2A La Prensa Panamá, sábado 18 de octubre de 2025 El Ministerio de la Presidencia tendría $8 millones adicionales en su presupuesto de inversión para la vigencia fiscal 2026. El incremento haría pasar de $32 millones a $40 millones el total destinado a las inversiones. Los recursos adicionales se destinarían al Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), adscrito a la Presidencia, según las modificaciones que planteó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al proyecto de presupuesto general del Estado 2026, a través de la Resolución de Gabinete No.108 del 13 de octubre de 2025, con aumentos y disminuciones para ciertas entidades. Las modificaciones que hizo el MEF fueron presentadas a la Asamblea esta semana, pero no implican un cambio en el total del presupuesto general del Estado, de $34,901 millones. Sin embargo, el Legislativo no había recomendado al MEF ningún aumento en los $204 millones del presupuesto total del Ministerio de la Presidencia, que ahora pasaría a ser de $212 millones. Tampoco se hizo a favor de Conades. El MEF dijo a La Prensa que el dinero adicional para la Presidencia sería destinado a “proyectos de inversión social ejecutados a través del Conades”. No se especificó cuáles. Hay otras entidades que recibirían aumentos con las modificaciones del MEF, como el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), que recibe un incremento de $6 millones. Con ello, su presupuesto pasará de $21.8 millones a $27.8 millones, una cifra todavía menor a la que pidió duranPresidencia tendría $8 millones más para inversión en 2026: todo sería para Conades PLANILLA ESTATAL te las vistas presupuestarias en el Legislativo: $78 millones. También se incluyeron aumentos para universidades estatales, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. ¿De dónde sale el dinero? Las mayores disminuciones de dinero, para incrementarlo en otros renglones del proyecto de presupuesto, se aprecian en el servicio de la deuda pública, el Ministerio de Educación (Meduca), la estatal empresa Transporte Masivo de Panamá S.A. (MiBus) y el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) Unos $120.8 millones destinados originalmente al renglón del servicio de la deuda pública pasarían a varias de las entidades que ven incrementos en su presupuesto. “La disminución no significa un menor pago de capital [al servicio de la deuda pública], sino que obedece a una mejor gestión del riesgo fiscal y financiero del Estado. La curva de bonos refleja una caída en el riesgo país y una mejora sostenida en las tasas de interés”, argumentó el MEF al respecto de la disminución en el monto destinado al servicio de la deuda pública. Por otro lado, Transporte Masivo de Panamá, que opera el servicio de metroús y el Minseg verían disminuciones de $2.5 y $3.4 millones respectivamente, estas en conceptos de gratificaciones y bonificaciones a funcionarios. No obstante, al mismo tiempo que ve una reducción, hay un aumento para el Minseg de $5.3 millones. El MEF señaló que dichoincremento“responde al pago de jubilaciones de exfuncionarios de los estamentos de seguridad pública”. En cuanto al Meduca, la reducción de $106.1 millones se traduce en incrementos para la Universidad de Panamá (UP), la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), la Universidad Autónoma de los Pueblos Indígenas (UAPI), la Universidad Especializada de las Américas (Udelas), la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), el ITSE, la Secretaría Nacional de Ciencia, Innovación y Tecnología (Senacyt) y el Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE). Se espera que las modificaciones del MEF sean discutidas desde el próximo lunes 20 de octubre en la Asamblea Nacional. Esta es la sede actual del Ministerio de Gobierno, en el Casco Antiguo. Cortesía Nueva oficina legal pese a un gasto de al menos $33millones en abogados al año Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Mario De Gracia [email protected] PLANILLA ESTATAL La Prensa revisó la planilla de 22 entidades y encontró 1,377 abogados, lo que representa un costo aproximado de $2.7 millones mensuales en salario, equivalente a $33 millones al año. El Estado cuenta con cientos de abogados distribuidos en diversas entidades. A pesar de eso, el Ejecutivo decidió crear una oficina especial para apoyar las instituciones que han sido afectadas por delitos contra la administración pública, ayudándolas a presentar denuncias formales y a participar activamente en los procesos que adelante el Ministerio Público. Sellama“UnidaddeCoordinación Legal”, está adscrita al Ministerio de Gobierno (Mingob) y fue creada mediante decreto ejecutivo, el pasado 13 de octubre. Se desconoce el personal y el costo que requiere para funcionar, pero varios juristas y conocedores del tema advierten que esta iniciativa podría convertirse en un nuevo foco de burocracia y generar mayores gastos para el Estado, en un contexto en el que el costo del personal jurídico en la planilla estatal ya es considerable. La Prensa revisó la planilla de 22 entidades que