2A La Prensa Panamá, domingo 19 de octubre de 2025 Millones de personas salieron ayer a las calles en ciudades de todo Estados Unidos, entre ellas Nueva York, Washington y Miami, bajo el lema “No Kings” (“No queremos reyes”), para protestar contra lo que consideran un autoritarismo creciente del presidente Donald Trump. Las manifestaciones, a las que acudieron casi siete millones de personas según los organizadores, fueron convocadas de forma simultánea en al menos 2,500 ciudades y municipios de los 50 estados del país con el objetivo de convertirse en la mayor protesta desde el regreso de Trump al poder. Esta es la segunda edición de la movilización “No Kings”, tras la celebrada el 14 de junio, coincidiendo con el cumpleaños del mandatario, que según los organizadores reunió a unos cinco millones de personas. La nueva jornada de protestas se desarrolló en un clima de creciente tensión política, marcado por la decisión de Trump de desplegar militares en varias ciudades gobernadas por la oposición demócrata, bajo el argumento de combatir el crimen y apoyar las labores de los agentes migratorios. Entre los puntos más emblemáticos de concentración están la plaza Times Square, en Nueva York; el Capitolio, en Washington; y el centro de Chicago, donde en las últimas semanas hubo protestas contra las redadas migratorias. También se convocaron protestas en otras ciudades, como Atlanta, Boston, Honolulu, Houston, Miami, Nashville, Nueva Orleans, San Diego o San Francisco. Hubo además algunas concentraciones de solidaridad en ciudades europeas, como Berlín, París o Roma. Las protestas reunieron una amplia variedad de reivindicaciones, desde la oposición a las redadas migratorias y los recortes en sanidad, hasta el rechazo a la militarización de las ciudades o a las modificaciones de los distritos electorales que buscan asegurar una victoria republicana en las Masivas manifestaciones contra Trump en EUA: ‘no queremos reyes’ DESCONTENTO SOCIAL elecciones de medio mandato del próximo año. Trump pasó la jornada en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida, sin agenda oficial, y prevé regresar a Washington hoy. El mandatario no realizó comentarios públicos sobre las protestas, varias de las cuales fueron convocadas a escasos kilómetros de su mansión. Muchos manifestantes llevaron banderas estadounidenses y prendas de ropa amarillas, un color utilizado en otros movimientos pacíficos como las protestas de Hong Kong de 2019. También hubo disfraces de animales para mantener un ambiente relajado. La plataforma convocante, integrada por unas 200 organizaciones, subrayó el carácter pacífico de la movilización y recordó en su página web que están prohibidas las armas. No se reportaron incidentes violentos durante la jornada, aunque varios líderes republicanos habían advertido de posibles disturbios, y el gobernador de Texas, Gregg Abbott, aliado de Trump, había ordenado el despliegue de la Guardia Nacional en Austin para prevenirlos. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, calificó la manifestación como una muestra de “odio contra Estados Unidos”, liderada, según dijo, por simpatizantes de Hamás y miembros del movimiento antifascista (Antifa), declarado recientemente como grupo terrorista por Trump. Para 2025 se destinaron 70 millones de dólares para gratificaciones a funcionarios. Foto ilustrativa. iStock Gratificaciones y aguinaldos: $55 millones que desafían la austeridad Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] EFE. ESTADOS UNIDOS PRESUPUESTO ESTATAL Alrededor de 50 de las aproximadamente 100 entidades que conforman el aparato estatal otorgan gratificaciones o incentivos a sus funcionarios. Dentro del engranaje del Estado persiste una fuerte resistencia a poner freno al festival de aguinaldos y bonificaciones que, cada fin de año, engorda las planillas públicas. Pese al discurso oficial de austeridad, este 2025 se destinaron $70.4 millones en gratificaciones a funcionarios; aunque para 2026 la cifra inicial era de $67 millones, el monto fue finalmente recortado a $55 millones. Si bien el ajuste representa una reducción de $12 millones, esta medida aún no logra disipar la percepción de que el gasto en incentivos sigue siendo una pesada carga para las finanzas públicas, tal como lo señalan diputadas como Janine Prado, de la coalición Vamos e integrante de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Para dimensionar la