1A La Prensa Panamá, sábado 18 de octubre de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Sábado 18 de octubre de 2025 - Año 45 - Nº 15173 Hoy por hoy La Asamblea Nacional se ha convertido en un verdadero monstruo devorador de dinero público. Entre 2010 y 2025, el gasto en asesores se disparó de $1.9 millones a $15.6 millones, sin que este aumento aporte resultados claros ni mejore los servicios a la ciudadanía. Mientras tanto, instituciones de salud y educación sufren recortes que limitan recursos fundamentales para la población. Durante años, la nómina de asesores se transformó en un terreno de botellas y privilegios, con puestos ocupados por personas que no cumplen funciones reales. La ausencia de control y auditorías efectivas ha propiciado duplicidad de cargos y un gasto desproporcionado. Con una deuda pública que supera los $57 mil millones, el país no puede permitirse este despilfarro. Resulta urgente depurar la planilla, establecer controles estrictos y asegurar que el gasto en asesores se traduzca en eficiencia y en un servicio tangible para los ciudadanos. Ellas.pa ¿Por qué muchos hombres en Panamá no van al médico? 5B Seis duelos por el pase a semifinales 4B Deportes Panorama Piden denunciar pagos a Hombres de Blanco sin contrato válido 4A Economía La OMI aplaza su decisión sobre las emisiones 2B Alcaldesa de San Miguelito reclama participación ciudadana en proyecto de teleférico La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, pidió que el teleférico Panamá–San Miguelito no solo funcione como transporte, sino que genere desarrollo económico y oportunidades para los residentes del distrito en las estaciones. VEA 6A Gasto en asesores de la AN sube a $15.6 millones Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Entre 2010 y 2025, el gasto de la Asamblea Nacional (AN) en asesores se disparó de $1.9 millones a $15.6 millones, consolidando al Legislativo como la institución estatal con mayor planilla en este rubro. Actualmente, la Asamblea destina $1.3 millones al mes a 464 asesores, cuyos BUROCRACIA El Legislativo gasta mensualmente $1.3 millones en 464 asesores, con salarios de $1,500 a $5,000, generando dudas sobre eficiencia y transparencia. salarios oscilan entre $1,500 y $5,000, lo que ha generado cuestionamientos sobre la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos. La diputada Janine Prado criticó la duplicidad de cargos y la falta de resultados concretos en oficinas y comisiones. Según Prado, muchos puestos parecen creados solo por conveniencia política, y destacó la necesidad de auditorías efectivas para depurar la planilla y garantizar un servicio real a la ciudadanía. El analista José Stoute calificó la situación como un reflejo de corrupción sistemática, mientras que el presidente de la Asamblea reconoció que la carrera legislativa y leyes especiales limitan la eliminación de cargos. Aun así, adelantó planes para reformar la carrera legislativa y aplicar cambios estructurales que busquen mayor control, eficiencia y responsabilidad en el manejo del personal. VEA 7A Se plantean reformas a la carrera legislativa y fortalecer el control y la eficiencia en la gestión del personal. Archivo El titular del MEF, Felipe Chapman asegura que el presupuesto del Estado se mantiene en $34,901 millones. Archivo El Ministerio de la Presidencia podría ver su presupuesto de inversión crecer de $32 millones a $40 millones para 2026, recursos adicionales que se destinarían al Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades) para proyectos de inversión social, según la Resolución de Gabinete N°108 del 13 de octubre de 2025. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman asegura que las modificaciones presentadas a la Asamblea, no cambian el total del presupuesto del Estado, de $34,901 millones, y los aumentos provienen de ajustes en otros renglones, como el servicio de la deuda pública, Meduca, MiBus y Minseg. Además de la Presidencia, también recibirían incrementos universidades estatales, el ITSE, el Ministerio de Salud y el MIDA. VEA 4A EJECUTIVO Unos 1,377 abogados laboran en 22 entidades Ejecutivo apunta a reducir deuda pese a restricciones fiscales Presidencia recibiría $8 millones adicionales en inversión Al menos 1,377 abogados trabajan actualmente en 22 dependencias estatales, con un costo anual superior a $33 millones, según los registros de planilla revisados por La Prensa. Pese a esta amplia estructura legal dentro del sector público, el Ejecutivo decidió crear una nueva instancia: la Unidad de Coordinación Legal, adscrita al Ministerio de Gobierno (Mingob), destinada a asistir a las instituciones afectadas por delitos contra la administración pública. VEA 2A El presidente José Raúl Mulino reconoció que las limitaciones fiscales heredadas y el fuerte endeudamiento durante la pandemia complican la reducción de la deuda, que alcanzó FINANZAS PÚBLICAS $58,654 millones en septiembre. A pesar de estas restricciones, su gobierno busca bajar la relación deuda/PIB al 4% antes de fin de año, mientras implementa medidas para contener el gasto discrecional y mejorar la recaudación fiscal. VEA 1B
2A La Prensa Panamá, sábado 18 de octubre de 2025 El Ministerio de la Presidencia tendría $8 millones adicionales en su presupuesto de inversión para la vigencia fiscal 2026. El incremento haría pasar de $32 millones a $40 millones el total destinado a las inversiones. Los recursos adicionales se destinarían al Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), adscrito a la Presidencia, según las modificaciones que planteó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al proyecto de presupuesto general del Estado 2026, a través de la Resolución de Gabinete No.108 del 13 de octubre de 2025, con aumentos y disminuciones para ciertas entidades. Las modificaciones que hizo el MEF fueron presentadas a la Asamblea esta semana, pero no implican un cambio en el total del presupuesto general del Estado, de $34,901 millones. Sin embargo, el Legislativo no había recomendado al MEF ningún aumento en los $204 millones del presupuesto total del Ministerio de la Presidencia, que ahora pasaría a ser de $212 millones. Tampoco se hizo a favor de Conades. El MEF dijo a La Prensa que el dinero adicional para la Presidencia sería destinado a “proyectos de inversión social ejecutados a través del Conades”. No se especificó cuáles. Hay otras entidades que recibirían aumentos con las modificaciones del MEF, como el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), que recibe un incremento de $6 millones. Con ello, su presupuesto pasará de $21.8 millones a $27.8 millones, una cifra todavía menor a la