1A La Prensa Panamá, miércoles 22 de octubre de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Miércoles 22 de octubre de 2025 - Año 45 - Nº 15177 Hoy por hoy El presidente de la República, José Raúl Mulino, tiene ante sí una decisión que pondrá a prueba su compromiso con la justicia y la institucionalidad. Quien se dice honesto y defensor de la lucha contra la corrupción —y que varias veces nos ha recordado su participación en la Cruzada Civilista— no puede permitir que prospere una ley que abre la puerta a la impunidad. El proyecto 174, aprobado por la Asamblea Nacional, pretende que el perdón de la víctima extinga la pena incluso en delitos perseguidos de oficio, una contradicción que vulnera la Constitución Política de la República de Panamá y traslada al ámbito privado el poder sancionador del Estado. No es la primera vez que el Ejecutivo se distancia de la lucha anticorrupción: ya retiró su respaldo a las iniciativas del procurador general. Pero ahora tiene la oportunidad de corregir el rumbo. Vetar esta norma no es un gesto político, sino un acto de coherencia ética y responsabilidad republicana.. Duelo de potencias y sueños de semifinales 8A Deportes GOBIERNO Juristas: el perdón nunca puede sustituir al castigo Eliana Morales Gil [email protected] ¿IMPUNIDAD? El proyecto 174, aprobado por la Asamblea Nacional, permitiría que el perdón de la víctima extinga penas en delitos de oficio. El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Edgardo Molino Mola advirtió que el proyecto de ley 174, aprobado por la Asamblea Nacional, es inconstitucional al incluir delitos perseguidos de oficio entre los que podrían ser perdonados por la víctima. Señaló que el perdón solo aplica en delitos por querella, como calumnia e injuria, y no en casos como homicidio culposo. La fiscal del Ministerio Público Aida Castro coincidió en que la figura puede generar confusión con el desistimiento de la acción penal y provocar fallos dispares. Ambos advirtieron que la reforma transfiere al ámbito privado el poder punitivo del Estado y pidieron al presidente José Raúl Mulino vetar la norma. VEA 2A Naturgy y Ensa deberán devolver $18.5millones a los usuarios El Gabinete proponeeliminar nuevo Ministerio de la Mujer La Asep impuso multas por $18.5 millones a Naturgy (Edemet y Edechi) y Ensa por incumplir los niveles de calidad del servicio eléctrico. Los montos serán devueltos a los usuarios mediante créditos en sus facturas, según informó la administradora Zelmar Rodríguez. VEA 2B El Consejo de Gabinete aprobó un proyecto de ley que propone eliminar el Ministerio de la Mujer y reactivar el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), argumentando duplicidad de funciones y búsqueda de eficiencia institucional. Organizaciones feministas denunciaron un retroceso en la política de igualdad y derechos de género. VEA 2A Henry Cárdenas [email protected] Eliana Morales Gil [email protected] Bocas del Toro: el dolor y las cicatrices que dejó la Operación Omega Adelita Coriat [email protected] Las víctimas de la Operación Omega relatan los abusos ocurridos durante das por agentes policiales en Changuinola y el estadio Calvin Byron. La jurista Taglyana Corrales presentó una querella en nombre de 71 víctimas que exigen justicia y reparación ante el Ministerio Público. VEA 4A Educación particular: hasta $8,000 en colegiaturas anuales Aunque la mayoría de los colegios particulares mantendrá sus tarifas para 2026, estudiar en estos centros sigue siendo un lujo. Según Acodeco, las colegiaturas anuales alcanzan hasta $8,000 y las matrículas superan los $2,000, cifras que contrastan con salarios mínimos de menos de $700 y promedios de $1,500. VEA 1B Juegos Centroamericanos Oro y récord en salto largo La panameña Nathalee Aranda conquistó la medalla de oro en salto largo en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, con una marca de 6.22 metros y +0.5 de viento a favor, superando su propio récord regional de 6.17 metros establecido en Managua 2017. Esta justa deportiva se extenderá hasta el próximo 30 de octubre. COP el estado de emergencia en Bocas del Toro. Entre el 13 y el 29 de junio, casi 300 personas fueron arrestadas sin orden judicial. Testimonios recopilados por la Defensoría del Pueblo describen golpes, humillaciones y torturas cometiQué precio pueden alcanzar las joyas robadas del Louvre y por qué es probable que los ladrones las rompan www.prensa.com/bbc/ UI UNIDAD INVESTIGATIVA
2A La Prensa Panamá, miércoles 22 de octubre de 2025 La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de ley 187, que busca hacer frente a la evasión de las cuotas obrero-patronales. La reforma, que modifica el artículo 241 del Código Penal, introduce sanciones mucho más severas para quienes retengan y no remitan las contribuciones a la Caja de Seguro Social (CSS). La nueva normativa establece que quienes, en un plazo de tres meses desde la obligación de pago, no envíen las cuotas correspondientes a la CSS y cuyo monto supere los mil dólares, serán castigados con penas de prisión de entre tres y cinco años. Actualmente, el Código Penal sanciona este tipo de conductas con penas de dos a cuatro años de cárcel. La medida también dispone que quienes hayan siComisión de Gobierno endurece sanciones por evasión de cuotas de la CSS LEGISLATIVO do previamente requeridos por la CSS para liberar dicha retención enfrentarán las mismas sanciones. La proponente de la iniciativa, la diputada Alexandra Brenes, indicó que se busca fortalecer las sanciones contra los empleadores —tanto públicos como privados— que retienen las cuotas, y cerrar vacíos legales que han permitido la impunidad en estos casos. Por otra parte, fue aprobado en primer debate el proyecto de ley 277, que modifica los artículos 220 y 221 del Código Penal, relativos a los delitos contra el patrimonio económico en la modalidad de estafa. Con ello, se pretende endurecer y actualizar las penas por este delito. La Comisión de Gobierno rechazó una propuesta de ley presentada por el diputado Jorge González, de la coalición Vamos, que buscaba transparentar el tema de las notarías. La iniciativa planteaba que los notarios fueran seleccionados por una junta técnica conformada por representantes del Órgano Judicial, la Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo, el Colegio Nacional de Abogados, la Alianza Ciudadana Pro Justicia y el Comité Ecuménico. Asimismo, la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional mantiene en el limbo al menos nueve proyectos de ley anticorrupción, pese a las insistentes peticiones de distintos sectores por una agenda legislativa más transparente. Pleno de la Asamblea Nacional LP Exmagistrado alerta que la nueva ley del perdón invade potestades del Estado Eliana Morales Gil [email protected] Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] PROYECTO DE LEY 174 Edgardo Molino Mola advierte que el proyecto de ley 174 es inconstitucional al incluir