1A La Prensa Panamá, martes 21 de octubre de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Martes 21 de octubre de 2025 - Año 45 - Nº 15176 Hoy por hoy 203 médicos recién graduados quedaron sin plaza de internado, mientras el país enfrenta un déficit crítico de especialistas, sobre todo cardiólogos y anestesiólogos. La paradoja es evidente: formamos médicos que no pueden completar su entrenamiento y, al mismo tiempo, hospitales del interior carecen de profesionales para atender emergencias vitales. El problema no es coyuntural, sino estructural. Las universidades privadas continúan graduando más estudiantes de los que el sistema puede absorber, sin una planificación conjunta con el Ministerio de Salud ni la Caja de Seguro Social. Formar médicos sin garantizar su campo de práctica es un lujo que Panamá no puede permitirse. La salud pública requiere una estrategia integral: limitar ingresos según la capacidad docente y hospitalaria, abrir más plazas de internado donde se necesiten médicos y estimular la especialización en áreas críticas. Cada médico que no logra formarse es una oportunidad perdida para un país que necesita, con urgencia, fortalecer su sistema de salud. Ellas.pa Panamá Oeste, Herrera y Colón se llevan el triunfo de Talenpro 2025 5B Convocatoria para el Mundial Sub-17 está definida 8A Deportes Panamá retoma enclave portuario estratégico Getzalette Reyes [email protected] Luego de años de litigios entre los antiguos socios de Panama Colón ISLA MARGARITA Mulino ordenó la expropiación ‘extraordinaria’ de 41 fincas en isla Margarita, antiguamente bajo concesión de PCCP, para iniciar la construcción de un nuevo puerto estatal en la entrada atlántica del Canal. Container Port (PCCP) por la titularidad del proyecto portuario de isla Margarita, el presidente José Raúl Mulino ordenó la expropiación “extraordinaria” de 41 fincas ubicadas en la entrada atlántica del Canal de Panamá. Las tierras pertenecían a PCCP, sociedad cuya concesión de fondo de mar fue rescindida por la Autoridad Marítima de Panamá en abril pasado por incumplimientos, atrasos y morosidad en los pagos. El Decreto Ejecutivo 90 del 20 de octubre de 2025 dispone que las fincas sean transferidas a nombre del Estado, mientras persisten los conflictos judiciales entre los antiguos socios del proyecto. VEA 6A Salud pública Exigen plazas para ganarse la idoneidad Médicos recién graduados marcharon desde la plaza 5 de Mayo hasta el Ministerio de Salud a exigir cupos para el internado que les garantiza la idoneidad para poder trabajar. Son 203 los que no lograron un cupo en el proceso de Viva Voz. Las autoridades propusieron retomar la mesa de diálogo el 11 de noviembre para definir nuevos espacios de formación. VEA 5A Anel Asprilla Albert Ramdin Isaac Ortega Albert Ramdin, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), afirma que el organismo debe demostrar su relevancia con acciones concretas y resultados verificables, no solo con discursos. En entrevista con La Prensa, plantea pasar “de la retórica a la acción” mediante hojas de ruta con metas y plazos definidos. Advierte sobre la polarización hemisférica y llama a mantener al continente como Zona de Paz. Destaca, además, el papel de Panamá como puente entre el Caribe y América Central, y su rol clave en la Cumbre de las Américas de 2026. VEA 5A ENTREVISTA Jueces tienen criterios dispares en casos de peculado El Estado se gastó $3,400millones en salarios entre enero y agosto Albert Ramdin: ‘La OEA debe pasar del discurso a la acción” Veintiún exrepresentantes y exfuncionarios imputados por peculado en el uso de fondos de la descentralización recibieron medidas cautelares leves, mientras el presidente José Raúl Mulino cuestiona la falta de rigor judicial en estos casos. VEA 2A El gasto en salarios del Estado subió a $3,400 millones hasta agosto de 2025, con un pico de $450 millones en agosto, según la Contraloría General de la República, reflejando un aumento sostenido de la planilla pública. VEA 3B DESCENTRALIZACIÓN INFORME 3 cambios que propone Rodrigo Paz para Bolivia tras su llegada al poder y el fin de dos décadas de gobiernos de izquierda www.prensa.com/bbc/ ‘Pensé que era el fin’: el comisionado Núñez revive el cerco en Changuinola En esta segunda entrega de la serie sobre lo ocurrido en Bocas del Toro a mediados de 2025, el comisionado Edgardo Núñez revive el cerco en Changuinola: una noche de miedo, fuego y resistencia policial. VEA 4A
2A La Prensa Panamá, martes 21 de octubre de 2025 Un total de 21 exrepresentantes, extesoreros y representantes de corregimiento imputados por delitos de peculado relacionados con el manejo de fondos de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) han sido beneficiados con medidas cautelares distintas a la detención preventiva. En contraste, solo siete enfrentan detención provisional o arresto domiciliario, según resoluciones de los jueces de garantías de distintos circuitos judiciales del país. Fuentes judiciales informaronquehastaahorasehan realizado unas 60 audiencias de imputación, aplicación de medidas cautelares y apelación ante tribunales superiores. En la mayoría de los casos se han impuesto medidas de impedimento de salida del país y notificación periódica, tras imputarse cargos por peculado. Sin embargo, los jueces de garantías han mostrado criterios dispares al valorar los indicios presentados por el Ministerio Público. Uno de los casos más comentados es el del exrepresentante de Barrio Colón (Panamá Oeste), Leopoldo Antonio Lee, a quien el juez de garantías decidió no imputar cargos, al considerar que se violó el debido proceso, pues la Contraloría General no recibió las aclaraciones sobre el uso de los fondos comunales. Otro caso es el del exrepresentante de Salud y actual alcalde de Chagres, Eugenio Delgado, a quien se le atribuye una lesión patrimonial de $1.4 millones, pero el juez le concedió arresto domiciliario. De igual forma, el exrepresentante de Cristóbal Este (Colón), Joel Rodríguez, obtuvo la revocatoria de la detención provisional, reemplazada por notificación mensual, impedimento de salida del país y prohibición de acercarse a la Junta Comunal, pese a que la lesión patrimonial supera el millón de dólares. El exrepresentante de Villa Rosario (Panamá Oeste), Carlos Alberto Montenoir, solo recibió la prohibición de acercarse a los testigos, aunque la investigación detectó una lesión patrimonial de Audiencias por peculado revelan diferencias en aplicación de medidas cautelares JUSTICIA $854,457. Por el contrario, al exrepresentante de El Carate de Las Tablas en Los Santos, Paulino González, se le ordenó detención provisional por un presunto perjuicio de $454,184. En tanto, la exrepresentante de Arosemena (Panamá Oeste), María Jaén, mantiene arresto domiciliario, pese a que se le atribuye una lesión de $671,936. También se decretó detención