que pidió duranPresidencia tendría $8 millones más para inversión en 2026: todo sería para Conades PLANILLA ESTATAL te las vistas presupuestarias en el Legislativo: $78 millones. También se incluyeron aumentos para universidades estatales, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. ¿De dónde sale el dinero? Las mayores disminuciones de dinero, para incrementarlo en otros renglones del proyecto de presupuesto, se aprecian en el servicio de la deuda pública, el Ministerio de Educación (Meduca), la estatal empresa Transporte Masivo de Panamá S.A. (MiBus) y el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) Unos $120.8 millones destinados originalmente al renglón del servicio de la deuda pública pasarían a varias de las entidades que ven incrementos en su presupuesto. “La disminución no significa un menor pago de capital [al servicio de la deuda pública], sino que obedece a una mejor gestión del riesgo fiscal y financiero del Estado. La curva de bonos refleja una caída en el riesgo país y una mejora sostenida en las tasas de interés”, argumentó el MEF al respecto de la disminución en el monto destinado al servicio de la deuda pública. Por otro lado, Transporte Masivo de Panamá, que opera el servicio de metroús y el Minseg verían disminuciones de $2.5 y $3.4 millones respectivamente, estas en conceptos de gratificaciones y bonificaciones a funcionarios. No obstante, al mismo tiempo que ve una reducción, hay un aumento para el Minseg de $5.3 millones. El MEF señaló que dichoincremento“responde al pago de jubilaciones de exfuncionarios de los estamentos de seguridad pública”. En cuanto al Meduca, la reducción de $106.1 millones se traduce en incrementos para la Universidad de Panamá (UP), la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), la Universidad Autónoma de los Pueblos Indígenas (UAPI), la Universidad Especializada de las Américas (Udelas), la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), el ITSE, la Secretaría Nacional de Ciencia, Innovación y Tecnología (Senacyt) y el Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE). Se espera que las modificaciones del MEF sean discutidas desde el próximo lunes 20 de octubre en la Asamblea Nacional. Esta es la sede actual del Ministerio de Gobierno, en el Casco Antiguo. Cortesía Nueva oficina legal pese a un gasto de al menos $33millones en abogados al año Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Mario De Gracia [email protected] PLANILLA ESTATAL La Prensa revisó la planilla de 22 entidades y encontró 1,377 abogados, lo que representa un costo aproximado de $2.7 millones mensuales en salario, equivalente a $33 millones al año. El Estado cuenta con cientos de abogados distribuidos en diversas entidades. A pesar de eso, el Ejecutivo decidió crear una oficina especial para apoyar las instituciones que han sido afectadas por delitos contra la administración pública, ayudándolas a presentar denuncias formales y a participar activamente en los procesos que adelante el Ministerio Público. Sellama“UnidaddeCoordinación Legal”, está adscrita al Ministerio de Gobierno (Mingob) y fue creada mediante decreto ejecutivo, el pasado 13 de octubre. Se desconoce el personal y el costo que requiere para funcionar, pero varios juristas y conocedores del tema advierten que esta iniciativa podría convertirse en un nuevo foco de burocracia y generar mayores gastos para el Estado, en un contexto en el que el costo del personal jurídico en la planilla estatal ya es considerable. La Prensa revisó la planilla de 22 entidades que conforman el aparato estatal, incluyendo dependencias del Ejecutivo, la Asamblea Nacional, el Tribunal Electoral y la Defensoría del Pueblo, y los hallazgos resultaron llamativos. Estas instituciones cuentan, en conjunto, con 1,377 abogados distribuidos en sus principales áreas, lo que representa un costo aproximado de $2,754,186 mensuales en planilla ó $33,050,232 al año. Cabe precisar que estos números solo incluyen a los profesionales formalmente registrados con el cargo de abogado, asesor legal o asistente de abogado en la planilla de esas entidades, dejando fuera a otros funcionarios con formación jurídica que desempeñan cargos de dirección, jefaturas u otras funciones administrativas dentro del Estado. Este listado de abogados no incluye al Órgano Judicial, ni a las alcaldías o juntas comunales, tampoco a las empresas mixtas que manejan fondos públicos, el Canal de Panamá y la Caja de Seguro de Seguro Social (CSS). De acuerdo con los informes de planilla, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) concentra 196 abogados, seguido por la Procuraduría General de la Nación con 133 y la Contraloría General de la República con 118. El Ministerio de Seguridad Pública registra 122, mientras que el Tribunal Electoral suma 136. Estas cifras muestran una importante inversión en personal legal, pero no necesariamente en especialistas capacitados para enfrentar querellas por daños patrimoniales. De hecho, el presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmó que las entidades no tienen personal propio que esté preparado para asumir una defensa en los tribunales. “Usualmente, los abogados de las instituciones no son penalistas con experiencia en el SPA [Sistema Penal Acusatorio] y esto busca brindar un apoyo, un remedio, para que instituciones como el Ifarhu, por ejemplo, no queden colgando de la brocha, con todo lo que pasó ahí, sin que pase nada”, remarcó. Otras entidades Otras instituciones también suman abogados en sus filas. El Ministerio de la Presidencia tiene 66, la Procuraduría de la Administración, 59, y el Ministerio de Educación, 75. El Ministerio de Salud cuenta con 70, mientras que el Ministerio de Gobierno suma 59 y la Asamblea Nacional, 30. Entidades más pequeñas, como el Ministerio de Ambiente (38), el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (50), el Ministerio de Comercio e Industrias (22) y el Ministerio de la Mujer (19), también aportan abogados a la estructura estatal. Incluso la Defensoría del Pueblo, con 19 profesionales, y el Ministerio de Cultura, con 11, registran personal jurídico, aunque la mayoría de ellos se desempeña en funciones administrativas o de asesoría. El Estado panameño está conformado por cerca de un centenar de entidades públicas, entre ministerios, autoridades autónomas y diversas instituciones que sostienen la estructura administrativa del país. En conjunto, su planilla reúne a unas 250 mil personas. El expresidente del Colegio Nacional de Abogados, José Álvarez, calculó que en Panamá existen alrededor de 35 mil abogados, de los cuales unos 5 mil laboran dentro del aparato estatal