delitos perseguibles de oficio, y pide al presidente Mulino vetar las disposiciones que exceden la acción privada. El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Edgardo Molino Mola cuestionó el alcance del proyecto de ley 174, aprobado recientemente por la Asamblea Nacional, que permite que el perdón de la víctima extinga la pena en ciertos delitos ya juzgados. A su juicio, la propuesta incurre en un error constitucional al incluir delitos que son perseguibles de oficio, es decir, aquellos cuya investigación no depende de una querella privada. “Si hay delitos de oficio, entonces eso sería inconstitucional. Así de sencillo es el caso”, advirtió el exmagistrado en conversación con La Prensa. Explicó que el perdón de la víctima solo puede operar en delitos que la ley define como de acción privada o por querella, aquellos que únicamente pueden iniciarse a petición del ofendido. Molino Mola puso como ejemplo el homicidio culposo simple, una de las figuras contempladas en el nueDesaparece el Ministerio de la Mujer. El Consejo de Gabinete aprobó este martes el proyecto de ley 34-25, que retoma el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), una entidad pública descentralizada con personería jurídica y autonomía administrativa, financiera y técnica. Esta entidad elimina el Ministerio de la Mujer, una decisión previamente anunciada por el presidente José Raúl Mulino. De acuerdo a una nota de prensa del Ministerio de la Presidencia, el Inamu tendrá la responsabilidad de coordinar y ejecutar la política nacional dirigida a la promoción, protección y defensa de los derechos humanos de las mujeres. El anuncio surge pese a que grupos de mujeres habían solicitado al Ejecutivo reconsiderar la medida, y en momentos en que el país enfrenta la indignación pública por dos recientes feminicidios, uno en Veraguas y otro en Coclé, hechos que reavivan el debate sobre la necesidad de fortalecer las políticas de protección y prevención de la violencia de género en Panamá. No obstante, la Presidencia afirma que la iniciativa legislativa tiene como propósito “fortalecer la institucionalidad del Estado para garantizar la igualdad de género y los derechos de las mujeres en Panamá”. El Inamu, afirma la nota de prensa de la Presidenica, estará bajo el paraguas del Ministerio de Desarrollo Social y será fiscalizado por la Contraloría General de la República. La historia El Ministerio de la Mujer nació en octubre de 2022, durante el gobierno del perredista Laurentino Cortizo. El proyecto de ley que le dio vida recibió el espaldarazo de la Asamblea Nacional. Era el segundo ministerio que creaba Cortizo, pues agosto de 2019, creó el Ministerio de Cultura. Como ministra fue nombrada la psiquiatra Juana Herrera, de las entrañas del Partido Revolucionario Democrático. No obstante, la institución generó debate por la burocracia, su alto costo operativo y lo que algunos definían como falta de resultados concretos percibidos por la sociedad civil. En julio de este año, MuliDe vuelta al Inamu; Gabinete de Mulino propone eliminar el Ministerio de la Mujer GOBIERNO no puso el tema sobre la mesa. Primero que todo, yo no tengo nada en contra de las mujeres panameñas”, dijo Mulino, al abordar lo que calificó como una entidad “creada a la carrera” y que, según su criterio, “no genera lo que debió generar, salvo una buena burocracia”. Ese día, el mandatario anunció que cualquier modificación al ministerio debe pasar por la Asamblea Nacional. “Ese ministerio se creó por ley y lo que sea que sea su futuro deberá modificarse por ley”, reiteró. El Inamu, de acuerdo a una nota de prensa del Ministerio de la Presidencia, buscará atacar las causas estructurales de la desigualdad de género, asegurar el pleno respeto de los derechos humanos de las mujeres y fortalecer su protección y defensa. También prometieron que se buscará aumentar la igualdad en el acceso y control de los recursos, coordinar la política pública para las mujeres con todas las instancias del Estado, garantizar que todas puedan vivir libres de violencia y velar por el cumplimiento efectivo de las obligaciones contempladas en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Panamá. No obstante, la pregunta es si la simple creación del Inamu será suficiente para cumplir con estas promesas: ¿se asignarán realmente los recursos necesarios? ¿tendrá la independencia política suficiente para coordinar acciones concretas en todo el país? ¿podrá garantizar mejoras efectivas en la protección de las mujeres frente a la violencia? Al frente del Ministerio de la Mujer estaba Niurka Palacios. El Ministerio de la Mujer no informó si se hará cargo del Inamu. Por lo pronto, el próximo capítulo de esta historia se decidirá en la Asamblea Nacional, donde se dede debatir la creación del Inamu. Eliana Morales Gil [email protected] Gabinete de José Raúl Mulino Cortesía Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama vo artículo 115-A del Código Penal que propone el proyecto, y señaló que ese delito no puede ser objeto de perdón porque se investiga de oficio. “El homicidio culposo es como cuando usted va manejando un carro y mata a una persona sin querer. Pero mientras la ley no ponga que ese delito es por querella, no puede entrar en el perdón de los ofendidos”, sostuvo. Según el exmagistrado, el Código Procesal Penal ya establece de forma clara cuáles son los delitos que admiten querella —como la calumnia y la injuria—, y por tanto no es necesaria una nueva ley para permitir el perdón en esos casos. “El mismo Código Procesal Penal ya está diciendo cuáles son los delitos que se admiten por querella. Lo que pasa es que quieren meter unos que son perseguibles de oficio, y ahí es donde está la equivocación”, señaló. Para Molino Mola, la esencia del problema es que el proyecto, al ampliar el catálogo de delitos, traslada al ámbito privado el poder de perdonar delitos que pertenecen al Estado. “No pueden meter delitos que sean perseguibles de oficio. Porque esos no pueden ser perdonados por una persona privada. Es el Estado lo único que tiene el poder de castigar”, enfatizó. Consultado sobre qué debería hacer el presidente José Raúl Mulino, quien tiene la iniciativa pendiente de sanción o veto, el exmagistrado fue claro: “Que elimine los delitos de oficio que haya dentro de eso. Nomás tiene que referirse al Código Procesal Penal, que los está numerando y diciendo cuáles son. Todo lo que ellos quieran meter, como el homicidio culposo, no puede entrar ahí. ¿Quién va a perdonar si la persona murió?”, planteó. Molino Mola concluyó que el principio jurídico aplicable es simple: solo los delitos por querella pueden ser objeto de perdón, mientras que los delitos perseguibles de oficio deben mantenerse bajo potestad exclusiva del Estado. “Es tan sencillo como eso —dijo—: los perseguidos por querella son los únicos que pueden ser perdonados”. Cuando el proyecto fue discutido en primer debate en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, los