1A La Prensa Panamá, lunes 20 de octubre de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Lunes 20 de octubre de 2025 - Año 45 - Nº 15175 Hoy por hoy En Bocas del Toro, la pobreza no es solo una estadística: es la consecuencia de un Estado que, durante décadas, confundió la asistencia con la gobernanza. Cuando los servicios públicos fallan y las oportunidades desaparecen, el poder se concentra en figuras locales que reparten favores en lugar de derechos. Ese clientelismo, sostenido por planillas, empleos temporales y promesas de campaña, ha reemplazado al Estado en funciones esenciales y perpetuado la dependencia. La reciente crisis social, con 290 investigaciones abiertas por abusos, muertes y detenciones, no nació del vacío: es el resultado de una estructura política que administra la pobreza en lugar de combatirla. En una provincia donde los hospitales carecen de insumos y los jóvenes de futuro, la protesta se convierte en el único lenguaje disponible. Si algo enseña Bocas del Toro es que la ausencia institucional se paga con violencia. Ninguna democracia puede sostenerse sobre el trueque de lealtades. La justicia y el desarrollo deben volver a ser tareas del Estado. Árabe Unido rescata empate ante Umecit en el último minuto 4B Deportes Panorama Panameñista, entre la renovación y la planilla legislativa 6A Economía Sostenibilidad, motor de crecimiento 2B En 15 años, la deuda pública pasó del 38% al 62% del PIB Panamá enfrenta una carga fiscal creciente: los pagos de intereses ya superan los 3,600 millones de dólares anuales, mientras el servicio total de la deuda alcanzará los 8 mil millones. VEA 1B Bocas del Toro, donde el Estado se desbordó Adelita Coriat ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] Entre abril y junio de 2025, Bocas del Toro vivió una de las crisis sociales más intensas de su En un reportaje de largo aliento reconstruimos los días en que Bocas del Toro se paralizó entre el gas y el banano, exponiendo un conflicto social aún marcado por pobreza y abandono estatal. historia reciente. La Fiscalía mantiene activas 290 investigaciones que buscan esclarecer los hechos ocurridos durante las protestas contra la Ley 462 de la Caja de Seguro Social, impulsadas inicialmente por el sindicato bananero Sitraibana En medio del caos, se registraron cientos de detenciones, denuncias por abusos policiales, torturas y dos muertes aún sin esclarecer. El conflicto expuso la fragilidad institucional de una provincia históricamente dependiente del banano y marcada por altos niveles de pobreza, desigualdad y clientelismo político. La represión estatal, el cierre prolongado de vías y Los llamados a tomar acción contra la violencia se expresan en cada marcha. Archivo Aleida Samaniego José González Pinilla [email protected] El Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) y la Iglesia católica se pronunciaron por separado ante los recientes femicidios en Panamá. El Unfpa, a través de su representante en Panamá, Edith Castillo, llamó a transformar la indignación social en acción concreta para erradicar la violencia de género. Por su parte, el arzobispo José Domingo Ulloa pidió no normalizar el horror y reforzar la educación en valores y respeto a la mujer. De enero a septiembre de 2025 se contabilizan 12 femicidios y nueve tentativas, según los registros del Ministerio Público. VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Femicidios: Unfpa e Iglesia piden convertir la indignación en acción El centroderechista Rodrigo Paz ganó la presidencia de Bolivia con el 54.5% de los votos frente al 45.5% de Jorge Tuto Quiroga, según datos ofrecidos anoche por el Tribunal Supremo Electoral. Su victoria marca el fin de dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo y un viraje moderado hacia políticas promercado. Paz asumirá el próximo 8 de noviembre. SEGUNDA VUELTA Paz gana en Bolivia y ofrece un modelo pro mercado Parque Omar Caminata por la salud mental Cientos de personas vestidas de amarillo participararon ayer en el parque Omar en la caminata familiar organizada por la Sociedad Panameña de Psiquiatría, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora cada 10 de octubre para promover la concienciación y el bienestar emocional a nivel global. El tema elegido este año fue “Acceso a los servicios de salud mental durante catástrofes y emergencias”. Carlos Vidal-Endara la pérdida de empleos agravaron el descontento social. A la par, se reactivaron viejas tensiones entre sindicatos, empresas y líderes locales. Hoy, Bocas del Toro sigue esperando respuestas judiciales y políticas que aborden las causas estructurales del conflicto y eviten que la historia se repita. VEA 4A Y 5A UI UNIDAD INVESTIGATIVA
2A La Prensa Panamá, lunes 20 de octubre de 2025 Cada año, cientos de jóvenes panameños aspiran a ingresar a la carrera de Medicina en la Universidad de Panamá , una de las más demandadas y competitivas del país. El proceso de admisión a la Facultad de Medicina es riguroso y exige superar dos pruebas fundamentales: la de Capacidades Académicas (PCA) y la de Conocimientos Generales (PCG). Según datos de la Oficina de Admisión de la facultad, más de 3,500 aspirantes se inscribieron para el proceso de ingreso de 2026, que abarca diversas carreras del área de la salud: medicina, tecnología médica, nutrición y dietética, salud ocupacional, técnico en urgencias médicas y radiología. La primera prueba (PCA) se realizó el 17 de octubre, mientras que la segunda (PCG) se aplicará el 15 de noviembre. De todos los postulantes, solo 200 lograrán obtener un cupo en la carrera de Medicina. Las restricciones de cupos obedecen a la falta de recursos físicos y humanos, así como a la necesidad de mantener estándares de calidad en la formación médica. Desde 2007, la Facultad de Medicina mantiene una Unos 3,500 aspirantes compiten por 200 cupos en la carrera de medicina UNIVERSIDAD DE PANAMÁ política de selección basada en un cálculo promedio que combina tres factores: el puntaje de la PCA, que representa el 20% del total; el de la PCG, con un 40%; y el promedio de créditos académicos de secundaria, que aporta el restante 40%. Solo los aspirantes con los puntajes más altos en esta ponderación son admitidos. Los resultados de este año muestran la alta competitividad del proceso: el puntaje más bajo para ingresar fue de 71.36%, y el más alto alcanzó 89.64%. Las cifras reflejan la exigencia académica de la facultad y la preparación de los