en distintas funciones. Según Álvarez, la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo podría “desnaturalizarse” si no se designa a especialistas en Derecho Penal, que son los que realmente se ajustan al propósito planteado por el presidente de la República. “Si nombran a expertos en Derecho Civil o en contrataciones públicas, estarían haciendo lo mismo que ahora: contratar a los mismos abogados que ya tenemos en el Estado”, advirtió. El análisis El abogado y exfiscal electoral Boris Barrios planteó que la figura de la querella pública permite a las instituciones “interponer las querellas, asistir a las audiencias y poder pedir los reclamos de indemnización por perjuicios al patrimonio del Estado”, pero señaló que “las instituciones públicas, en efecto, no lo están haciendo”, dejando un vacío que el Estado debería cubrir. Mientras que la exprocuradora Ana Matilde Gómez, al igual que Barrios, coincidió en que instituciones que deben convertirse en querellantes no están ejerciendo ese rol. “Habría que preguntarse por qué no lo cumplen”, señaló Gómez, quien enfatizó que la ausencia de especialistas en Derecho Penal en las instituciones limita la capacidad de estas para presentar querellas y colaborar efectivamente con el Ministerio Público. Para la exprocuradora, la nueva oficina de coordinación representa una oportunidad, siempre que cumpla su función sin discrecionalidad política ni burocrática. “Una gran ventaja es que lo están haciendo adscrito al Ministerio de Gobierno, no a la Presidencia. Por lo tanto, no debería tener esa discrecionalidad política y se está siendo transparente su creación”, afirmó. Advirtió, sin embargo, que el riesgo de que la unidad se convierta en una oficina meramente administrativa podría entorpecer los procesos y aumentar los costos para el Estado. Fachada del Palacio de Las Garzas. Cortesía Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama
3A La Prensa Panamá, sábado 18 de octubre de 2025
4A La Prensa Panamá, sábado 18 de octubre de 2025 Panorama El señor presidente se dio gusto esta semana. Su odio a este medio no lo disimula, algo que debo elogiarle porque es de las poquísimas cosas en la que es sincero, sin hipocresías. Dice que fue encarcelado gracias a tres periodicazos de La Prensa. Bueno, le recuerdo que también hubo “periodicazos” por el caso Odebrecht, por el New Business, y, en efecto, en su propio caso, Finmeccanica, en el que salió librado por tecnicismos legales, obtenidos por abogados que hoy ostentan u ostentarán cargos de primera orden. Tengo que admitir que cuando se trata de él, el señor presidente no se mide en agradecimiento ni generosidad. Pero debería darle el crédito al expresidente Varela por el tema de la “procuraduría paralela”, como él lo llama. Y, contrario a lo que él pensaría, yo sí estoy de acuerdo en crear una institución que vele por los intereses y bienes del Estado. Y lo que él dijo es cierto: las instituciones del Estado no tienen abogados penalistas, es decir, profesionales especializados en llevar y constituir denuncias, demandas y querellas para perseguir la corrupción. Y eso es, precisamente lo que hizo Varela, pero Mulino ahora quiere hacernos ver que no es lo mismo. Pero, sí es lo mismo. La única diferencia es que Varela contrató a un bufete y Mulino ha creado una Unidad de Asuntos Legales, pero que hará exactamente lo mismo. En lo que difiero es que, para crear esta oficina con ese perfil, no basta un decreto. Debería ser mediante ley y, además, adecuarla a las exigencias de la Constitución. También difiero en que solo sea para los fines esbozados en el decreto que la creó. Pienso que debería defender al Estado en arbitrajes, demandas o cosas similares. Lo que no sé es su fin ulterior –que seguro lo tiene–, porque a simple vista veo una cosa improvisada, desprovista de respaldo legal y, por tanto, mal hecha, incapaz de resistir una demanda de inconstitucionalidad, lo cual sería una gran ironía: una Unidad de Asuntos Legales que desaparecería por ilegal. ierto es que hay instituciones con mandatos legales y constitucionales que pueden hacer el trabajo de esa Unidad de Asuntos Legales, pero en la práctica nadie o unos cuantos hacen muy poco por el Estado y su patrimonio. Para simplificar las cosas, el presidente pudo haber enviado a la Asamblea Nacional un proyecto para modificar leyes existentes, a fin de que hacer específicas las funciones y echar el carro a andar. Pero no lo hizo, creó esta Unidad en un ministerio que ni siquiera puede hacer que funcione la oficina de correos (y telégrafos), algo que ya ni existe. Y por si fuera poco, esa oficina será dependencia de un ministerio que ni siquiera maneja la titular del cargo, sino un individuo que lo hace debajo de la mesa, porque no puede sacar su cara al sol, ya que no puede explicar su repentina riqueza –solo que Odebrecht se la haya “regalado”–, por lo que ese individuo está en líos legales hasta las narices. Entonces lo que tenemos es una dudosa e improvisada oficina que manejará un sinvergüenza. Por donde se mire (o huela) algo está podrido en esa nueva oficina. Y si a esta sopa le agregamos los nuevos superpoderes del contralor (secuestro de bienes, etc.), entonces tenemos un Órgano Judicial paralelo. Solo faltaría que el Ejecutivo se invente una oficina para dictar sentencias. En consecuencia, vivimos (o sufrimos) una transformación democrática, pero sin reforma constitucional, que cada vez más se parece a la “democracia” de los generales del pasado, y que lleva adelante –parafraseando al señor presidente– la recua de funcionarios que él personalmente dirige. Sábado Picante Rolando Rodríguez [email protected] En la combinación de imágenes se muestra al contralor Anel Flores y al ministro de Salud, Fernando Boyd. Archivo TI presenta denuncia por pagos a Hombres de Blanco sin contrato válido Mónica Palm [email protected] DENUNCIA ADMINISTRATIVA La denuncia que presentó Transparencia Internacional Panamá ante la Procuraduría de la Administración es para que se investiguen las faltas al cumplimiento de deberes constitucionales y legales de varios servidores públicos. La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana –capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI)– presentó una denuncia administrativa para que se investigue por qué la Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio de Salud (Minsa) pagaron por la prestación de unos servicios de limpieza hospitalaria que estaban acordados en un contrato sin validez. El contratista favorecido es Hombres de Blanco Corp., empresa que está a cargo de la limpieza de los hospitales del Minsa en el interior del país. En