diputados escucharon la opinión de la fiscal Aida Castro sobre el tema. Según explicó, la figura del perdón se confunde con el desistimiento de la acción penal, que se aplica antes de la sentencia, mientras que el proyecto extiende sus efectos después de la condena, modificando el alcance del artículo 115 del Código Penal. Castro afirmó que solo debería aplicarse cuando exista resarcimiento del daño y control judicial para garantizar la libre voluntad de la víctima. El texto final, impulsado por el diputado Jamis Acosta Guerra (Realizando Metas), incorporó parcialmente esas recomendaciones. El nuevo artículo 115-A establece que el perdón podrá extinguir la pena únicamente en delitos simples y desistibles, como homicidio culposo simple, lesiones leves, hurto, estafa, apropiación indebida, daños, calumnia, injuria o falsificación de documentos en perjuicio de particulares. Además, condiciona su admisión a los requisitos del artículo 202 del Código Procesal Penal, que exige reparación del daño, voluntad libre y revisión judicial. Pese a estas limitaciones, la advertencia del Ministerio Público persiste: la ley no precisa en qué etapa procesal puede solicitarse el perdón ni cómo deberá tramitarlo el juez, lo que, a juicio de la fiscal, podría provocar criterios dispares entre tribunales y diluir el principio de certeza del castigo. Durante la sesión, el diputado José Pérez Barboni, miembro de la Comisión, coincidió en la necesidad de evaluar los riesgos de aplicación. “Hay que asegurarse de que no exista coacción sobre la víctima y que esta figura no contradiga la certeza del castigo”, afirmó.
3A La Prensa Panamá, miércoles 22 de octubre de 2025
4A La Prensa Panamá, miércoles 22 de octubre de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] BENEFICIO. El Parlacen ha convocado una licitación para contratar el seguro colectivo de gastos médicos y el seguro de vida de los parlamentarios, exparlamentarios y personal administrativo. No hacen nada y, cuando finalmente se les ocurre algo, es a favor de ellos mismos. He aquí otra razón más para salirnos de ese antro de una vez por todas. TIC-TAC.El fallo que rechaza las demandas de Martinelli contra la sentencia condenatoria del caso New Business se encuentra detenido porque Ángela Russo y Cecilio Cedalise no han presentado sus escritos de salvamento de voto. ¿Qué pasaría si no entregan esos escritos antes del 31 de diciembre, cuando deben cesar en el cargo? ¿Acaso pretenden heredar la tarea a Gisela Agurto y Carlos Villalobos, quienes ni siquiera participaron en las discusiones ni acudieron al pleno en el que se adoptó esa decisión? ENIGMA.Si la Asamblea tiene una planilla de 4,073 personas, ¿por qué en el simulacro de evacuación de la semana pasada “nos dimos cuenta de que no había ni 1,000 funcionarios?”, preguntó la diputada Alexandra Brenes. O las botellas no fueron a “trabajar” ese día o son tan transparentes que nadie las vio. TRAMPARENCIA. El sistema de seguimiento de documentos de la Contraloría (llamado Scafid) ha limitado sus criterios de búsqueda: antes se podía ubicar cada documento aportando el año y número de posición; ahora, solo se puede localizar anotando el número de control, lo que restringe el acceso y uso de la plataforma. Por un lado, la Contraloría está adquiriendo cada vez más poder; por el otro, se lo arrebata al ciudadano. Así se cultivan las condiciones perfectas para el autoritarismo. BOFETADA. La bancada del mal votó en conSimeón muestra las marcas en sus brazos, evidencia del maltrato que denunció ante la Fiscalía de Bocas del Toro. Cortesía El otro lado de la moneda: las víctimas de la represión Adelita Coriat ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] Entre denuncias de torturas, abusos y humillaciones, las víctimas de la OperaciónOmega en Bocas del Toro buscan justicia. Sus testimonios revelan el costo humano de una fuerza pública desbordada. Los días posteriores a la Operación Omega dejaron algo más que calles desbloqueadas y patrullas exhaustas: dejaron cicatrices, denuncias y un profundo silencio en Bocas del Toro. Lo que para unos fue una operación para “restablecer el orden”, para otros se convirtió en una pesadilla de golpes, encierros y humillaciones que hoy busca justicia. Avelino Palacio todavía recuerda el instante en que su cuerpo se desplomó. “Seis policías me golpearon en todo el cuerpo con toletes, reglas de madera, conos de señalización y correas”, relató ante la Fiscalía de Bocas del Toro. Su testimonio no es el único. Al menos 80 personas han descrito tratos crueles en el cuartel de Changuinola y en el estadio Calvin Byron, el mismo donde la policía se refugió cuando creyó perder el control de la provincia. Durante la operación — que se extendió del 13 al 29 de junio—, el Gobierno decretó un estado de emergencia que suspendió las garantías constitucionales y permitió detenciones sin orden judicial. Bajo ese paraguas legal se produjeron casi 300 arrestos y más de un centenar de allanamientos. Lo que siguió fue un rosario de denuncias: relatos de torturas, abusos y vejaciones que hoy forman parte de una querella presentada por un grupo de abogados encabezados por la jurista Taglyana Corrales, en nombre de 71 víctimas. La Defensoría del Pueblo confirmó haber entrevistado a unas 180 personas, hombres y mujeres que aseguran haber sido golpeados estando esposados o sometidos a agresiones fuera de cualquier protocolo policial. “Golpes en la cabeza, cachetadas, porrazos… comportamientos que se asemejan a una sed de venganza”, reconoció el defensor del Pueblo, Eduardo Le Blanc. Para él, lo ocurrido en Bocas del Toro refleja una fuerza pública desbordada y sin preparaciónsuficiente para manejar una crisis de esa magnitud. Pero detrás de las cifras hay rostros. Avelino es uno. Jorge Ábrego, otro. Ambos fueron detenidos, golpeados y forzados a firmar documentos que acreditaban un “buen trato”. En sus declaraciones coinciden en algo: el miedo, la confusión y el dolor fueron constantes. A Jorge, por ejemplo, lo obligaron a firmar mientras el gas pimienta le quemaba la piel. Avelino recuerda también otro momento de humillación: cuando le cortaron el cabello a él y a otros detenidos en el aeropuerto de Changuinola. Para la comunidad indígena Ngäbe Buglé, el cabello es símbolo de espíritu y tradición. Cortarlo por la fuerza fue, dice, “una herida espiritual”. La Defensoría documentó varios casos similares, incluso uno de un joven que “no paraba de llorar” mientras le rapaban la cabeza. Los testimonios se multiplican. Simeón Santos, un joven de 25 años, contó que fue golpeado y llevado al estadio Calvin Byron, donde permaneció detenido sin entender de qué se le acusaba. Su caso, como el de otros 273 detenidos, forma parte de los procesos abiertos por el Ministerio Público tras los enfrentamientos. Muchos aún no saben por qué fueron arrestados. Las querellas, que suman al menos 300 presuntas víctimas, incluyen