6A La Prensa Panamá, sábado 18 de octubre de 2025 La decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de anular la convención colectiva suscrita en junio de 2024 entre la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y la Unión de Capitanes y Oficiales de Cubierta (UCOC) ha intensificado las tensiones en una relación marcada por años de descontento. A través de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, la CSJ ordenó la redacción de una nueva convención colectiva, pero las preocupaciones han surgido entre los capitanes y oficiales de cubierta luego de que la ACP intentara recuperar los fondos correspondientes a los ajustes salariales otorgados bajo el acuerdo, que ahora está anulado. La ACP informó que a partir del 16 de febrero de 2026 se harían descuentos retroactivos (de entre 7% y 15%) al salario de los capitanes y oficiales, hasta recuperar pagos asociados a aquel convenio de 2024, según una nota dirigida a un trabajador de la UCOC a la que pudo acceder La Prensa. Por esa razón, la dirigencia de UCOC habló de “abusos de autoridad” y “extralimitación de funciones”, en una rueda de prensa efectuada ayer. El sindicato respondió con la presentación de un amparo de garantías constitucionales que está por resolverse. Antes, solicitaron una “aclaración de sentencia”, pero los magistrados Cecilio Cedalise, María Cristina Chen y Carlos Vásquez, de la Sala Tercera, la rechazaron por improcedente, el pasado 22 de agosto. Una de las cartas firmadas por el vicepresidente de capital humano de la ACP, Rubén G. Pérez, detalla descuentos por un total de hasta $13 mil, que sería pagado en cuotas a partir del 16 de febrero de 2026 bajo los porcentajes que eligiera el trabajador. “Estamos frente a una violación abierta al principio de legalidad. La Administración está imponiendo descuentos arbitrarios sin desglose, sin respaldo administrativo ni resolución judicial. Los trabajadores están siendo obligados a Corte anula convención colectiva y crea conflicto entre ACP y capitanes SALARIOS devolver salarios legítimamente percibidos”, apuntó Rogelio Marquínez, secretario general de la UCOC, quien señaló que están gestionando una reunión con el ministro de Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, y con el administrador de la ACP, Ricaurte Vásquez, para atender el tema. Según Marquínez, desde la directiva de la ACP había desacuerdos sobre algunos términos y conceptos en la convención colectiva. “La Corte dice que las partes tienen que volver a sentarse a negociar”, dijo Marquínez, quien además apuntó que no ha habido voluntad de parte de la administración ACP y que, en lugar de negociar, empezaron a “amenazar y hostigar con los descuentos”. Roberto Ruiz Díaz, quien funge como asesor legal de la UCOC mientras se mantiene en licencia como vicealcalde del distrito de Panamá, ve con preocupación las acciones de la ACP. “Es una interpretación arbitraria del fallo de la Corte [lo] que ellos han hecho... Queremos que entiendan que los capitanes y oficiales de cubierta trabajaron y devengaron un salario bajo el amparo de una convención vigente en ese momento”, dijo Ruiz Díaz. La UCOC la conforman unos 200 miembros: capitanes, oficiales de cubierta y trabajadores de la ACP, al tiempo que forman parte de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF, por sus siglas en inglés). Este medio pidió la versión de la ACP sobre los descuentos que se buscan implementar, pero a la hora de la publicación de esta nota no hubo una respuesta al respecto. Alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández. Alexander Arosemena Alcaldesa de San Miguelito reclama espacios comunitarios en el pliego Yaritza Mojica [email protected] Mario De Gracia [email protected] PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Irma Hernández expresó su preocupación porque algunos aportes realizados por la Dirección de Planificación Urbana no fueron considerados en el pliego para la licitación del teleférico, a pesar de haber participado en el proceso de evaluación. La alcaldesa del distrito de San Miguelito, Irma Hernández, expresó su preocupación por el pliego de condiciones establecido por el Metro de Panamá, S.A., para la licitación del proyecto de construcción del teleférico que conectará los distritos de Panamá y San Miguelito, cuyo precio de referencia es de $278.6 millones, sin incluir el costo de financiamiento. El proyecto, publicado en Panamá Compras el pasado 3 de octubre, incluye la concesión administrativa para la financiación, estudios y diseños; la construcción de obras civiles; la fabricación, suministro, instalación y puesta en marcha del sistema de teleférico; la operación por 23 años; su mantenimiento; y la posterior reversión de la infraestructura y sistemas. Ante este pliego de condiciones, la alcaldesa de San Miguelito destacó la importancia de que el teleférico