4A La Prensa Panamá, martes 21 de octubre de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] PATRONAL. En la mayoría de los países del continente se celebra el Día del Padre el tercer domingo de junio. Así sucede en Panamá desde 1949, por virtud de una ley. Ahora, el diputado chiricano Ricardo Vigil se ha antojado de cambiar esa fecha porque, según él, al ser variable, pasa desapercibida. ¿Qué fecha propone? Pues nada menos que el 19 de marzo, que es la máxima festividad patronal en su provincia y el día principal de la Feria Internacional de David. ¿Acaso pensó que iba a arrastrar a todo el país con su capricho sin que nadie se diera cuenta? Si no encuentra nada importante sobre lo que deba legislar, lea los comentarios. Nuestros lectores seguramente podrán darle algunas ideas que sí valen la pena. COPARTIDARIA I. La diputada Yamireliz Chong observó que, en la planilla legislativa, hay personal con 10 años de servicio que todavía figura como “eventual”. En cambio, la directora de Recursos Humanos, Marielus De León, quien ingresó a la entidad el pasado 10 de julio, devengando $6,000 mensuales ($5,000 como salario y $1,000 como “gastos”), ya aparece como funcionaria “permanente”. No se sabe si Marielus —quien además es copartidaria de Jorge Herrera— es buena administrando los recursos humanos, pero no cabe duda de que, con los recursos propios, es una campeona. COPARTIDARIA II. La subdirectora de Recursos Humanos, Nilda Aparicio, también gana $6,000 al mes. Ingresó a la planilla legislativa durante la presidencia de Herrera (en su caso, en septiembre pasado) y ya tiene la permanencia. Igualito que la jefa. Si la apertura de la caja de Pandora soltó todos los males de la Grecia antigua, imagínense lo que hace la Asamblea en Panamá. DIPLOMACIA. El pasado viernes, el rector de la Universidad de Panamá (UP), Eduardo Flores, se reunió con la embajadora de Panamá en China y, posteriormente, recibió la visita de una delegación de la embajada estadounidense. Ambas reuniones fueron muy cordiales y se dieron a conocer al público con la misma preponderancia. Esta es una prueba de que no se necesita ser ni Nelson Mandela ni Ángela Merkel para Vistas del estadio Calvin Byron tras el incendio que lo destruyó casi en su totalidad. Cortesía La última trinchera del comisionado Núñez Adelita Coriat ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] SEGUNDA ENTREGA Edgardo Núñez fue el encargado de dirigir el operativo para desbloquear las calles que llevaban unos dos meses cerradas debido a las protestas. En papel, la misión parecía fácil; una vez allí todo se complicó. Por primera vez desde los disturbios que estremecieron a Bocas del Toro en junio de 2025, el comisionado Edgardo Núñez, jefe de la Operación Omega, cuenta lo que vivió desde el otro lado de las protestas. La suya no es solo la voz de un policía que cumplía órdenes, sino la de un oficial que asegura haber enfrentado una de las situaciones más críticas en la historia reciente del país. Durante poco más de dos semanas, entre el 13 y el 29 de junio, la provincia fue escenario de una confrontación que paralizó el tránsito, fracturó comunidades y dejó una estela de denuncias por abusos policiales, violaciones de derechos humanos, daños materiales y violencia contra los policías. En el centro de aquella tormenta estaba Núñez, encargado de dirigir el operativo para desbloquear las calles que llevaban más de dos meses cerradas debido a las protestas contra la Ley 462 de la Caja de Seguro Social, encabezadas en gran parte por trabajadores de la industria bananera. La misión, recuerda, parecía ser simple en el papel: implementar el operativo que consistía en cinco fases concretas que debían restablecer el orden y garantizar la libre circulación. Pero lo que se encontró sobre el terreno se asemejaba más a un laberinto sin salida. Núñez describe escenas de tensión y miedo, como la del 14 de junio, cuando 60 de sus hombres y 15 agentes más quedaron sitiados en el cuartel de Almirante apenas al de Almirante apenas al inicio de la operación. Aquella jornada fue solo el preludio de lo que vendría días después, cuando el 20 de junio, en pleno estadio Calvin Byron, 112 policías quedaron rodeados por cerca de mil 500 manifestantes. El comisionado recuerda el episodio del estadio como el punto de quiebre de la Operación Omega. Afuera, los manifestantes lanzaban piedras, bombas Molotov y fuegos artificiales contra los policías. Dentro del estadio, sin refuerzos inmediatos, con los gases lacrimógenos y las balas de goma casi agotadas, Núñez vio en peligro la integridad de sus hombres y la suya. “Pensé que era el final”, confiesa. Explica cómo logró sacar adelante uno