denuncias por violencia sexual, tortura y tratos crueles. En una de ellas, mujeres indígenas relatan haber sido obligadas a beber agua con químicos y haber recibido insultos y golpes por su origen étnico. En algunos casos, las consecuencias fueron devastadoras. A pesar de las denuncias y los informes forenses que respaldan los testimonios, la Policía Nacional no ha informado cuántas investigaciones internas mantiene abiertas. El Ministerio Público cuenta con 95 investigaciones por presunto abuso policial. Esta tercera entrega abre una ventana a los días más oscuros de la Operación Omega. Detrás del uniforme, la autoridad y los gases lacrimógenos, emergen voces que se niegan a quedar en el olvido. Esta investigación de melodijoadelita.com se realizó bajo el auspicio de las becas de periodismo de investigación Justicia Hoy de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana - Capítulo Panameño de Transparencia Internacional, y se publica en alianza con La Prensa. Mario De Gracia [email protected] La Comisión de Presupuesto aprobó en primer debate el proyecto de ley N°293. Isaac Ortega Aprueban presupuesto 2026 en primer debate por $34,901 millones ASAMBLEA NACIONAL La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley N°293 que dicta el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2026 por $34,901 millones. Con 12 votos a favor, 1 abstención y 0 votos en contra, el proyecto pasó la Comisión de Presupuesto del Legislativo con modificaciones planteadas tanto por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como por diputados. También fue enviado con una notificación de ‘urgencia notoria’ al pleno de la Asamblea. Entre las modificaciones que presentó el MEF se encuentran redistribuciones del presupuesto de algunas entidades por el orden de $233 millones. Ello implica aumentar el gasto en algunas entidades y reducirlo en otras, sin cambiar el monto total de $34,901 millones. Por otro lado, hubo propuestas de modificación por parte de los diputados, enfocadas en su mayoría en la redacción del texto del proyecto de ley, sin tocar directamente los números. Entre las modificaciones de los diputados se sometieron a votación topes a los viáticos de los funcionarios dependiendo de la región a la que viajen, establecer que los vuelos que tomen sean en clase económica, licitar únicamente proyectos que tengan un presupuesto asignado, entre otros con miras a controlar algunos gastos. Durante el debate, algunos diputados cuestionaron al MEF por reducir $120.8 millones destinados al pago del servicio de la deuda pública para reasignarlo al presupuesto de diversas entidades del Estado. De acuerdo al titular del MEF, Felipe Chapman, el total del servicio de la deuda pública ronda los $8 mil millones. “La tasa de interés que tiene que pagar el Estado panameño para hacerle frente a vencimientos se ha disminuido de una forma más acelerada de lo que habíamos previsto (...) Las condiciones de mercado cambiaron (...). Podemos mostrar cómo ha ido disminuyendo el costo del financiamiento”, explicó Chapman para sustentar la reducción del dinero destinado al servicio de la deuda. A pesar de ello, la diputada Janine Prado cuestionó que se haya tomado la medida, puesto que desde la Comisión de Presupuesto sugirieron enfocar la disminuciones de dinero en bonos y gratificaciones, mas no en servicio de la deuda pública. Chapman argumentó que la disminución del costo de la deuda es “producto de un incremento del precio de los bonos, una disminución de la prima de riesgo y el costo efectivo de la deuda (...)”. El diputado Betserai Richards planteó modificaciones para que solo puedan licitarse proyectos que tengan un presupuesto previamente estipulado, y puso como ejemplo inversiones como la villa diplomática, cuyo costo es de $7.1 millones y habría sido licitada sin estar detallada en el presupuesto 2025. Al respecto, el director de presupuesto de la nación, Aurelio Mejía, defendió que cada entidad puede destinar su presupuesto a los proyectos que así lo estime. Asimismo, el ministro reiteró que el presupuesto tiene como objetivo reducir el déficit fiscal del 4.0% del PIB en 2025 al 3.5% en el año 2026. Por otra parte, los diputados plantearon, además, mantener únicamente los montos asignados a bonificaciones y gratificaciones en aquellas entidades que así tienen el beneficio por mandato de una ley especial. La votación se realizó artículo por artículo y hubo múltiples propuestas por parte de distintos grupos de diputados, en algunos casos, llegando hasta tres propuestas de modificaciones para un solo artículo. Ahora, el equipo técnico de la Comisión de Presupuesto presentará un texto único consolidado del proyecto N°293 con el pliego de modificaciones adoptadas, para pasarlo al pleno de la Asamblea Nacional y que se pueda efectuar su votación antes del próximo 31 de octubre, día en que finaliza el periodo de sesiones ordinarias en el parlamento. tra de un anteproyecto del diputado Jorge González que, entre otras cosas, proponía la creación de una junta técnica para la designación de notarios y mecanismos de rendición de cuentas. Camacho incluso advirtió que, si la propuesta es presentada nuevamente, la volverá a rechazar. Por tanto, esos millonarios ingresos, en lugar de ingresar a las arcas del Estado, seguirán depositados en unos cuantos bolsillos. Un botín político más. UI UNIDAD INVESTIGATIVA Policías despejan vías durante la Operación Omega. Cortesía
5A La Prensa Panamá, miércoles 22 de octubre de 2025 Panorama Panamá establece nuevas normativas para la comercialización de sustancias estéticas. Archivo Nueva ley establece multas de $50 mil por rellenos estéticos Getzalette Reyes [email protected] REGULACIÓN Solo médicos especialistas podrán aplicar sustancias permitidas en tratamientos médico-estéticos a través de centros autorizados. En la Gaceta Oficial de ayer martes 21 de octubre de 2025 fue publicada la Ley 491, que establece el marco normativo para la aplicación, uso y comercialización de sustancias modelantes y/o de relleno permitidas y no permitidas en tratamientos médico-estéticos en el país. El objetivo primordial de esta ley, del 17 de octubre de 2025, es proteger la salud, la vida y la integridad física y psicológica de las personas dentro del territorio de Panamá. La ley se aplicará a toda persona natural o jurídica, tanto del sector público como del privado, que produzca, importe, exporte, comercialice, use o aplique estas sustancias en tratamientos corporales y faciales con fines médico-estéticos. Entre los términos clave definidos y, en muchos casos, prohibidos, se encuentran los biopolímeros y polímeros no absorbibles. Estos son grupos de sustancias macromoleculares que pueden ser de origen sintético o natural, como la parafina, la silicona líquida, el cemento óseo, el metilmetacrilato, aceites de cocina o aceites industriales. La ley aclara que estas sustancias son consideradas no biodegradables o no reabsorbibles, no