2A La Prensa Panamá, martes 21 de octubre de 2025 Un total de 21 exrepresentantes, extesoreros y representantes de corregimiento imputados por delitos de peculado relacionados con el manejo de fondos de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) han sido beneficiados con medidas cautelares distintas a la detención preventiva. En contraste, solo siete enfrentan detención provisional o arresto domiciliario, según resoluciones de los jueces de garantías de distintos circuitos judiciales del país. Fuentes judiciales informaronquehastaahorasehan realizado unas 60 audiencias de imputación, aplicación de medidas cautelares y apelación ante tribunales superiores. En la mayoría de los casos se han impuesto medidas de impedimento de salida del país y notificación periódica, tras imputarse cargos por peculado. Sin embargo, los jueces de garantías han mostrado criterios dispares al valorar los indicios presentados por el Ministerio Público. Uno de los casos más comentados es el del exrepresentante de Barrio Colón (Panamá Oeste), Leopoldo Antonio Lee, a quien el juez de garantías decidió no imputar cargos, al considerar que se violó el debido proceso, pues la Contraloría General no recibió las aclaraciones sobre el uso de los fondos comunales. Otro caso es el del exrepresentante de Salud y actual alcalde de Chagres, Eugenio Delgado, a quien se le atribuye una lesión patrimonial de $1.4 millones, pero el juez le concedió arresto domiciliario. De igual forma, el exrepresentante de Cristóbal Este (Colón), Joel Rodríguez, obtuvo la revocatoria de la detención provisional, reemplazada por notificación mensual, impedimento de salida del país y prohibición de acercarse a la Junta Comunal, pese a que la lesión patrimonial supera el millón de dólares. El exrepresentante de Villa Rosario (Panamá Oeste), Carlos Alberto Montenoir, solo recibió la prohibición de acercarse a los testigos, aunque la investigación detectó una lesión patrimonial de Audiencias por peculado revelan diferencias en aplicación de medidas cautelares JUSTICIA $854,457. Por el contrario, al exrepresentante de El Carate de Las Tablas en Los Santos, Paulino González, se le ordenó detención provisional por un presunto perjuicio de $454,184. En tanto, la exrepresentante de Arosemena (Panamá Oeste), María Jaén, mantiene arresto domiciliario, pese a que se le atribuye una lesión de $671,936. También se decretó detención preventiva al exrepresentante de Coclé, Gustavo Nelson Márquez, investigado por el manejo irregular de $92,797. Los procesados están vinculados con irregularidades en el uso de fondos de descentralización entre 2019 y 2024, específicamente del Programa de Desarrollo e Interés Social (PDIS), destinados a proyectos en comunidades de escasos recursos. El presidente José Raúl Mulino ha manifestado su descontento por la benevolencia de algunas medidas cautelares en casos de alto perfil. En una conferencia el 2 de octubre, calificó de “burla” que personas vinculadas a millonarios desfalcos reciban notificación periódica en lugar de detención, y luego queden en libertad. El Ministerio Público mantiene una lista de 70 exrepresentantes, representantes y alcaldes investigados por peculado en el manejo de fondos del PDIS. Entre las juntas comunales señaladas figuran la de Belisario Porras, con más de $8 millones, y Amelia Denis de Icaza, con $5.5 millones, cuyos exrepresentantes aún no tienen definida su situación jurídica. En el marco de estas investigaciones,laFiscalíaAnticorrupción realizó diligencias en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Nacional (BNP) para ubicar información sobre los desembolsos efectuados por la AND a 70 juntas comunales y municipios en 2024. Datos oficiales de la entidad revelan que se detectaron $320 millones sin sustento en el denominado PDIS, conocido como la “descentralización paralela”. Hasta la fecha, se han presentado 294 denuncias ante el Ministerio Público por el presunto mal uso de fondos en 257 juntas comunales y 37 municipios, con un monto investigado que supera los $213 millones. Juan Manuel Díaz [email protected] El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales concedió un término de 15 días a los defensores del exministro de Obras Públicas (MOP) Federico Suárez, George Joseph Moreno, Riccardo Francolini, Alcides Bernal y otras tres personas para formalizar el recurso de casación contra la condena impuesta por la comisión de los delitos de peculado y blanqueo de capitales a través de la