preventiva al exrepresentante de Coclé, Gustavo Nelson Márquez, investigado por el manejo irregular de $92,797. Los procesados están vinculados con irregularidades en el uso de fondos de descentralización entre 2019 y 2024, específicamente del Programa de Desarrollo e Interés Social (PDIS), destinados a proyectos en comunidades de escasos recursos. El presidente José Raúl Mulino ha manifestado su descontento por la benevolencia de algunas medidas cautelares en casos de alto perfil. En una conferencia el 2 de octubre, calificó de “burla” que personas vinculadas a millonarios desfalcos reciban notificación periódica en lugar de detención, y luego queden en libertad. El Ministerio Público mantiene una lista de 70 exrepresentantes, representantes y alcaldes investigados por peculado en el manejo de fondos del PDIS. Entre las juntas comunales señaladas figuran la de Belisario Porras, con más de $8 millones, y Amelia Denis de Icaza, con $5.5 millones, cuyos exrepresentantes aún no tienen definida su situación jurídica. En el marco de estas investigaciones,laFiscalíaAnticorrupción realizó diligencias en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Nacional (BNP) para ubicar información sobre los desembolsos efectuados por la AND a 70 juntas comunales y municipios en 2024. Datos oficiales de la entidad revelan que se detectaron $320 millones sin sustento en el denominado PDIS, conocido como la “descentralización paralela”. Hasta la fecha, se han presentado 294 denuncias ante el Ministerio Público por el presunto mal uso de fondos en 257 juntas comunales y 37 municipios, con un monto investigado que supera los $213 millones. Juan Manuel Díaz [email protected] El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales concedió un término de 15 días a los defensores del exministro de Obras Públicas (MOP) Federico Suárez, George Joseph Moreno, Riccardo Francolini, Alcides Bernal y otras tres personas para formalizar el recurso de casación contra la condena impuesta por la comisión de los delitos de peculado y blanqueo de capitales a través de la sociedad Blue Apple. En este caso, también anunciaronapelaciónlosabogados de Juan Daniel Girón, César Jaramillo y Octavio Samaniego, igualmente condenados a penas de prisión. A través del edicto No. 224, fijado el pasado 17 de octubre en el tablero del Tribunal Superior de Liquidación, se informó a los abogados defensores sobre el término establecido para la presentación del recurso. También deberá sustentar recurso de casación la Fiscalía Anticorrupción, que recurrió las absoluciones otorgadas a Antonio Donadío, Jaime Martín de la Espriella, Luis A. AriasyMelinaCano. A su vez, el tribunal informó que los 370 tomos de la investigación serán puestos a disposición de la fiscalía y de los abogados defensores a través de un enlace electrónico, mientras que el expediente físico permanecerá en la sede del tribunal, ubicada en el Palacio de Justicia Gil Ponce, por razones de seguridad. En el caso del exministro Federico Suárez, el tribunal le mantuvo una condena de 158 meses de prisión y una multa de $2.4 millones. A Riccardo Francolini le impuso 60 meses de cárcel y una multa de $470 mil. Para Octavio Samaniego, la condena fue de 152 meses de prisión; para Juan Daniel Tribunal concede plazo para recurso de casación en el caso Blue Apple PROCESO JUDICIAL Girón, 64 meses de cárcel; y para César Jaramillo, 72 meses de arresto. También se dictó una pena de 80 meses de prisión a George Joseph Moreno y de 60 meses de cárcel a Alcides Bernal. El tribunal confirmó el fallo del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, fechado el 13 de noviembre de 2023 y firmado por la jueza Baloisa Marquínez, al considerar que los argumentos de la defensa no lograron desvirtuar las pruebas presentadas por la fiscalía. Asimismo, el tribunal mantuvo el comiso de bienes de varios de los sancionados, incluyendo una villa en el PH Bristol Villas Buenaventura, un apartamento en el PH Wind Rose, en Coco del Mar, un terreno en Mariato, provincia de Veraguas, y cinco cuentas bancarias y plazos fijos. La investigación se inició en octubre de 2017, tras la denuncia de que la sociedad Blue Apple Services recibió coimas de contratistas del Estado durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli. En esta causa también figuran Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del exmandatario, pero debido a su condición de diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen), su caso está en manos de la Corte Suprema de Justicia. También está bajo competencia de la Corte, por la misma razón, el proceso contra el exministro del MOP Jaime Ford, quien en primera instancia fue condenado a 80 meses de prisión y al pago de una multa de $11.4 millones. Las diligencias fueron iniciadas por la Fiscalía Anticorrupción el 30 de octubre de 2017, luego de que un informe de inteligencia policial hiciera referencia a la sociedad anónima Blue Apple Services, creada por varios miembros del gobierno del período 2010-2014 con el propósito de “disfrazar o blanquear dinero” presuntamente obtenido de coimas o sobornos vinculados a la adjudicación de proyectos de construcción a nivel nacional. Para ello se utilizó el sistema bancario local e internacional, con el fin de dar apariencia legítima a los fondos. Durante la investigación, varios empresarios aceptaron que se les cobraba dinero por la ejecución de contratos de obras con el Estado. Juan Manuel Díaz [email protected] Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Albert Ramdin, secretario general de la OEA. Isaac Ortega Albert Ramdin: ‘La OEA no es un árbitro de alineaciones geopolíticas’ Eliana Morales Gil [email protected] ENTREVISTA El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, visitó Panamá y llamó a evitar tensiones militares. Reivindica a la organización como puente de diálogo y acción concreta en un hemisferio polarizado. En entrevista con La Prensa, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, afirma que el organismo debe demostrar su relevancia mediante acciones concretas y resultados verificables, no solo con discursos. En un hemisferio cada vez más polarizado, sostiene que la OEA debe pasar “de la retórica a la acción”, con hojas de ruta que establezcan objetivos, plazos y responsabilidades claras en los cuatro pilares que sustentan el sistema interamericano: democracia y derechos humanos, seguridad multidimensional, desarrollo integral y cooperación. Ramdin visitó recientemente Panamá, donde se reunió con el presidente José Raúl Mulino y diversos actores de la vida pública. Destacó la posición estratégica del país y su papel como bisagra entre el Caribe y América Central, del Sur y del Norte, así como su potencial para impulsar la Cumbre de las Américas de 2026, que junto con la Asamblea General de la OEA conmemorará los 200 años del Congreso