aptas para el uso humano, y que suelen utilizarse para aumentar el volumen de zonas del cuerpo o del rostro. De acuerdo con la legislación, se prohíbe explícitamente en la República de Panamá la aplicación, con fines médico-estéticos, de sustancias modelantes y/o de relleno no permitidas por la normativa vigente. Así las cosas, la aplicación de sustancias modelantes y/o de relleno permitidas estará estrictamente controlada. Solo podrá ser realizada por médicos idóneos especialistas en Dermatología o en Cirugía Plástica, debidamente acreditados por el Consejo Técnico de Salud. Además, el tratamiento y la aplicación de estas sustancias solo podrán realizarse en establecimientos de salud públicos o privados autorizados por el Ministerio de Salud (Minsa). Dichos establecimientos deberán mantener actualizada su permisología y garantizar los parámetros de seguridad, calidad y eficacia. El Minsa será la entidad responsable de emitir los listados de sustancias permitidas y no permitidas, a más tardar 30 días después de la entrada en vigencia. La Ley 491 incluye asimismo disposiciones cruciaEl cuerpo de Yamileth Santamaría fue llevado al Hospital Luis Chicho Fábrega en Santiago de Veraguas. Cortesía Fiscalía investiga muerte de Yamileth Santamaría, aunque descarta violencia JUDICIAL Juan Manuel Díaz [email protected] El informe de necropsia realizado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) reveló que la causa de muerte de la joven Yamileth Santamaría, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 11 de octubre en una calle de la ciudad de Santiago de Veraguas, fue neumonía y falla multiorgánica. Durante una conferencia de prensa, el fiscal Moisés Tuñón informó que la necropsia determinó que la joven no presentaba lesiones que indiquen que fue víctima de una acción violenta. Las investigaciones de la fiscalía se habían orientado hacia un posible femicidio, luego de que algunos testigos relataran que la víctima había pedido ayuda en varias ocasiones. El fiscal Tuñón explicó que la investigación por la muerte de la joven, de 25 años de edad, se mantiene abierta bajo el Protocolo Latinoamericano para la Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género. Las circunstancias poco claras que rodearon la muerte de Yamileth Santamaría provocaron una oleada de críticas por la presunta tardanza en la atención médica, ya que, según testigos, permaneció tendida en la calle por varios minutos antes de ser trasladada al Hospital Regional Dr. Luis Chicho Fábrega, de Santiago de Veraguas. La muerte de Yamileth Santamaría se produjo a pocos días del asesinato de la joven Selinda Córdoba Bartista, perpetrado en Pocrí de Aguadulce (Coclé) a manos de su expareja sentimental, hecho que encendió las alarmas entre organizaciones de la sociedad civil, que claman por mayor protección a las mujeres víctimas de violencia de género. les para proteger a las víctimas. El Estado garantiza la atención integral —médica y psicológica— para las personas afectadas por la alogenosis iatrogénica, patología que sufre el organismo por el uso de rellenos inyectables con fines estéticos. El Minsa deberá implementar los mecanismos y programas necesarios para ofrecer esta atención. Asimismo, el Minsa deberá diseñar y ejecutar campañas educativas y estrategias de prevención, promoción e información, que aborden los riesgos y daños a la salud humana, las precauciones frente a procedimientos en el extranjero y las consecuencias fatales derivadas de la aplicación de sustancias no permitidas. Sanciones severas, según la ley Quien produzca, publicite, patrocine o done sustancias modelantes y/o de relleno no permitidas por el Minsa será sancionado con una multa de $10,000.00. Quien importe, exporte o comercialice estas sustancias será sancionado con una multa de $15,000.00. Quien aplique sustancias modelantes y/o de relleno no permitidas será sancionado con una multa de $50,000.00.
6A La Prensa Panamá, miércoles 22 de octubre de 2025 La justicia según Mulino Sabrina Sin Censura Sabrina Bacal [email protected] Y es que la justicia tiene distintos nombres para Mulino. Cuando procesa a su círculo cercano es “persecución”, pero cuando apunta hacia sus adversarios, es “debido proceso”. Un doble estándar que no resiste el menor contraste con los hechos, y que amenaza con hacer añicos la poca independencia judicial que queda. El mandatario creó la Unidad de Coordinación Legal para que las instituciones afectadas por delitos contra la administración pública se conviertan en querellantes ante el Ministerio Público. Asegura que es muy distinta a la “procuraduría paralela” de Varela, pues no ha contratado ninguna firma de abogados. Pero ese no es el mayor de los pecados, ni entonces ni ahora. El vicio fue y sigue siendo la parcialidad de una justicia comandada desde el Ejecutivo. La nueva oficina estará adscrita al ministerio de Gobierno. Su titular Dinoska Montalvo, ha sido además abogada de Frank De Lima, enjuiciado por las coimas de Odebrecht. ¿En qué país puede una ministra ser abogada de imputados por delitos contra la administración pública y, además, liderar un esfuerzo que pretende enjuiciar a los culpables de tales ilícitos? Pues en el país donde el mandatario da distintos nombres a la justicia, según quien sea el procesado. En el caso de Frank De Lima, por ejemplo, podemos imaginar que el presidente lo catalogaría como “perseguido”. Fue su compañero de gabinete en el gobierno de Martinelli, y su esposa trabaja actualmente en la Presidencia. Como otros del círculo cero de Mulino, su camino a la absolución parece pavimentado. ¿No sería más eficiente —y generaría menos suspicacia— exigirles a todos los funcionarios que cumplan con su rol? Los ministros y directores de entidades están obligados por ley a denunciar ante el Ministerio Público cualquier posible irregularidad. Para ello cuentan con decenas de asesores legales. Si necesitaran más apoyo, ahí está la procuradora de la Administración, cuya función principal es “defender los intereses del Estado”. Por cierto, ¿alguien sabe qué fue de Grettel Villalaz de Allen? Aquí no falta personal ni instituciones, sino voluntad. Pero la mayor desfachatez de todo este asunto es la justificación presidencial para la creación de la Procuraduría Paralela 2.0. Mulino aseguró que la misma busca combatir el “sentimiento generalizado de impunidad”. ¿Será consciente el mandatario de cuánto ha contribuido él mismo a esa percepción que dice querer combatir? De entrada, llegó al poder de la mano de un condenado por lavado de activos que disfruta su libertad en Colombia. Ya en el cargo, usó sus facultades constitucionales para reducir penas a exsubalternos, como los policías condenados por el asesinato de los jóvenes en Tocumen. Más recientemente, un video oficial mostró al arquitecto George MoBombas atómicas en Darién para un nuevo canal: Tratado Robles-Johnson José Rodríguez [email protected] PONLE LA FIRMA El intento de