6A La Prensa Panamá, miércoles 15 de octubre de 2025 El Tribunal Superior de Apelaciones rechazó una solicitud de aplicar una detención provisional al exdirector del Instituto para la Formación y el Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), Bernardo Meneses, en el proceso que se le sigue por la comisión del presunto delito de peculado. Sin embargo, Meneses mantiene la medida cautelar de detención preventiva por cargos de presunto enriquecimiento injustificado. Con respecto al caso de presunto peculado, el pasado 29 de septiembre, la Fiscalía Anticorrupción fracasó en su intento de que un juez de garantías le impusiera a Meneses la medida cautelar de detención preventiva. Meneses mantiene procesos judiciales por la comisión de los presuntos delitos de peculado, blanqueo de capitales y enriquecimiento injustificado. Es este último proceso en el cual al exdirector del Ifarhu se le ordenó la medida de detención provisional; en los otros dos se le impusieron medidas cautelares menos severas, como la notificación periódica y la prohibición de salir del país. El pasado 17 de julio, los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones Greta Marchosky, Gustavo De Gracia y Yiles Pitti consideraron que la medida de detención preventiva, aplicada por un juez de garantías el pasado 8 de junio, es Tribunal mantiene medida cautelar a Meneses por el caso de peculado IFARHU la más idónea para mantenerlo vinculado al proceso. En ese momento, la decisión de los magistrados Marchosky De Gracia y Pittí se fundamentó en que la fiscalía, en su investigación, logró aportar evidencias que vinculan a Meneses con la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado durante el período que ocupó el cargo de director del Ifarhu. Los magistrados estimaron que existe un riesgo de obstaculización de la obtención de pruebas relacionadas con la asignación de auxilios económicos otorgados por el Ifarhu. Los magistrados también tomaron en consideración datos aportados por la fiscalía, en los que se detalla que Meneses realizó transferencias por un monto de $83 mil a través del sistema de transferencias conocido como Yappy, y que algunas de esas transferencias involucraron a personas beneficiarias de los auxilios económicos. David Ochy, antiguo contratista del Estado, acusado del delito de blanqueo de capitales a través de la sociedad New Business. Isaac Ortega Corte mantiene detención de David Ochy por el caso New Business Juan Manuel Díaz [email protected] Juan Manuel Díaz [email protected] JUSTICIA La Corte Suprema ratificó la detención de David Ochy, investigado en el caso New Business, uno de los mayores escándalos de corrupción ligados al financiamiento de la compra del grupo Epasa con fondos públicos. David Ochy, investigado por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales a través de la sociedad New Business para la adquisición de Editora Panamá América (Epasa), continuará detenido luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarara legal la orden de arresto emitida por la jueza Baloisa Marquínez. A través del edicto No.1,337, fijado en la Secretaría de la CSJ, se informa a las partes sobre la decisión asumida de manera unánime por los miembros de esa corporación de justicia. El fallo —bajo la ponencia del magistrado Eugenio Urrutia Parrilla, suplente del magistrado Carlos Vásquez— rechazó un recurso de hábeas corpus presentado por la defensa de Ochy y confirmó la legalidad del fallo del 11 de abril de 2025, que mantuvo su detención provisional. El pasado 2 de julio, Ochy fue extraditado desde Costa Rica, donde permanecía detenido a raíz de una solicitud de la jueza Marquínez, quien lo llamó a juicio dentro del proceso New Business. New Business fue la sociedad canasta utilizada por un grupo de funcionarios y contratistas del Estado para adquirir las acciones de Editora Panamá América, S.A. (Epasa) con fondos públicos. La defensa de Ochy alega que, por ser diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) por el partido Realizando Metas (RM), su caso debe ser tramitado por la Corte Suprema de Justicia. A su llegada a Panamá, Ochy —quien arribó en un vuelo comercial— fue recibido por su abogado Roberto Moreno y por los diputados del Parlacen Dorindo Jayan Cortés y Carlos Outten, ambos postulados por el partido RM. Ochy fue detenido en Costa Rica el 5 de diciembre de 2023 por una investigación relacionada con presunto blanqueo de capitales, de la cual fue sobreseído. Sin embargo, se mantuvo su detención luego de que Panamá solicitara su extradición por el caso New Business. Por este mismo caso, sus hermanos Daniel y Dina Ochy Diez fueron condenados a penas de 96 y 80 meses de prisión, respectivamente. A los hermanos Ochy se les atribuye haber recibido fondos provenientes de contratos