Anfictiónico. A su juicio, Panamá encarna el espíritu integrador que el hemisferio necesita para construir consensos reales y traducir los compromisos de los líderes en resultados tangibles para la ciudadanía. Durante su visita, Ramdin abordó además las tensiones políticas y militares que atraviesan la región. Hizo un llamado a evitar cualquier tipo de escalada y reafirmó el compromiso de mantener al hemisferio occidental como una Zona de Paz, basada en el respeto al derecho internacional y la solución pacífica de las controversias. Subrayó que la Secretaría General actúa dentro de los límites del derecho interamericano: “La OEA no está para inflamar conflictos, sino para reducir tensiones y construir soluciones”. Rechazó pronunciarse sobre alegatos no formalizados, como las supuestas maniobras militares estadounidenses en el Caribe, y enfatizó que la organización solo interviene a solicitud de los Estados miembros y conforme a sus procedimientos. En relación con Venezuela, explicó que su enfoque combina prudencia y principios. La Secretaría busca primero claridad legal sobre el estatus del país dentro del sistema interamericano y, en paralelo, trabaja por restablecer la confianza y la comunicación entre todos los actores, con el objetivo de avanzar hacia un camino democrático y pacífico. Reiteró que cualquier acción debe ser gradual, viable y conducente a reducir los costos sociales y políticos de la crisis. Consultado sobre las relaciones tensas entre Estados Unidos y varios países latinoamericanos, Ramdin fue tajante: “La OEA no es un árbitro de alineaciones geopolíticas; es un puente para que los Estados del hemisferio se escuchen, encuentren terreno común y diseñen soluciones a problemas compartidos”. Añadió que las acciones del organismo están guiadas por la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, sustentadas en los principios de soberanía, no intervención, solución pacífica de controversias y defensa de las libertades fundamentales. Para ejemplificar su visión de una OEA más eficaz, Ramdin citó el caso de Haití. Bajo su dirección, la Secretaría General lidera la elaboración de una Hoja de Ruta para la Paz y la Estabilidad, un plan integral desarrollado junto con las autoridades haitianas, los Estados miembros, la Caricom, observadores permanentes y la ONU. Actualmente, el proyecto se encuentra en su tercera iteración e incluye la definición de etapas, responsabilidades y mecanismos de financiamiento. Este proceso, dijo, demuestra cómo la OEA puede coordinar esfuerzos y movilizar apoyo sin sustituir la soberanía nacional: “La OEA no puede hacerlo todo, pero puede elevar el discurso político, identificar oportunidades y coordinar soluciones colectivas”. El secretario general también destacó la necesidad de comunicar mejor los impactos del trabajo de la organización: misiones de observación electoral que disuaden crisis; asistencia técnica que fortalece instituciones; cooperación en seguridad que reduce riesgos; y programas de desarrollo que generan oportunidades. Cuando los Estados miembros perciben el retorno de su inversión en estabilidad y prosperidad compartida —añadió—, la OEA recupera confianza, legitimidad y estatura política. En cuanto al futuro del organismo, Ramdin propone una modernización institucional que combine transparencia, gestión basada en resultados y evaluación de impacto independiente. Su objetivo hacia 2030 es consolidar una OEA más ágil, digital y creíble, enfocada en la entrega de resultados tangibles: procesos electorales más confiables, instituciones más fuertes, comunidades más seguras y economías con más oportunidades. El diplomático sostiene que la OEA debe ser “la casa común de las Américas”, capaz de articular los esfuerzos de sus miembros y de las organizaciones subregionales para enfrentar los retos compartidos —desde el cambio climático y la migración hasta el crimen organizado y la gobernabilidad democrática—. “Cuando los gobiernos y los ciudadanos sienten mejoras reales —dijo—, la credibilidad regresa. Y con la credibilidad, la OEA recupera plenamente su papel como el espacio natural del diálogo hemisférico”.
3A La Prensa Panamá, martes 21 de octubre de 2025
4A La Prensa Panamá, martes 21 de octubre de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] PATRONAL. En la mayoría de los países del continente se celebra el Día del Padre el tercer domingo de junio. Así sucede en Panamá desde 1949, por virtud de una ley. Ahora, el diputado chiricano Ricardo Vigil se ha antojado de cambiar esa fecha porque, según él, al ser variable, pasa desapercibida. ¿Qué fecha propone? Pues nada menos que el 19 de marzo, que es la máxima festividad patronal en su provincia y el día principal de la Feria Internacional de David. ¿Acaso pensó que iba a arrastrar a todo el país con su capricho sin que nadie se diera cuenta? Si no encuentra nada importante sobre lo que deba legislar, lea los comentarios. Nuestros lectores seguramente podrán darle algunas ideas que sí valen la pena. COPARTIDARIA I. La diputada Yamireliz Chong observó que, en la planilla legislativa, hay personal con 10 años de servicio que todavía figura como “eventual”. En cambio, la directora de Recursos Humanos, Marielus De León, quien ingresó a la entidad el pasado 10 de julio, devengando $6,000 mensuales ($5,000 como salario y $1,000 como “gastos”), ya aparece como funcionaria “permanente”. No se sabe si Marielus —quien además es copartidaria de Jorge Herrera— es buena administrando los recursos humanos, pero no cabe duda de que, con los recursos propios, es una campeona. COPARTIDARIA II. La subdirectora de Recursos Humanos, Nilda Aparicio, también gana $6,000 al mes. Ingresó a la planilla legislativa durante la presidencia de Herrera (en su caso, en septiembre pasado) y ya tiene la permanencia. Igualito que la jefa. Si la apertura de la caja de Pandora soltó todos los males de la Grecia antigua, imagínense lo que hace la Asamblea en Panamá. DIPLOMACIA. El pasado viernes, el rector de la Universidad de Panamá (UP), Eduardo Flores, se reunió con la embajadora de Panamá en China y, posteriormente, recibió la visita de una delegación de la embajada estadounidense. Ambas reuniones fueron muy cordiales y se dieron a conocer al público con la misma preponderancia. Esta es una prueba de que no se necesita ser ni Nelson Mandela ni Ángela Merkel para Vistas del estadio Calvin Byron tras el incendio que lo destruyó casi en su totalidad. Cortesía La última trinchera del comisionado Núñez Adelita Coriat ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] SEGUNDA ENTREGA Edgardo Núñez fue el encargado de dirigir el operativo para desbloquear las calles que llevaban unos dos meses cerradas debido a las protestas. En papel, la misión parecía fácil; una vez allí todo se complicó. Por primera vez desde los disturbios que estremecieron a Bocas del