Marco Aurelio Robles por asegurar la soberanía panameña derivó en los tratados Robles-Johnson, que proponían incluso usar bombas atómicas para abrir un canal en Darién, antes del golpe de 1968. Tras los sucesos del 9 de enero de 1964, asumió la presidencia Marco Aurelio Robles, apodado “Marco Rifle” por darle fusiles a la guardia nacional y la orden de “disparar primero y preguntar después”. Desde su llegada, tenía la misión de negociar un nuevo tratado con Estados Unidos. Panamá, bajo Robles, buscaba la total soberanía sobre Panamá, incluyendo la zona del Canal. Mientras que Estados Unidos, bajo Lyndon B. Johnson, veía el Canal de esclusas como obsoleto y vulnerable a ataques. Después de tres años de negociaciones secretas, se aprobaron los textos de los tratados Robles-Johnson, o los “3 en 1”, como se les conocía. El primero era el Tratado del Canal, que eliminaba el Hay-Bunau Varilla y reconocía a Panamá como soberana en toda la Zona del Canal, que ahora se llamaría “Área del Canal”. Sin embargo, el canal lo administraría una junta directiva de cuatro panameños y cinco estadounidenses, y el traspaso se haría poco a poco a manos panameñas. El segundo establecía que ambos países tenían la responsabilidad de proteger el canal y mantenerlo neutral. El tercero autorizaba a Estados Unidos a construir un nuevo canal a nivel del mar, utilizando bombas atómicas en Darién. La razón de esta propuesta era que, poco después de terminada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos buscaba rutas para construir otro canal entre el Pacífico y el Atlántico. Había identificado 30 posibles opciones desde México hasta Colombia. Pero conociendo el poder destructivo de las bombas atómicas utilizadas en la guerra, comenzaron a evaluar si había manera de usarlas con fines positivos o pacíficos. Uno de estos posibles usos era la excavación, y cuando surgió la posibilidad de construir otro canal, eligieron la ruta 17 de Sasardí–Mortí, en Darién, como la más viable. Sin embargo, hubo controversia por las fechas de entrega. El tratado del canal establecía el traspaso completo en 1999, aunque podía extenderse hasta 2009 bajo ciertas condiciones. El nuevo canal a nivel del mar por Darién tendría vigencia hasta 2067, lo que podía extender la presencia estadounidense por 100 años más. Cuando el proyecto llegó a la Asamblea, miles de personas salieron a protestar en contra. La presión fue tanta que el presidente Robles tuvo que retirar el proyecto de ley un mes después. Así terminaron los esfuerzos para que el Tratado Robles-Johnson fuera aprobado. Con el Tratado Robles-Johnson fuera de escena, meses después se celebraron nuevas elecciones presidenciales, en las cuales Arnulfo Arias Madrid resultó electo, con el apoyo de Bolívar Vallarino, de la Guardia Nacional, bajo la condición de que no intervendría con ella. Pero cuando Arias tomó posesión, hizo cambios en las trece zonas militares del país: movió a tres capitanes, trasladó a diez mayores y envió a otros militares al extranjero, buscando neutralizarlos. El viernes 11 de octubre de 1968, a solo once días de haber asumido el cargo, mientras veía una película en el teatro Lux, en la avenida Perú, le susurraron al oído: “Doctor… nos tumbaron”. Salió del cine en dirección a la Presidencia, pero ya era demasiado tarde. Tomó rumbo a la Zona del Canal, de donde posteriormente fue exiliado a Miami. Los impulsores de este golpe eran parte de los militares que Arias quería mover. El principal era el mayor Boris Martínez y le seguía un militar que se había destacado por reprimir una manifestación estudiantil en Cerro Tute, Veraguas, llamado Omar Torrijos Herrera. Así comenzó uno de los periodos más controversiales de la política moderna panameña: la dictadura militar. Yaritza Mojica [email protected] En años anteriores hubo desfiles en calle 50. Alexander Arosemena Vía España y Casco Antiguo, escenarios clave en la ruta de los desfiles patrios CELEBRACIONES El Ministerio de Educación (Meduca), junto con la Comisión de Desfiles Patrios y los estamentos de seguridad, anunció las rutas y medidas logísticas para los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre de 2025. Este año se habilitarán dos recorridos principales: el primero en el Casco Antiguo, frente a la Presidencia de la República, y el segundo en la Vía España, que vuelve a ser escenario de las festividades tras 14 años. La Ruta 1, en el Casco Antiguo, albergará más de 40 delegaciones —entre centros educativos, bandas independientes y cuerpos de seguridad—, mientras que la Ruta 2, en Vía España, contará con 45. Los desfiles del 3 de noviembre, con motivo del 122.º aniversario de la separación de Panamá de Colombia, comenzarán a las 9:00 a.m. en calle tercera, Parque Simón Bolívar, y concluirán en avenida Balboa. El día siguiente, 4 de noviembre, Día de los Símbolos Patrios, las actividades iniciarán a las 8:00 a.m. en la intersección de la Iglesia del Carmen y culminarán en la Caja de Ahorros. El regreso a la Vía España se decidió por la accesibilidad y facilidades de transporte que ofrece el Metro de Panamá —con estaciones cercanas en Iglesia del Carmen y Vía Argentina—, lo que permitirá reducir la congestión vehicular. Las delegaciones tendrán un máximo de 30 agrupaciones, entre escuelas y bandas. Los desfiles están regidos por el Decreto 708 del 23 de agosto de 2010, que regula la participación de delegaciones y la organización general de las festividades. En cuanto a la venta de alimentos, la Alcaldía de Panamá emitió 166 permisos distribuidos entre ambas rutas: 55 puestos fijos en el Casco Antiguo, 83 en Vía España y 30 permisos ambulantes. Los vendedores deberán exhibir un código QR y cumplir con los requisitos sanitarios del Ministerio de Salud (Minsa) y del Cuerpo de Bomberos. Quienes no cuenten con los permisos no podrán operar. El Minsa desplegará dos puestos de atención médica y ambulancias activas desde las 7:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. Los manipuladores de alimentos deberán contar con sus carnés blanco y verde vigentes. Personal de salud pública y saneamiento ambiental realizará inspecciones a lo largo de los recorridos para evitar intoxicaciones y garantizar la inocuidad de los productos. También habrá personal médico, enfermeras y técnicos en urgencias para atender casos de deshidratación y otras emergencias. Por su parte, los estamentos de seguridad coordinarán un centro de operaciones para vigilar el orden y el flujo vehicular durante ambos días. La Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre participarán en los operativos. Las autoridades invitaron a la ciudadanía a participar con civismo en las celebraciones, respetar las medidas establecidas y colaborar para mantener un ambiente seguro y familiar. Con estas disposiciones, los desfiles patrios 2025 buscan resaltar el orgullo nacional y recuperar la tradición de celebrar las fechas históricas de Panamá en espacios emblemáticos del