conforman el aparato estatal, incluyendo dependencias del Ejecutivo, la Asamblea Nacional, el Tribunal Electoral y la Defensoría del Pueblo, y los hallazgos resultaron llamativos. Estas instituciones cuentan, en conjunto, con 1,377 abogados distribuidos en sus principales áreas, lo que representa un costo aproximado de $2,754,186 mensuales en planilla ó $33,050,232 al año. Cabe precisar que estos números solo incluyen a los profesionales formalmente registrados con el cargo de abogado, asesor legal o asistente de abogado en la planilla de esas entidades, dejando fuera a otros funcionarios con formación jurídica que desempeñan cargos de dirección, jefaturas u otras funciones administrativas dentro del Estado. Este listado de abogados no incluye al Órgano Judicial, ni a las alcaldías o juntas comunales, tampoco a las empresas mixtas que manejan fondos públicos, el Canal de Panamá y la Caja de Seguro de Seguro Social (CSS). De acuerdo con los informes de planilla, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) concentra 196 abogados, seguido por la Procuraduría General de la Nación con 133 y la Contraloría General de la República con 118. El Ministerio de Seguridad Pública registra 122, mientras que el Tribunal Electoral suma 136. Estas cifras muestran una importante inversión en personal legal, pero no necesariamente en especialistas capacitados para enfrentar querellas por daños patrimoniales. De hecho, el presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmó que las entidades no tienen personal propio que esté preparado para asumir una defensa en los tribunales. “Usualmente, los abogados de las instituciones no son penalistas con experiencia en el SPA [Sistema Penal Acusatorio] y esto busca brindar un apoyo, un remedio, para que instituciones como el Ifarhu, por ejemplo, no queden colgando de la brocha, con todo lo que pasó ahí, sin que pase nada”, remarcó. Otras entidades Otras instituciones también suman abogados en sus filas. El Ministerio de la Presidencia tiene 66, la Procuraduría de la Administración, 59, y el Ministerio de Educación, 75. El Ministerio de Salud cuenta con 70, mientras que el Ministerio de Gobierno suma 59 y la Asamblea Nacional, 30. Entidades más pequeñas, como el Ministerio de Ambiente (38), el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (50), el Ministerio de Comercio e Industrias (22) y el Ministerio de la Mujer (19), también aportan abogados a la estructura estatal. Incluso la Defensoría del Pueblo, con 19 profesionales, y el Ministerio de Cultura, con 11, registran personal jurídico, aunque la mayoría de ellos se desempeña en funciones administrativas o de asesoría. El Estado panameño está conformado por cerca de un centenar de entidades públicas, entre ministerios, autoridades autónomas y diversas instituciones que sostienen la estructura administrativa del país. En conjunto, su planilla reúne a unas 250 mil personas. El expresidente del Colegio Nacional de Abogados, José Álvarez, calculó que en Panamá existen alrededor de 35 mil abogados, de los cuales unos 5 mil laboran dentro del aparato estatal en distintas funciones. Según Álvarez, la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo podría “desnaturalizarse” si no se designa a especialistas en Derecho Penal, que son los que realmente se ajustan al propósito planteado por el presidente de la República. “Si nombran a expertos en Derecho Civil o en contrataciones públicas, estarían haciendo lo mismo que ahora: contratar a los mismos abogados que ya tenemos en el Estado”, advirtió. El análisis El abogado y exfiscal electoral Boris Barrios planteó que la figura de la querella pública permite a las instituciones “interponer las querellas, asistir a las audiencias y poder pedir los reclamos de indemnización por perjuicios al patrimonio del Estado”, pero señaló que “las instituciones públicas, en efecto, no lo están haciendo”, dejando un vacío que el Estado debería cubrir. Mientras que la exprocuradora Ana Matilde Gómez, al igual que Barrios, coincidió en que instituciones que deben convertirse en querellantes no están ejerciendo ese rol. “Habría que preguntarse por qué no lo cumplen”, señaló Gómez, quien enfatizó que la ausencia de especialistas en Derecho Penal en las instituciones limita la capacidad de estas para presentar querellas y colaborar efectivamente con el Ministerio Público. Para la exprocuradora, la nueva oficina de coordinación representa una oportunidad, siempre que cumpla su función sin discrecionalidad política ni burocrática. “Una gran ventaja es que lo están haciendo adscrito al Ministerio de Gobierno, no a la Presidencia. Por lo tanto, no debería tener esa discrecionalidad política y se está siendo transparente su creación”, afirmó. Advirtió, sin embargo, que el riesgo de que la unidad se convierta en una oficina meramente administrativa podría entorpecer los procesos y aumentar los costos para el Estado. Fachada del Palacio de Las Garzas. Cortesía Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama
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