Toro en junio de 2025, el comisionado Edgardo Núñez, jefe de la Operación Omega, cuenta lo que vivió desde el otro lado de las protestas. La suya no es solo la voz de un policía que cumplía órdenes, sino la de un oficial que asegura haber enfrentado una de las situaciones más críticas en la historia reciente del país. Durante poco más de dos semanas, entre el 13 y el 29 de junio, la provincia fue escenario de una confrontación que paralizó el tránsito, fracturó comunidades y dejó una estela de denuncias por abusos policiales, violaciones de derechos humanos, daños materiales y violencia contra los policías. En el centro de aquella tormenta estaba Núñez, encargado de dirigir el operativo para desbloquear las calles que llevaban más de dos meses cerradas debido a las protestas contra la Ley 462 de la Caja de Seguro Social, encabezadas en gran parte por trabajadores de la industria bananera. La misión, recuerda, parecía ser simple en el papel: implementar el operativo que consistía en cinco fases concretas que debían restablecer el orden y garantizar la libre circulación. Pero lo que se encontró sobre el terreno se asemejaba más a un laberinto sin salida. Núñez describe escenas de tensión y miedo, como la del 14 de junio, cuando 60 de sus hombres y 15 agentes más quedaron sitiados en el cuartel de Almirante apenas al de Almirante apenas al inicio de la operación. Aquella jornada fue solo el preludio de lo que vendría días después, cuando el 20 de junio, en pleno estadio Calvin Byron, 112 policías quedaron rodeados por cerca de mil 500 manifestantes. El comisionado recuerda el episodio del estadio como el punto de quiebre de la Operación Omega. Afuera, los manifestantes lanzaban piedras, bombas Molotov y fuegos artificiales contra los policías. Dentro del estadio, sin refuerzos inmediatos, con los gases lacrimógenos y las balas de goma casi agotadas, Núñez vio en peligro la integridad de sus hombres y la suya. “Pensé que era el final”, confiesa. Explica cómo logró sacar adelante uno de los momentos más intensos de la operación, después de más de 10 horas de constantes enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, que los superaban en cantidad. Pero el asedio dejó heridas que todavía supuran. Tras los enfrentamientos, la Policía Nacional realizó 274 detenciones que se tramitaron ante el Ministerio Público; otras 79 fueron resueltas por un juez de paz. Todo esto bajo el amparo del decreto ejecutivo del 20 de junio, que declaró Bocas del Toro en estado de emergencia. El documento permitía aprehensiones y allanamientos sin orden judicial para capturar a los presuntos responsables de los saqueos y actos de vandalismo que ocurrieron el 19 de junio. Esta situación, sin embargo, desató una avalancha de denuncias por maltratos y abusos policiales. Las imágenes de aprehensiones violentas y testimonios de pobladores circularon en redes sociales y multiplicaron las críticas. Núñez no evadió el tema durante nuestra conversación , pero aseguró que sus hombres actuaron bajo una presión extrema y apegados a la ley de la institución. “No fue una simple protesta —sostiene—. Lo que enfrentamos fue una guerrilla de baja intensidad”. Esta investigación de melodijoadelita.com se realizó bajo el auspicio de las becas de periodismo de investigación Justicia Hoy de la Fudación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana - Capítulo Panameño de Transparencia Internacional y se publica en alianza con La Prensa. Juan Manuel Díaz [email protected] Juzgado niega recurso de nulidad a Dangelo Ramírez en caso de pandillerismo DELITO CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales negó un recurso de nulidad presentado por la defensa de Dangelo Dayán Ramírez Ramea, dentro del proceso que se le sigue por los delitos contra la seguridad colectiva, asociación ilícita y pandillerismo agravado. En el Edicto No. 1179, expedido por ese despacho judicial y firmado por la jueza Águeda Rentería, se informa del rechazo al recurso interpuesto por la firma Fonseca, Barrios & Asociados. Ramírez Ramea permanece detenido en la cárcel La Picota, en Colombia, a la espera de que culmine su proceso de extradición a Panamá, derivado de una condena de 12 años de prisión por el delito de blanqueo de capitales, además del proceso que enfrenta por pandillerismo y asociación ilícita. En 2023, Ramírez Ramea fue detenido por las autoridades colombianas tras un requerimiento de las autoridades panameñas. Al momento de su captura llevaba tres años ocultándose. Según las investigaciones, viajaba periódicamente a las ciudades de Cartagena, Barranquilla, Medellín y Cali, con el propósito de comercializar vehículos de alta gama para dar apariencia legal a dineros procedentes del narcotráfico. Su captura fue posible gracias a un trabajo de vigilancia y seguimiento realizado por agentes colombianos, quienes lo ubicaron en un gimnasio al que acudía con frecuencia y donde debía registrar su huella digital para ingresar. A Ramírez Ramea, señalado por las autoridades como líder de la banda “Calor Calor”, se le vincula con una red dedicada al tráfico de drogas mediante botes de pesca artesanales, grupo que fue desmantelado en octubre de 2022 durante la Operación Tocumen. La sentencia condenatoria fue expedida el 23 de febrero de 2024, y notificada mediante el Edicto No. 269 del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales. El fallo ordena que Ramírez y el resto de los condenados sean enviados a un centro penitenciario para cumplir la pena impuesta. A esta red criminal se le decomisó, en 2019, un cargamento de 500 kilos de cocaína que era movilizado por las costas del Pacífico panameño. Además, el 28 de septiembre de 2009, a Ramírez Ramea se le incautó un millón de dólares en efectivo durante un operativo policial en Campo Lindbergh. En la diligencia se encontraron 29 paquetes plásticos sellados con dinero, un arma de fuego y tres teléfonos celulares, en uno de los cuales se hallaron imágenes de bultos de droga y dinero. manejar temas institucionales con las potencias de los dos extremos ideológicos del mundo. VIGILANTES. Se ha organizado el “Movimiento de Abogados de la Patria” para darle seguimiento al cumplimiento del fallo de la Corte que declaró inconstitucional el contrato-ley de la mina en Donoso. En el grupo están Roberto Ruiz Díaz, Silvio Guerra y Juan Ramón Sevillano, entre otros. ¿Qué pasa si el Estado decide asumir la explotación y contratar a un operador privado con experiencia? Ramírez Ramea fue detenido en Colombia a raíz de una solicitud de extradición. Cortesía BOCAS DEL TORO Escanee el código QR y acceda a la segunda entrega en prensa.com