aspirantes, que deben destacarse tanto en las pruebas como en su desempeño escolar previo. Maricela Urroz, directora de Admisión de la Facultad de Medicina, reconoció que la universidad enfrenta un desafío estructural. Explicó que la limitación de recursos físicos, la disponibilidad docente y las plazas para rotaciones clínicas en hospitales influyen directamente en la cantidad de estudiantes que pueden admitirse. Por esa razón, la facultad aplica una modalidad de doble entrada: los primeros 100 estudiantes inician clases en marzo, y los 100 siguientes, en agosto. Este sistema permite distribuir la carga académica y práctica a lo largo del año, garantizando que los estudiantes reciban una formación adecuada y personalizada. Urroz subrayó que la prioridad de la universidad es mantener la calidad académica y asegurar que cada estudiante cuente con las condiciones necesarias para su aprendizaje. “No es que no queramos formar más médicos ni obstaculizar sueños, sino que debemos ser responsables con los recursos que tenemos”, afirmó. Jorge Herrera oficializó su candidatura junto a la representante de Las Cumbres, Zaidy Qu intero. Cortesía @panamenistas El Panameñista se reacomoda: nóminas, alianzas y liderazgos en juego Eliana Morales Gil [email protected] Aleida Samaniego C. [email protected] POLÍTICA La nómina de Jorge Herrera para dirigir al Partido Panameñista incluye diputados, funcionarios de la Asamblea y viejas figuras del colectivo, en una contienda que enfrenta renovación, poder legislativo y viejos liderazgos. Diputados, autoridades de gobiernos locales, funcionarios de la Asamblea y veteranas figuras del Partido Panameñista integran la nómina que presentó el presidente del Legislativo, Jorge Herrera, para renovar el colectivo. Además de Herrera, quien va por la presidencia de la agrupación, en la lista lo acompañan Ariana Coba, diputada del circuito 4-3 (Bugaba y Tierras Altas), que quiere alcanzar la primera vicepresidencia; y Francisco Panchito Brea, diputado del circuito 9-3 (Calobre, Cañazas, San Francisco, Santa Fe), quien aspira a la segunda vicepresidencia. Zaidy Quintero, representante del corregimiento de Las Cumbres, distrito de Panamá, compite por la tercera vicepresidencia. Secretaría y subsecretarías A la secretaría general aspira Ericka González, actual representante del corregimiento de El Muñoz, de Las Tablas, Los Santos, y quien en el gobierno de Juan Carlos Varela fue la directora de la Autoridad Nacional de Descentralización. Por la primera subsecretaría general fue nominado Martín Sucre, esposo de Marielus De León Nieto, directora de Recursos Humanos de la Asamblea, con un salario mensual de $5,000 y otros $1,000 de gastos de representación. Itzi Atencio, diputada suplente del expresidente Varela en el Parlamento Centroamericano (Parlacen), compite por la segunda subsecretaría, y por la tercera apuesta Ilka Varela de Barés, exdirectora de Migración y exembajadora de Panamá en Portugal. Tesorero, subtesorero y vocal El exdiputado Florentino Ábrego quiere ser el tesorero. Mientras que Joel Mogoruza aspira a ser subtesorero y Cristina Ortiz, quien figura en la planilla del Partido Panameñista, aspira a ser vocal. Casi la mitad de los nominados para el directorio nacional están en la planilla legislativa o son autoridades locales. La junta directiva del Partido Panameñista es el órgano encargado de la dirección ejecutiva y administrativa. Su función principal es implementar las políticas y decisiones adoptadas por el directorio nacional, supervisar la ejecución de los planes y programas, y coordinar las actividades de los distintos órganos. Además, tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento del estatuto y los reglamentos internos, así como de representar legalmente al colectivo en actos administrativos y judiciales. Para el directorio Buena parte de los nominados para el directorio nacional están en la planilla legislativa o son autoridades locales. La lista la encabeza Iraida Grael, asesora legal de la Asamblea, con salario de $2,500 mensuales. Allí también está el diputado Roberto Archibold; Karelis Castrejón, representante de corregimiento en Santo Tomás, distrito de Alanje, Chiriquí; y Josimar Camaño, representante de Chilibre. Al igual que Georgina Cubas, quien figura en la planilla de la Asamblea con el cargo de asistente administrativo con sueldo mensual de $5,000; Nayiska Pimentel, quien funge como asesora técnica especializada del Legislativo con salario mensual de $3,000; y David González, asistente administrativo de la Asamblea, con salario de $3,000. Para el directorio también fue postulado Pedro Lomba, cuyo nombre coincide con el de uno de los condenados por un caso de peculado en perjuicio del Banco Nacional. ‘Liderazgo y experiencia’ Los seguidores del presidente de la Asamblea ponderan la diversidad, el liderazgo y la experiencia que representa la nómina. El exministro Mario Etchelecu se pronunció al respecto: “La nómina que acompaña a @jherrerahd manda un mensaje muy claro. Hay miembros que aportan liderazgo, experiencia, otros juventud; el interior está presente y también la capital, donde hay trabajadores y empresarios. Pero lo más destacable es que más de la mitad son mujeres”, escribió en X. Declaraciones de Herrera El propio Herrera apela a sus orígenes y trayectoria en la vida pública como cartas principales para renovar la agrupación: “Vengo de las bases. Nadie me regaló nada, mi trabajo y compromiso me han llevado a donde estoy. Si desde abajo hemos llegado a varios puestos de elección, también podemos volver a levantar este partido. Hoy les digo con orgullo y convicción: ¡Unamos al Partido, Volvamos a ganar!”, dijo. Después de la derrota Las nuevas autoridades del Partido Panameñista se escogerán el domingo 23 de noviembre en una convención nacional extraordinaria. La nómina de Herrera competirá con la del empresario Carlos Raúl Piad, de la línea política de la expresidenta de la República Mireya Moscoso. Los críticos de Piad afirman que Moscoso le entregará el partido al presidente José Raúl Mulino. Hasta el pasado 9 de octubre, la agrupación contaba con 220,736 miembros, de acuerdo a cifras del Tribunal Electoral. Su presidente actual es el exalcalde capitalino José Isabel Blandón, quien en las elecciones del 5 de mayo de 2024 fue el compañero de fórmula presidencial de Rómulo Roux, pero quedaron en cuarto lugar. La llegada de Herrera a la presidencia de la Asamblea ha sido