septiembre pasado, la Contraloría autorizó pagos por $5.4 millones por servicios de limpieza que se llevaron a cabo entre enero y junio pasado, cuando los contratos respectivos no habían sido refrendados. La Ley de Contrataciones Públicas de 2006 exige el refrendo previo de Contraloría como un requisito obligatorio de los contratos con el Estado. La denuncia que presentó TI Panamá ante la Procuraduría de la Administración es para que se investiguen las faltas al cumplimiento de deberes constitucionales y legales de varios servidores públicos. El desembolso a favor de Hombres de Blanco se llevó a cabo a pesar de que el contralor Anel Flores emitió una circular, el 4 de septiembre pasado, para advertir a todas las entidades públicas que no se pagarán aquellas obras, servicios y compras que no tengan un contrato válido. Casi tres semanas después, en una entrevista en TVN, Flores justificó los pagos a Hombres de Blanco “por el bien del país”, un criterio que, según TI, no es de estricta legalidad. “La Contraloría, con esta decisión, permite pagos irregulares sin cumplir con los controles establecidos, lo cual representa una vulneración a la seguridad jurídica, al principio de legalidad que rige sus funciones y a la obligación constitucional de salvaguardar los fondos públicos”, sostiene la organización en la denuncia presentada. Agrega que estos pagos representan un negativo precedente para la administración pública “y seguiría abriendo las puertas para que tanto servidores públicos como contratistas se pongan de acuerdo para ejecutar contratos sin la fiscalización previa correspondiente”. De hecho, Hombres de Blanco ha continuado prestando servicios de limpieza hospitalaria, con un contrato directo que tiene vigencia del 1 de julio de 2025 al 30 de junio de 2026, otra vez sin el refrendo correspondiente de Contraloría. Este último contrato, que implica trabajos de limpieza en ocho hospitales públicos, es por un monto de $15.3 millones. El Minsa ha prometido que convocará a una licitación pública para adjudicar estos trabajos, a partir de julio de 2026. Yaritza Mojica [email protected] La CSS anunció la plataforma Mi Farma Digital donde se podrá verificar en qué farmacia hay medicamentos. Cortesía CSS promete solución digital ante quejas por falta de medicinas SERVICIOS DE SALUD La historia de los pacientes asegurados que van de farmacia en farmacia buscando medicamentos esenciales que no llegan a tiempo se repite sin pausa a lo largo del país. Esa es la historia de doña Carmen, una jubilada residente de Juan Díaz, quien visitó el pasado jueves la Policlínica Manuel María Ferrer de Calle 25. “Solo encontré el colágeno, porque las pastillas para la presión no las tienen. Me dijeron que regrese la otra semana. Ayer [miércoles 15] fui hasta San Antonio, pero tampoco las encontré”, dice y muestra los comprobantes de sus visitas. En apenas una semana, Carmen ha recorrido cuatro policlínicas —Juan Díaz (JJ Vallarino), San Antonio, San Francisco y ahora El Marañón, (Calle 25)— sin éxito. “Dicen que hay, pero cuando uno llega ya no hay nada”, lamenta. En la parada de autobuses, decepcionada del sistema, está Esther (nombre ficticio), una mujer embarazada que vive en Arraiján, provincia de Panamá Oeste, y que no ha encontrado vitaminas básicas para su embarazo, como el complejo B. “Al final me ha tocado comprarlos [sus medicinas], junto con las vitaminas para mi embarazo”, narró. Entre los fármacos agotados en policlínicas como la Manuel María Valdés y la Manuel María Ferrer, además del complejo B (vitaminas), figuran el Ruibarbo y Soda (un regulador hepático y gástrico), y el lisinopril (para tratar la presión arterial alta), según asegurados. El director de la CSS, Dino Mon, señaló que actualmente la institución cuenta con un 92.4% de abastecimiento de medicamentos. “Muchos pacientes se preguntan por qué, si hay existencias, aún hay farmacias donde ciertos productos no están disponibles”, expresó. Aclaró que “el problema ya no es el abastecimiento, sino la correcta dispensación. Debemos garantizar que los medicamentos salgan de los depósitos y lleguen a las manos de los pacientes, porque de nada sirve tenerlos almacenados si no se distribuyen efectivamente”. El funcionario reconoció que, aunque se ha avanzado en la gestión del inventario, todavía es necesario optimizar los procesos logísticos. “Podemos pensar que estamos haciendo las cosas bien, pero si no vemos el proceso de forma integral, nunca satisfaremos las verdaderas necesidades de la población”, subrayó. Anunció además el lanzamiento de las plataformas “Mi Farma Digital” y “Mi Receta Digital”, que la próxima semana se presentarán como herramientas tecnológicas para mejorar la trazabilidad y distribución de los medicamentos. “Será una plataforma que optimizará la logística, para que los fármacos que hoy están almacenados lleguen de manera rápida, ágil y controlada a cada asegurado”, adelantó Mon. “Mi Farma Digital” ofrecerá una proyección de disponibilidad de medicamentos para los próximos cuatro meses. La información estará organizada por provincia y, dentro de cada una, por unidad ejecutora. Según la entidad, cuando un médico recete un medicamento, el asegurado podrá saber exactamente en qué farmacia lo encontrará. “Mi Receta Digital” complementa esta estrategia, ya que muchas recetas provienen de médicos particulares y no de la CSS “Actualmente, los médicos privados no saben si los medicamentos recetados están disponibles en la CSS, lo que agrava el problema. Con esta nueva herramienta, los médicos externos podrán emitir recetas visualizando el inventario en tiempo real y eligiendo la unidad donde el paciente desee retirar el medicamento”, explicó Mon. El director destacó que ambas plataformas son herramientas poderosas: una brinda visibilidad al asegurado sobre el inventario institucional y la otra facilita la prescripción electrónica. Además, permitirán a los proveedores planificar oportunamente las compras y evitar el desabastecimiento. Una solución que no todos podrán usar El reciente anuncio ha generado esperanza pero también dudas entre los adultos mayores. “Eso está bien para los jóvenes que saben usar la tecnología, pero los que vivimos en lugares apartados o no tenemos celular, ¿Cómo hacemos?”, cuestiona Carmen. “No todo el mundo tiene teléfono ni conexión. A nosotros nos toca seguir de bus en bus, buscando dónde nos atienden”. La realidad económica agrava el panorama. Carmen, como muchos jubilados, depende de una pensión. “No tenemos una jubilación jugosa como para comprar todo el medicamento por fuera. Estamos necesitados, y cada vez que falta algo, sufrimos”, concluyó.