no solo funcione como un medio de transporte, sino que también genere desarrollo económico, servicios y oportunidades para el distrito. Hernández expresó su preocupación porque algunos aportes realizados por la Dirección de Planificación Urbana (DPU) de la alcaldía no fueron considerados en el pliego, a pesar de haber participado en el proceso de evaluación. “El teleférico no solo debe trasladar a las personas de un punto A a un punto B, sino convertirse en un catalizador de servicios y oportunidades. Nos preocupa que elementos como espacios comerciales en las estaciones o centros de atención infantil hayan sido eliminados del pliego”, señaló Hernández. El proyecto contempla seis estaciones, de las cuales cuatro estarán ubicadas en San Miguelito. El trazado se extenderá desde la ciudad de Panamá hasta el distrito de San Miguelito, con seis estaciones: Balboa, Cincuentenario, Samaria, Mano de Piedra, Valle de Urracá y Torrijos Carter. La Alcaldía de San Miguelito ha elevado consultas al Metro de Panamá, S.A., para garantizar que las necesidades del distrito sean atendidas. “Queremos formar parte de las mesas de trabajo para asegurar que las decisiones reflejen las prioridades de nuestros vecinos”, añadió. Hernández destacó que algunas estaciones, como la del Complejo Deportivo de Torrijos Carter, podrían integrar espacios complementarios para la comunidad, como Centros de Orientación Infantil (COIF), especialmente en zonas de alta densidad poblacional. “Esperamos que estas propuestas sean consideradas, permitiendo que la mano de obra local participe y que los vecinos se beneficien directamente de este megaproyecto”, concluyó la alcaldesa. En cuanto a los terrenos para las estaciones, algunos aún están en evaluación, incluyendo espacios pertenecientes al Banco Hipotecario. Para Hernández, lo más importante es priorizar el uso adecuado de los espacios para ejecutar el proyecto de manera efectiva y que beneficie al distrito. Detalles del pliego de condiciones De acuerdo con lo establecido en el pliego, el Sistema de Teleférico de Panamá y San Miguelito contempla que el concesionario seleccionado será responsable de todas las etapas, desde los estudios técnicos y diseño hasta la operación y mantenimiento del sistema. Entre las tareas incluidas se destacan los estudios de meteorología, topografía, geotecnia, hidráulica e hidrología, así como la construcción de estaciones, pilonas y obras complementarias. También deberá ejecutar la adecuación urbanística de los entornos, la relocalización de redes de servicios públicos y la instalación de sistemas electromecánicos necesarios para la puesta en marcha. Las solicitudes de obras puntuales para estos espacios públicos como COIF, comercios, parques, donde el consorcio ganador deberá hacer adecuaciones urbanísticas y futuras obras complementarias, son los puntos que la alcaldesa de San Miguelito pide sean incluidos en el proyecto. Como parte de la reactivación de las plantas bananeras en la provincia de Bocas del Toro, la empresa Chiquita ha contratado a 1,655 trabajadores, de los cuales 600 son permanentes. Así lo informó ayer la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, quien se trasladó a esta provincia y, de paso, aprovechará para reunirse con dirigentes de las bananeras. “Es importante manifestar que en esta primera etapa únicamente es limpieza y mantenimiento de la planta, para ver la situación de las plantaciones y poder entonces seguir haciendo las contrataciones y producción”, afirmó Muñoz. En la primera fase se estarán realizando labores de evaluación de las fincas, mantenimiento de las plantaciones y otras labores para contratar en esa etapa a unas 3,000 personas y posteriormente, en la etapa de producción, alrededor de 2,000 adicionales. Se espera que la exportación de banano reinicie entre diciembre y enero de 2026. Antes de que cesaran las operaciones de Chiquita el pasado mes de junio, la emMinistra de Trabajo informa que hay 1,655 trabajadores contratados por Chiquita BOCAS DEL TORO presa tenía bajo su administración la mayoría de las 26 fincas en Bocas del Toro. Específicamente, 21 de estas fincas estaban incluidas en el contrato de concesión de Chiquita y cinco subarrendadas a productores locales, a quienes se le compraba la cosecha. El 29 de agosto, el Gobierno anunció el retorno de la empresa bananera a Panamá, tras concretarse la firma del Memorando de Entendimiento entre esta compañía y la administración de José Raúl Mulino, durante un viaje a Brasil. Chiquita había cerrado operaciones por una huelga bananera iniciada como protesta por la aprobación del nuevo sistema de pensiones. Henry Cárdenas P. [email protected] Instalaciones de Chiquita en Changuinola. Cortesía Rogelio Marquínez, secretario de la UCOC, y Roberto Ruiz Díaz, asesor legal. Cortesía Panorama
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