sociedad Blue Apple. En este caso, también anunciaronapelaciónlosabogados de Juan Daniel Girón, César Jaramillo y Octavio Samaniego, igualmente condenados a penas de prisión. A través del edicto No. 224, fijado el pasado 17 de octubre en el tablero del Tribunal Superior de Liquidación, se informó a los abogados defensores sobre el término establecido para la presentación del recurso. También deberá sustentar recurso de casación la Fiscalía Anticorrupción, que recurrió las absoluciones otorgadas a Antonio Donadío, Jaime Martín de la Espriella, Luis A. AriasyMelinaCano. A su vez, el tribunal informó que los 370 tomos de la investigación serán puestos a disposición de la fiscalía y de los abogados defensores a través de un enlace electrónico, mientras que el expediente físico permanecerá en la sede del tribunal, ubicada en el Palacio de Justicia Gil Ponce, por razones de seguridad. En el caso del exministro Federico Suárez, el tribunal le mantuvo una condena de 158 meses de prisión y una multa de $2.4 millones. A Riccardo Francolini le impuso 60 meses de cárcel y una multa de $470 mil. Para Octavio Samaniego, la condena fue de 152 meses de prisión; para Juan Daniel Tribunal concede plazo para recurso de casación en el caso Blue Apple PROCESO JUDICIAL Girón, 64 meses de cárcel; y para César Jaramillo, 72 meses de arresto. También se dictó una pena de 80 meses de prisión a George Joseph Moreno y de 60 meses de cárcel a Alcides Bernal. El tribunal confirmó el fallo del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, fechado el 13 de noviembre de 2023 y firmado por la jueza Baloisa Marquínez, al considerar que los argumentos de la defensa no lograron desvirtuar las pruebas presentadas por la fiscalía. Asimismo, el tribunal mantuvo el comiso de bienes de varios de los sancionados, incluyendo una villa en el PH Bristol Villas Buenaventura, un apartamento en el PH Wind Rose, en Coco del Mar, un terreno en Mariato, provincia de Veraguas, y cinco cuentas bancarias y plazos fijos. La investigación se inició en octubre de 2017, tras la denuncia de que la sociedad Blue Apple Services recibió coimas de contratistas del Estado durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli. En esta causa también figuran Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del exmandatario, pero debido a su condición de diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen), su caso está en manos de la Corte Suprema de Justicia. También está bajo competencia de la Corte, por la misma razón, el proceso contra el exministro del MOP Jaime Ford, quien en primera instancia fue condenado a 80 meses de prisión y al pago de una multa de $11.4 millones. Las diligencias fueron iniciadas por la Fiscalía Anticorrupción el 30 de octubre de 2017, luego de que un informe de inteligencia policial hiciera referencia a la sociedad anónima Blue Apple Services, creada por varios miembros del gobierno del período 2010-2014 con el propósito de “disfrazar o blanquear dinero” presuntamente obtenido de coimas o sobornos vinculados a la adjudicación de proyectos de construcción a nivel nacional. Para ello se utilizó el sistema bancario local e internacional, con el fin de dar apariencia legítima a los fondos. Durante la investigación, varios empresarios aceptaron que se les cobraba dinero por la ejecución de contratos de obras con el Estado. Juan Manuel Díaz [email protected] Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Albert Ramdin, secretario general de la OEA. Isaac Ortega Albert Ramdin: ‘La OEA no es un árbitro de alineaciones geopolíticas’ Eliana Morales Gil [email protected] ENTREVISTA El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, visitó Panamá y llamó a evitar tensiones militares. Reivindica a la organización como puente de diálogo y acción concreta en un hemisferio polarizado. En entrevista con La Prensa, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, afirma que el organismo debe demostrar su relevancia mediante acciones concretas y resultados verificables, no solo con discursos. En un hemisferio cada vez más polarizado, sostiene que la OEA debe pasar “de la retórica a la acción”, con hojas de ruta que establezcan objetivos, plazos y responsabilidades claras en los cuatro pilares que sustentan el sistema interamericano: democracia y derechos humanos, seguridad multidimensional, desarrollo integral y cooperación. Ramdin visitó recientemente Panamá, donde se reunió con el presidente José Raúl Mulino y diversos actores