1A La Prensa Panamá, jueves 16 de octubre de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Jueves 16 de octubre de 2025 - Año 45 - Nº 15171 Hoy por hoy Panamá vuelve a estremecerse ante el asesinato de dos mujeres jóvenes: Selinda Córdoba, en Aguadulce, y Yamileth Santamaría, en Santiago. Dos nombres que se suman a una estadística que crece y a un Estado que reacciona tarde. Selinda tenía una orden de alejamiento contra su agresor, pero eso no impidió su muerte. Esa frase resume el fracaso institucional: leyes que existen, mecanismos que no funcionan y vidas que se pierden en la espera. La violencia contra las mujeres no es un hecho aislado ni un tema coyuntural. Es una herida social que atraviesa generaciones y que el país sigue normalizando. Las cifras del Ministerio Público —doce femicidios hasta septiembre— no son simples números: son advertencias ignoradas. Prevenir no es solo dictar leyes, sino garantizar protección efectiva, coordinación entre autoridades y educación con perspectiva de género. Cada vez que una mujer muere a manos de su agresor, Panamá fracasa en su deber más elemental: proteger la vida. Y ninguna sociedad puede llamarse justa si no defiende primero a sus mujeres. Lo bueno, lo malo y lo feo del encuentro con Surinam 3B Deportes Ellas.pa Rodolfo Flores: ‘Con la ciencia hay consciencia’ 5B Panorama Más médicos graduados, menos cupos de internado 4A Dos mujeres asesinadas; falla el Estado de nuevo Aleida Samaniego C. [email protected] VIOLENCIA DE GÉNERO Los crímenes de Yamileth y Selinda sacudieron al país y expusieron, otra vez, la fragilidad del sistema de protección. Dos actos de brutalidad que dejaron a Panamá en ‘shock’. La muerte de Yamileth Santamaría, de 25 años, estremeció a la provincia de Veraguas y al país entero. Fue encontrada con múltiples golpes en la vía pública de Santiago y, pese a los esfuerzos médicos, falleció tras más de cinco días en cuidados intensivos. Su caso, aún bajo investigación, reveló la crudeza de la violencia que enfrentan muchas mujeres panameñas. Días antes, Selinda Córdoba Batista, de 21 años, fue asesinada en Aguadulce por su exnovio, quien la atacó con más de 15 puñaladas frente a testigos y pese a tener una orden de alejamiento. ¿Nueva oficina legal o una ‘procuraduría paralela’? La creación de la Unidad de Coordinación Legal bajo el Ministerio de Gobierno centraliza las querellas estatales y genera críticas por duplicar funciones del Ministerio Público y riesgos de politización. VEA 2A El Canal de Panamá le pone fecha al relanzamiento portuario: 27 de octubre El administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, anunció que el 27 de octubre se presentará a empresas portuarias el plan para construir nuevos puertos en Corozal y Telfers. VEA 1B Con el viento a favor Un velero que lleva sabor y cultura de Perú Con sus velas desplegadas y el puerto de Amador como telón de fondo, el B.A.P. Unión, majestuoso buque escuela a vela de la Marina de Guerra del Perú, atracó ayer en la terminal de Cruceros de Amador como parte de su travesía internacional. A bordo navega la “Casa Perú”, una embajada flotante que invita a descubrir la riqueza turística, cultural y gastronómica del país andino, con exhibiciones de textiles, artesanías y sabores que evocan la esencia del Perú en cada puerto que toca. Elysée Fernández Ambos crímenes provocaron indignación y exigencias de justicia. La Defensoría del Pueblo advirtió que estos hechos no son aislados, sino el reflejo de un sistema que falla en proteger a las víctimas. En 2025 ya se registran 12 femicidios y 15 muertes violentas, una cifra que mantiene a Panamá en estado de alarma social y moral. VEA 6A La CIA entra a escena en Venezuela; Maduro pide auxilio El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a ejecutar operaciones encubiertas en Venezuela como parte de una estrategia contra el narcotráfico. Según declaraciones del mandatario, su administración ha logrado detener casi por completo el tráfico de drogas por mar en el Caribe sur, y ahora evalúa extender esas acciones al territorio venezolano. Por su parte, el gobernante Nicolás Maduro, que se mantiene en el poder pese a que no ha mostrado evidencias de su triunfo, replicó: “No a los golpes de Estado dados por la CIA (...). ¿Hasta cuándo golpes de Estado de la CIA? América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia”, dijo. PRESIÓN La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales sepultó tres anteproyectos de ley orientados a fortalecer la lucha contra la corrupción: uno que sancionaba el nepotismo con penas de cárcel, otro que prohibía el culto político mediante retratos y placas con nombres de funcionarios vivos, y un tercero que exigía idoneidad profesional para altos cargos. Con cinco votos en contra y tres a favor, la Asamblea volvió a cerrar la puerta a la transparencia y a la rendición de cuentas. VEA 5A LEGISLATIVO Asamblea frena tres proyectos anticorrupción Prensa.com José Caballero y sus reflexiones del 2025 con los Yankees de Nueva York
2A La Prensa Panamá, jueves 16 de octubre de 2025 Si bien nuestra Constitución prevé la figura del suplente de diputado, no debemos olvidar en ningún momento que dicha condición no es más que esa: la de un suplente. Desde luego, hacer esta afirmación no es demeritar ni desconocer que el suplente de diputado es elegido de la misma forma que el diputado principal, pero ello no cambia una realidad: el suplente es elegido para reemplazar al diputado principal “en sus faltas”, tal y como así lo dispone el artículo 147 de la Constitución. Por tanto, mientras ello no ocurra, mientras no reemplace al diputado principal en sus faltas temporales, no debe revestírsele de remuneración alguna por el solo hecho de ser suplente ni nombrarlo en un cargo público para mantenerlo ocupado. De igual manera, la única forma jurídicamente establecida en que puede actuar el suplente de diputado es cuando, previa solicitud de licencia para separarse temporalmente del cargo, así lo requiera el dipuUn tema recurrente: la condición del suplente de diputado ANÁLISIS tado principal. Esto significa que si el diputado principal no se ha separado de su cargo mediante licencia, su suplente no puede realizar acto alguno ni participar en actividad legislativa alguna como si fuera un diputado más de la Asamblea Nacional. Mientras no se separe el principal de su cargo, el suplente sigue siendo lo que es: un suplente a la espera de ser llamado para reemplazar, de darse el caso, al principal. Esto implica que ambos no pueden actuar a la vez, por más que, solo el suplente, esté ocupando el espacio del principal. La costumbre en nuestro país, la práctica política por mucho tiempo, ha sido otorgarles prerrogativas a imagen y semejanza del diputado principal como si fueran favores políticos, lo que se hace a costa del erario público. Esperemos que cuando se afronten los cambios constitucionales que requiere el país se considere eliminar la figura del suplente de diputado, y que los diputados principales aprendan a ejercer el cargo sin necesidad de dar espacio o favores a quienes los hayan acompañado en su campaña política, bajo el pretexto de ser su suplente. Los abogados del Mingob se encargarían de gestionar los casos en los que el Estado es querellante. iStock ¿Unidad de Coordinación Legal o ‘procuraduría paralela’? Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Rigoberto González Montenegro ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] DECRETO EJECUTIVO Hasta ahora, cada ministerio decidía de forma independiente cuándo presentar querellas; ahora, esas acciones se centralizan bajo el Ministerio de Gobierno. En la mira de varios juristas está la creación de la Unidad de Coordinación Legal, que operará bajo el paraguas del Ministerio de Gobierno (Mingob), que supone un cambio estructural en la manera en que el Estado ejerce su poder legal ante los tribunales. Al centralizar funciones que antes correspondían a cada ministerio, la nueva unidad concentra autoridad, despierta críticas sobre un posible aumento de la burocracia y plantea un debate sobre la independencia institucional y la eficacia de los procesos penales. Hasta ahora, cada ministerio y entidad pública decidía de manera independiente cuándo presentar una querella o cómo proceder ante delitos que afectaran su gestión o patrimonio. Con la nueva unidad, esas acciones penales se centralizan en el Mingob, que tendrá la facultad de asesorar, revisar y tramitar los casos en los que se considere necesario iniciar un proceso penal, convirtiéndose en el principal coordinador de la acción penal del Estado. La nueva entidad de control fue avalada por el presidente José Raúl Mulino y la ministra Dinoska Montalvo. El Decreto Ejecutivo 31 del 13 de octubre de 2025, publicado en la Gaceta Oficial 30385-A, establece además que el Ministerio de Gobierno asignará abogados penalistas y que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) garantizará el presupuesto necesario para el funcionamiento de la nueva oficina. Según el artículo 2 del Decreto Ejecutivo 31, la unidad tendrá funciones específicas que van desde la asesoría jurídica a las instituciones hasta la elaboración y presentación de querellas. Además, los servidores públicos deberán informar a la nueva unidad sobre todos los procesos penales en los que el Estado requiera representación. ‘Procuraduría paralela’ El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Edgardo Molino Mola, cuestionó la reciente decisión de crear esta oficina. Según el jurista, esta medida “duplica funciones que ya corresponden al Ministerio Público” y solo “incrementa la burocracia estatal en momentos de crisis fiscal”. “Los delitos que se cometen en el país, eso es función del fiscal”, advirtió Molino Mola al referirse a las atribuciones constitucionales del procurador general de la Nación, cargo que actualmente ejerce Luis Carlos Gómez Rudy. En su opinión, la nueva unidad invade competencias establecidas por la ley. “Por supuesto, eso lo establece la Constitución y la ley. La función del procurador es perseguir los delitos”, insistió. El exmagistrado considera innecesario crear una nueva estructura administrativa para presentar querellas a nombre del Estado, cuando cada ministerio cuenta con su propio equipo legal. “Para eso no hay que crear una nueva burocracia”, expresó. Molino Mola fue más allá al advertir que la iniciativa podría dar pie a lo que él denomina “una procuraduría paralela”. “Esa es la función del procurador. Entonces, es una oficina, una procuraduría paralela”, afirmó. De hecho, recordó que, en el pasado, el propio oficialismo, representado ahora en Realizando Metas (RM) —partido que llevó a Mulino a la Presidencia de la República—, criticó al expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019) por una supuesta estructura similar. “Ellos fueron los primeros que criticaron a Varela diciendo que tenía una procuraduría paralela”, subrayó. El propio Mulino se refirió a la “procuraduría paralela” que supuestamente operaba en la Presidencia de la República, durante el gobierno de Varela, cuando dio a conocer los nombramientos de Gómez Rudy Grettel Villalaz como procuradores de la Nación y de la Administración, el 4 de octubre de 2024. Aquella vez, en un tono molesto e irritado, aseguró: “No voy a nombrar a un enemigo mío en la Procuraduría; es absurdo. Son personas que no pertenecieron, sobre todo el procurador de la Nación, ni a la taquilla ni fueron parte de la procuraduría paralela”. La elección de Gómez Rudy fue muy cuestionada, dado que había sido abogado defensor de Mulino en los casos relacionados a Finmeccanica. Además, hasta su designación como procurador, fungió como “asesor 1 en el Ministerio de la Presidencia, con un salario de $6,550 al mes. Ese día, Mulino también mencionó a Varela, señalando que el expresidente “nombró a su abogado para montar una procuraduría paralela y destruir vidas y honras, con el aplauso de muchos medios y de un periódico que se nutría de ella, hasta que los ‘Varelaleaks’ descubrieron que eran cómplices de esa procuraduría paralela, dirigida por el abogado de Varela, hoy difunto”. Mulino se estaría refiriendo a Rogelio Saltarín, quien falleció en diciembre de 2018, un jurista que asesoró al Ministerio de la Presidencia en el gobierno de Varela y que antes fue abogado en las empresas familiares del expresidente. Persecución política El abogado y exfiscal electoral Boris Barrios opinó sobre la creación de la unidad coordinadora y planteó que la figura de la querella pública permite a las instituciones “interponer las querellas, asistir a las audiencias y poder pedir los reclamos de indemnización por perjuicios al patrimonio del Estado”, pero señaló que “las instituciones públicas, en efecto, no lo están haciendo”, dejando un vacío que el Estado debería cubrir. Sin embargo, alertó sobre los riesgos políticos que puede generar esta unidad. “Le tengo mucho pánico cuando se crea una de estas entidades para perseguir delitos del brazo del Ejecutivo, porque se suelen convertir en un brazo para perseguir a los adversarios y enemigos políticos del gobierno de turno”, dijo. El exfiscal resumió su preocupación sobre la naturaleza política de la nueva unidad. “Definitivamente que sí podrían prestarse estos instrumentos para persecución