4A La Prensa Panamá, lunes 20 de octubre de 2025 Panorama Bocas del Toro, en época de bonanza, es la provincia que exporta el 90% del banano en el país. Alexander Arosemena La raíz del conflicto: Bocas del Toro, entre la bananera, el sindicato y la represión Adelita Coriat ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] PRIMERA ENTREGA Tras los enfrentamientos entre policías y manifestantes, al menos 290 investigaciones judiciales buscan aclarar responsabilidades. Una provincia que carga el peso de viejos conflictos sociales y económicos aún sin resolver. La Fiscalía de Bocas del Toro mantiene activas al menos 290 investigaciones que buscan esclarecer los hechos ocurridos entre abril y junio de 2025. Entre ellas, se encuentran querellas por tratos crueles ejecutados por la Policía Nacional y las actuaciones violentas de los manifestantes. Enesosdosmeses,lostrabajadores bananeros agrupados en el Sindicato de Trabajadores de las Industrias del Banano, Agropecuario y Empresas Afines (Sitraibana) lideraron las protestas, a las que después se sumaron la población y luego las pandillas, según la versión oficial. La paralización de la provincia por más de 60 días fue motivada por el rechazo a las reformas a la ley orgánica de la Caja de Seguro Social (Ley 462 de 2025), aprobada a finales de marzo por el Legislativo, específicamente por la modificación en el sistema de pensiones y sus implicaciones en el régimen que regula la actividad bananera. El parteaguas de este conflicto ocurrió en un lapso de 48 horas (entre el 19 y 21 de junio), cuando la policía se vio asediada por miles de manifestantes que rodeaban el estadio Calvin Byron. Acciones que horas más tarde derivaron en cientos de aprehensiones y, posteriormente, en denuncias por tratos inhumanos de los uniformados. Por un lado, el Ministerio Público ha imputado —hasta el momento— a un total de 281 personas: 267 adultos y 14 menores de edad. Estas averiguaciones surgen producto de las aprehensiones que realizó la Policía Nacional, amparada en la resolución de estado de urgencia decretada por el gobierno de José Raúl Mulino el 20 de junio —que se prolongó hasta el 29 de junio—, como parte de las acciones para retomar el control de una provincia que parecía ingobernable. Entre los cargos que imputó la Fiscalía de Bocas del Toro a los manifestantes se enlistan presuntos delitos contra la administración pública en la modalidad contra los servidores públicos; por obstaculizar con violencia la ejecución de las funciones de las fuerzas del orden; delitos contra la administración de justicia en la modalidad de receptación de cosas provenientes de un delito; contra el patrimonio económico en la modalidad de hurto agravado y delitos que implican un peligro común, según información proporcionada por el Ministerio Público a Melodijoadelita. Las acusaciones del Ministerio Público son producto de las 361 aprehensiones efectuadas por agentes del orden durante la Operación Omega. De ellas, 299 ocurrieron durante el estado de emergencia. De estas detenciones, 274 casos fueron tramitados ante el Ministerio Público, 79 fueron conciliados ante un juez de paz y ocho casos de menores de edad fueron referidos a la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia. Por otro lado, en la misma fiscalía de Bocas del Toro se interpusieron varias querellas contra la actuación de los policías. Una de ellas, promovida por un grupo de seis abogados particulares en representación de 71 personas que alegaron tratos crueles durante su detención en Changuinola. La denuncia contempla delitos contra las personas y los bienes protegidos, y delitos contra la libertad individual. Al conjunto de denuncias se suman dos peticiones internacionales por supuesto abuso a los derechos humanos. Una denuncia unificada ante el sistema universal de Naciones Unidas de víctimas de Bocas del Toro que suma alrededor de 318 detenidos, y una segunda ante esta misma instancia que comprende a los residentes de Loma Azul, interpuesta por los abogados activistas de la Coordinadora Popular de los Derechos Humanos. El documento, con fecha del 27 de septiembre de 2025, al cual tuvo acceso Melodijoadelita, solicita una visita in situ para hacer las averiguaciones sobre las alegaciones, entre las que se incluyen negación de atención médica; violencia sexual y de género; torturas y tratos crueles, y privación de libertad arbitraria, entre el 14 y el 30 de junio de 2025. La segunda comunicación del mismo grupo de juristas, dirigida a Naciones Unidas, se refiere a cuatro víctimas que presuntamente sufrieron agresiones físicas, uso de gases lacrimógenos dentro de domicilios, un aborto involuntario, en perjuicio de los residentes de Loma Azul, una población de mil habitantes ubicada en Almirante, provincia de Bocas del Toro. ¿Qué sucedió en Bocas del Toro para que se acumularan cientos de denuncias que apuntan a extralimitaciones de ambos bandos? Sumado a lo anterior, en el desarrollo de los enfrentamientos se registraron dos muertes que el Ejecutivo niega que hayan sido consecuencia directa de la actuación de las fuerzas policiales. Esta investigación de Melodijoadelita, realizada con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana y en alianza con el diario La Prensa, consta de cuatro entregas y se basa en múltiples entrevistas y literatura sobre Bocas del Toro. Entre ellas, recoge tanto la versión ofrecida por la policía como los testimonios de las víctimas, que relatan lo ocurrido durante su aprehensión. Más tarde, estos hechos inundaron la fiscalía de denuncias en reclamo de justicia, cada una con sus propios argumentos. Todo ello enmarcado en una provincia históricamente dependiente del banano como motor económico, pero marcada también por rezagos y cuestionamientos en sus indicadores de