interpretada como una bolsa de oxígeno para esta agrupación. El directorio nacional del Partido Panameñista es el órgano encargado de la dirección política y estratégica. Su función principal es definir las líneas políticas y programáticas, coordinar las actividades políticas a nivel nacional, y supervisar el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones adoptadas por la junta directiva. Además, tiene la responsabilidad de convocar y organizar las convenciones nacionales, elegir a los candidatos para los cargos de elección popular, y promover la unidad y cohesión interna. El pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley 174, que introduce una reforma al Código Penal panameño mediante la modificación del artículo 115 y la creación del artículo 115-A. La iniciativa, presentada por el diputado Jamis Acosta Guerra, del partido Realizando Metas, busca fortalecer un modelo de “justicia restaurativa”, centrado en la reparación del daño y la reconciliación entre las partes. De acuerdo con la reforma, el perdón puede extinguir la pena siempre que se cumplan condiciones como la reparación integral, la voluntad libre de la víctima y la aprobación de un juez que confirme que no existió coacción o amenaza. El nuevo artículo delimita los delitos a los que puede aplicarse el perdón judicial: homicidio culposo simple, lesiones leves, hurto y estafa simples, apropiación indebida, usurpación, daños, calumnia e injuria, falsificación de documentos en perjuicio de particulares y algunos delitos contra la propiedad intelectual. Por el contrario, se excluyen expresamente los delitos contra la libertad e integridad sexual, los que afecten la salud pública, el patrimonio estatal o causen daños graves a terceros. Los impulsores de la medida sostienen que este cambio permitirá reducir la carga judicial y penitenciaAvalan reforma que amplía el alcance del perdón y permite eliminar condenas ASAMBLEA NACIONAL ria, particularmente en casos de delitos menores o patrimoniales. Según Acosta, la saturación de causas de baja gravedad en los tribunales limita la eficiencia del sistema y mantiene privadas de libertad a personas que podrían reintegrarse mediante reparación y conciliación. No obstante, la reforma ha generado críticas. El diputado José Pérez Barboni, del movimiento Otro Camino, advirtió que al permitir que una condena dependa de la voluntad de la víctima, el Estado cede parte de su potestad punitiva a un particular. Esto, afirmó, podría debilitar el principio de certeza del castigo y abrir espacio para presiones, negociaciones irregulares o abusos. Expertos también han alertado sobre la ausencia de restricciones para reincidentes y sobre el riesgo de que personas con recursos económicos puedan negociar sus condenas. El proyecto surge tras años de debate jurídico sobre el alcance del perdón en el sistema penal panameño. La Corte había reconocido esta figura como causa de extinción de pena, pero sin una norma específica que definiera su aplicación ni los delitos incluidos. El texto fue remitido al presidente José Raúl Mulino, quien deberá decidir si sanciona o veta la norma. El mandatario ha defendido públicamente la necesidad de fortalecer la confianza ciudadana en la justicia y combatir la impunidad. Eliana Morales Gil [email protected] Jamis Acosta, diputado de Realizando Metas. Archivo Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama
3A La Prensa Panamá, lunes 20 de octubre de 2025
4A La Prensa Panamá, lunes 20 de octubre de 2025 Panorama Bocas del Toro, en época de bonanza, es la provincia que exporta el 90% del banano en el país. Alexander Arosemena La raíz del conflicto: Bocas del Toro, entre la bananera, el sindicato y la represión Adelita Coriat ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] PRIMERA ENTREGA Tras los enfrentamientos entre policías y manifestantes, al menos 290 investigaciones judiciales buscan aclarar responsabilidades. Una provincia que carga el peso de viejos conflictos sociales y económicos aún sin resolver. La Fiscalía de Bocas del Toro mantiene activas al menos 290 investigaciones que buscan esclarecer los hechos ocurridos entre abril y junio de 2025. Entre ellas, se encuentran querellas por tratos crueles ejecutados por la Policía Nacional y las actuaciones violentas de los manifestantes. Enesosdosmeses,lostrabajadores bananeros agrupados en el Sindicato de Trabajadores de las Industrias del Banano, Agropecuario y Empresas Afines (Sitraibana) lideraron las protestas, a las que después se sumaron la población y luego las pandillas, según la versión oficial. La paralización de la provincia por más de 60 días fue motivada por el rechazo a las reformas a la ley orgánica de la Caja de Seguro Social (Ley 462 de 2025), aprobada a finales de marzo por el Legislativo, específicamente por la modificación en el sistema de pensiones y sus implicaciones en el régimen que regula la actividad bananera. El parteaguas de este conflicto ocurrió en un lapso de 48 horas (entre el 19 y 21 de junio), cuando la policía se vio asediada por miles de manifestantes que rodeaban el estadio Calvin Byron. Acciones que horas más tarde derivaron en cientos de aprehensiones y, posteriormente, en denuncias por tratos inhumanos de los uniformados. Por un lado, el Ministerio Público ha imputado —hasta el momento— a un total de 281 personas: 267 adultos y 14 menores de edad. Estas averiguaciones surgen producto de las aprehensiones que realizó la Policía Nacional, amparada en la resolución de estado de urgencia decretada por el gobierno de José Raúl Mulino el 20 de junio —que se prolongó hasta el 29 de junio—, como parte de las acciones para retomar el control de una provincia que parecía ingobernable. Entre los cargos que imputó la Fiscalía de Bocas del Toro a los manifestantes se enlistan presuntos delitos contra la administración pública en la modalidad contra los servidores públicos; por obstaculizar con violencia la ejecución de las funciones de las fuerzas del orden; delitos contra la administración de justicia en la modalidad de receptación de cosas provenientes de un delito; contra el patrimonio económico en la modalidad de hurto agravado y delitos que implican un peligro común, según información proporcionada por el Ministerio Público a Melodijoadelita. Las acusaciones del Ministerio Público son producto de las 361 aprehensiones efectuadas por agentes del orden durante la Operación Omega. De ellas, 299 ocurrieron durante el