5A La Prensa Panamá, martes 21 de octubre de 2025 Panorama Protesta ante el Minsa de los recién graduados. Anel Asprilla Nuevos médicos: ‘Queremos servir, pero no tenemos dónde’ Aleida Samaniego C. [email protected] SERVICIOS DE SALUD La ausencia de cupos en hospitales del Minsa y de la CSS dejó a 203 egresados sin poder realizar su práctica médica, requisito obligatorio para ejercer en el país. Los médicos recién graduados que se quedaron sin plaza de internado en el último proceso de Viva Voz acudieron ayer al Ministerio de Salud (Minsa) para exigir una pronta solución; sin embargo, no recibieron respuesta inmediata. Las autoridades propusieron retomar la mesa de diálogo el próximo 11 de noviembre, fecha en la que se espera definir los lugares donde los aspirantes podrán realizar su internado. En total, 203 médicos quedaron sin plaza, aunque dos de ellos renunciaron a los cupos que aún quedaban disponibles. La asignación de plazas se realiza por orden de puntaje: quienes obtienen mejores resultados en el Examen de Certificación Básica en Medicina tienen prioridad para escoger el hospital formador del Minsa o de la Caja de Seguro Social (CSS) en el proceso de Viva Voz. El internado médico dura dos años: el primer año se realiza en hospitales de alta complejidad en la ciudad de Panamá y el segundo en hospitales del interior o de segundo nivel, con el objetivo de que los médicos adquieran competencias clínicas diversas. Sin embargo, la capacidad de esos hospitales es limitada: cada interno debe supervisar un mínimo de diez camas para garantizar un aprendizaje adecuado. Si se aceptan más internos sin ampliar la infraestructura, la proporción se diluye y se compromete la calidad del entrenamiento. Disparidad entre egresados y plazas Desde tempranas horas de la mañana, los médicos se concentraron en la plaza 5 de Mayo y marcharon hasta la sede del Minsa, a las faldas del Cerro Ancón. Allí fueron recibidos por Serafín Sánchez, asesor del Minsa; Mayra Abood, jefa del Departamento Nacional de Formación y Capacitación de Recursos Humanos; y Paulino Vigil De Gracia, director nacional de Docencia e Investigación de la CSS. A la reunión también asistieron los diputados Betserai Richards y Yarelis Rodríguez, vicepresidenta de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional. Rodríguez, diputada independiente, calificó la situación como un problema de planificación estructural, señalando que las universidades están graduando más médicos de los que el sistema puede absorber. “La disparidad entre el número de egresados y las plazas disponibles es lo que ha provocado esta situación. Por eso propusimos establecer una planificación clara: cuántos hospitales hay, cuántas plazas existen y cuántos egresados se proyectan”, explicó. Por su parte, Richards lamentó que los jóvenes tengan que salir a protestar para reclamar un derecho fundamental. “El Estado panameño tiene la obligación de garantizar que los médicos graduados accedan al internado y obtengan su idoneidad”, declaró. También enfatizó que “la falta de presupuesto no puede seguir siendo una excusa” y aseguró que la Asamblea está dispuesta a respaldar con recursos económicos las medidas necesarias para integrar a estos jóvenes al sistema de salud. El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, explicó que, desde que asumió el gobierno, se ha trabajado con expertos nacionales, médicos y representantes de gremios en una mesa de trabajo para dar solución a la situación. Destacó que su administración logró nombrar a 805 internos en primer año y 704 en segundo, saldando la mora de nombramientos acumulada por gobiernos anteriores. Este año se nombraron 294 nuevas plazas, incluyendo 37 que habían quedado pendientes de procesos anteriores. Paulino Vigil De Gracia, director nacional de Docencia e Investigación de la CSS, indicó que las facultades de Medicina de las universidades privadas no tienen límite para el ingreso de estudiantes —a diferencia de la Universidad de Panamá— lo que ha llevado a que se rebase anualmente la cifra de 800 graduados. Anteriormente, con los egresados del extranjero, el número máximo era de 150 por año. El director nacional de Docencia e Investigación advirtió que, aunque se abren más plazas porque se cuenta con el presupuesto, surge otro problema: la capacidad hospitalaria y docente para recibir a los médicos graduados durante su formación de internado. La problemática revela una tensión entre la demanda de formación médica y la infraestructura disponible en el sistema público de salud. La marcha al Minsa no solo fue un reclamo individual, sino un reclamo colectivo por fortalecer un sistema que requiere urgentemente más espacios, tanto físicos como formativos, para consolidar una atención de calidad. En conclusión, la carencia de plazas de internado para 203 médicos recién graduados no se reduce a una simple demora administrativa: es un obstáculo real para la integración de nuevos profesionales al sistema de salud panameño y una advertencia clara sobre la urgencia de establecer una planificación estratégica en la formación del recurso humano médico. Garantizar que estos profesionales puedan completar su formación en tiempo y forma es esencial —no sólo para ellos— sino para la salud de la población que esperan servir. El empresario Carlos Raúl Piad aspira a la presidencia del Partido Panameñista en una elección interna marcada por la pugna entre la renovación y la continuidad. Su rival es Jorge Herrera, presidente de la Asamblea Nacional y primer vicepresidente del colectivo. Piad, quien se define como un panameñista “sin ataduras”, propone “rescatar al partido de sí mismo”. Su discurso mezcla autocrítica y promesas de reforma interna: “Hemos tenido dos derrotas consecutivas, en 2019 y 2024, y alguien debe asumir la responsabilidad. Si no analizamos nuestros errores, no podemos corregirlos”. El dirigente sostiene que las raíces del problema son estructurales. “De los once miembros de la junta directiva, diez fueron candidatos. ¿Dónde estaban el día de las elecciones? En sus campañas. Ese conflicto de interés debilitó al panameñismo”, explica. Para Piad, la crisis no es solo electoral, sino moral. “Probablemente tengamos que rescatarnos de nosotros mismos, de las prácticas clientelistas que dominan desde hace 15 o 20 años. Hoy muchos preguntan primero qué hay para mí antes de pensar en soluciones. Hemos perdido la discusión ideológica; los grandes temas nacionales ya no se debaten en el partido, sino en la Asamblea”. El empresario asegura que su nómina no incluye diputados ni funcionarios del Legislativo, en contraste con la lista de Herrera, que agrupa a figuras de la Asamblea y gobiernos locales. “Más de lo mismo. No entiendo cómo pueden dirigir el partido y atender al mismo tiempo sus circuitos, comisiones y campañas. Este trabajo no se puede hacer en los ratos libres”, dice. Piad se retiró de sus empresas en octubre pasado para dedicarse por completo a recorrer el país. Su propuesta central es una reforma de los estatutos que prohíba que los miembros de la junta directiva aspiren