4A La Prensa Panamá, sábado 18 de octubre de 2025 Panorama El señor presidente se dio gusto esta semana. Su odio a este medio no lo disimula, algo que debo elogiarle porque es de las poquísimas cosas en la que es sincero, sin hipocresías. Dice que fue encarcelado gracias a tres periodicazos de La Prensa. Bueno, le recuerdo que también hubo “periodicazos” por el caso Odebrecht, por el New Business, y, en efecto, en su propio caso, Finmeccanica, en el que salió librado por tecnicismos legales, obtenidos por abogados que hoy ostentan u ostentarán cargos de primera orden. Tengo que admitir que cuando se trata de él, el señor presidente no se mide en agradecimiento ni generosidad. Pero debería darle el crédito al expresidente Varela por el tema de la “procuraduría paralela”, como él lo llama. Y, contrario a lo que él pensaría, yo sí estoy de acuerdo en crear una institución que vele por los intereses y bienes del Estado. Y lo que él dijo es cierto: las instituciones del Estado no tienen abogados penalistas, es decir, profesionales especializados en llevar y constituir denuncias, demandas y querellas para perseguir la corrupción. Y eso es, precisamente lo que hizo Varela, pero Mulino ahora quiere hacernos ver que no es lo mismo. Pero, sí es lo mismo. La única diferencia es que Varela contrató a un bufete y Mulino ha creado una Unidad de Asuntos Legales, pero que hará exactamente lo mismo. En lo que difiero es que, para crear esta oficina con ese perfil, no basta un decreto. Debería ser mediante ley y, además, adecuarla a las exigencias de la Constitución. También difiero en que solo sea para los fines esbozados en el decreto que la creó. Pienso que debería defender al Estado en arbitrajes, demandas o cosas similares. Lo que no sé es su fin ulterior –que seguro lo tiene–, porque a simple vista veo una cosa improvisada, desprovista de respaldo legal y, por tanto, mal hecha, incapaz de resistir una demanda de inconstitucionalidad, lo cual sería una gran ironía: una Unidad de Asuntos Legales que desaparecería por ilegal. ierto es que hay instituciones con mandatos legales y constitucionales que pueden hacer el trabajo de esa Unidad de Asuntos Legales, pero en la práctica nadie o unos cuantos hacen muy poco por el Estado y su patrimonio. Para simplificar las cosas, el presidente pudo haber enviado a la Asamblea Nacional un proyecto para modificar leyes existentes, a fin de que hacer específicas las funciones y echar el carro a andar. Pero no lo hizo, creó esta Unidad en un ministerio que ni siquiera puede hacer que funcione la oficina de correos (y telégrafos), algo que ya ni existe. Y por si fuera poco, esa oficina será dependencia de un ministerio que ni siquiera maneja la titular del cargo, sino un individuo que lo hace debajo de la mesa, porque no puede sacar su cara al sol, ya que no puede explicar su repentina riqueza –solo que Odebrecht se la haya “regalado”–, por lo que ese individuo está en líos legales hasta las narices. Entonces lo que tenemos es una dudosa e improvisada oficina que manejará un sinvergüenza. Por donde se mire (o huela) algo está podrido en esa nueva oficina. Y si a esta sopa le agregamos los nuevos superpoderes del contralor (secuestro de bienes, etc.), entonces tenemos un Órgano Judicial paralelo. Solo faltaría que el Ejecutivo se invente una oficina para dictar sentencias. En consecuencia, vivimos (o sufrimos) una transformación democrática, pero sin reforma constitucional, que cada vez más se parece a la “democracia” de los generales del pasado, y que lleva adelante –parafraseando al señor presidente– la recua de funcionarios que él personalmente dirige. Sábado Picante Rolando Rodríguez [email protected] En la combinación de imágenes se muestra al contralor Anel Flores y al ministro de Salud, Fernando Boyd. Archivo TI presenta denuncia por pagos a Hombres de Blanco sin contrato válido Mónica Palm [email protected] DENUNCIA ADMINISTRATIVA La denuncia que presentó Transparencia Internacional Panamá ante la Procuraduría de la Administración es para que se investiguen las faltas al cumplimiento de deberes constitucionales y legales de varios servidores públicos. La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana –capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI)– presentó una denuncia administrativa para que se investigue por qué la Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio de Salud (Minsa) pagaron por la prestación de unos servicios de limpieza hospitalaria que estaban acordados en un contrato sin validez. El contratista favorecido es Hombres de Blanco Corp., empresa que está a cargo de la limpieza de los hospitales del Minsa en el interior del país. En septiembre pasado, la Contraloría autorizó pagos por $5.4 millones por servicios de limpieza que se llevaron a cabo entre enero y junio pasado, cuando los contratos respectivos no habían sido refrendados. La Ley de Contrataciones Públicas de 2006 exige el refrendo previo de Contraloría como un requisito obligatorio de los contratos con el Estado. La denuncia que presentó TI Panamá ante la Procuraduría de la Administración es para que se investiguen las faltas al cumplimiento de deberes constitucionales y legales de varios servidores públicos. El desembolso a favor de Hombres de Blanco se llevó a cabo a pesar de que el contralor Anel Flores emitió una circular, el 4 de septiembre pasado, para advertir a todas las entidades públicas que no se pagarán aquellas obras, servicios y compras que no tengan un contrato válido. Casi tres semanas después, en una entrevista en TVN, Flores justificó los pagos a Hombres de Blanco “por el bien del país”, un criterio que, según TI, no es de estricta legalidad. “La