estado de emergencia. De estas detenciones, 274 casos fueron tramitados ante el Ministerio Público, 79 fueron conciliados ante un juez de paz y ocho casos de menores de edad fueron referidos a la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia. Por otro lado, en la misma fiscalía de Bocas del Toro se interpusieron varias querellas contra la actuación de los policías. Una de ellas, promovida por un grupo de seis abogados particulares en representación de 71 personas que alegaron tratos crueles durante su detención en Changuinola. La denuncia contempla delitos contra las personas y los bienes protegidos, y delitos contra la libertad individual. Al conjunto de denuncias se suman dos peticiones internacionales por supuesto abuso a los derechos humanos. Una denuncia unificada ante el sistema universal de Naciones Unidas de víctimas de Bocas del Toro que suma alrededor de 318 detenidos, y una segunda ante esta misma instancia que comprende a los residentes de Loma Azul, interpuesta por los abogados activistas de la Coordinadora Popular de los Derechos Humanos. El documento, con fecha del 27 de septiembre de 2025, al cual tuvo acceso Melodijoadelita, solicita una visita in situ para hacer las averiguaciones sobre las alegaciones, entre las que se incluyen negación de atención médica; violencia sexual y de género; torturas y tratos crueles, y privación de libertad arbitraria, entre el 14 y el 30 de junio de 2025. La segunda comunicación del mismo grupo de juristas, dirigida a Naciones Unidas, se refiere a cuatro víctimas que presuntamente sufrieron agresiones físicas, uso de gases lacrimógenos dentro de domicilios, un aborto involuntario, en perjuicio de los residentes de Loma Azul, una población de mil habitantes ubicada en Almirante, provincia de Bocas del Toro. ¿Qué sucedió en Bocas del Toro para que se acumularan cientos de denuncias que apuntan a extralimitaciones de ambos bandos? Sumado a lo anterior, en el desarrollo de los enfrentamientos se registraron dos muertes que el Ejecutivo niega que hayan sido consecuencia directa de la actuación de las fuerzas policiales. Esta investigación de Melodijoadelita, realizada con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana y en alianza con el diario La Prensa, consta de cuatro entregas y se basa en múltiples entrevistas y literatura sobre Bocas del Toro. Entre ellas, recoge tanto la versión ofrecida por la policía como los testimonios de las víctimas, que relatan lo ocurrido durante su aprehensión. Más tarde, estos hechos inundaron la fiscalía de denuncias en reclamo de justicia, cada una con sus propios argumentos. Todo ello enmarcado en una provincia históricamente dependiente del banano como motor económico, pero marcada también por rezagos y cuestionamientos en sus indicadores de desarrollo humano. Un Estado dentro de otro Estado Es casi imposible pensar en Bocas del Toro sin asociarla al banano. Mucho antes de que Panamá naciera como república, a fines del siglo XIX, sus tierras fértiles, nutridas por lluvias constantes y un clima generoso, ya eran codiciadas como uno de los mejores rincones del continente para cultivar la fruta. Entonces apareció la United Fruit Company. Llegó al Caribe panameño con el discurso del progreso: puertos, hospitales, escuelas y viviendas. Pero sus promesas no solo trajeron desarrollo, sino que también impusieron un modelo de vida completo bajo su control. El trabajo, el descanso, el pan, el techo y hasta el cura del pueblo… todo pasaba por la empresa. Para la época, la empresa logró una gran aceptación del Estado bajo un mecanismo hábil: concedía préstamos a la nación por las sumas de $200 mil, $300 mil y $3 millones en medio de contratos celebrados en 1927, 1935 y 1950, respectivamente. A su vez, el Estado respondía con generosas concesiones y exoneraciones de impuestos. De esta forma, la nación otorgó todo tipo de permisos y la empresa asumió funciones que corresponden al gobierno, como la administración de la educación, la salud y otros servicios, según recoge el documento La United Fruit Co., Enclave Colonial Panameño del autor Jorge Arosemena. La provincia creció alrededor de las plantaciones bananeras y cacaoteras, y las poblaciones se asentaron en áreas rurales. La United Fruit Company (UFC) organizó la producción en grandes extensiones de tierra conocidas como fincas numeradas consecutivamente, un sistema práctico que permitía a la empresa ubicar a los trabajadores y campamentos según el número de la finca. Un siglo después, la nomenclatura no ha variado. Se estableció así un enclave económico con epicentro en la ciudad de Bocas, pero con tentáculos que se extendían hacia las plantaciones en Changuinola y Almirante —y más allá, en Chiriquí—. Pero esa es otra historia. Por décadas, miles de trabajadores afrocaribeños, indígenas y campesinos labraron la tierra y cargaron racimos hacia barcos con destino a Estados Unidos y Europa. El banano era el rey y su corona brillaba en los trenes que cruzaban la selva cargados de oro verde. Pero no todo era dulzura tropical. Las condiciones laborales eran duras, las jornadas largas y el control absoluto. El silencio era ley, hasta que las huelgas empezaron a romperlo. En los años 1930, luego en 1950 y más adelante en 1970, las plantaciones se convirtieron en campo de batalla social. De esas luchas nacieron los primeros sindicatos rurales y se sembró una conciencia de derechos que aún hoy emerge en las calles de la provincia. Ese dominio de la bananera persiste hasta hoy y se refleja incluso en el temor de muchos a hablar públicamente. Originario de la etnia Ngäbe Buglé y miembro de la Cooperativa de Exportación de Banano del Atlántico, este productor pidió omitir su nombre por miedo a afectar su relación laboral con la empresa. Lo llamaremos Manuel. Antes de nacer, Manuel ya parecía tener un destino marcado: trabajar en las plantaciones de banano. A punto de retirarse, ahora narra en retrospectiva sus primeros años de vida. Es autodidacta. Sus conocimientos los acumuló desde niño, cuando se vio en la necesidad de trabajar al perder a su madre. Como la mayor parte del pueblo, Manuel se integró en la bananera durante su adolescencia, recibiendo apenas cincuenta centavos por jornada. “Si uno reclamaba, lo botaban. No había contrato escrito; todo era apalabrado”, narra el hombre que parece haberlo vivido todo en el tema del banano. La UFC era el principal empleador del pueblo, algo que en la actualidad no deja