política”, advirtió. “Somos un país que vive la persecución política en diversas escalas, y me preocupo mucho cuando se crean estas entidades”, agregó, haciendo un llamado al Ejecutivo a equilibrar la defensa del patrimonio estatal con la independencia institucional y la legalidad de las acciones penales. Mientras que la exprocuradoraAnaMatildeGómez, al igual que Barrios, coincidió en que instituciones que deben convertirse en querellantes no están ejerciendo ese rol. “Habría que preguntarse por qué no lo cumplen”, señaló Gómez, quien enfatizó que la ausencia de especialistas en derecho penal en las instituciones limita la capacidad de estas para presentar querellas y colaborar efectivamente con el Ministerio Público. Para la exprocuradora, la nueva oficina de coordinación representa una oportunidad, siempre que cumpla su función sin discrecionalidad política ni burocrática. “Una gran ventaja es que lo están haciendo adscrito al Ministerio de Gobierno, no a la Presidencia. Por lo tanto, no debería tener esa discrecionalidad política y que está siendo transparente su creación”, afirmó. Advirtió, sin embargo, que el riesgo de que la unidad se convierta en una oficina meramente administrativa podría entorpecer los procesos y aumentar los costos al Estado. La exmagistrada Esmeralda de Troitiño cerró la discusión con la siguiente afirmación: “Esta acción refleja un desconocimiento del Estado de Derecho y de la responsabilidad que implica cumplir con todo el ordenamiento jurídico”. Diputados de la bancada independiente Vamos presentaron ayer una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra la Resolución No. 3126-2025-Leg/ PJ, emitida el 23 de septiembre de 2025. Dicha resolución autoriza al contralor general, Anel Flores, a aplicar medidas cautelares como secuestros de bienes y suspensión de salarios, lo que juristas han calificado como “superpoderes”. El 30 de septiembre, la Contraloría publicó en Gaceta Oficial un nuevo reglamento que refuerza estas atribuciones, permitiendo ordenar secuestros sobre patrimonios y “otras medidas necesarias para proteger los intereses públicos”, en aplicación de la Ley 351 de 2022, que amplió las facultades del ente fiscalizador. Según la demanda, el reglamento viola los artículos 280 y 281 de la Constitución, que limitan las funciones de la Contraloría a la fiscalización, examen, fenecimiento de cuentas y presentación de denuncias, pero no le otorgan potestad de juzgamiento ni de aplicar medidas cautelares. El artículo 281, recuerdan, establece que el Tribunal de Cuentas es el único órgano con competencia jurisdiccional para conocer de reparos y decretar medidas como secuestros y retenciones. Por tanto, la ContraloDemanda contra los ‘superpoderes’ del contralor llega a la Corte Suprema JUSTICIA ría habría usurpado funciones judiciales. La acción también invoca la violación del artículo 32, que garantiza el debido proceso, y del artículo 47, que protege el derecho a la propiedad privada, pues solo los jueces pueden restringir salarios o bienes. El recurso sostiene que, aunque el contralor puede negar el refrendo o suspender pagos si detecta irregularidades, no puede imponer sanciones ni medidas punitivas como la retención de salarios, sin un proceso judicial o disciplinario. Esta es la segunda demanda presentada ante la Corte contra los llamados “superpoderes del contralor”. El pasado viernes, el abogado Ángel Álvarez interpuso una acción similar, radicada en el despacho del magistrado Carlos Vásquez, por lo que ambas podrían acumularse y resolverse en conjunto. Juan Manuel Díaz [email protected] Miembros de la coalición Vamos acudieron la mañana de este miércoles a la Corte Suprema de Justicia. Juan Díaz Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama
3A La Prensa Panamá, jueves 16 de octubre de 2025 Sergi Lucas, CEO de Singular Wealth Management
4A La Prensa Panamá, jueves 16 de octubre de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] ¿COPIÓN?. Durante el gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019), José Raúl Mulino se quejaba de que la “procuraduría paralela” era una “organización movida por la venganza, dizque buscando justicia”. Sin embargo, ahora ha creado una estructura similar (aunque con otro nombre) para operar desde el Ministerio de Gobierno. Al parecer, después de todo, las procuradurías paralelas no son malas; lo malo es no estar en el gobierno cuando las conforman. ¿NEPO QUÉ?. Resulta que Camacho ni siquiera entiende qué es el nepotismo. Dijo que no hay nada pecaminoso en que un funcionario designe a un pariente; lo malo, según él, es que ese familiar, una vez nombrado, no trabaje. La ignorancia no debería ser un obstáculo para que un diputado se prepare, se instruya y se documente en la materia que es objeto de un anteproyecto. Por eso es que no hay que elegir como diputado a cualquier persona. Y mucho menos, darle la presidencia de una comisión. MENSAJE. Por cierto, Camacho pidió a Carlos Villalobos y Gisela Agurto (magistrados a partir de enero de 2026) que se “comporten a la altura de las expectativas”. No sabemos si eso es bueno o malo. EDUCACIÓN. En una reunión virtual con empresas interesadas en la licitación para la compra de laptops, la ministra de Educación, Lucy Molinar, desactivó el micrófono de aquellos participantes que expresaron sus quejas y preocupaciones. Aquello pareció una escena digna de un reality show o de una cámara escondida. ¿Acaso es mucho pedir que la ministra participe en una sesión sin pelear con sus interlocutores? A LA MAR. El administrador de la AMP, Luis Roquebert, se ausentó de la Comisión de Economía y Los graduados de medicina deben realizar la prueba de certificación médica básica para ingresar al internado. Archivo Exceso de médicos graduados provoca déficit de internados Aleida Samaniego C. [email protected] SALUD El Minsa reconoció que la falta de plazas para internado médico obedece a limitaciones estructurales y presupuestarias, mientras más de 200 médicos graduados quedaron fuera del programa Viva Voz, pese a haber cumplido los requisitos. Un grupo de médicos aspirantes al internado médico manifestó su “profunda indignación” ante lo que consideran una situación injusta en el proceso de asignación de plazas del programa Viva Voz. Los futuros profesionales denunciaron que el 8 de octubre fueron notificados de que solo se habilitaron 248 plazas, pese a que 451 aspirantes participaron en el Viva Voz. Esto dejó fuera a 203 médicos, no por falta de mérito, sino por una “escasez de cupos disponibles”. Los médicos graduados que requieren realizar el internado para obtener la idoneidad acudieron el pasado 14 de octubre