Contraloría, con esta decisión, permite pagos irregulares sin cumplir con los controles establecidos, lo cual representa una vulneración a la seguridad jurídica, al principio de legalidad que rige sus funciones y a la obligación constitucional de salvaguardar los fondos públicos”, sostiene la organización en la denuncia presentada. Agrega que estos pagos representan un negativo precedente para la administración pública “y seguiría abriendo las puertas para que tanto servidores públicos como contratistas se pongan de acuerdo para ejecutar contratos sin la fiscalización previa correspondiente”. De hecho, Hombres de Blanco ha continuado prestando servicios de limpieza hospitalaria, con un contrato directo que tiene vigencia del 1 de julio de 2025 al 30 de junio de 2026, otra vez sin el refrendo correspondiente de Contraloría. Este último contrato, que implica trabajos de limpieza en ocho hospitales públicos, es por un monto de $15.3 millones. El Minsa ha prometido que convocará a una licitación pública para adjudicar estos trabajos, a partir de julio de 2026. Yaritza Mojica [email protected] La CSS anunció la plataforma Mi Farma Digital donde se podrá verificar en qué farmacia hay medicamentos. Cortesía CSS promete solución digital ante quejas por falta de medicinas SERVICIOS DE SALUD La historia de los pacientes asegurados que van de farmacia en farmacia buscando medicamentos esenciales que no llegan a tiempo se repite sin pausa a lo largo del país. Esa es la historia de doña Carmen, una jubilada residente de Juan Díaz, quien visitó el pasado jueves la Policlínica Manuel María Ferrer de Calle 25. “Solo encontré el colágeno, porque las pastillas para la presión no las tienen. Me dijeron que regrese la otra semana. Ayer [miércoles 15] fui hasta San Antonio, pero tampoco las encontré”, dice y muestra los comprobantes de sus visitas. En apenas una semana, Carmen ha recorrido cuatro policlínicas —Juan Díaz (JJ Vallarino), San Antonio, San Francisco y ahora El Marañón, (Calle 25)— sin éxito. “Dicen que hay, pero cuando uno llega ya no hay nada”, lamenta. En la parada de autobuses, decepcionada del sistema, está Esther (nombre ficticio), una mujer embarazada que vive en Arraiján, provincia de Panamá Oeste, y que no ha encontrado vitaminas básicas para su embarazo, como el complejo B. “Al final me ha tocado comprarlos [sus medicinas], junto con las vitaminas para mi embarazo”, narró. Entre los fármacos agotados en policlínicas como la Manuel María Valdés y la Manuel María Ferrer, además del complejo B (vitaminas), figuran el Ruibarbo y Soda (un regulador hepático y gástrico), y el lisinopril (para tratar la presión arterial alta), según asegurados. El director de la CSS, Dino Mon, señaló que actualmente la institución cuenta con un 92.4% de abastecimiento de medicamentos. “Muchos pacientes se preguntan por qué, si hay existencias, aún hay farmacias donde ciertos productos no están disponibles”, expresó. Aclaró que “el problema ya no es el abastecimiento, sino la correcta dispensación. Debemos garantizar que los medicamentos salgan de los depósitos y lleguen a las manos de los pacientes, porque de nada sirve tenerlos almacenados si no se distribuyen efectivamente”. El funcionario reconoció que, aunque se ha avanzado en la gestión del inventario, todavía es necesario optimizar los procesos logísticos. “Podemos pensar que estamos haciendo las cosas bien, pero si no vemos el proceso de forma integral, nunca satisfaremos las verdaderas necesidades de la población”, subrayó. Anunció además el lanzamiento de las plataformas “Mi Farma Digital” y “Mi Receta Digital”, que la próxima semana se presentarán como herramientas tecnológicas para mejorar la trazabilidad y distribución de los medicamentos. “Será una plataforma que optimizará la logística, para que los fármacos que hoy están almacenados lleguen de manera rápida, ágil y controlada a cada asegurado”, adelantó Mon. “Mi Farma Digital” ofrecerá una proyección de disponibilidad de medicamentos para los próximos cuatro meses. La información estará organizada por provincia y, dentro de cada una, por unidad ejecutora. Según la entidad, cuando un médico recete un medicamento, el asegurado podrá saber exactamente en qué farmacia lo encontrará. “Mi Receta Digital” complementa esta estrategia, ya que muchas recetas provienen de médicos particulares y no de la CSS “Actualmente, los médicos privados no saben si los medicamentos recetados están disponibles en la CSS, lo que agrava el problema. Con esta nueva herramienta, los médicos externos podrán emitir recetas visualizando el inventario en tiempo real y eligiendo la unidad donde el paciente desee retirar el medicamento”, explicó Mon. El director destacó que ambas plataformas son herramientas poderosas: una brinda visibilidad al asegurado sobre el inventario institucional y la otra facilita la prescripción electrónica. Además, permitirán a los proveedores planificar oportunamente las compras y evitar el desabastecimiento. Una solución que no todos podrán usar El reciente anuncio ha generado esperanza pero también dudas entre los adultos mayores. “Eso está bien para los jóvenes que saben usar la tecnología, pero los que vivimos en lugares apartados o no tenemos celular, ¿Cómo hacemos?”, cuestiona Carmen. “No todo el mundo tiene teléfono ni conexión. A nosotros nos toca seguir de bus en bus, buscando dónde nos atienden”. La realidad económica agrava el panorama. Carmen, como muchos jubilados, depende de una pensión. “No tenemos una jubilación jugosa como para comprar todo el medicamento por fuera. Estamos necesitados, y cada vez que falta algo, sufrimos”, concluyó.
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