de ser una realidad. La empresa era como un Estado dentro de otro Estado. Los gobiernos panameños parecían ceder de facto la responsabilidad social de la provincia, dejando a la bananera el dominio económico y comunitario. En lugar de diversificar la economía y estimular otros sectores, el país se volvió dependiente de los ingresos que generaba la compañía. En los años 1970, la productora de banano controlaba más del 50% del total de las exportaciones de bienes en el país ($114 millones), de acuerdo con el escrito elaborado por Arosemena. Cuando surgieron los primeros movimientos de sindicatos bananeros —ya con cierto rencor— en reclamo de mejores condiciones y saCausa de muerte: no concluyente El Ministerio Público intenta esclarecer el fallecimiento de Michelle Becker, una niña de un año y ocho meses de edad, residente en la comunidad Gwari, que según sus padres murió por intoxicación o inhalación de gas pimienta durante una incursión policial a su vivienda. No obstante, los forenses no lograron determinar la causa de la muerte de la menor debido al avanzado estado de descomposición de sus órganos. Según una fuente vinculada a la investigación que solicitó mantener el anonimato, durante la autopsia —realizada tras la exhumación del cuerpo— “los forenses examinaron el hígado y no hallaron presencia de ningún tipo de químicos”. Sin embargo, no fue posible analizar muestras de los pulmones “debido al deterioro que presentaban al momento del examen”, reveló. El segundo fallecimiento corresponde a Roger Montezuma, un joven de 25 años, miembro del pueblo Ngäbe-Buglé, cuya muerte —según el informe forense— fue causada por un disparo. El autor material del hecho aún no ha sido identificado. La versión de sus familiares es que el joven se encontraba en el área de las protestas, Pueblo Nuevo, y “desapareció” en circunstancias aún no esclarecidas. El informe forense explica que el 17 de junio el personal médico del hospital de Chiriquí Grande recibió al paciente sin signos vitales, traído por personal del Servicio Nacional de Fronteras.
5A La Prensa Panamá, lunes 20 de octubre de 2025 La provincia sufrió cierres y manifestaciones entre abril y junio de 2025, producto del rechazo a la ley de la Caja de Seguro Social aprobada a finales de febrero. Las manifestaciones fueron lideradas por el sindicato de bananeros. Cortesía/Minseg larios, el gobierno solía favorecer a la empresa, reprimiendo huelgas o evitando confrontar a la compañía. “El sindicato se creó en 1960. Antes no existían organizaciones sindicales, tampoco la ley de protección de los derechos de los trabajadores”, expresa Manuel. Entonces los paros y huelgas en reclamo de mejores condiciones laborales y salarios se hicieron más frecuentes. Fue el primer movimiento sindical que marcó un nuevo rumbo en las relaciones entre la empresa y los trabajadores. “La reacción de los empresarios fue acusar al sindicato de comunista”, exclama el productor, ahora miembro de una de las pocas cooperativas que subsistieron y que mantiene a unos 600 agremiados. Luis Nuquez, expresidente de la Asociación de Productores Industriales de Banano del Atlántico, también entró al mundo bananero siendo apenas un niño. A los 12 años de edad pasaba sus vacaciones en las empacadoras, rodeado del olor dulzón de la fruta recién cortada y del trajín incesante de las cajas listas para exportar. Al cumplir la mayoría de edad, dio un salto mayor: compró a su padre 220 hectáreas de tierra y empezó a producir por su cuenta. Su memoria recorre los años 1960 con un matiz distinto al de muchos de sus contemporáneos. Desde su perspectiva, el surgimiento de los sindicatos no fue tanto fruto de la rebeldía obrera como de la astucia política. “Los políticos se dieron cuenta de que podían manipular a la gente de campo, en su mayoría indígena. Les dijeron que la empresa no servía y se dejaron engañar”, rememora el empresario que en la actualidad alquila sus tierras a la bananera. Hace una pausa y sigue: “La gente vivía cómodamente; tenía todo. Pero les decían que la compañía tenía que pagar más y vinieron las huelgas. Lograron un aumento de apenas cuatro centavos por hora, mientras los políticos buscaban el respaldo de los sindicatos en las elecciones”. Para Nuquez, aquella fue la semilla de una relación torcida entre política y el banano, una dinámica que todavía perdura. Y que, según él, volvió a hacerse evidente en la huelga más reciente, la misma que obligó a la empresa a detener operaciones en Panamá. El declive de la United Fruit Company se acentuó a mediados del siglo XX, perdió el control y la rentabilidad debido a factores como la sigatoka negra, plaga conocida también como “el mal de Panamá”, y la presión sindical. Entonces el gobierno de turno a cargo del general Omar Torrijos, en 1976, asumió un rol más activo y tomó el control de las tierras y operaciones, amparado bajo la Ley 103 de 1973, que creó la empresa estatal Corporación Bananera del Atlántico (Cobana), para garantizar los empleos de miles de trabajadores y se impuso un salario mínimo. Paralelamente nacieron las cooperativas de Servicios Múltiples Bananera del Atlántico y del Pacífico (Cobana y Coonapal), y como una especie de experimento de autogestión, Torrijos creó las primeras empresas mixtas que seguían la línea de Cemento Bayano, la electrificación y la aviación. Más tarde fracasaría la iniciativa bananera ante la limitación de mercados en Europa y la baja eficiencia en el cultivo. “Con la muerte del general Omar Torrijos surgió la idea de privatizar las fincas bajo el argumento de que había una mala administración gubernamental”, explica Manuel, el veterano jornalero. “Fue así que en los años 1990, cuando yo estaba trabajando en las fincas, se privatizaron nuevamente”, rememora el entonces líder del Sindicato Independiente. El sindicato hizo varios intentos para comprar algunos terrenos, pero la desprestigiada reputación que perseguía a las organizaciones le impidió acceder al crédito en la banca: “Siempre nos decían que éramos comunistas. No éramos bien vistos”, dice el bananero Manuel. El Estado permitió el regreso de la empresa privada y Chiquita Brands International recuperó el negocio del oro verde. Con la liberación económica, la empresa mantuvo un rol dominante, aunque menos paternalista que en el pasado. El Estado actuaba más como mediador en conflictos laborales que como regulador del modelo productivo. Grandes huelgas como las de 1990 y 1999 