5A La Prensa Panamá, sábado 18 de octubre de 2025 En el orden usual, Cecilia Rodríguez (Recursos Humanos); Agnes de Cotes, viceministra Académica; y Edwin Gordón, director general de Educación. Cortesía Meduca reactivará el Provel para evitar prácticas irregulares Yaritza Mojica [email protected] PLATAFORMA VIRTUAL PARA VACANTES Según la entidad, el sistema es eficiente y abarca las etapas de: presentación de la oferta, postulación de aspirantes, atención de reclamos, elaboración de la lista de elegibles y selección de candidatos. El Ministerio de Educación (Meduca) habilitó ayer, el Proceso de Vacantes en Línea (Provel), un sistema que permaneció inactivo durante diez años y que ahora será retomado para que los docentes puedan acceder a las vacantes disponibles. Este proceso se pone en marcha con base en el Decreto Ejecutivo No.56 del 10 de octubre de 2025, que dispone la publicación de las vacantes disponibles para el año lectivo 2026, a través del sitio web oficial www.meduca.gob.pa. La directora Nacional de Recursos Humanos, Cecilia Rodríguez, denunció que anteriormente “los docentes se veían obligados a ofrecer dinero u otra prebenda para obtener una vacante”. Rodríguez agregó que al menos veinte denuncias sobre hechos irregulares ocurridos en distintas regiones del país están siendo investigadas por el Ministerio Público. La jefa de Recursos Humanos del Meduca destacó que este proceso “viene a suplir la necesidad imperante de aquellos docentes que, durante el año escolar, aplicaban a una vacante, pero se veían forzados a participar en intercambios indebidos para conseguirla”. Según las autoridades del Meduca, este sistema, que busca erradicar prácticas irregulares, abarca las siguientes etapas de la gestión de vacantes: presentación de la oferta, postulación de aspirantes, atención de reclamos, elaboración de la lista de elegibles y selección de candidatos para ocupar los cargos, garantizando un procedimiento claro, seguro y eficiente para toda la comunidad docente. En octubre del año pasado siete personas fueron aprehendidas durante la operación Capibara, liderada por la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada y enfrentaron cargos por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y peculado, relacionados con nombramientos irregulares en el Meduca. Las aprehensiones se realizaron en Panamá, Chiriquí, Bocas del Toro, Panamá Oeste, Veraguas y Herrera, tras denuncias presentadas entre 2023 y 2024. Estas denuncias señalan presuntos actos de corrupción en los que estarían involucrados funcionarios y exfuncionarios del Meduca, quienes habrían aprovechado sus cargos para negociar nombramientos. En tanto, la viceministra Académica de Educación, Agnes de Cotes, explicó que, después de diez años, se retoma este sistema con el objetivo de reconocer el mérito profesional de los educadores, de modo que los aspirantes no tengan que hacer largas filas ni esperar días o semanas para conocer los resultados de sus concursos. En el caso de los docentes que apliquen a vacantes provenientes de las regiones educativas de Darién y Guna Yala, se informó que, posterior a la postulación, la Dirección Regional Educativa de Panamá Centro evaluará sus méritos en coordinación con la respectiva dirección regional, garantizando así la correcta aplicación de los criterios de selección. Por su parte, el director General de Educación, Edwin Gordón, afirmó que, de esta manera, todos los interesados podrán postularse a las vacantes disponibles en el sitio web del Meduca, asegurando la designación de los educadores de manera oportuna, transparente, efectiva y objetiva. Algunas vacantes incluidas en el Provel surgen de licencias por gravidez, jubilaciones, traslados, renuncias, fallecimientos y otras causas. El Meduca informó que aquellos docentes que aún no cuenten con su usuario y contraseña para acceder al sistema podrán solicitarlos en cualquiera de las direcciones regionales de educación del país.