de la vida pública. Destacó la posición estratégica del país y su papel como bisagra entre el Caribe y América Central, del Sur y del Norte, así como su potencial para impulsar la Cumbre de las Américas de 2026, que junto con la Asamblea General de la OEA conmemorará los 200 años del Congreso Anfictiónico. A su juicio, Panamá encarna el espíritu integrador que el hemisferio necesita para construir consensos reales y traducir los compromisos de los líderes en resultados tangibles para la ciudadanía. Durante su visita, Ramdin abordó además las tensiones políticas y militares que atraviesan la región. Hizo un llamado a evitar cualquier tipo de escalada y reafirmó el compromiso de mantener al hemisferio occidental como una Zona de Paz, basada en el respeto al derecho internacional y la solución pacífica de las controversias. Subrayó que la Secretaría General actúa dentro de los límites del derecho interamericano: “La OEA no está para inflamar conflictos, sino para reducir tensiones y construir soluciones”. Rechazó pronunciarse sobre alegatos no formalizados, como las supuestas maniobras militares estadounidenses en el Caribe, y enfatizó que la organización solo interviene a solicitud de los Estados miembros y conforme a sus procedimientos. En relación con Venezuela, explicó que su enfoque combina prudencia y principios. La Secretaría busca primero claridad legal sobre el estatus del país dentro del sistema interamericano y, en paralelo, trabaja por restablecer la confianza y la comunicación entre todos los actores, con el objetivo de avanzar hacia un camino democrático y pacífico. Reiteró que cualquier acción debe ser gradual, viable y conducente a reducir los costos sociales y políticos de la crisis. Consultado sobre las relaciones tensas entre Estados Unidos y varios países latinoamericanos, Ramdin fue tajante: “La OEA no es un árbitro de alineaciones geopolíticas; es un puente para que los Estados del hemisferio se escuchen, encuentren terreno común y diseñen soluciones a problemas compartidos”. Añadió que las acciones del organismo están guiadas por la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, sustentadas en los principios de soberanía, no intervención, solución pacífica de controversias y defensa de las libertades fundamentales. Para ejemplificar su visión de una OEA más eficaz, Ramdin citó el caso de Haití. Bajo su dirección, la Secretaría General lidera la elaboración de una Hoja de Ruta para la Paz y la Estabilidad, un plan integral desarrollado junto con las autoridades haitianas, los Estados miembros, la Caricom, observadores permanentes y la ONU. Actualmente, el proyecto se encuentra en su tercera iteración e incluye la definición de etapas, responsabilidades y mecanismos de financiamiento. Este proceso, dijo, demuestra cómo la OEA puede coordinar esfuerzos y movilizar apoyo sin sustituir la soberanía nacional: “La OEA no puede hacerlo todo, pero puede elevar el discurso político, identificar oportunidades y coordinar soluciones colectivas”. El secretario general también destacó la necesidad de comunicar mejor los impactos del trabajo de la organización: misiones de observación electoral que disuaden crisis; asistencia técnica que fortalece instituciones; cooperación en seguridad que reduce riesgos; y programas de desarrollo que generan oportunidades. Cuando los Estados miembros perciben el retorno de su inversión en estabilidad y prosperidad compartida —añadió—, la OEA recupera confianza, legitimidad y estatura política. En cuanto al futuro del organismo, Ramdin propone una modernización institucional que combine transparencia, gestión basada en resultados y evaluación de impacto independiente. Su objetivo hacia 2030 es consolidar una OEA más ágil, digital y creíble, enfocada en la entrega de resultados tangibles: procesos electorales más confiables, instituciones más fuertes, comunidades más seguras y economías con más oportunidades. El diplomático sostiene que la OEA debe ser “la casa común de las Américas”, capaz de articular los esfuerzos de sus miembros y de las organizaciones subregionales para enfrentar los retos compartidos —desde el cambio climático y la migración hasta el crimen organizado y la gobernabilidad democrática—. “Cuando los gobiernos y los ciudadanos sienten mejoras reales —dijo—, la credibilidad regresa. Y con la credibilidad, la OEA recupera plenamente su papel como el espacio natural del diálogo hemisférico”.
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