al pleno de la Asamblea Nacional para plantear la situación que enfrentan por la falta de plazas. Jelani Forsythe, médica graduada, recordó en el pleno de la Asamblea Nacional que realizar el internado es una etapa importante para lograr la idoneidad que les permite ejercer legalmente en el país. Atribuyó la falta de plazas de internado a las limitaciones estructurales y presupuestarias que hoy amenazan la continuidad de la formación médica en Panamá. Ante este escenario, el Ministerio de Salud (Minsa) aclaró que, pese al esfuerzo constante por ampliar la formaciónmédicaenelpaís, existen obstáculos estructurales que impiden que todos los médicos egresados puedan acceder al internado y completar su formación profesional en condiciones óptimas. Cada año se gradúan aproximadamente 400 médicos en las facultades del país —dos públicas y cuatro privadas, algunas con sedes en la capital y en el interior—, pero este número supera con creces las plazas disponibles para realizar el internado. La situación se complica por la falta de control uniforme en la admisión de estudiantes en las universidades privadas, que pueden matricular un número indefinido de alumnos sin que exista correlación con la capacidad del sistema de salud para formarlos hasta la etapa de internado, indicó el Minsa. El Minsa, en un comunicado, señaló que el examen de certificación, que se aplica tres veces al año, reúne entre 700 y 800 aspirantes por convocatoria, incluidos quienes no aprobaron exámenes anteriores. De ellos, unos 400 logran superar cada prueba. Sin embargo, aprobar el examen no garantiza automáticamente un cupo en el internado, ya que la adjudicación de plazas ocurre solo dos veces al año, según las vacantes ofrecidas por el Minsa y la Caja de Seguro Social (CSS), y se asigna por orden de puntaje hasta completar los cupos disponibles. El internado médico tiene una duración de dos años: el primer año en hospitales de alta complejidad en la Ciudad de Panamá y el segundo en hospitales del interior o de segundo nivel, con el objetivo de que los médicos adquieran competencias clínicas diversas. Pero la capacidad de estos hospitales es limitada: cada interno debe supervisar un mínimo de 10 camas para garantizar un aprendizaje adecuado. Si se ingresan más internos sin ampliar la infraestructura, la proporción se diluye y se compromete la calidad del entrenamiento. Aunque los médicos internos indicaron que no supervisan 10 camas, sino que a veces tienen hasta 30 camas bajo su cargo por la falta de presupuesto para abrir más plazas. Además, en redes sociales plantean que en muchas ocasiones los dejan solos a cargo de la atención. El Minsa reconoció que estas limitaciones —desajuste entre el número de egresados y plazas disponibles, infraestructura hospitalaria insuficiente, normativa que exige mantener la proporción de camas y restricciones presupuestarias— son los nudos críticos que actualmente obstaculizan que cada egresado acceda al internado. Aun así, la institución reafirmó su compromiso de coordinar esfuerzos con universidades, instancias legislativas y otros actores del sistema de salud para: • Regular de manera sostenible los ingresos a la carrera de medicina. • Expandir progresivamente la oferta de plazas de internado sin comprometer la calidad de la formación. • Fortalecer la infraestructura docente hospitalaria. • Asegurar los recursos humanos especializados necesarios para supervisión y docencia. El Minsa enfatizó que estas acciones buscan garantizar que la formación médica en Panamá sea de alta calidad y corresponda con las necesidades del sistema de salud. Desde 2021, los médicos graduados de diversas universidades que obtienen su certificación para realizar el internado han enfrentado serias dificultades para conseguir una plaza en Minsa o en la Caja de Seguro Social (CSS). La constante justificación de las autoridades de salud ha sido la falta de presupuesto. Henry Cárdenas [email protected] Carlos Villalobos y Gisela Agurto Archivo Asamblea ratifica a Gisela Agurto y Carlos Villalobos como magistrados de la Corte LEGISLATIVO El pleno de la Asamblea Nacional ratificó a Gisela Agurto y Carlos Villalobos como magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Tanto como Agurto y Villalobos recibieron 65 votos a favor. No se registraron votos en contra ni abstenciones. En la sesión de ayer hicieron uso de la palabra Ernesto Cedeño de la bancada Seguimos; Alaín Cedeño, Luis Eduardo Camacho y Dana Castañeda de Realizando Metas; y Roberto Zúñiga y Janine Prado de Vamos. El presidente de la República, José Raúl Mulino, designó a Agurto para la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, en reemplazo del magistrado Cecilio Cedalise, y a Villalobos, quien sustituirá a la magistrada Ángela Russo en la Sala Primera de lo Civil. Ambos magistrados designados recibieron el pasado lunes 13 de octubre el aval de la Comisión de Credenciales para su respectiva ratificación en el pleno. Villalobos y Agurto asumirán sus cargos como magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Panamá en enero de 2026. El Consejo de Gabinete aprobó sus designaciones el 9 de septiembre de 2025. Gisela Agurto Según un informe de la Presidencia, es egresada de la Universidad Santa María la Antigua y cuenta con una maestría de la Universidad de Tulane, en Louisiana. Además, ha ocupado diversos cargos, como jueza del Tribunal Marítimo, de juzgados municipales civiles y magistrada suplente del Tribunal Superior de Familia, entre otros. Carlos Villalobos Actualmente, Villalobos es abogado litigante, egresado de la Universidad de Panamá, con más de 20 años de experiencia en derecho civil, contratos bancarios y de seguros, propiedad horizontal, derechos hereditarios, recursos de casación y amparo de garantías constitucionales, entre otros. Cuenta con un posgrado en Derecho Procesal Civil y recibió del Colegio Nacional de Abogados la Medalla Ascanio Mulford. Asimismo, de la Asociación Bancaria de Panamá obtuvo un reconocimiento por su trayectoria y apoyo a la figura del fideicomiso. La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa le otorgó un reconocimiento por su participación como exponente en los conversatorios sobre el Proceso Ordinario en el Nuevo Código Procesal Civil. Finanzas, a la que había sido convocado para responder un cuestionario sobre los contratos de concesión de PPC y de Panama Canal Railway. A los malpensados, sepan que el funcionario no acudió, no por miedo, sino porque estaba atendiendo a los auditores de la OMI. REGRESO. Carlos Raúl Piad se inscribió ayer de la mano de Mireya Lasso. Por lo menos de esta Mireya cuesta encontrar algo malo que decir.