con el Estado a través de la empresa Transcaribe Trading, a la que se le asignó la construcción de la autopista Arraiján–La Chorrera, y cuyos recursos fueron posteriormente utilizados para adquirir acciones de Epasa. El expresidente Ricardo Martinelli, quien se encuentra asilado en Colombia, también fue condenado en este proceso a la pena de 128 meses de prisión y al pago de una multa de $19.2 millones. El proceso de separación de la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa), María del Carmen Terrientes de Benavides, será remitido a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Esta decisión fue adoptada en la reunión del Coneaupa, celebrada el pasado 9 de octubre, en la que se aprobó remitir el escrito de advertencia de ilegalidad suscrito y presentado por Terrientes de Benavides, una vez sea firmado por un abogado idóneo. En su escrito, la secretaria ejecutiva del Coneaupa argumentó que el proceso disciplinario en su contra se encuentra prescrito, al haberse superado los plazos legales establecidos en la Ley 9 de 1994. De acuerdo con el artículo 145 de dicha norma, la acción disciplinaria debe iniciarse dentro de un periodo de 30 o 60 días, según corresponda. Sin embargo, los hechos objeto de la investigación ocurrieron en períodos anteriores, por lo que considera que cualquier actuación posterior carece de validez y constituye un acto nulo de pleno derecho. Esta omisión, advirtió, compromete la legalidad delprocedimientoyevidencia un desconocimiento de las normas que rigen el ejercicio de la función pública. Terrientes de Benavides también cuestionó la creación de la comisión de investigación, al considerar que su conformación contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Resolución No.4 de 2020, que establece que el Comité de Ética es el único órgano competente para conocer y resolver los casos disciplinarios y éticos dentro del Coneaupa. El Ministerio de Educación (Meduca), entidad que Coneaupa: proceso de separación de Terrientes será llevado a la Corte EDUCACIÓN SUPERIOR preside el organismo de Coneaupa, ordenó el pasado 26 de septiembre la creación de una comisión para investigar una serie de decisiones tomadas en los procesos de acreditación de universidades. Otro de los temas señalados es que Terrientes de Benavides realizó dos viajes sin contar con la autorización del Meduca. La Ley 52 de junio de 2015, que creó el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para la Mejora de la Educación Superior Universitaria, establece en su artículo 27 que el secretario ejecutivo y el secretario adjunto pueden ser removidos por mayoría absoluta del Coneaupa, previa evaluación de su desempeño. El consejo no se reunía desde hace más de un año, lo que ha causado un estancamiento en el proceso de acreditación de universidades. Actualmente, cuatro instituciones esperan la resolución oficial que les permita continuar operando legalmente: la Universidad Interamericana a Distancia de Panamá, la Universidad Hispanoamericana de Panamá, la Universidad Iberoamericana de Panamá y la Universidad Hosanna. La secretaria ejecutiva de Coneaupa ha preferido no emitir comentarios sobre el proceso mientras se lleva adelante la investigación. Aleida Samaniego [email protected] María del Carmen Terrientes. Archivo Meneses mantiene procesos judiciales por la comisión de los presuntos delitos de peculado, blanqueo de capitales y enriquecimiento injustificado. Archivo Propuesta de ley: El exhibicionismo podría ser delito La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional aprobó ayer para su discusión una propuesta del diputado Manuel Cheng Peñalba que busca tipificar el delito de exhibicionismo en el Código Penal. Según el proponente, la iniciativa pretende llenar un vacío legal, ya que esa conducta suele quedar impune o se trata como falta administrativa. El proyecto plantea incorporar el artículo 179-A, que sancionaría con uno a dos años de prisión —o su equivalente en días multa o arresto de fines de semana— a quien, “con propósito lascivo o para satisfacer deseos sexuales propios o ajenos”, realice actos de exhibición genital o sexual en lugares públicos o de acceso público. También incluye espacios privados abiertos al público, como centros comerciales y restaurantes. La propuesta incorpora penas más severas si los hechos ocurren en centros educativos, hospitales, iglesias, medios de transporte o instalaciones deportivas (dos a cuatro años), y de cuatro a siete años cuando el acto se realice frente a menores de edad. Además, instruye al Ministerio de Seguridad Pública, al de Educación y al de Desarrollo Social a implementar campañas de prevención y denuncia. ASAMBLEA NACIONAL Eliana Morales Gil [email protected] Panorama
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