de los momentos más intensos de la operación, después de más de 10 horas de constantes enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, que los superaban en cantidad. Pero el asedio dejó heridas que todavía supuran. Tras los enfrentamientos, la Policía Nacional realizó 274 detenciones que se tramitaron ante el Ministerio Público; otras 79 fueron resueltas por un juez de paz. Todo esto bajo el amparo del decreto ejecutivo del 20 de junio, que declaró Bocas del Toro en estado de emergencia. El documento permitía aprehensiones y allanamientos sin orden judicial para capturar a los presuntos responsables de los saqueos y actos de vandalismo que ocurrieron el 19 de junio. Esta situación, sin embargo, desató una avalancha de denuncias por maltratos y abusos policiales. Las imágenes de aprehensiones violentas y testimonios de pobladores circularon en redes sociales y multiplicaron las críticas. Núñez no evadió el tema durante nuestra conversación , pero aseguró que sus hombres actuaron bajo una presión extrema y apegados a la ley de la institución. “No fue una simple protesta —sostiene—. Lo que enfrentamos fue una guerrilla de baja intensidad”. Esta investigación de melodijoadelita.com se realizó bajo el auspicio de las becas de periodismo de investigación Justicia Hoy de la Fudación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana - Capítulo Panameño de Transparencia Internacional y se publica en alianza con La Prensa. Juan Manuel Díaz [email protected] Juzgado niega recurso de nulidad a Dangelo Ramírez en caso de pandillerismo DELITO CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales negó un recurso de nulidad presentado por la defensa de Dangelo Dayán Ramírez Ramea, dentro del proceso que se le sigue por los delitos contra la seguridad colectiva, asociación ilícita y pandillerismo agravado. En el Edicto No. 1179, expedido por ese despacho judicial y firmado por la jueza Águeda Rentería, se informa del rechazo al recurso interpuesto por la firma Fonseca, Barrios & Asociados. Ramírez Ramea permanece detenido en la cárcel La Picota, en Colombia, a la espera de que culmine su proceso de extradición a Panamá, derivado de una condena de 12 años de prisión por el delito de blanqueo de capitales, además del proceso que enfrenta por pandillerismo y asociación ilícita. En 2023, Ramírez Ramea fue detenido por las autoridades colombianas tras un requerimiento de las autoridades panameñas. Al momento de su captura llevaba tres años ocultándose. Según las investigaciones, viajaba periódicamente a las ciudades de Cartagena, Barranquilla, Medellín y Cali, con el propósito de comercializar vehículos de alta gama para dar apariencia legal a dineros procedentes del narcotráfico. Su captura fue posible gracias a un trabajo de vigilancia y seguimiento realizado por agentes colombianos, quienes lo ubicaron en un gimnasio al que acudía con frecuencia y donde debía registrar su huella digital para ingresar. A Ramírez Ramea, señalado por las autoridades como líder de la banda “Calor Calor”, se le vincula con una red dedicada al tráfico de drogas mediante botes de pesca artesanales, grupo que fue desmantelado en octubre de 2022 durante la Operación Tocumen. La sentencia condenatoria fue expedida el 23 de febrero de 2024, y notificada mediante el Edicto No. 269 del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales. El fallo ordena que Ramírez y el resto de los condenados sean enviados a un centro penitenciario para cumplir la pena impuesta. A esta red criminal se le decomisó, en 2019, un cargamento de 500 kilos de cocaína que era movilizado por las costas del Pacífico panameño. Además, el 28 de septiembre de 2009, a Ramírez Ramea se le incautó un millón de dólares en efectivo durante un operativo policial en Campo Lindbergh. En la diligencia se encontraron 29 paquetes plásticos sellados con dinero, un arma de fuego y tres teléfonos celulares, en uno de los cuales se hallaron imágenes de bultos de droga y dinero. manejar temas institucionales con las potencias de los dos extremos ideológicos del mundo. VIGILANTES. Se ha organizado el “Movimiento de Abogados de la Patria” para darle seguimiento al cumplimiento del fallo de la Corte que declaró inconstitucional el contrato-ley de la mina en Donoso. En el grupo están Roberto Ruiz Díaz, Silvio Guerra y Juan Ramón Sevillano, entre otros. ¿Qué pasa si el Estado decide asumir la explotación y contratar a un operador privado con experiencia? Ramírez Ramea fue detenido en Colombia a raíz de una solicitud de extradición. Cortesía BOCAS DEL TORO Escanee el código QR y acceda a la segunda entrega en prensa.com
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