4A La Prensa Panamá, domingo 19 de octubre de 2025 Panorama Aunque la Asamblea Nacional ha hecho caso omiso al fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que prohíbe el pago a los diputados suplentes, expertos legales advierten que la responsabilidad no recae únicamente en el Legislativo. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría General de la República también tienen un papel clave en garantizar el cumplimiento de la resolución judicial. Actualmente, 52 suplentes se encuentran emplanillados en la Asamblea, cada uno percibiendo un salario que varía entre $2mil y $5mil mensuales, según su función y cercanía con el diputado titular, en abierto desafío a la Corte Suprema de Justicia, que en 2017 prohibió su remuneración. Para el exmagistrado Edgardo Molina Mola, si el Legislativo hace la vista gorda en este tema, tanto el MEF como la Contraloría deben asumir su rol y velar porque se cumpla la ley y los fallos de la Corte Suprema de Justicia. “Si la Asamblea no cumple la ley, el MEF y la Contraloría deben cumplir la ley y los fallos de la Corte”, afirmó, destacando que la medida no depende únicamente del legislativo. Molina Mola explicó que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene la obligación de no incluir la partida correspondiente en la planilla, mientras que la Contraloría debe negar u objetar el pago cuando corresponda. “Si hay insistencia, que se haga la solicitud de viabilidad de pago. Entonces no es solo la Asamblea; ellos también son responsables”, señaló, subrayando la participación activa que deben tener estas entidades en la implementación del fallo. Responsabilidad de la Corte El exmagistrado también recordó que la Corte Suprema tiene un rol directo en garantizar el cumplimiento de sus decisiones. “Y tampoco dejemos a la Corte fuera; ella puede hacer funcionar el cumplimiento de sus fallos”, puntualizó, advirtiendo que la resolución es de carácter vinculante y que todas las instituciones involucradas deben actuar conforme a la ley para evitar violaciones a la normativa vigente. La suma de los salarios de los suplentes de todas las bancadas del Legislativo supera los $117 mil300 mensuales, según los registros de planilla disponibles, lo que equivale a más de $1.4 millones de dólares anuales. Son sueldos destinados a personal cuyo rol es, en gran parte, eventual y que, según la prohibición judicial, no deberían percibir remuneración alguna, pero que siguen apareciendo en los libros contables de la Asamblea Nacional. Durante la presidencia de la diputada Dana Castañeda (2024-2025) había 54 suplentes nombrados en la planilla de la Asamblea, mientras que en el quinquenio anterior (2019-2024), de los 71 diputados suplentes, 66 estaban en la planilla del Legislativo, cada uno con un salario de $2 mil al mes como “asistente técnico parlamentario”, su supuesto cargo. La continuidad de esta práctica revela que la norma judicial de 2017 ha tenido escaso efecto en la operación diaria del Legislativo. Diputados suplentes con salario: ¿Quiénes incumplen el fallo? PLANILLA Dinoska Montalvo, ministra de Gobierno. Archivo ‘Aquí nadie ha contratado firmas privadas ni contratos’ Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] UNIDAD DE COORDINACIÓN LEGAL Así defendió la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, la nueva oficina legal. Consideró ‘urgente’ implementarla, destacando la complejidad del sistema penal y la necesidad de evitar que los casos se estanquen. El Primero fue el presidente de la República, José Raúl Mulino; ahora, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, sale a defender la nueva Unidad de Coordinación Legal. Esta oficina, que estará bajo la responsabilidad del ministerio que ella dirige, ya ha desatado un intenso debate entre juristas y actores políticos, que cuestionan su alcance en el Estado. “Esto, señores, no es una procuraduría paralela. Yo no he contratado una firma de abogados para perseguir a mis enemigos políticos, como lo hizo [Juan Carlos] Varela, junto con la procuradora de entonces [Kenia Porcell] y toda una recua de personas aquí, en la Presidencia y fuera de ella, que contribuyeron a eso”, dijo Mulino en su rueda de prensa semanal del jueves 16 de octubre. En esa misma línea se manifestó la ministra de Gobierno ayer, al señalar en su cuenta de X: “El país tiene derecho a saber qué pasó. Aquí nadie ha contratado firmas privadas con contratos camuflados. Aquí se le informó al país, mediante un decreto público, que el Ejecutivo no va a mirar para otro lado y que las cosas ya no van a quedar solo en una denuncia a ver qué pasa”. La defensa La nueva entidad de control fue avalada por el presidente y la ministra a través del Decreto Ejecutivo 31 del 13 de octubre de 2025, publicado en la Gaceta Oficial 30385-A. Sus funciones específicas van desde la asesoría jurídica a las instituciones hasta la elaboración y presentación de querellas. Aún se desconoce el personal y el costo que requiere para funcionar, pero