evidenciaron que el conflicto social sustituye al control empresarial directo. Una experiencia que se repitió, esta vez más profunda, en abril de 2025, con la paralización de labores liderada por el sindicato bananero, aunque en esta ocasión los reclamos no iban dirigidos precisamente a una relación contractual, sino a la modificación de la ley de la Caja de Seguro Social (CSS) y derechos adquiridos en la Ley 45 de 2017 que regula la actividad. El impacto fue tan profundo que, en medio de la huelga, la empresa anunció el cierre de sus oficinas administrativas, lo que dejaba al sindicato abogando en una lucha sin contraparte: la empresa. “Tras un mes de huelga por la aprobación de la Ley 462 de la CSS, los sindicalistas dieron un giro en su discurso y pasaron a exigir reformas a la Ley 45, que regula la actividad de los trabajadores del sector bananero”, resume Luis Nuquez. La Asamblea aprobó una ley especial para los bananeros, pero los sindicatos exigieron la sanción presidencial antes de ceder. En ese contexto, con las vías cerradas, la Policía arrestó a Francisco Smith, líder de Sitraibana, por supuestos delitos de seguridad y orden público. El cierre de la empresa impuso una fuerte presión económica al gobierno por los miles de trabajos que quedaron cesantes, lo que forzó al presidente José Raúl Mulino a reunirse durante una visita oficial en Brasil con los directivos de la empresa para reconsiderar su regreso. Según el acuerdo, el Gobierno se comprometió a evaluar incentivos legales, fiscales y aduaneros, así como a garantizar la seguridad y el orden público en la región. Por su parte, la empresa asumió cinco obligaciones, entre ellas, reactivar las operaciones en un plazo razonable, bajo las modalidades de participación colaborativa —lo que en un principio el gobierno llamó aparcerías-- y reincorporar progresivamente a los trabajadores, priorizando a los residentes de Bocas del Toro. Las “aparcerías” están contemplada en el Código Agrario de 2011, que habilita la creación de este tipo de asociaciones con patrimonio propio y personalidad jurídica. La idea contemplada en el código consiste en promover nuevos actores en la producción y tercerizar a los trabajadores. En este sentido, la gestión y cumplimiento de sus derechos están en manos de los contratistas, sometidos a presión por la reducción de costos sobre los beneficios. La fórmula de asociación agraria, según productores consultados por este medio, se implementa actualmente de la siguiente forma: los jornaleros —dice uno de ellos— “antes administradores de las fincas, ahora fungen como contratistas, como en el pasado lo hacía la bananera”. Según el productor, cada jornalero recibe $20 por ocho horas de trabajo y debe demostrar rendimiento a la empresa, que sigue siendo el comprador exclusivo. La empresa clasifica y califica la fruta (según la calidad) cuando la vende el productor. En teoría, cada administrador de finca debe respetar los derechos de sus trabajadores. En este escenario, el contrato de concesión de 6 mil hectáreas suscrito en 2017 entre el gobierno y la Chiquita International, que continúa vigente hasta 2037, abarca 21 fincas cuya extensión determina la necesidad de mano de obra. “Todas deben producir la fruta en forma exclusiva para la empresa Chiquita bajo los requerimientos establecidos”, zanjó el experimentado productor consultado sobre el nuevo método. Mientras, Smith, en representación del sindicato, prepara una demanda contra la empresa en reclamo por los montos de liquidación de los jornaleros. Por el momento, cuenta con aproximadamente tres mil poderes, personas que se sienten inconformes con los cálculos contractuales que determinó la bananera en su desvinculación laboral. Bajo el mencionado modelo de asociaciones, la multinacional evita responsabilidades legales y sindicales, dejando a las contratistas la tarea de lidiar con sindicatos o conflictos laborales. Bajo esta estrategia, empresas automotrices, azucareras, mineras y de construcción en Latinoamérica buscan diluir la relación laboral directa, reducir costos sindicales y de prestaciones. En el marco de los parámetros señalados, el gobierno informó sobre la reactivación de 3 mil plazas de empleo en una primera fase. Para Nuquez, es el “preámbulo de nuevos conflictos sociales porque no hay garantía de que estas asociaciones agrarias mejoren las condiciones laborales”. Lo anterior se desarrolla en una provincia cuyas estadísticas evidencian estragos sociales profundos: el 41% de la población vive en pobreza; de ese porcentaje, un 21% se encuentra en pobreza extrema, según datos de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. Ese mismo informe data que el 40% de la población está desconectada de la red eléctrica, mientras que el 20% de las viviendas está fuera del abastecimiento hídrico, y la mitad de la población no tiene agua potable en su casa. El desempleo roza el 15%; la desnutrición crónica en menores de cinco años registra un 32%, por encima del promedio nacional panameño (5.6%), según datos de la Organización de Naciones Unidas y el Banco Mundial. La tasa de escolaridad alcanza 7.8 años, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de Panamá, comparada con los 11.6 años en el resto del país. La inversión per cápita se sitúa en $659, cuando en la provincia de Panamá alcanza los $11,889, según el Informe de Ejecución de Inversión del Programa del Ministerio de Economía y Finanzas 2022. Aunque el Estado ha intentado adoptar un rol más activo en el desarrollo de infraestructura, salud, vivienda, servicios de agua potable y turismo, permanece un resabio de décadas de abandono y dependencia. Esto se acentúa en las zonas de difícil acceso y en una alta presencia de población indígena Ngäbe-Buglé, que enfrenta desafíos particulares. En contraste con los datos mencionados, un trabajador en plena época de producción del banano puede ganar $150 a la semana. “Eso equivale a 48 horas de ardua jornada”, revela Manuel. “Chiquita pagaba salario mínimo, aunque algunas cosas difieren por el empaque, que puede llegar a $200 por semana, un poco más de lo que paga la cooperativa”, resume el miembro de la cooperativa que vende su producto a otros mercados europeos. El clientelismo como forma de gobierno Adelita Coriat ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] La persistente ausencia institucional ha favorecido el liderazgo de figuras políticas a quienes acude la población para encontrar soluciones: una plaza de trabajo, ayuda para la atención médica y otras necesidades ante la falta de oportunidades. Una de esas figuras tiene un nombre que se pronuncia con familiaridad y con recelo a la vez: Benicio Robinson. El diputado, que ha sido electo en la provincia por más de dos décadas consecutivas, durante ese tiempo se ha convertido en mucho más que un político: para muchos bocatoreños es como un solucionador. Mantiene una de las planillas más abultadas en la Asamblea Nacional, que supera los $261 mil mensuales, según datos de la Contraloría General de la Nación. Esto le permite chorrear ingresos a cientos de seguidores que no necesariamente trabajan en el parlamento, alimentando así un sistema clientelista. Su figura atraviesa generaciones y partidos rivales, y su sello es visible en la manera en que se hace política en Bocas. De esa manera, diputados como él activan sus conexiones con el gobierno de turno para impulsar proyectos públicos que, muchas veces, no responden a una planificación real. Esas obras se traducen en empleos temporales en sus distritos, sobre todo para jóvenes sin acceso al crédito ni a oportunidades formales. Cuando los proyectos terminan —encargados por el Gobierno Central a estos líderes locales bajo la idea de que son quienes realmente llegan a la gente, aunque la población los vea como un freno al desarrollo—, todo vuelve al punto de partida. La falta de trabajo reaparece y, con ella, los paros, los cierres de calles y las presiones al mismo gobierno que los financió. Así se repite un círculo vicioso. Y cuando las protestas se desbordan, esos dirigentes suelen ser los primeros en desaparecer. Durante la crisis, Mulino culpó al Partido Revolucionario Democrático (PRD), el más numeroso en membresía y del cual Robinson es presidente, de generar una disputa junto al sindicato y sectores “de izquierda” que se “ven afectados por la aprobación de la ley, porque ya no son dueños de la CSS”, pronunció Mulino durante una de sus acostumbradas intervenciones matutinas de los jueves. “Un botín que ya no controlan”, sentenció el mandatario. “Los políticos que más vimos aquí son del PRD, el colectivo más organizado, logístico y que tiene los fondos para un movimiento de esa magnitud. Las personas veían que la gente que estaba en la calle era PRD”, recuerda Nuquez, exalcalde (19841989) y exgobernador (1999-2001) de Bocas del Toro. Sospechas que, hasta el momento, las autoridades no han confirmado. En Bocas del Toro, la historia se repite como un eco: gobiernos ausentes, la banana como sustento y cadena, la política que reparte favores y las protestas que revientan cada tanto como recordatorio de una deuda nunca saldada.
6A La Prensa Panamá, lunes 20 de octubre de 2025 Tal Cual Mónica Palm [email protected] TRANSPARENCIA. En la agenda del pleno legislativo está la discusión, en segundo debate, de una propuesta para ampliar la cantidad de funcionarios obligados a presentar la declaración jurada de bienes patrimoniales. Lo más relevante de la propuesta —presentada por el diputado Roberto Zúñiga— es que dicha declaración dejará de ser confidencial. Como ya se ha hecho costumbre, el principal obstáculo que ha enfrentado este proyecto ha sido Camacho, quien votó en contra y preparó un “informe de minoría” en el que señala que transparentar la información patrimonial “denigra” a los funcionarios y representa un riesgo para su seguridad. Eso solo denigra a quienes han robado algo o planean hacerlo. A los que se lo han ganado con el sudor de su frente, no. REVUELTA. Hasta ahora, Rubén Darío “Pepe” Campos no ha demostrado ser precisamente un genio (su defensa del Parlacen habla por sí sola), pero no le falta razón al exigir un calendario para renovar la junta directiva de RM, ya que la actual lleva más de cinco años. Martinelli, por supuesto, reaccionó en forma virulenta, llamándolo traidor. Así que ese es un partido de gobierno que, además de estar dividido, tiene un “dueño” que se largó del país, lo que indica que sus posibilidades en las próximas elecciones son razonablemente nulas. En otras palabras, los seguidores del loco que no están en esta vuelta, tampoco estarán en la siguiente. A menos que su amo se compre otro partido. MORADO. El exdiputado Luis Ernesto Carles está buscando votos para Carlos Raúl Piad, en las internas del Panameñista. Eso lo coloca —de forma un tanto inusual— en el bando contrario a los Varela, lo que podría significar que sabe algo que los demás ignoramos. ¡Que lo diga, que lo diga…! DECADENCIA. En el hemiciclo legislativo han tenido que apuntalar el palco de los periodistas, ante el riesgo de que se desplome. En la Asamblea hay muchas otras cosas Anayansi Valderrama, investigador del Gorgas. Cortesía Anayansi Valderrama: una vida entre mosquitos y ciencia Aleida Samaniego C. [email protected] ENTREVISTA La investigadora panameña del Instituto Gorgas fue distinguida por Apanac por más de tres décadas dedicadas al estudio de enfermedades transmitidas por vectores. La científica panameña Anayansi Valderrama fue reconocida con el Premio a la Resiliencia y la Perseverancia Científica de la Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia (Apanac), un homenaje que celebra su dedicación a la investigación en salud pública y entomología médica durante más de tres décadas. Para ella, este reconocimiento no solo refleja su trayectoria personal, sino también el trabajo colectivo de su laboratorio, que ha acompañado cada uno de sus logros. Valderrama inició su carrera en el Instituto de Investigaciones Tropicales Smithsonian, donde obtuvo una beca internacional a los 24 años. Luego se integró al Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (Icges), donde ayudó a consolidar un laboratorio moderno que hoy es referente nacional en vigilancia de enfermedades transmitidas por vectores. Desde el Icges, ha liderado investigaciones que permitieron detectar patógenos como Leishmania neifi antes de que se registraran casos humanos, lo que facilitó la adopción de medidas preventivas. Su equipo también identificó mutaciones de resistencia a insecticidas, aportando al diseño de estrategias más efectivas de control vectorial. Más recientemente, aplicaron un sistema de vigilancia llamado xenovigilancia, que analiza la sangre ingerida por los mosquitos para detectar fragmentos genéticos de parásitos. Gracias a este método se identificó la circulación de filarias responsables de la filariasis linfática en Darién, lo que