5A La Prensa Panamá, jueves 16 de octubre de 2025 Luis Eduardo Camacho Archivo Comisión de Gobierno sepulta tres iniciativas para combatir la corrupción Los proyectos buscaban sancionar el nepotismo, el culto a la personalidad y el clientelismo institucional. FE DE ERRORES En la edición del pasado 15 de octubre, en el pie de foto de la nota titulada “Investigan irregularidades en fondos para microempresarios”, publicada en la sección Negocios, página 1B, se colocó por error un pie de foto que daba por hecho que se trataba de las actuales autoridades (2024-2029), cuando debió indicarse que eran exfuncionarios (2019-2024). El martes 14 de octubre no fue un buen día para la lucha contra la corrupción. Al menos tres anteproyectos de ley para combatir este flagelo fueron desestimados por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, instancia legislativa que preside el diputado de Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho. Se trata de una propuesta que para castigar con cárcel el nepotismo; otra que prohibía bautizar las obras públicas con el nombre de políticos vivos, y una más que exigía requisitos mínimos a las autoridades de cinco instituciones. Ni uno de los tres anteproyectos logró los votos necesarios para ser prohijado. Por tanto, se acabó. Ya no se les dará trámite. Si alguno de los proponentes insiste en ellos, deberá presentarlos nuevamente. Fricciones y reclamos La sesión de la Comisión de Gobierno estuvo cargada de fricciones y algunos reclamos. Camacho, además de presidir la reunión, se erigió como vocero en contra de las tres propuestas. Con cinismo y desdén, cuestionó la viabilidad de las iniciativas y minimizó su impacto en la lucha contra la corrupción, lo que generó molestia entre los diputados proponentes. “Me resulta absurdo que nosotros vayamos a meter tres personas presas por el hecho de que sea un pariente de un funcionario… Y me importa... ya ustedes saben qué, el hecho de que la gente crea o piense que a mí me va a hacer cambiar una posición de convicción porque le tenga miedo a la crítica”, dijo Camacho sobre el proyecto de ley 213 que presentó Eduardo Gaitán, de Vamos, que proponía de uno a cinco años de prisión para aquel funcionario que utilice su posición para nombrar o beneficiar a su cónyuge, pareja de hecho o familiar. La propuesta de Gaitán fue respaldada por su jefe de bancada, Roberto Zúñiga, quien argumentó que, en la actualidad, no existen los mecanismos impedir que un funcionario participe en un nombramiento si hay conflicto de interés. “No existen [los mecanismos]... Lamentablemente, no existen”, añadió. Al momento de defender su iniciativa, Gaitán dijo que el nepotismo “es una práctica que muchas veces normalizamos”. Argumentó que esta es una “falla para ASAMBLEA NACIONAL Eliana Morales Gil [email protected] la institucionalidad, pues se está dejando que pese más un apellido, el vínculo sanguíneo, ante el profesionalismo”. Así votaron Al final, el anteproyecto 213 fue sepultado con cinco votos en contra: los de Camacho, Didiano Pinilla y Shirley Castañeda, de RM; Sara Magallón, suplente de Jairo Bolota Salazar, y Claudina Herrera, suplente de Raphael Buchanan, del Partido Revolucionario Democrático (PRD). A favor votaron Janine Prado, Luis Duke y Roberto Zúñiga, de Vamos, al igual que Kevin Carillo, suplente de José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino (Moca). Esta misma votación se mantuvo en las otras propuestas legislativas que no prosperaron. La número 122, propuesta por Janine Prado, que “prohibe el culto a la personalidad de políticos y empresarios en la República de Panamá”, planteaba prohibir los retratos de funcionarios en oficinas públicas, las placas con nombres de autoridades en obras estatales y el uso de nombres de políticos o empresarios vivos en parques, escuelas y carreteras. También facultaba a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) a aplicar sanciones a quienes violaran la norma, con multas equivalentes a la mitad del salario bruto mensual del infractor. Camacho regaño a la diputada proponente: “se le fue la mano en Prado”, le espetó. Mientras que Luis Duke, el proponente del también rechazado anteproyecto número 26, que exigía requisitos mínimos a los directores de la Autoridad Nacional de Tierras (Anati), la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), la Empresa Nacional de Autopistas (ENA), el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) y la Lotería Nacional de Beneficencia, aseguró que no se rendirá, “así se bloquean los intentos de profesionalizar el Estado”.