6A La Prensa Panamá, sábado 18 de octubre de 2025 La decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de anular la convención colectiva suscrita en junio de 2024 entre la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y la Unión de Capitanes y Oficiales de Cubierta (UCOC) ha intensificado las tensiones en una relación marcada por años de descontento. A través de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, la CSJ ordenó la redacción de una nueva convención colectiva, pero las preocupaciones han surgido entre los capitanes y oficiales de cubierta luego de que la ACP intentara recuperar los fondos correspondientes a los ajustes salariales otorgados bajo el acuerdo, que ahora está anulado. La ACP informó que a partir del 16 de febrero de 2026 se harían descuentos retroactivos (de entre 7% y 15%) al salario de los capitanes y oficiales, hasta recuperar pagos asociados a aquel convenio de 2024, según una nota dirigida a un trabajador de la UCOC a la que pudo acceder La Prensa. Por esa razón, la dirigencia de UCOC habló de “abusos de autoridad” y “extralimitación de funciones”, en una rueda de prensa efectuada ayer. El sindicato respondió con la presentación de un amparo de garantías constitucionales que está por resolverse. Antes, solicitaron una “aclaración de sentencia”, pero los magistrados Cecilio Cedalise, María Cristina Chen y Carlos Vásquez, de la Sala Tercera, la rechazaron por improcedente, el pasado 22 de agosto. Una de las cartas firmadas por el vicepresidente de capital humano de la ACP, Rubén G. Pérez, detalla descuentos por un total de hasta $13 mil, que sería pagado en cuotas a partir del 16 de febrero de 2026 bajo los porcentajes que eligiera el trabajador. “Estamos frente a una violación abierta al principio de legalidad. La Administración está imponiendo descuentos arbitrarios sin desglose, sin respaldo administrativo ni resolución judicial. Los trabajadores están siendo obligados a Corte anula convención colectiva y crea conflicto entre ACP y capitanes SALARIOS devolver salarios legítimamente percibidos”, apuntó Rogelio Marquínez, secretario general de la UCOC, quien señaló que están gestionando una reunión con el ministro de Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, y con el administrador de la ACP, Ricaurte Vásquez, para atender el tema. Según Marquínez, desde la directiva de la ACP había desacuerdos sobre algunos términos y conceptos en la convención colectiva. “La Corte dice que las partes tienen que volver a sentarse a negociar”, dijo Marquínez, quien además apuntó que no ha habido voluntad de parte de la administración ACP y que, en lugar de negociar, empezaron a “amenazar y hostigar con los descuentos”. Roberto Ruiz Díaz, quien funge como asesor legal de la UCOC mientras se mantiene en licencia como vicealcalde del distrito de Panamá, ve con preocupación las acciones de la ACP. “Es una interpretación arbitraria del fallo de la Corte [lo] que ellos han hecho... Queremos que entiendan que los capitanes y oficiales de cubierta trabajaron y devengaron un salario bajo el amparo de una convención vigente en ese momento”, dijo Ruiz Díaz. La UCOC la conforman unos 200 miembros: capitanes, oficiales de cubierta y trabajadores de la ACP, al tiempo que forman parte de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF, por sus siglas en inglés). Este medio pidió la versión de la ACP sobre los descuentos que se buscan implementar, pero a la hora de la publicación de esta nota no hubo una respuesta al respecto. Alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández. Alexander Arosemena Alcaldesa de San Miguelito reclama espacios comunitarios en el pliego Yaritza Mojica [email protected] Mario De Gracia [email protected] PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Irma Hernández expresó su preocupación porque algunos aportes realizados por la Dirección de Planificación Urbana no fueron considerados en el pliego para la licitación del teleférico, a pesar de haber participado en el proceso de evaluación. La alcaldesa del distrito de San Miguelito, Irma Hernández, expresó su preocupación por el pliego de condiciones establecido por el Metro de Panamá, S.A., para la licitación del proyecto de construcción del teleférico que conectará los distritos de Panamá y San Miguelito, cuyo precio de referencia es de $278.6 millones, sin incluir el costo de financiamiento. El proyecto, publicado en Panamá Compras el pasado 3 de octubre, incluye la concesión administrativa para la financiación, estudios y diseños; la construcción de obras civiles; la fabricación, suministro, instalación y puesta en marcha del sistema de teleférico; la operación por 23 años; su mantenimiento; y la posterior reversión de la infraestructura y sistemas. Ante este pliego de condiciones, la alcaldesa de San Miguelito destacó la importancia de que el teleférico no solo funcione como un medio de transporte, sino que también genere desarrollo económico, servicios y oportunidades para el distrito. Hernández expresó su preocupación porque algunos aportes realizados por la Dirección de Planificación Urbana (DPU) de la alcaldía no fueron considerados en el pliego, a pesar de haber participado en el proceso de evaluación. “El teleférico no solo debe trasladar a las personas de un punto A a un punto B, sino convertirse en un catalizador de servicios y oportunidades. Nos preocupa que elementos como espacios comerciales en las estaciones o centros de atención infantil hayan sido eliminados del pliego”, señaló Hernández. El proyecto contempla seis estaciones, de las cuales cuatro estarán ubicadas en San Miguelito. El trazado se extenderá desde la ciudad de Panamá hasta el distrito de San Miguelito, con seis estaciones: Balboa, Cincuentenario, Samaria, Mano de Piedra, Valle de Urracá y Torrijos Carter. La Alcaldía de San Miguelito ha elevado consultas al Metro de Panamá, S.A., para garantizar que las necesidades del distrito sean atendidas. “Queremos formar parte de las mesas de trabajo para asegurar que las decisiones reflejen las prioridades de nuestros vecinos”, añadió. Hernández destacó que algunas estaciones, como la del Complejo Deportivo de Torrijos Carter, podrían integrar espacios complementarios para la comunidad, como Centros de Orientación Infantil (COIF), especialmente en zonas de alta densidad poblacional. “Esperamos que estas propuestas sean consideradas, permitiendo que la mano de obra local participe y que los vecinos se beneficien directamente de este megaproyecto”, concluyó la alcaldesa. En cuanto a los terrenos para las estaciones, algunos aún están en evaluación, incluyendo espacios pertenecientes al Banco Hipotecario. Para Hernández, lo más importante es priorizar el uso