magnitud, el proyecto de ley 293, que contempla el Presupuesto General del Estado para 2026, incluía inicialmente $92.4 millones en bonificaciones e incentivos para servidores públicos. Sin embargo, las cifras recomendadas se redujeron a $67.7 millones y, tras el análisis y las observaciones de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, el monto final quedó en $55 millones. El documento de los diputados instó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a mantener únicamente las gratificaciones amparadas por leyes especiales, eliminando $11.9 millones que carecen de respaldo legal. Los recortes En total, este año, 50 de las aproximadamente 100 entidades que conforman el aparato estatal brindan gratificaciones o incentivos a sus funcionarios. No obstante, para 2026 se realizaron ajustes en este aspecto en 24 de esas instituciones. Los recortes más pronunciados se concentraron en el Gobierno Central, con una reducción global de $5.7 millones, destacando el Ministerio de Educación, que perdió $2 millones, y el Ministerio de Seguridad Pública, al que se le restaron $3.4 millones. También se registraron disminuciones en entidades de control y justicia, como la Contraloría General de la República, el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía General de Cuentas. El impacto también alcanzó a las entidades descentralizadas y empresas públicas, donde se recortaron $1 millón y $3.1 millones, respectivamente. La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre y Transporte Masivo de Panamá, S.A., fueron las más afectadas dentro de este grupo, mientras que la Zona Libre de Colón perdió $650 mil. En el sector financiero, las reducciones alcanzaron los $1.8 millones, afectando a la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros y al Banco Hipotecario. La diputada Janine Prado ha seguido de cerca este tema, considerando que se trata de un “privilegio” que debe revisarse. De hecho, señaló que, si bien se había presentado información sobre gratificaciones que sumaban más de $67 millones en diferentes entidades, también existen otras partidas por regular, como las de telefonía, otros incentivos y gastos de publicidad, que muchas veces no se destinan a fortalecer programas, sino al auto-promocionarse de las instituciones. “En épocas donde necesitamos austeridad, vemos que no se están enfocando correctamente estos recortes”, señaló. La diputada lamentó que instituciones clave, como el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, que solicitaba $33.3 millones para funcionamiento, quedaran fuera de los ajustes favorables. Resaltó que la falta de agua potable sigue siendo uno de los principales problemas del país y cuestionó que, mientras se recorta a estas entidades, el presupuesto de la Asamblea permanezca intacto, con $98 millones para 2026. Profundo debate El viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, subrayó que los recortes a gratificaciones y bonificaciones incluidos en el presupuesto fueron una recomendación de la Asamblea, y finalmente el Ejecutivo decidió acogerla. Según explicó, aquellas gratificaciones que permanecen en el proyecto de presupuesto están establecidas por ley, mientras que las eliminadas o reajustadas provienen de resoluciones internas de juntas directivas o decisiones administrativas de las instituciones. Para el funcionario, este tema requiere un análisis más profundo y no puede abordarse de manera aislada. “Creo que esto forma parte de una conversación más amplia, que debe incluirse en el contexto de una ley general de salarios”, indicó, resaltando la necesidad de un marco normativo que regule de manera integral las compensaciones de los servidores públicos. El viceministro agregó que una reforma efectiva del sistema de gratificaciones y bonificaciones debería considerar no solo los sueldos, sino también jubilaciones especiales y otros esquemas de compensación. “No es un tema fácil de resolver y debe abordarse integralmente, no por partes”, concluyó, advirtiendo que las decisiones parciales podrían afectar la sostenibilidad de las finanzas estatales a mediano y largo plazo. El nombre del movimiento “No Kings” alude a la percepción de que el presidente actúa como un monarca y recuerda que Estados Unidos se fundó en 1776 sobre el rechazo al poder absoluto de un soberano. EFE Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama
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