6A La Prensa Panamá, jueves 16 de octubre de 2025 La Corte Suprema de Justicia no admitió la demanda de inconstitucionalidad presentada por la abogada María Fábrega contra la Ley 407 de 2023, que prohíbe la minería metálica en Panamá. El Pleno, con siete votos a favor y dos salvamentos de voto (de Cecilio Cedalise y Olmedo Arrocha), concluyó que la demanda carecía de una exposición adecuada sobre los artículos constitucionales presuntamente vulnerados. Fábrega había alegado que la ley contradecía los artículos 257 y 259 de la Constitución al imponer una prohibición absoluta y permanente a la explotación minera, pero la Corte consideró que sus argumentos no estaban suficientemente desarrollados. En sus salvamentos de voto, Cedalise y Arrocha sostuvieron que la abogada sí cumplió con los requisitos de admisibilidad y argumentó con claridad las supuestas contradicciones constitucionales. Esta es la segunda demanda de Fábrega contra la Ley 407 que la Corte rechaza. La norma fue aprobada el 3 de noviembre de Corte no admite demanda contra la Ley 407 que prohíbe la minería metálica JUSTICA 2023, tras las protestas nacionales que forzaron el fin del contrato con Minera Panamá y establecieron la prohibición de nuevas concesiones mineras. En marzo de 2024, la Corte también rechazó una demanda de inconstitucionalidad presentada por Minera Santeña, S.A., y en abril del mismo año desestimó otra acción de Fábrega contra cinco artículos de la misma ley. Ambas decisiones coincidieron en que las demandas no desarrollaban de forma clara los conceptos de infracción constitucional. La Ley 407 surgió en un contexto de amplia movilización ciudadana que exigió el fin de la minería metálica, al considerarla una amenaza ambiental y social para el país. En lo que va del año se han reportado 12 femicidios Archivo Dos historias, una misma tragedia: el asesinato de mujeres en Panamá Aleida Samaniego C. [email protected] Juan Manuel Díaz [email protected] VIOLENCIA DE GÉNERO Yamileth Santamaría, de 25 años, murió en un hospital de Santiago tras ser brutalmente agredida en la vía pública. Días antes, Selinda Córdoba fue asesinada a cuchillazos por su expareja frente a una iglesia en Aguadulce. Panamá registra 12 femicidios y 15 muertes violentas en 2025. En los últimos días, Panamá ha sido estremecida por la muerte de dos mujeres en hechos de violencia que han generado alarma y consternación entre la población. La primera víctima, Selinda Córdoba Batista, de 21 años, fue asesinada en el parque de Pocrí, distrito de Aguadulce, provincia de Coclé, tras recibir más de 15 puñaladas de su exnovio. La brutal agresión ocurrió frente a varias personas que acababan de salir de la misa en la iglesia Virgen del Carmen, ubicada frente al parque. Testigos relataron que los gritos de Selinda y de quienes presenciaron la escena se escucharon en todo el área, generando un ambiente de pánico entre los presentes. Según las autoridades, el agresor contaba con una orden de alejamiento, pero aun así citó a la joven en el parque, donde cometió el ataque mortal. La comunidad local ha expresado indignación y exige justicia, así como medidas más estrictas para proteger a las mujeres frente a agresores conocidos. El segundo caso ocurrió en la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas, donde Yamileth Santamaría, de 25 años de edad, fue encontrada gravemente herida con múltiples golpes en la vía pública. Tras la alerta de los vecinos, unidades de la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos y servicios de emergencia médica acudieron al lugar y trasladaron a la víctima al Hospital Luis Chicho Fábrega. La joven ingresó en estado crítico y permaneció más de cinco días en cuidados intensivos, conectada a equipos de soporte vital, hasta fallecer. El Ministerio Público informó que ha iniciado investigaciones de oficio para esclarecer las circunstancias de la muerte de esta mujer, mientras las autoridades recopilan testimonios de testigos, familiares y vecinos. Estos incidentes han causado conmoción y rechazo en el país, reflejados también en las redes sociales, donde la ciudadanía expresa preocupación por la violencia de género y la urgencia de políticas de prevención más efectivas Especialistas y organizaciones de derechos humanos advierten que estos crímenes reflejan problemas estructurales que requieren atención inmediata, incluyendo el reforzamiento de medidas de protección, cumplimiento estricto de órdenes de alejamiento y apoyo psicológico a víctimas potenciales. La muerte de Selinda y de Yamileth deja un dolor profundo en sus familias y comunidades, al tiempo que genera un llamado de alerta sobre la violencia contra las mujeres en Panamá. La perspectiva de la Defensoría del Pueblo La Defensoría del Pueblo señaló que estos crímenes no son hechos aislados, sino el resultado de una cadena de fallas que comienza en el hogar, se perpetúa en las escuelas y se manifiesta con crueldad en la vida adulta. Desde la institución se hizo un llamado urgente a reforzar los mecanismos de prevención y protección con un enfoque interinstitucional y territorial, a garantizar el acceso efectivo a la justicia mediante atención especializada y diligente para las víctimas, y a aplicar políticas públicas sostenibles que incorporen un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. Además, la Defensoría del Pueblo exhorta a educar desde el hogar y las escuelas en valores de respeto, igualdad y no violencia, como base fundamental para una transformación cultural profunda que prevenga futuros actos de violencia contra las mujeres. Las estadísticas del Ministerio Público indican que, desde enero hasta el 30 de septiembre de 2025, se contabilizaban 12 femicidios, 9 tentativas de homicidio y 15 muertes violentas. Para el mismo periodo en Panameño de Lucha Contra la Violencia de Género, adscrito a la Defensoría, con el propósito de sensibilizar a las juventudes sobre la importancia de construir relaciones basadas en el respeto y la equidad desde edades tempranas. Casos que estremecen y alertan Otro caso estremecedor que generó gran conmoción fue el de Rosa Rodríguez, una joven de 25 años que enfrentaba problemas de salud mental y fue víctima de un acto brutal: fue rociada con gasolina y quemada viva en junio de 2024 en San Miguelito. El informe de necropsia del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público reveló que las quemaduras afectaron al 80% de su cuerpo y dañaron gravemente sus órganos internos. La psicóloga Virginia Torres-Lista, directora de Investigación de la Universidad Santa María La Antigua e investigadora del Centro de Investigación Científica de Ciencias Sociales (Cenics), advierte sobre una preocupante tendencia: la sociedad parece estar normalizando la violencia, y la percepción de impunidad crece, especialmente en un contexto donde los casos de femicidio han aumentado de manera alarmante en la última década. La muerte de Selinda, Yamileth y de Rosa Rodríguez evidencia que la violencia contra las mujeres en Panamá sigue siendo un problema grave y estructural. Las autoridades aseguran que continuarán investigando y tomando medidas