adecuado de los espacios para ejecutar el proyecto de manera efectiva y que beneficie al distrito. Detalles del pliego de condiciones De acuerdo con lo establecido en el pliego, el Sistema de Teleférico de Panamá y San Miguelito contempla que el concesionario seleccionado será responsable de todas las etapas, desde los estudios técnicos y diseño hasta la operación y mantenimiento del sistema. Entre las tareas incluidas se destacan los estudios de meteorología, topografía, geotecnia, hidráulica e hidrología, así como la construcción de estaciones, pilonas y obras complementarias. También deberá ejecutar la adecuación urbanística de los entornos, la relocalización de redes de servicios públicos y la instalación de sistemas electromecánicos necesarios para la puesta en marcha. Las solicitudes de obras puntuales para estos espacios públicos como COIF, comercios, parques, donde el consorcio ganador deberá hacer adecuaciones urbanísticas y futuras obras complementarias, son los puntos que la alcaldesa de San Miguelito pide sean incluidos en el proyecto. Como parte de la reactivación de las plantas bananeras en la provincia de Bocas del Toro, la empresa Chiquita ha contratado a 1,655 trabajadores, de los cuales 600 son permanentes. Así lo informó ayer la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, quien se trasladó a esta provincia y, de paso, aprovechará para reunirse con dirigentes de las bananeras. “Es importante manifestar que en esta primera etapa únicamente es limpieza y mantenimiento de la planta, para ver la situación de las plantaciones y poder entonces seguir haciendo las contrataciones y producción”, afirmó Muñoz. En la primera fase se estarán realizando labores de evaluación de las fincas, mantenimiento de las plantaciones y otras labores para contratar en esa etapa a unas 3,000 personas y posteriormente, en la etapa de producción, alrededor de 2,000 adicionales. Se espera que la exportación de banano reinicie entre diciembre y enero de 2026. Antes de que cesaran las operaciones de Chiquita el pasado mes de junio, la emMinistra de Trabajo informa que hay 1,655 trabajadores contratados por Chiquita BOCAS DEL TORO presa tenía bajo su administración la mayoría de las 26 fincas en Bocas del Toro. Específicamente, 21 de estas fincas estaban incluidas en el contrato de concesión de Chiquita y cinco subarrendadas a productores locales, a quienes se le compraba la cosecha. El 29 de agosto, el Gobierno anunció el retorno de la empresa bananera a Panamá, tras concretarse la firma del Memorando de Entendimiento entre esta compañía y la administración de José Raúl Mulino, durante un viaje a Brasil. Chiquita había cerrado operaciones por una huelga bananera iniciada como protesta por la aprobación del nuevo sistema de pensiones. Henry Cárdenas P. [email protected] Instalaciones de Chiquita en Changuinola. Cortesía Rogelio Marquínez, secretario de la UCOC, y Roberto Ruiz Díaz, asesor legal. Cortesía Panorama
7A La Prensa Panamá, sábado 18 de octubre de 2025 Panorama El canciller Javier Martínez-Acha se refirió ayer a las supuestas amenazas de suspensión de visas de ingreso a Estados Unidos a empresarios, ministros y diputados panameños, un tema que calificó de “delicado” y que, según dijo, su despacho está manejando con reserva. “Es un tema que se está manejando. Comprenderán que nosotros tenemos que ser discretos”, afirmó el jefe de la diplomacia panameña, al ser consultado sobre las medidas adoptadas por el Gobierno estadounidense. Las declaraciones del canciller se dieron desde Aguadulce, provincia de Coclé, en la celebración de los 177 años de fundación de ese distrito del interior del país, y luego de que el presidente de la República, José Raúl Mulino, señalara esta semana que hay una “funcionaria por ahí de la embajada [estadounidense] amenazando con quitar visas”, aunque no mencionó los nombres de la funcionaria ni del personal que habría sido presuntamente presionado por ella. Martínez-Acha expresó su desacuerdo con sanciones de este tipo a comerciantes que, a su juicio, realizan actividades legítimas. “No me parece oportuno que comerciantes que están haciendo transacciones perfectamente legales sean objeto de este tipo de situaciones”, subrayó. El canciller también hizo un llamado a la prudencia diplomática y pidió revisar los criterios de la medida. “Yo respeto las decisiones de otros países, pero pienso que se debe reconsiderar si es cierto que se está dando ese tipo de situaciones”. Sobre los criterios aludidos por Acha, el embajador estadounidense en Panamá, Kevin Marino Cabrera, invariablemente ha respondido que la visa “es un privilegio, no un derecho”. No hay más explicaciones. Aunque descartó que la decisión de Washington afecte la soberanía nacional, el canciller expresó su desacuerdo “en la forma de proceder”. Esta semana, Mulino confirmó que ha recibido información sobre supuestas amenazas de retiro de visas de ingreso a Estados Unidos a abogados, diputados y ministros por sus vínculos con China, pero advirtió que Panamá “no puede ser arrastrada” a una disputa bilateral entre las dos potencias. Según el mandatario, los contratos estatales con compañías chinas son pocos y conocidos, como los del cuarto puente y el túnel bajo el Canal, “cosas que no se pueden eliminar, por más Estados Unidos que seas”. Ante esos señalamientos, el embajador Kevin Marino Cabrera respondió que la revocatoria o negación de visas se realiza conforme a las leyes y regulaciones de Estados Unidos, “sin importar la profesión o posición del individuo en el gobierno”. Marino Cabrera recordó que, en septiembre pasado, el Departamento de Estado implementó una nueva política de restricción de visas dirigida a ciudadanos centroamericanos que actúan, de manera intencional, en nombre del Partido Comunista Chino y buscan socavar el estado de derecho en la región. La medida, según el embajador, busca garantizar que la política exterior estadounidense proteja sus intereses y la estabilidad democrática en Centroamérica, sin interferir directamente en las funciones del gobierno panameño. Canciller dice que no es oportuno lo que sucede a comerciantes SUSPENSIÓN DE VISA DE EUA Salón donde sesiona el pleno de la Asamblea Nacional. Archivo Salario de asesores: en 15 años, de $1.9 millones a $15.6 millones Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] PLANILLA Los datos de la planilla de la Asamblea, disponibles en la Contraloría, revelan que el Legislativo destina $1.3 millones al mes a 464 asesores, lo que representa un gasto anual de $15.6 millones. La Asamblea Nacional se ha consolidado como la entidad del aparato estatal con mayor número de asesores, un crecimiento que llama la atención por su magnitud: el presupuesto