a cargos de elección popular dos años antes de los comicios. Además, promete transparencia total en el uso de los fondos del subsidio electoral: “Los partidos deben rendir cuentas detalladas. Los recursos del subsidio son dinero de los panameños, no de los partidos”. También se declara firme partidario de mantener al panameñismo en la oposición al gobierno de José Carlos Raúl Piad: ‘El panameñismo necesita rescatarse de sí mismo’ ENTREVISTA Raúl Mulino. “La ciudadanía votó en 2024 para que fuéramos oposición, no aliados del gobierno”, afirma. Rechaza las versiones que lo vinculan con la expresidenta Mireya Moscoso como un puente hacia el oficialismo. “Tengo una amistad con la señora presidenta y le tengo cariño, pero mis decisiones políticas las tomo por mí mismo. Cuando he sido jefe de campaña, nunca pedí permiso a nadie”. Piad dice haber financiado personalmente su campaña interna, con el apoyo puntual de un amigo. “Publicaré la lista de aportes con total transparencia”, asegura. Su mensaje al panameñista de base es directo: “Entiendo la desilusión, pero este es el momento de corregir el rumbo. Si logramos hacer este cambio, el partido estará preparado para 2029”. La elección del nuevo presidente panameñista está prevista para el 23 de noviembre. Ese día —dice Piad— los convencionales decidirán entre la continuidad de las viejas estructuras o una apuesta por la regeneración. “Ojalá voten con convicción y no por necesidad. Ese día no se juega un salario, se juega el futuro de Panamá.” Eliana Morales Gil [email protected] Carlos Raúl Piad. Jean Carlo Mendoza Santiago Peña. Cortesía Asamblea celebra sesión especial por la visita del presidente de Paraguay LEGISLATIVO Eliana Morales Gil [email protected] La Asamblea Nacional celebró ayer una sesión especial a raíz de la visita al palacio Legislativo del presidente de Paraguay, Santiago Peña. La visita del mandatario paraguayo se produce pocos días después de que el presidente José Raúl Mulino sancionara la ley que ratifica la incorporación de Panamá como Estado Asociado del Mercosur, un documento previamente aprobado por la Asamblea Nacional. Fue una sesión especial cargada de simbolismo político y diplomático. El presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, abrió la sesión con un discurso de tono solemne en el que destacó la “amistad entre Panamá y Paraguay” y el respaldo del país guaraní al ingreso panameño al Mercosur como país observador. Presentó la visita como un gesto de fortalecimiento institucional y habló de “diplomacia legislativa moderna”. “Panamá valora profundamente el respaldo firme que Paraguay ha expresado hacia nuestro proceso de incorporación como Estado Asociado del Mercosur”, dijo Herrera, subrayando la coincidencia política entre ambos gobiernos. Santiago Peña, por su parte, pronunció un discurso extenso y cuidadosamente estructurado. Desde el inicio se presentó como “un hermano latinoamericano” y apeló a una visión de integración regional basada en la cooperación económica, la estabilidad institucional y la paz hemisférica. Subrayó las “complementariedades” entre Paraguay y Panamá: el primero, con su potencial agroindustrial y energético; el segundo, con su plataforma logística y financiera global.
6A La Prensa Panamá, martes 21 de octubre de 2025 Panorama Patio de contenedores en isla Margarita, Colón. Cortesía Ordenan expropiación de 41 fincas en isla Margarita Getzalette Reyes [email protected] DECRETO EJECUTIVO El Ejecutivo ordenó la expropiación de 41 fincas en isla Margarita, Colón, para recuperar el proyecto portuario de la fallida concesionaria PCCP. El presidente de la República, José Raúl Mulino, ordenó la expropiación “extraordinaria” de 41 fincas ubicadas en isla Margarita, en la provincia de Colón, en la entrada atlántica del Canal de Panamá. Las fincas están a nombre de Panamá Colón Container Port Inc. (PCCP), sociedad que tenía una concesión de fondo de mar para desarrollar un puerto y un patio de contenedores. Las fincas habían sido embargadas por un antiguo socio de PCCP, en medio de un litigio por la titularidad del proyecto. En abril pasado, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) había rescindido la concesión de fondo de mar por incumplimiento en el cronograma del proyecto, entre otras anomalías. La orden de expropiar las tierras fue adoptada a través del Decreto Ejecutivo 90 del 20 de octubre de 2025, ya promulgado en la Gaceta Oficial, firmado por Mulino, con el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac. Mulino alega “motivos de interés social urgente” para justificar la medida, cuyo objetivo es permitir al Estado panameño iniciar la construcción de una nueva facilidad portuaria en el lugar. En varias ocasiones, Mulino ha expresado su inconformidad por el manejo de la concesión, que ha estado paralizada en los últimos años, de manera intermitente. A través de este acto, se dispone que las 41 fincas inscritas en la sección de Propiedad del Registro Público de Panamá, pertenecientes a PCCP, sean transferidas a nombre de la Nación. El documento revisa la historia de estos terrenos, que anteriormente formaron parte de las bases militares de Estados Unidos en la antigua Zona del Canal, destacando su posterior traspaso a jurisdicción panameña. PCCP obtuvo la concesión de fondo de mar a través del contrato A-2017-12, firmado el 17 de mayo de 2013, para “desarrollar, operar, administrar y dirigir una terminal para el manejo y transporte de contenedores y carga general”. En el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024), estuvo a punto de perder la concesión, luego de que la Contraloría certificara incumplimientos, atrasos en el cronograma y el vencimiento de las fianzas. Tampoco pagaba los canones a la AMP —que generó una morosidad de $1,012,919.17—. Aunque PCCP alegó en su momento “fuerza mayor” para justificar el incumplimiento de sus obligaciones de inversión (que incluían un capital mínimo de cien millones de dólares) y solicitó una reprogramación del cronograma, el Estado panameño resolvió declarar terminado el contrato A-2017-12. La AMP había intentado previamente resolver la situación mediante resoluciones y modificaciones contractuales. El Decreto Ejecutivo No. 90 se ampara en los artículos 48 y 51 de la Constitución Política de la República de Panamá, que facultan al Órgano Ejecutivo para decretar la expropiación o ocupación de la propiedad privada por motivos de interés social, mediante el pago de la debida indemnización. El documento establece los pasos para formalizar el proceso de expropiación: La Dirección General del Registro Público deberá realizar las anotaciones pertinentes y cancelar cualquier gravamen o limitación de dominio sobre los bienes. Se autoriza al Ministerio Público a promover el proceso correspondiente ante el Órgano Judicial, a fin de determinar el monto de la indemnización. Se faculta al Ministerio de Seguridad Pública para garantizar la ocupación de las fincas por parte del Estado. El decreto cuenta con la firma del presidente de la República, José Raúl Mulino, y del ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac. Mulino ha expresado en varias ocasiones su intención de recuperar la concesión, refiriéndose al proyecto de PCCP como una “chimba”. Como se ha informado, la AMP rescindió los contratos debido a incumplimientos en el cronograma de ejecución, morosidad y fianzas vencidas. Cabe mencionar que PCCP ha presentado cuatro amparos de garantías constitucionales para impedir que la AMP suspenda sus contratos de concesión.