preventivas, mientras la sociedad exige justicia y acciones concretas para garantizar la seguridad de todas las mujeres en el país. La combinación de educación en valores desde el hogar y las escuelas, políticas públicas con perspectiva de género, protección efectiva, y sanciones ejemplares es clave para romper la cadena de violencia que afecta a mujeres y comunidades enteras. Fotografía de archivo del proyecto Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), en Donoso (Panamá). EFE 2024, la cifra era de 16 femicidios, 2 tentativas de femicidio y 20 muertes violentas. Asimismo, la Defensoría del Pueblo exhorta a educar desde el hogar y las escuelas en valores de respeto, igualdad y no violencia, como base fundamental para una transformación cultural profunda que prevenga futuros actos de violencia contra las mujeres. Con el compromiso de fomentar el respeto, la igualdad y la no violencia en las relaciones interpersonales, la Defensoría del Pueblo, a través de la dirección de Derechos de la Mujer, capacita a más de 300 estudiantes de escuelas públicas y particulares en los temas Noviazgo Saludable y Noviazgo Violento. Estas jornadas forman parte de la estrategia nacional de prevención de la violencia contra la mujer, impulsada por el Observatorio Wilfredo Jordán [email protected] El fondo de mar y acceso terrestre está localizado a un costado de la Base del Servicio Nacional Aeronaval. Cortesía AMP rechaza solicitud de concesión en Isla Perico por falta de permiso de compatibilidad con el Canal FONDO DE MAR La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) denegó una solicitud de concesión presentada por la empresa Perico Island Maritimal Service, S.A., para el uso de un área de 4,727.21 metros cuadrados ubicada en la Calzada de Amador. De acuerdo con la AMP, esta decisión se enmarca en el estricto cumplimiento de la legislación vigente que regula las concesiones en zonas bajo la jurisdicción o influencia operativa del Canal de Panamá. En este caso, la empresa solicitante no presentó el permiso de compatibilidad, emitido por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), requisito indispensable para la continuidad de cualquier trámite de concesión en dichas áreas. En 2021, la sociedad anónima Perico Island Maritimal Service, S.A. presentó una solicitud de concesión a través de su representante legal. En 2023, se le otorgó un permiso provisional para ocupar el área solicitada. Sin embargo, al no cumplir con el requisito del permiso de compatibilidad emitido por la ACP, el administrador de la AMP, Luis Roquebert Vanegas, rechazó la solicitud de concesión de fondo de mar y acceso terrestre localizado a un costado de la Base del Servicio Nacional Aeronaval, en Isla Perico. El pasado 13 de octubre de 2025, personal técnico y legal de la AMP, en coordinación con el Servicio Nacional Aeronaval, llevó a cabo la diligencia de desalojo del área ocupada por la empresa. La entidad, que actúa como regulador del sector marítimo, informó que la medida se ejecutó de forma ordenada, garantizando el respeto al debido proceso y al principio de estricta legalidad.
7A La Prensa Panamá, jueves 16 de octubre de 2025 mente uno de cada tres graduados en universidades tradicionales logra encontrar empleo. Pero entonces el Gobierno da muestra de una total confusión en sus prioridades. El ITSE solicitó $78 millones para 2026, el Ministerio de Economía y Finanzas recomendó $21 millones, y la Asamblea Nacional plantea alrededor de $27 millones, el monto mínimo que la entidad requiere para operar durante un año. Una reducción de esta magnitud afectaría directamente 20 carreras y alrededor de 10 mil estudiantes. ¿Las razones del recorte? Porque se apuesta al clientelismo, esa función electorera que promueve el derroche de recursos. Como ejemplo, la Asamblea Nacional, que según uno de sus más serios diputados, Roberto Zúñiga, podría operar con $30 millones, recibirá $98 millones. Es decir, la misma cifra que le otorgó el Ejecutivo en 2025. No se le bajó un solo centavo, ni siquiera frente a las impactantes acusaciones de despilfarro recogidas en las pesquisas del contralor de la República. Todo esto ocurre EUA y la geopolítica emocional de nuestro tiempo Declive En mis conversaciones con ciudadanos panameños —y también con personas de otros países— noto una reacción que hace una década era impensable: cuando se les pregunta si desean visitar Estados Unidos, la respuesta casi unánime es: “no se me ha perdido nada en ese país”. Lo que antes era un sueño compartido —viajar, estudiar o migrar a Estados Unidos— hoy es, para muchos, una opción descartada. ¿Qué ha cambiado? Estamos viviendo una transformación silenciosa pero profunda: el declive del poder de atracción de Estados Unidos, no por debilidad militar o económica, sino por una pérdida de legitimidad emocional. Lo que está en juego no es su posición geoestratégica, sino su capacidad de inspirar, movilizar y conectar con las aspiraciones de las personas. Es lo que podríamos llamar la nueva geopolítica emocional del siglo XXI. Durante buena parte del siglo XX, Estados Unidos ejerció un poder simbólico que excedía su territorio. Era el país de la libertad, la innovación, las oportunidades y la democracia. Ese imaginario colectivo moldeó generaciones enteras en América Latina, Europa, Asia y África. Pero en los últimos años, esa narrativa se ha resquebrajado. Hoy, muchos perciben a Estados Unidos como una nación en crisis: polarizada políticamente, marcada por el racismo estructural, con violencia interna rampante y una política exterior incoherente. Las imágenes de niños migrantes enjaulados, las masacres escolares, los intentos de desestabilizar gobiernos electos y la indiferencia frente al cambio climático han debilitado su autoridad moral en el mundo. Ya no inspira: desconcierta. Al mismo tiempo, han surgido polos alternativos de influencia. China, India, Turquía, Corea del Sur, entre otros, ofrecen modelos distintos de desarrollo, más pragmáticos o adaptados a las realidades locales. En muchos países, especialmente entre los jóvenes, la admiración por Estados Unidos ha sido reemplazada por una mirada crítica, incluso cínica. Esto no significa que Estados Unidos haya dejado de ser una potencia. Lo sigue siendo. Pero su soft power —su capacidad de atraer por lo que representa— está en declive. Y eso cambia las reglas del juego global. La influencia ya no se mide solo en bases militares o acuerdos comerciales, sino en confianza, ejemplo y coherencia. En Panamá, esta transformación también se siente. La relación histórica con Estados Unidos ha sido compleja, con momentos de cooperación y de conflicto. Pero hoy lo que predomina es la distancia emocional. Muchos panameños sienten que Estados Unidos ya no es un aliado comprometido, sino un actor distante, más preocupado por sus problemas internos que por fortalecer vínculos genuinos con sus socios tradicionales. Esta geopolítica emocional importa. Porque el mundo ya no gira solo alrededor del poder duro: gira alrededor de las narrativas, los símbolos y las esperanzas colectivas. Y un país que deja de inspirar, inevitablemente, pierde