varios juristas y conocedores del tema advierten que esta iniciativa duplica funciones que ya corresponden al Ministerio Público y solo incrementa la burocracia estatal en momentos de crisis fiscal. No obstante, Montalvo consideró que era “urgente implementar” esta nueva oficina, al tiempo que destacó la complejidad del sistema penal actual y la necesidad de garantizar que los casos con evidencias contundentes no se queden estancados. La dependencia, dijo, tiene como objetivo actuar en los procesos penales que surgen de hallazgos dentro de los ministerios y sus entidades, sin intervenir en las acciones de otros órganos del Estado. Su función central, reiteró, es activar la figura del querellante en los procesos penales, que ha adquirido protagonismo con la implementación del Sistema Penal Acusatorio, según lo establecido en el Código Procesal Penal. En palabras de Montalvo, la función de la nueva oficina no es limitar derechos ni decidir quién se investiga, sino fortalecer la acción de querella en los casos donde el Estado es víctima del delito. “Cada vez que un caso se debilita, el ataque público no va ni a la Asamblea ni al Judicial. Golpean al Ejecutivo. Entonces sí es necesario que los ministerios entren como querellantes activos para dar seguimiento a sus procesos. Eso lo entendemos bien los abogados que hemos litigado de verdad en la esfera penal”, concluyó. Opiniones contrarias A diferencia de lo planteado por Mulino y Montalvo, exmagistrados como Edgardo Molino Mola y Esmeralda de Troitiño han expresado recelo con este tipo de oficinas legales. En opinión de Molino Mola, la nueva unidad invade competencias establecidas por la ley. “Por supuesto, eso lo establece la Constitución y la ley. La función del procurador es perseguir los delitos”, insistió. El exmagistrado considera innecesario crear una nueva estructura administrativa para presentar querellas a nombre del Estado, cuando cada ministerio cuenta con su propio equipo legal. “Para eso no hay que crear una nueva burocracia”, expresó. De Troitiño también fue contundente: “Esta acción refleja un desconocimiento del Estado de Derecho y de la responsabilidad que implica cumplir con todo el ordenamiento jurídico”. Para el expresidente del Colegio Nacional de Abogados, José Álvarez, esta oficina podría “desnaturalizarse” si no se designa a especialistas en Derecho Penal, los profesionales que, según él, cumplen con el propósito planteado por el presidente de la República. “Si nombran a expertos en Derecho Civil o en contrataciones públicas, estarían haciendo lo mismo que ahora: contratar a los mismos abogados que ya tenemos en el Estado”, concluyó. En reiteradas ocasiones, Mulino ha acusado al expresidente Varela de haber creado una supuesta “procuraduría paralela” y de “nombrar a su abogado para tal fin”. Se refería a Rogelio Saltarín, fallecido en diciembre de 2018, un jurista que asesoró al Ministerio de la Presidencia durante la administración de Varela y que, previamente, ejerció como abogado en las empresas familiares del exmandatario. A propósito de la explosión en un apartamento en el PH Alsacia Towers, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) dio a conocer que ha atendido 589 emergencias por escapes de gas en lo que va del año, Según el registro oficial del Centro de Operaciones. Andrés Espinoza, jefe regional de esa unidad, hizo un llamado a la población a reforzar las medidas de seguridad en el manejo del gas doméstico e industrial, con el propósito de prevenir incendios, explosiones y pérdidas humanas o materiales. Solo el pasado jueves, el cuerpo de bomberos atendió precisamente la explosión en el apartamento en el PH Alsacia Towers, ubicado en el sector de El Bosque, en la vía Ricardo J. Alfaro, donde tres personas resultaron con quemaduras, entre ellas una menor de edad. Según el reporte del Cuerpo de Bomberos de Panamá, las primeras experticias apuntan a que el incidente pudo haber sido causado por una fuga de gas, aunque aún se realizan pruebas de hermeticidad y presión en el apartamento donde se originó la explosión. Bomberos reportan 589 emergencias por fugas de gas en lo que va del año SEGURIDAD De acuerdo con los datos recopilados por el BCBRP, las principales causas de estas emergencias son: Reguladores defectuosos: 49.6% (292 casos), cilindros defectuosos: 20.9% (123 casos), escapes sin novedad: 16.1% (95 casos), mangueras defectuosas: 4.9% (29 casos), tuberías defectuosas: 4.4% (26 casos), estufas defectuosas: 4.1% (24 casos). Según los reportes, entre mayo y agosto se registró un incremento sostenido de incidentes, lo que evidencia la necesidad de mantener la vigilancia continua y la revisión preventiva de los equipos de gas. Yaritza Mojica [email protected] Los bomberos recordaron la importancia del mantenimiento preventivo, ya que un escape o una mala conexión pueden causar una explosión o un incendio. Cortesía Palacio Justo Arosemena. Arcchivo
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxMjQ5NQ==