7A La Prensa Panamá, martes 21 de octubre de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. moral que destruye el seno de la sociedad: la familia. Cada mujer asesinada representa la consumación de un ciclo de violencia que el Estado no logra interrumpir. Quien busca ayuda enfrenta un proceso judicial revictimizante y una sociedad que juzga en lugar de proteger. Cada vez que en las noticias se presenta un caso de violencia, los comentarios suelen recriminar cómo se vestía, cuál era su vida personal, su familia o cómo actuaba. Nadie merece ni pide ser víctima. ¿Hasta cuándo estamos dispuestos a actuar para cambiar las cifras de vidas perdidas por sueños y suspiros recuperados? ¿O estamos condenados como sociedad a seguir jugando el papel de verdugos digitales en una batalla que, al parecer, solo unos cuantos no temen enfrentar? Todos los días escucho a por lo menos una mujer decirme: “La calle no está de Dios”, “Ten cuidado”, “Me da miedo salir”, “Tengo temor de que la próxima sea yo”, “Ya me compré mi gas pimienta”. ¿En qué nos hemos convertido como sociedad para normalizar que no puedas salir de casa sin preocuparte por tu bienestar, temiendo si hoy tu familia llorará tu pérdida, si llorará porque te vulneraron o si, tan solo hoy, podrás volver a casa? En Panamá, de acuerdo con el Ministerio Público, hasta septiembre de 2025 se registraron doce femicidios, nueve tentativas y quince muertes violentas. El Observatorio de Femicidios estima que más de cien menores han perdido a sus madres, una clara muestra de la ruptura familiar que no llega a los titulares. Estas cifras no reflejan las historias previas de acoso, control o maniLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Una penosa historia Soberanía teralmente desde el 20 de enero, para evitar nuevas subyugaciones y asegurar el apego a los principios establecidos por el ordenamiento internacional. El memorando de entendimiento (MoU) que pende sobre nuestras cabezas —y que he comentado antes— fue apenas el capítulo preliminar de una penosa historia que parece no tener fin. El Tratado de Neutralidad, que no estipula ninguna modalidad de neutralidad del Estado panameño como tal, determina nuestra obligación de mantener el Canal seguro y abierto para todas las naciones, en tiempos de paz o de guerra. Esto es importante para nuestras relaciones internacionales y se vincula con el artículo V, según el cual solo Panamá mantendrá fuerzas e instalaciones “militares” dentro de su territorio nacional. Así las cosas, la responsabilidad que nos impone la neutralidad de la vía interoceánica es la de impedir compromisos que conduzcan a la erosión de su razón de ser. Con esto en mente, reitero algunos reclamos básicos al MoU: (1) alegar que dicho “acuerdo” se extiende “recordando” el Tratado de Neutralidad; (2) cimentarlo en actos cuestionables de la administración anterior; (3) abrirlo a interpretaciones contradictorias; (4) ignorar el impacto geopolítico de tropas extranjeras en Panamá; (5) debilitar nuestra autoridad soberana; y (6) desatender los costos por asumir, incluyendo una nueva contaminación con artefactos explosivos. Apunto apenas lo anterior, invitando a desentrañar el origen, el propósito y el posible resultado de semejantes actos; no es una acometida politiquera, sino un pedido de revisión y rendición de cuentas. El Gobierno Nacional aseguró en su momento que el MoU no es “ni tratado ni convenio”. Estoy de acuerdo: no cumple ni con los requisitos protocolares ni con la capacidad jurídica para serlo. Entonces, ¿qué pretende ser? No es un simple procedimiento funcional, aunque se diga que es una “gestión administrativa” que no nos compromete y que es temporal-renovable. No es así: es formal, detallado, consigna obligaciones, responsabilidades y compromisos concretos con repercusiones constitucionales y legales, y adopta un acuerdo celebrado por medio de un simple intercambio de notas, fechado el 15 y el 20 de septiembre de 2022. Los “intercambios de notas” llevan solamente iniciales no identificables de un funRamón Morales Quijano El país celebra mientras nos matan Femicidios Cuatro horas después de un femicidio doloso frente a una comunidad pacífica, a menos de un minuto de la escena del crimen, el silencio de un pueblo conmocionado fue reemplazado por murgas y fuegos artificiales. Mientras una familia lloraba a su hija, el presidente de la Asamblea Nacional anunciaba su postulación a la presidencia de su partido. Esta cruda escena resume una profunda y desgarradora desconexión de nuestra clase política con la realidad que viven nuestros pueblos. Mientras el país se desangra, ellos hacen fiesta. A nivel mundial, 85,000 mujeres y niñas fueron asesinadas en 2023, de las cuales 51,000 murieron a manos de su pareja o un familiar. Cada diez minutos muere una mujer o niña asesinada por alguien que supuestamente debía protegerla. En América Latina y el Caribe, durante el primer semestre de 2024 se documentaron 2,128 femicidios en dieciséis países, equivalente a doce femicidios diarios. La violencia no solo comienza con golpes; puede manifestarse desde un mensaje que busca controlar hasta amenazas de muerte que terminan por concretarse. El femicidio no es solo el asesinato de una mujer por razón de género. Es una fractura pulación que muchas vivieron, ni el doloroso proceso que sufren sus familias por la normalización del abuso, lo cual evidencia la magnitud del deterioro social que vivimos. Las mujeres panameñas callamos, no solo porque no se nos escucha, sino porque nuestra sociedad nos obliga a reprimir el dolor que llevamos dentro. Nos juzgan y destruyen nuestra integridad si somos capaces de denunciar lo que nos pasó; nos condenan a vivirlo en silencio porque, en muchos casos, el agresor es parte de nuestra familia. Cuando el país se desangra, las autoridades son indiferentes. Las víctimas se vuelven números y deben cargar con la responsabilidad de mantenerse vivas, evitar al agresor y no fallar en el intento. El Estado establece una medida y pareciera que luego se lava las manos. El “poco me importa” se refleja en instituciones abandonadas, presupuestos recortados y promesas vacías. La prevención no puede recaer