relevancia. Estados Unidos aún tiene tiempo para reconectar con el mundo, pero necesita mirarse con honestidad, sanar sus fracturas internas y volver a ser un referente por lo que construye, no por lo que impone. Mientras tanto, países como Panamá harían bien en diversificar sus alianzas, fortalecer su soberanía y construir una identidad nacional que no dependa de tutelas externas, sino de la confianza en sí mismos. Porque en esta nueva era, los que lideran no serán solo los más poderosos, sino los que mejor comprendan los sentimientos de su tiempo. Cuando estudiar era el primer paso para salir de la pobreza Movilidad social que a la postre se convierte en una prisión de la cual solo pueden salir rumbos a la cárcel o al cementerio. ¿Qué se puede hacer? No vemos líderes diciendo estas cosas en forma sencilla, mostrando ejemplos de profesionales que gustosamente podrían compartir su historia y la de sacrificio de sus padres o madres. Claro que hay que escoger bien los ejemplos, sin amiguismo, favoritismos ni intenciones políticas, pues de lo contrario estaríamos fomentando justamente aquello que no deseamos para nuestros jóvenes. Estos líderes podrían “predicar por la educación” desde múltiples plataformas: educadores reconocidos, líderes políticos, gremiales, empresariales, cívicos y hasta religiosos. Pero nadie lo dice. No entiendo por qué. Al menos no en tribunas ni a un volumen que uno pueda escuchar. Solo percibo historias de jóvenes que se crían “en el barrio”, de niñas que quedan embarazadas o que son violadas, de sicarios menores de edad y, en general, de personas que no tuvieron la diRamón Varela Morales El ITSE y las prioridades invertidas Presupuesto 2026 El Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) cumple un rol clave en la formación de jóvenes con conocimientos y habilidades alineadas a las necesidades del sector productivo. No se trata solamente de capacitar, sino también de preparar profesionales para que, de manera inmediata, estén listos para integrarse al mercado laboral. La misión e ideal del ITSE es que la formación de sus profesionales técnicos les otorgue un 80% de posibilidades de inserción laboral apenas concluyen sus estudios. Se trata de una rápida incorporación al mercado laboral luego de obtener un título técnico de nivel superior con enfoque práctico. Como ejemplo, tenemos la nueva carrera de técnico en mantenimiento de aeronaves, una movida estratégica para formar profesionales alineados con las necesidades del sector productivo. Hoy emergen empleos relacionados con la automatización, la innovación tecnológica, la transformación digital, la inteligencia artificial y el desarrollo de software, en un momento en que solamientras su reglamento interno sigue intacto, los diputados se benefician con 20 vehículos exonerados por un valor de $208 mil en un año y se mantienen las planillas y gastos innecesarios —pero millonarios— de las oficinas de participación ciudadana en el interior del país, de las cuales no sale una sola solicitud o requerimiento. Definitivamente seguimos sin entender estas desconexiones abismales en materia presupuestaria. Y si la razón del recorte al ITSE tiene que ver con las limitaciones de recursos surgidas por los compromisos financieros ineludibles, como el pago de la deuda pública, entonces urge crear iniciativas legislativas que, de una vez por todas, eliminen la normativa que obliga a estructurar presupuestos con gastos abultados que debilitan al Estado en su crecimiento y desarrollo, en perjuicio de la mayoría de los ciudadanos. Se sigue repitiendo ahora el mismo discurso del ministro de Economía y Finanzas anterior: que no puede hacerse nada debido a la existencia de leyes especiales, aumentos automáticos o planillas excesivas. Pero no es la queja continua la que resuelve el problema, sino la solución del problema la que elimina la queja. Continuamos notando la misma falta de voluntad, valentía y decisión para hacer los cambios. EL AUTOR es exdirector de La Prensa. EL AUTOR es abogado. EL AUTOR es ingeniero, informático y escritor. Carlos González de la Lastra cha ni el ejemplo de padres trabajadores que se esforzaron por ellos. No hay mejor forma de enseñar que con el ejemplo. Además, parece que los jóvenes — especialmente los varones— ya no valoran la educación en su justa medida. Yo siempre he dicho que, si supieran la diferencia en los obstáculos que pone la vida a los que estudian y a los que no estudian, las universidades estarían repletas. Pero no lo saben. Nadie se los dice con la fuerza suficiente para superar el volumen de los “amigos”, aquellos que los incitan por el mal camino, tal vez porque ellos mismos no conocen otra cosa. Hace unos días vi noticias de una graduación donde más del 90% eran mujeres. Muy bien por ellas, pero muy mal por todos los varones que, dejando un vacío, pasan a engrosar las filas de las personas sin educación. Hay quienes dicen que esta situación es fomentada por los políticos para crear multitudes más maleables, más fáciles de convencer. Yo, honestamente, no creo que este nivel de cinismo y maldad sea posible. Más bien pienso que es un deterioro generacional que, si bien solo podrá ser revertido poco a poco, puede corregirse si se toman medidas como las que he mencionado, para dejar un legado a las generaciones futuras. Si los líderes no hacen esto ahora, pagaremos las consecuencias con un Estado fallido y empobrecido. Pero sigo siendo un optimista. Cuando yo era joven, conocí a varias personas que, haciendo el trabajo que podían por sus escasos conocimientos académicos, lograban con mucha honra la educación universitaria de sus hijos. Eran artesanos, empleadas domésticas, aplanchadoras, choferes, obreros no especializados, campesinos y muchos otros seres responsables a quienes hoy deben su nivel socioeconómico numerosos profesionales prominentes. Era la forma de dejarles a los hijos una herencia que solo una desgracia les podía arrebatar y que les daba la clara opción de salir de la pobreza hacia una clase media, y luego hasta donde sus capacidades les permitieran. Hoy tenemos una crisis. Padres y madres que no apoyan la educación de sus hijos. Madres con hijos de varios padres diferentes que no consiguen inspirar a sus hijos al estudio como medio para obtener una vida digna y honesta, y que se “educan” en las calles. Esto no solo alimenta las huestes de los pobres, sino que muchos de ellos recurren a la delincuencia y al crimen para forjarse lo que creen será un futuro mejor, pero Una reducción de esta magnitud en el ITSE afectaría directamente 20 carreras y alrededor de 10 mil estudiantes. ¿Las razones del recorte? Porque se apuesta al clientelismo, esa función electorera que promueve el derroche de recursos. Julio Ernesto Linares Hoy tenemos una crisis. Padres y madres que no apoyan la educación de sus hijos. Madres con hijos de varios padres diferentes que no consiguen inspirar a sus hijos al estudio como medio para obtener una vida digna y honesta, y que se “educan” en las calles. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Opinión
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxMjQ5NQ==