desarrollo humano. Un Estado dentro de otro Estado Es casi imposible pensar en Bocas del Toro sin asociarla al banano. Mucho antes de que Panamá naciera como república, a fines del siglo XIX, sus tierras fértiles, nutridas por lluvias constantes y un clima generoso, ya eran codiciadas como uno de los mejores rincones del continente para cultivar la fruta. Entonces apareció la United Fruit Company. Llegó al Caribe panameño con el discurso del progreso: puertos, hospitales, escuelas y viviendas. Pero sus promesas no solo trajeron desarrollo, sino que también impusieron un modelo de vida completo bajo su control. El trabajo, el descanso, el pan, el techo y hasta el cura del pueblo… todo pasaba por la empresa. Para la época, la empresa logró una gran aceptación del Estado bajo un mecanismo hábil: concedía préstamos a la nación por las sumas de $200 mil, $300 mil y $3 millones en medio de contratos celebrados en 1927, 1935 y 1950, respectivamente. A su vez, el Estado respondía con generosas concesiones y exoneraciones de impuestos. De esta forma, la nación otorgó todo tipo de permisos y la empresa asumió funciones que corresponden al gobierno, como la administración de la educación, la salud y otros servicios, según recoge el documento La United Fruit Co., Enclave Colonial Panameño del autor Jorge Arosemena. La provincia creció alrededor de las plantaciones bananeras y cacaoteras, y las poblaciones se asentaron en áreas rurales. La United Fruit Company (UFC) organizó la producción en grandes extensiones de tierra conocidas como fincas numeradas consecutivamente, un sistema práctico que permitía a la empresa ubicar a los trabajadores y campamentos según el número de la finca. Un siglo después, la nomenclatura no ha variado. Se estableció así un enclave económico con epicentro en la ciudad de Bocas, pero con tentáculos que se extendían hacia las plantaciones en Changuinola y Almirante —y más allá, en Chiriquí—. Pero esa es otra historia. Por décadas, miles de trabajadores afrocaribeños, indígenas y campesinos labraron la tierra y cargaron racimos hacia barcos con destino a Estados Unidos y Europa. El banano era el rey y su corona brillaba en los trenes que cruzaban la selva cargados de oro verde. Pero no todo era dulzura tropical. Las condiciones laborales eran duras, las jornadas largas y el control absoluto. El silencio era ley, hasta que las huelgas empezaron a romperlo. En los años 1930, luego en 1950 y más adelante en 1970, las plantaciones se convirtieron en campo de batalla social. De esas luchas nacieron los primeros sindicatos rurales y se sembró una conciencia de derechos que aún hoy emerge en las calles de la provincia. Ese dominio de la bananera persiste hasta hoy y se refleja incluso en el temor de muchos a hablar públicamente. Originario de la etnia Ngäbe Buglé y miembro de la Cooperativa de Exportación de Banano del Atlántico, este productor pidió omitir su nombre por miedo a afectar su relación laboral con la empresa. Lo llamaremos Manuel. Antes de nacer, Manuel ya parecía tener un destino marcado: trabajar en las plantaciones de banano. A punto de retirarse, ahora narra en retrospectiva sus primeros años de vida. Es autodidacta. Sus conocimientos los acumuló desde niño, cuando se vio en la necesidad de trabajar al perder a su madre. Como la mayor parte del pueblo, Manuel se integró en la bananera durante su adolescencia, recibiendo apenas cincuenta centavos por jornada. “Si uno reclamaba, lo botaban. No había contrato escrito; todo era apalabrado”, narra el hombre que parece haberlo vivido todo en el tema del banano. La UFC era el principal empleador del pueblo, algo que en la actualidad no deja de ser una realidad. La empresa era como un Estado dentro de otro Estado. Los gobiernos panameños parecían ceder de facto la responsabilidad social de la provincia, dejando a la bananera el dominio económico y comunitario. En lugar de diversificar la economía y estimular otros sectores, el país se volvió dependiente de los ingresos que generaba la compañía. En los años 1970, la productora de banano controlaba más del 50% del total de las exportaciones de bienes en el país ($114 millones), de acuerdo con el escrito elaborado por Arosemena. Cuando surgieron los primeros movimientos de sindicatos bananeros —ya con cierto rencor— en reclamo de mejores condiciones y saCausa de muerte: no concluyente El Ministerio Público intenta esclarecer el fallecimiento de Michelle Becker, una niña de un año y ocho meses de edad, residente en la comunidad Gwari, que según sus padres murió por intoxicación o inhalación de gas pimienta durante una incursión policial a su vivienda. No obstante, los forenses no lograron determinar la causa de la muerte de la menor debido al avanzado estado de descomposición de sus órganos. Según una fuente vinculada a la investigación que solicitó mantener el anonimato, durante la autopsia —realizada tras la exhumación del cuerpo— “los forenses examinaron el hígado y no hallaron presencia de ningún tipo de químicos”. Sin embargo, no fue posible analizar muestras de los pulmones “debido al deterioro que presentaban al momento del examen”, reveló. El segundo fallecimiento corresponde a Roger Montezuma, un joven de 25 años, miembro del pueblo Ngäbe-Buglé, cuya muerte —según el informe forense— fue causada por un disparo. El autor material del hecho aún no ha sido identificado. La versión de sus familiares es que el joven se encontraba en el área de las protestas, Pueblo Nuevo, y “desapareció” en circunstancias aún no esclarecidas. El informe forense explica que el 17 de junio el personal médico del hospital de Chiriquí Grande recibió al paciente sin signos vitales, traído por personal del Servicio Nacional de Fronteras.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxMjQ5NQ==