solo en las mujeres. Debe ser una tarea colectiva en la que sociedad y Estado actúen juntos para educar, acompañar, escuchar y actuar antes de que sea tarde. Basta de una clase política desconectada del dolor del pueblo y de una agenda que no previene la violencia. No podemos seguir escuchando gritos desgarradores de madres que, entre sus brazos, ven cómo sus hijas se desvanecen. No seamos cómplices. Seamos cambio. Opinión LA AUTORA es estudiante de Derecho y Ciencias Políticas, activista social y miembro de JUXLAE. EL AUTOR fue embajador ante la ONU. cionario de la Embajada de Estados Unidos y de otro de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Cancillería —organismos y personas con competencia refutable para pactarlos. La nota verbal NV-2022-074247, del 20 de septiembre, dice textualmente lo siguiente: “Sobre el particular, el Ministerio de Relaciones Exteriores —Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y Tratados— tiene el honor de informar a la Honorable Embajada de los Estados Unidos de América que la propuesta anterior es aceptable al Gobierno de la República de Panamá y que la Nota de esa Honorable Embajada y la presente constituyen un Acuerdo entre nuestros dos Gobiernos, que entrará en vigencia en la fecha de la presente Nota”. El “gobierno” de ese momento actuó así, burlando el artículo 184 (9) de la Constitución Política, que determina que el presidente de la República debe someter los tratados y convenios internacionales a la consideración del Órgano Legislativo. Contrario a la razón, y agregando sal a la herida, el MoU otorga inmunidad a Estados Unidos por los daños que resulten de su oscura “misión en Panamá”, y remata estableciendo que “ninguna disposición del presente Memorando o sus anexos tiene la intención de generar ningún derecho u obligación al amparo del derecho internacional”. Con todo y el disparatado procedimiento utilizado, su contexto es el de un tratado internacional regido por el Derecho Internacional, conforme a la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados. No podemos evitar que Estados Unidos intente usarnos como palanca en su afán de alterar normas y principios internacionales de los que somos parte, pero ya nos toca responder con actitudes en armonía con los ideales y objetivos nacionales, y a través de la institucionalidad jurídica. La confusión deliberada de conceptos, mecanismos y procedimientos es altamente peligrosa, y más en las relaciones internacionales. Para afianzar lo que hemos logrado construir como Estado nación, necesitamos coherencia entre los actos bilaterales y sus consecuencias. Lo propio, entonces, es mantenernos bien distantes de improvisaciones, prácticas desacertadas, medidas carentes de legitimidad procesal y situaciones engañosas. Si creíamos que se había acabado... ¡no! El presidente José Raúl Mulino expresó el jueves pasado su disgusto por las intromisiones de la Embajada de Estados Unidos, que violan los usos y costumbres de las relaciones diplomáticas. Bien hecho; pero eso está sucediendo porque, en su momento, no detuvimos la primera ofensa. Como ejemplo, la improcedente e insolente imputación de que quienes no nos sometemos a sus criterios somos “personas intelectualmente deshonestas”. Tamaño insulto; con seguridad, es una descarga de la visión que tiene de sí mismo quien lo lanzó recién llegado y lo repitió el 5 de octubre en Contrapeso. No ha sido llamado a capítulo, ni por esto ni por su osada injerencia en asuntos propios de este país anfitrión y amistoso. Y siguen. El Comité de Supervisión del Congreso solicitó el 24 de septiembre de 2025 al secretario de Transporte de Estados Unidos un informe sobre cómo el Departamento de Transporte procederá a administrar el Canal si se viola el Tratado de Neutralidad, y acerca de la manera en que contrarrestará la influencia china en Panamá para garantizar (“ensure”) que se mantengan la seguridad y la neutralidad del Canal. Seguidamente, “advirtió” que nuestra situación requiere supervisión. Sabemos que no es ni fácil ni agradable tensar la cuerda con Estados Unidos; tampoco lo es polemizar internamente sobre hechos percibidos como un menoscabo de nuestras instituciones o de la dignidad nacional. Sin embargo, aunque nuestras relaciones con Estados Unidos deben conducirse con prudencia, sin irradiar debilidad, con respuestas que no deriven en insensatez, con legitimidad y con precaución, una entrega por conveniencia puede chocar con nuestras normas jurídicas y con la respetabilidad del país. Por más que lo institucional se interprete como estorbo, no es dable torcer ni violar, por resignación, el sistema establecido de gobernanza. Ante estas circunstancias, resulta válido someter a escrutinio todo lo actuado bilaJossemery Vanegas Ábrego Sin desfiles por la patria Propuesta Como todo gobierno populachero (“populismo” es otra cosa), el nuestro utiliza las expresiones de jolgorio popular para hacerse fotos que hace pasar por aprobación ciudadana. Lo mismo ocurre con el alcalde capitalino, variante en pequeño del mismo peligro que nos viene de Las Garzas. Allí donde haya gente gastando plata para celebrar polleras, sombreros o molas, estará el “Ejecutivo” para acompañarse de “su pueblo”. La patria no es el Estado, ni el gobierno, ni un presidente: es una construcción social, cultural y sentimental, una decisión que se toma cada vez que nos quieren hacer cómplices de la corrupción. La patria se cuida al momento de votar y se mantiene alerta ante los desvíos políticos de quienes gobiernan. Por eso les propongo lo que sigue. Estas fiestas patrias, quédense en su casa. No compren uniformes de batuteras ni de bandas, no se despojen del poco chen chen que tienen solo para darle gusto a una clase política que mentirá otra vez con discursos tricolor y sin soluciones de calado para nuestros grandes problemas. Este noviembre, sin desfiles por la patria, que sean los que no la respetan los que salgan a montar su teatro de mentiras politiqueras. Pero me temo que no hay dignidad patria para hacer eso, o para dejar plantado el desfile navideño: ellos saben que “el panameño es así”, y se gastan cinco millones en eventos internacionales, tres en el desfile navideño y siete en villas diplomáticas, y suma y sigue. Nadie revoca a nadie, todos se aguantan la mecha, “así es mi país”, y los de arriba lo saben: cuentan con su participación para figurar en las fotos que mandan al exterior para mantener la mentira de “el país más próspero de la región”, que vive sin buena educación, con mala salud y con una Biblioteca Nacional en estado paupérrimo. Vayan a los desfiles patrios, celebren la Navidad para los pelaos: los de siempre cuentan con su complicidad por los próximos cuatro años. EL AUTOR es escritor. Pedro Crenes Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. 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