidades del Estado. De acuerdo al titular del MEF, Felipe Chapman, el total del servicio de la deuda pública ronda los $8 mil millones. “La tasa de interés que tiene que pagar el Estado panameño para hacerle frente a vencimientos se ha disminuido de una forma más acelerada de lo que habíamos previsto (...) Las condiciones de mercado cambiaron (...). Podemos mostrar cómo ha ido disminuyendo el costo del financiamiento”, explicó Chapman para sustentar la reducción del dinero destinado al servicio de la deuda. A pesar de ello, la diputada Janine Prado cuestionó que se haya tomado la medida, puesto que desde la Comisión de Presupuesto sugirieron enfocar la disminuciones de dinero en bonos y gratificaciones, mas no en servicio de la deuda pública. Chapman argumentó que la disminución del costo de la deuda es “producto de un incremento del precio de los bonos, una disminución de la prima de riesgo y el costo efectivo de la deuda (...)”. El diputado Betserai Richards planteó modificaciones para que solo puedan licitarse proyectos que tengan un presupuesto previamente estipulado, y puso como ejemplo inversiones como la villa diplomática, cuyo costo es de $7.1 millones y habría sido licitada sin estar detallada en el presupuesto 2025. Al respecto, el director de presupuesto de la nación, Aurelio Mejía, defendió que cada entidad puede destinar su presupuesto a los proyectos que así lo estime. Asimismo, el ministro reiteró que el presupuesto tiene como objetivo reducir el déficit fiscal del 4.0% del PIB en 2025 al 3.5% en el año 2026. Por otra parte, los diputados plantearon, además, mantener únicamente los montos asignados a bonificaciones y gratificaciones en aquellas entidades que así tienen el beneficio por mandato de una ley especial. La votación se realizó artículo por artículo y hubo múltiples propuestas por parte de distintos grupos de diputados, en algunos casos, llegando hasta tres propuestas de modificaciones para un solo artículo. Ahora, el equipo técnico de la Comisión de Presupuesto presentará un texto único consolidado del proyecto N°293 con el pliego de modificaciones adoptadas, para pasarlo al pleno de la Asamblea Nacional y que se pueda efectuar su votación antes del próximo 31 de octubre, día en que finaliza el periodo de sesiones ordinarias en el parlamento. tra de un anteproyecto del diputado Jorge González que, entre otras cosas, proponía la creación de una junta técnica para la designación de notarios y mecanismos de rendición de cuentas. Camacho incluso advirtió que, si la propuesta es presentada nuevamente, la volverá a rechazar. Por tanto, esos millonarios ingresos, en lugar de ingresar a las arcas del Estado, seguirán depositados en unos cuantos bolsillos. Un botín político más. UI UNIDAD INVESTIGATIVA Policías despejan vías durante la Operación Omega. Cortesía
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