demuestra la presencia de parásitos entre varias especies y la necesidad de reforzar la vigilancia sanitaria. El modelo de xenovigilancia, explicó Valderrama, permite anticipar la aparición de enfermedades antes de que afecten a la población y fortalece la planificación de políticas de salud pública. Su aplicación se ha extendido más allá de Panamá, convirtiéndose en una referencia para la región. A lo largo de su carrera, Valderrama también ha sido mentora de nuevas generaciones de científicas. Ha promovido la formación de mujeres en la investigación, alentando a su equipo a alcanzar grados académicos avanzados, publicar y participar en congresos. En la Universidad de las Américas (Udelas) participó en la creación de la Licenciatura en Saneamiento Ambiental y Control de Vectores, fortaleciendo la profesionalización del sector. Pese a las limitaciones presupuestarias, Valderrama ha mantenido activa la investigación a través de la colaboración internacional y el aprovechamiento de los recursos disponibles. Su liderazgo demuestra que la ciencia puede avanzar aun en contextos adversos, priorizando la prevención y la generación de conocimiento aplicado. El premio de Apanac reconoce su aporte a la salud pública y su compromiso con la formación científica. Con más de 30 años de experiencia, Anayansi Valderrama se consolida como una de las figuras más influyentes de la ciencia panameña y un ejemplo de perseverancia y vocación al servicio de la sociedad. Juan Manuel Díaz [email protected] Depósito de medicinas de la CSS. Cortesía Investigan el vencimiento de medicinas valoradas en $2.5 millones en la CSS FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN La Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, tras el vencimiento en las bodegas de la Caja de Seguro Social (CSS) de medicinas e insumos médicos valorados en $2.5 millones. La investigación se inició luego de que el subdirector de la CSS, Rogelio Gordón, realizara una auditoría en los puntos de almacenamiento de medicamentos, en la que se detectó el vencimiento de productos que pudieron haber sido entregados a pacientes de la entidad. Los depósitos auditados fueron los de Panamá, Divisa y Chiriquí, donde se custodiaban medicinas e insumos médicos. La fiscalía revisa actualmente la documentación relacionada con la adquisición de los medicamentos y el tiempo que permanecieron almacenados en los depósitos. En octubre de 2024, el entonces director de la CSS denunció públicamente la existencia de una gran cantidad de medicamentos e insumos médicos vencidos en las bodegas de la institución. Asimismo, la diputada de la bancada Vamos, Paulette Thomas, presentó una denuncia contra el exdirector de la CSS Enrique Lau Cortés, a raíz del vencimiento de miles de medicamentos en los depósitos de la entidad. La querella penal busca que el Ministerio Público determine la posible responsabilidad del exdirector por el desabastecimiento de fármacos, pese a que la institución mantenía inventarios de productos ya vencidos. En esa ocasión, Thomas señaló que “no es posible que cientos de personas acudan a las instalaciones de la CSS en busca de medicamentos y que ahora se sepa de la existencia de productos vencidos por más de $2.5 millones, los cuales pudieron haber beneficiado a una gran cantidad de pacientes con graves padecimientos de salud”. La denuncia de Thomas también incluía a la directora de Compras, Ana Patricia Cuestas; la jefa legal de Compras, Ana Karina Pinilla; el director ejecutivo de Administración, Edwin Montenegro; y la asesora legal de Logística, Guadalupe Torres. En octubre pasado, la CSS anunció la apertura de una licitación para adquirir 220 renglones de medicamentos, con el fin de prevenir una posible escasez en las farmacias de policlínicas, unidades de atención y hospitales de la entidad. Esta licitación reemplazó la que fue suspendida por el presidente José Raúl Mulino, quien solicitó —a través de su cuenta de X— al entonces director de la CSS, Enrique Lau Cortés, detener el proceso de compra de medicamentos por un total de $146,630,367.67, programado para el mes de agosto. La CSS y el Ministerio de Salud (Minsa) tienen previsto convocar una nueva licitación para la compra de aproximadamente $300 millonesenmedicamentos, con el objetivo de garantizar el suministro de fármacos por un período de tres a cinco años. Ambas instituciones trabajan actualmente en la elaboración de la lista de medicamentos y la definición de las cantidades requeridas. Los equipos de logística — en la CSS, la Dirección de Provisiones de Servicios de Salud, y en el Minsa, la Dirección de Abastecimiento— ya están cruzando la información necesaria. La Fiscalía Anticorrupción mantiene otras investigaciones por presuntos actos de corrupción que involucran a funcionarios de la CSS, entre ellas las pesquisas relacionadas con la alteración de la base de datos informática del Sistema de Ingresos y Prestaciones Económicas (Sipe). Esa investigación, iniciada en 2018, reveló que funcionarios vinculados al sistema utilizaron los datos de una trabajadora manual de la CSS para simular que era ella quien ejecutaba las alteraciones en la información remitida al sistema, en el que no se acreditaban correctamente los pagos de cuotas. Otra investigación en curso se relaciona con la pérdida de 19 mil viales de fentanilo, registrada en noviembre de 2022. En este caso, aún no hay personas imputadas. El 23 de abril de 2025, tres funcionarios de la CSS fueron detenidos por la sustracción de 60 armas de fuego de las oficinas de seguridad de la institución. Según las investigaciones, las armas fueron vendidas a la pandilla Baby Killa, del sector de Carrasquilla. El actual director de la CSS, Dino Mon, ha reconocido la existencia de redes de corrupción dentro de la entidad, entre ellas mafias que vendían citas médicas por hasta $125. Por estos hechos se han presentado 18 querellas ante el Ministerio Público. que se están cayendo, como el reglamento interno y los proyectos anticorrupción… solo que el resto del país muchas veces no lo ve. DEGUSTACIÓN. El presidente Mulino recibió en su despacho a los jóvenes creadores del denominado “pan de Mulino”, con sabor a guayaba, que se comercializa bajo la marca “El Rincón del Bollo”. Cincuenta centavos de cada venta se depositarán en una cuenta destinada a una obra benéfica. Ya pueden competir con la rosca “de la mamá de Mayer”. Panorama
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