país. reno —condenado por el caso Blue Apple— recorriendo campante, junto a sus hijas, la Villa Diplomática. Y más allá de estos casos, el país ha presenciado un verdadero baratillo judicial del que han disfrutado otros personajes cercanos al poder. ¿No piensa el presidente que estas excepciones y privilegios también alimentan la percepción de impunidad? Si algo queda claro con los dobles estándares de Mulino, es que su gobierno no defiende principios —como la justicia independiente, la lucha contra la corrupción o la defensa del Estado de derecho—, sino intereses. Y mientras el poder se siga administrando desde esa torcida lógica, seguiremos viviendo en el país donde la justicia cambia de adjetivo según quién sea el acusado. José Raúl Mulino hizo campaña como víctima de la supuesta persecución política orquestada por el expresidente Juan Carlos Varela, pero al llegar al poder quedó claro que su conflicto no era con la utilización de la justicia como un arma política, sino con el rol que le había tocado jugar. Su problema era ser perseguido y no perseguidor. la presidencia Mar co Aurelio Robles, apoda do “Marco Rifle” por dar Desde su llegada, te nía la misión de ne gociar un nuevo trata esclusas como obsoleto y vul Después de tres años de ne gociaciones secretas, se apro baron los textos de los trata Hay-Bunau Varilla y recono cía a Panamá como sobera
7A La Prensa Panamá, miércoles 22 de octubre de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. cuando nombramos y pensamos sobre lo vivido, nuestro sistema nervioso se calma y somos más capaces de decidir con claridad, porque recuperamos el control sobre nuestras emociones. Otro gran beneficio de hablar. Todos necesitamos sentirnos escuchados, validados y acompañados. Hablar permite conectar con otros. Cuando quienes nos escuchan lo hacen sin juzgar, sin interrumpir y sin tratar de “arreglarnos”, la experiencia puede ser profundamente sanadora. Además, hablar facilita la solución de problemas. Lo que a veces creemos irresoluble suele necesitar otra perspectiva, y esa perspectiva aparece cuando sacamos lo que ronda en la cabeza y lo transformamos en palabras. Ver la situación desde otro ángulo abre opciones y moviliza recursos que antes no habíamos considerado. Con todos estos beneficios, ¿por qué preferimos callar? Porque hablar no es solo una acción comunicativa: es un proceso emocional, mental y relacional complejo. Hablar nos enfrenta a la vulnerabilidad y nos expone a la posibilidad de ser juzgados, rechazados o incomprendidos, situaciones que pueden causar dolor. Las experiencias tempranas moldean nuestra capacidad para expresarnos: si de pequeños fuimos escuchados y contenidos, es más probable que de adultos tengamos la seguridad necesaria para exponernos. Muchas personas nunca aprendieron a expresarse, y otras tuvieron vivencias que las hicieron callar. Cuando esto ocurre, el Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. ¡Si no la malgastaran, la plata alcanzaría! Gasto público desconexión significativa con las verdaderas necesidades de la población. Muchas veces, funcionarios emiten declaraciones demagógicas, afirmando que gracias a las agroferias los panameños pueden alimentarse adecuadamente tres veces al día. Incluso llegan a sugerir que, si se termina el arroz, existen otros productos de la canasta básica disponibles para su compra. Sin embargo, este tipo de comentarios ignora la realidad del país, ya que el arroz es un componente fundamental en la dieta de los panameños. De hecho, la expresión “sin arroz no hay comida” ilustra la importancia central de este alimento en la alimentación diaria. A estos funcionarios del IMA definitivamente no los contratarían para trabajar en supermercados como Extra o Riba Smith. Una de las principales críticas hacia las agroferias es la ausencia de estructuras permanentes y la limitada disponibilidad al público, ya que abren esporádicamente en lugar de estar abiertas los siete días de la semana, con horarios que se ajusten a los ciudadanos. El modelo actual restringe el acceso de la población a productos frescos y asequibles, incrementando las dificultades para quienes no pueden madrugar o soportar largas filas para obtener sus alimentos. Una propuesta con sentido social podría ser invertir los $7 millones ahorrados por el Ministerio de la Presidencia en el bienestar de la población, específicamente en la creación de instalaciones permanentes para las agroferias. Asumiendo que el costo promedio de una estructura básica sería de aproximadaJorge G. Obediente Mucho más que solo palabras Salud mental Venimos a este mundo con una capacidad limitada para comunicarnos: entre llantos, sonrisas y movimientos manifestamos nuestras necesidades. Poco a poco, si nuestros cuidadores están sintonizados, nos ayudan a descubrir quiénes somos, qué nos pasa y qué necesitamos. En ese intercambio aprendemos el lenguaje verbal y, a través de él, nos reconocemos y entendemos a los demás. Hablar va más allá de transmitir información: nos permite comprendernos, ser comprendidos, regularnos y conectarnos. Con el tiempo y por ciertas experiencias, muchos dejamos de valorar lo profundamente transformador que puede ser el simple acto de hablar. En la vida cotidiana cargamos con muchas cosas en silencio: sentimientos que no sabemos cómo expresar, pensamientos que dan vueltas, preocupaciones u opiniones que ocultamos para no molestar o evitar conflictos. Pero lo que no se dice se acumula y puede hacer daño. Hablar no solo alivia: ordena, transforma y libera. Uno de los primeros beneficios de hablar es comprender lo que nos sucede, sea desde el pensamiento o desde la sensación. Con frecuencia alguien comenta: “Ahora que lo digo en voz alta, se siente totalmente diferente”. Ponerlo en palabras obliga a ordenar la confusión, aclara percepciones y arroja luz sobre la realidad cuando somos honestos con nosotros mismos. Es como si, al expresarlo, pudiéramos verlo desde fuera y reflexionar. La neurociencia señala que silencio no solo nos afecta emocionalmente, sino también físicamente. El cuerpo suele “hablar” lo que callamos: tensión crónica, ansiedad, insomnio, dolores recurrentes y fatiga emocional son manifestaciones habituales de cargas no expresadas. Si hablar te cuesta, comienza por reconocer la dificultad sin juzgarte: admitirlo es el primer paso, y la autocompasión reduce la ansiedad. Prueba alternativas a la conversación directa, como escribir un mensaje, enviar un audio o dejar una nota. Muchas personas se expresan con mayor facilidad por escrito. Prepara lo esencial anotando dos o tres puntos clave —qué ocurre, cómo te sientes y qué necesitas— para disminuir el bloqueo. Ensayar en voz baja o con alguien de confianza ayuda a ganar seguridad; elige un momento y un lugar tranquilos, sin prisas ni distracciones. Empieza con frases sencillas y abiertas —“Quisiera contarte algo que me está afectando”, “¿Podemos hablar cinco minutos?”