destinado a este rubro pasó de $1.9 millones en 2010 a $15.6 millones en 2025, un aumento que refleja la expansión acelerada de esta figura en los últimos 15 años y genera cuestionamientos sobre la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Los datos de la planilla de la Asamblea, disponibles en la página web de la Contraloría General de la República, revelan que el Legislativo destina $1.3 millones al mes a 464 asesores de todo tipo, lo que representa un gasto anual de $15.6 millones. Los salarios de los asesores muestran una amplia variedad: pueden oscilar entre $1,500 y $5,000 al mes, como en el caso de Alaín Cedeño hijo, diputado suplente que figura en la planilla como asesor II. Mientras un asesor legal puede devengar $3,500, un asesor administrativo o técnico especializado percibe $2,000, cifras que reflejan la jerarquización y los privilegios dentro de la nómina legislativa. El monto global del Legislativo supera al de otras entidades, como la Contraloría, que cuenta con 154 asesores y destina al año $4 millones, o el Tribunal Electoral, que tiene 98 asesores y asigna $2.9 millones a este gasto. Otros organismos, como el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de la Presidencia, gastan anualmente, cada uno, $1.1 millones en asesores. La diputada de la coalición Vamos y miembro de la Comisión de Presupuesto, Janine Prado, subraya que estos números solo representan el renglón de asesores y que, al analizar la planilla completa, los costos anuales de funcionamiento superan los $94 millones. “Eso es realmente inaudito”, explicó. Falta de resultados Prado criticó la falta de recortes efectivos en la nómina y la funcionalidad de las oficinas. “El diputado Jorge Herrera prometió recortar la planilla de la Asamblea y disminuir los gastos de funcionamiento. Sin embargo, seguimos teniendo oficinas de participación ciudadana sin resultados tangibles y con un manejo completamente opaco, que parece más un resguardo político que un servicio a la ciudadanía”, denunció, recordando que en la resolución presentada por Vamos ante la Comisión de Presupuesto se incluía un recorte solicitado de $10.5 millones al presupuesto de la Asamblea, el cual no fue aprobado. También cuestionó la distribución de asesores en cada despacho y comisiones. “Dentro de cada despacho, los diputados podemos tener nombramientos hasta por $20,000. Pero cuando analizamos las comisiones, por ejemplo la Comisión de Economía, no había ni un solo economista. Hay otros cargos administrativos utilizados solo como relleno, como choferes”, afirmó Prado. De hecho, subrayó la necesidad de un control más estricto y auditorías efectivas: “Es importante depurar la planilla y ver los resultados de la auditoría. En un reciente simulacro de incendio no llegaban ni a mil personas en la Asamblea, entonces, ¿dónde están los más de cuatro mil funcionarios? Quiero ser muy clara: a los funcionarios que realizan su trabajo, mis más sinceros respetos y siempre contarán con mi respaldo, porque ellos mantienen la labor que muchas veces no se reconoce”. Abordó también la duplicidad de cargos y la dificultad para eliminar puestos innecesarios. “Hay tantos abogados como asesores legales, lo que evidencia la creación de cargos por crear. Siempre alegan que habría que reformar la ley para suprimir estos puestos, pero creo que si existiera la voluntad política se haría”, concluyó. Sistema corrupto El analista político José Stoute afirmó que la Asamblea permanece atrapada en un sistema marcado por la corrupción, señalando que la elevada planilla de asesores es una muestra evidente. “Lamentablemente, la Asamblea está atrapada en un sistema corrupto que al parecer no encuentra puerta de salida. El tema de los asesores es una descarada muestra de ello. O se produce una profunda reforma constitucional, o no hay esperanza de eliminar la naturaleza corrupta de la Asamblea”, remarcó. El plan de Herrera El presidente de la Asamblea reconoció que la carrera legislativa y las leyes especiales que protegen a los funcionarios limitan algunas decisiones, aunque aseguró que su compromiso es avanzar en la eficiencia y la responsabilidad del personal. “Cuando el funcionario trabaja no hay problema, pero aquel que no cumple con sus obligaciones son los funcionarios a los que tenemos que hacer un alto”, afirmó. En ese sentido, adelantó que su plan es reformar la carrera legislativa: “Se está trabajando con varios diputados de bancada para ver cómo se elimina la ley de carrera legislativa y nosotros tomar las medidas al respecto”, puntualizó, subrayando la intención de introducir cambios estructurales para garantizar mayor control en la Asamblea. Las evaluaciones preliminares del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el Benemérito Cuerpo de Bomberos y especialistas en ingeniería civil concluyeron que la estructura del PH Alsacia Towers, en El Bosque, no sufrió daños que comprometan su estabilidad tras la explosión ocurrida la madrugada del jueves 16 de octubre. El coronel Ángel Delgado, del Cuerpo de Bomberos, indicó que las losas del edificio no presentan afectaciones, aunque sí hubo daños en ventanales, áreas internas de madera y estructuras livianas. Añadió que, pese a la magnitud del estallido, que dejó tres personas con quemaduras, el edificio fue declarado habitable tras una inspección técnica. Las primeras investigaciones apuntan a una posible fuga de gas en el apartamento 1306, ubicado en el piso 13 de la torre 1. No obstante, se realizan pruebas adicionales de hermeticidad y presión en coordinación con el Ministerio Público para precisar el origen del escape. El siniestro afectó principalmente los pisos 12, 13 Estructura del PH Alsacia Towers no estaría comprometida INFORME PRELIMINAR y 14, con daños en ventanales, ascensores y áreas comunes. Unas 150 personas fueron desalojadas, incluidas cerca de 30 familias alojadas temporalmente en un aparta-hotel con apoyo del Municipio de San Miguelito. Las autoridades continuarán con las pruebas técnicas y las revisiones eléctricas antes del retorno total de los residentes al edificio. La Caja de Seguro Social confirmó que las dos mujeres afectadas por la explosión se encuentran en estado de gravedad y reciben atención de un equipo multidisciplinario en el Complejo Dr. Arnulfo Arias Madrid. Una vez sean estabilizadas, serán trasladadas a la Ciudad de la Salud. En tanto, el menor de edad se encuentra estable en la Sala de Quemados del Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel. Reyna Katiuska Hernández Yaritza Mojica [email protected] Las evaluaciones en el PH Alsacia continúan. Cortesía Kevin Marino Cabrera, embajador de EUA en Panamá. Archivo
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