— y, si hablas con niños o adolescentes, usa preguntas guía como “¿Qué fue lo mejor o lo peor de tu día?” para facilitar su expresión. Si la palabra falla, observa señales no verbales: cambios en el sueño, el apetito, el interés o el rendimiento pueden orientar la intervención. Si la dificultad para hablar viene acompañada de aislamiento, angustia intensa, cambios persistentes o riesgo, busca ayuda profesional. Finalmente, crea rituales de comunicación regulares —una cena sin pantallas, un paseo o un “chequeo emocional” semanal de cinco minutos— y modela la expresión emocional. Decir en voz alta tus emociones, de forma adecuada, enseña a los hijos que está bien pedir apoyo. Hablar es una habilidad que se cultiva; al practicarla, transformamos los silencios que dañan en puentes que sanan. Opinión LA AUTORA es psicóloga. EL AUTOR es ciudadano. mente $20,000, con ese dinero sería posible construir 350 locales distribuidos en todo el país, dando así continuidad y permanencia a un servicio básico para las comunidades. Daríamos un gran paso si los directivos del IMA se dieran una vuelta por El Salvador y aprendieran cómo funcionan los agromercados en ese país. Aprovechando la experiencia de Panamá como centro logístico, no sería necesario recurrir a expertos internacionales para diseñar una cadena de suministros eficiente. Con una red de centros de abasto, se garantizaría que los locales permanezcan bien surtidos, permitiendo a la población adquirir productos frescos y baratos en todo el territorio nacional. Además, se propone que los fondos desviados de los consulados y notarías, actualmente utilizados para beneficios particulares a través de esquemas de “cash back”, se redirijan para financiar el pago inmediato a los productores y optimizar la cadena de suministros. De esta manera, se podría racionalizar el costo de la canasta básica y asegurar un mayor beneficio social. Además, se generarían más de mil empleos distribuidos en todo el país, utilizando mano de obra aledaña a cada agroferia. Esta actividad sería autofinanciable, siempre y cuando la organicen bien y no se roben la plata de las ventas. Con una medida como esta, el Estado se apuntaría “un poroto bien grande” que le generaría capital político de una población agradecida, ya que tendría un alcance profundo y beneficiaría tanto a los pequeños y medianos productores como aliviaría el costo de los “tres golpes” a la población. Difícilmente se encuentran soluciones que representen un “ganar-ganar”, y esta sería un buen ejemplo de ello, aplicando la economía como si la gente importara. El constante incremento del costo de la canasta básica representa una carga cada vez más difícil de sobrellevar para la población panameña. Este aumento dificulta que numerosas familias puedan garantizar un sustento digno y saludable de las tres comidas diarias, o sean los “tres golpes”, indispensables para una alimentación adecuada. Ante esta problemática, el gobierno ha optado por ofrecer una respuesta insuficiente, como son las mal llamadas agroferias. Esta iniciativa ha demostrado ser una solución ineficiente y de alcance limitado, ya que se realizan de forma esporádica y únicamente en ciertas ubicaciones. Más que una solución genuina, estas ferias se perciben como un paliativo ridículo y político, incapaz de beneficiar a la mayoría de la población al dejar fuera a quienes más lo necesitan. Nuestras agroferias, lejos de tener un sentido social, parecen replicar las experiencias de Cuba o Venezuela, donde las largas filas y los madrugonazos son parte del día a día de una población carente de dignidad y obligada a buscar su subsistencia en condiciones precarias. En Panamá, a pesar de su riqueza abundante pero extremadamente mal distribuida, los ciudadanos ahora enfrentan situaciones similares, haciendo filas bajo las inclemencias del tiempo para poder adquirir productos básicos y así asegurar sus “tres golpes”. La principal dificultad que enfrentan las agroferias en Panamá radica en su estructura organizacional actual y en la Hablar va más allá de transmitir información: nos permite comprendernos, ser comprendidos, regularnos y conectarnos. Vali Maduro de Gateno La principal dificultad que enfrentan las agroferias en Panamá radica en su estructura organizacional actual y en la desconexión significativa con las verdaderas necesidades de la población. Docentes al límite Desgaste emocional He estado leyendo, desde hace algún tiempo, diversos informes sobre las renuncias masivas en el sector educativo en distintos países. Confieso que el tema me produce curiosidad, pero también una profunda preocupación. En Panamá, este fenómeno no parece presentarse con la misma fuerza; quizás —solo quizás— porque aquí existe la figura de la permanencia docente y otros beneficios laborales que brindan cierta estabilidad al educador.Sin embargo, la estabilidad contractual no siempre garantiza la estabilidad emocional ni el bienestar integral del docente. El punto de fondo es que, como sociedad, estamos experimentando una pérdida de valores sin precedentes. Los docentes ya no solo cumplimos con los contenidos académicos, las exigencias del sistema, las planificaciones o los informes administrativos. Nos enfrentamos, además, a aulas repletas de estudiantes que, en muchos casos, llegan sin un marco de valores firmes, sin acompañamiento en casa y sin contención emocional. Esa ausencia de apoyo familiar se traduce en desgaste, frustración y agotamiento mental en el personal docente. Surge entonces una pregunta inevitable:¿Hasta qué punto este fenómeno está afectando al educador panameño?¿Hasta qué punto el desgaste cotidiano incide en su salud mental y en la calidad de su labor? Cada día somos testigos de hogares fracturados, sin límites claros, sin tiempo ni comunicación. Esta realidad social se refleja en las aulas y, en consecuencia, en el tipo de ciudadanos que estamos formando: jóvenes poco tolerantes, con escasas habilidades para la empatía y el respeto. A menudo escuchamos la frase: “La educación se enseña en casa, y las materias, en la escuela.” Pero, ¿hasta qué punto esto sigue siendo cierto? ¿Qué tanto están asumiendo las familias su papel formador y qué tanto han delegado en la escuela una responsabilidad que no le corresponde del todo? Son preguntas que no dejan de rondar en mi mente, sobre todo al observar el peso emocional que hoy recae sobre el docente.Porque no solo enseñamos matemáticas, historia o literatura: intentamos sostener lo que la sociedad ha dejado caer. El sistema educativo panameño enfrenta múltiples retos, pero ninguno tan urgente como la grieta moral y afectiva que atraviesa nuestra sociedad.Si no reparamos ese vacío, si no reconstruimos los valores desde el hogar, será muy difícil sostener un ritmo estable y saludable en la educación de nuestro país. LA AUTORA es docente. Ebony López Castillo Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. 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